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Ya salió El Socialista Centroamericano No 197.-

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¡¡Adiós Baldetti, ahora que renuncie todo el gobierno del PP!!

Guatemala sigue siendo el país clave de Centroamérica, a pesar que ha perdido peso económico en la región. Lo que ocurra en Guatemala tendrá irremediables consecuencias en el resto de la nación centroamericana.

El régimen político en Guatemala ha tenido características muy especiales, que han permitido el control de la oligarquía (heredera de la dominación colonial) especialmente después de la “apertura política” de 1985, que permitió la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, amarrada desde las alturas del poder, y que aprobó la Constitución vigente desde el año 1986.

Durante décadas, la oligarquía y los militares masacraron a la vanguardia obrera, campesina, estudiantil e indígena, situación que se mantuvo incluso después de la “apertura política” de 1985 y que todavía tiene sangrientas consecuencias contra los dirigentes sindicales y populares. El imperialismo norteamericano preocupado por las brutales características del régimen en Guatemala, impulsó en 2006 la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como un organismo de intervención política que ayudase a mejorar el funcionamiento del Estado burgués en Guatemala, provocando el rechazo de algunos sectores.

Una de las características del régimen político en Guatemala es que desde 1985 hasta la fecha, los partidos políticos que se constituyen para los procesos electorales no logran mantenerse en el poder. Lejos de ser un síntoma de debilidad del régimen, es una gran fortaleza para la oligarquía que resulta ser la gran electora, la que siempre decide qué fuerza política administra el aparato del Estado.

Guatemala, al igual que el resto de Estados en Centroamérica, afronta una grave crisis fiscal. La burguesía en Guatemala es la que proporcionalmente pagan menos impuestos en el área Centroamericana. Esto no es una casualidad. Durante décadas la oligarquía ha tejido una red de contrabando para evadir sus obligaciones fiscales.

En el último periodo, el debate en torno a la eficiencia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para cobrar impuestos, ha sido áspero y ha dominado la agenda política. La CICIG, para lograr la renovación del mandato, destapó una red de corrupción y contrabando aduanero que dirigía, entre otros, el secretario privado de la vicepresidente Roxana Baldetti Elías.

Las mafias que dominan el Estado en Guatemala no podrían existir sin una oligarquía y burguesía, sin unos clientes interesados en no pagar los impuestos. Estas mafias están en realidad bajo control de la poderosa oligarquía, y solamente son agentes ejecutores del saqueo de las finanzas del Estado.

El escándalo político no se hizo esperar, a escasos meses de las elecciones de septiembre del 2015. Las movilizaciones, hasta el momento encabezadas por la clase media, presionaron por la renuncia de Baldetti, pero el tiro de gracia lo dio el poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que agrupa a todas las cámaras patronales, quienes exigieron la renuncia de Baldetti, y echaron a funcionar todo el aparataje institucional abriendo un antejuicio ante el Congreso Nacional para obtener la renuncia. Obviamente, la oligarquía decidió sacrificar a Baldetti como chivo expiatorio para contener las crecientes movilizaciones populares que exigen la renuncia del gobierno del Partido Patriota (PP).

Baldetti renunció no solo porque el CACIF y la oligarquía la abandonaron a su propia suerte, sino fundamentalmente por la presión popular en las calles. La oligarquía quiere que todo se decida en las próximas elecciones, en las que figuran como favoritos Manuel Baldizón del partido LIDER, incluso Sandra Torres de la UNE. La oligarquía sigue siendo la gran electora, negándole ese derecho a las masas populares.

Mientras continuamos priorizando la lucha por obligar a la renuncia de todo el gobierno del PP, paralelamente debemos contemplar la posibilidad de que la izquierda articule su propia opción electoral. No le podemos dar un cheque electoral en blanco a la oligarquía, cuyo principal objetivo en este momento es elegir un nuevo gobierno.

La Asamblea Social y Popular agrupa a las principales fuerzas obreras, populares e indígenas. Los partidos de izquierda con registro electoral, como Winaq, URNG y ANN deben constituir un frente electoral de izquierda, abriendo sus listas a los dirigentes de la Asamblea Social y Popular, para que éstos sean los próximos diputados. Esta propuesta no se contradice con la necesaria lucha por convocar de manera inmediata a una Asamblea Nacional Constituyente, que reorganice Guatemala en beneficio de los más pobres, y acabe de una vez y para siempre con el poder de la oligarquía y sus mafias.

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