A pesar que la Constitución de Honduras de 1982 prohíbe tajantemente la reelección presidencial, JOH se mantuvo 8 años (2014-2022) en el poder, reeligiéndose fraudulentamente en el segundo periodo de 2018-2022, con la complacencia de Estados Unidos a cambio de aplicar todos los planes de modernización de las fuerzas armadas y policiales de Honduras.

Los órganos de inteligencia norteamericana y los medios de comunicación filtraron información, sobre la vinculación de JOH y su hermano Tony con los carteles del narcotráfico, pero decidieron pasarle factura hasta que JOH terminara su periodo presidencial. Estados Unidos argumento su petición de extradición de JOH con base al Tratado de Extradición de 1909 y la Convención Complementaria de 1927.

En el año 2012 el Congreso de Honduras, controlado en ese momento por el Partido Nacional y sus aliados, reformó el artículo 102 de la Constitución de 1982, permitiendo la extradición en tres casos: narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

Desde 2014, 22 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos por delitos de criminalidad organizada y narcotráfico. Esta reforma constitucional cedió parte de la soberanía de los tribunales de Honduras a las cortes de Estados Unidos.

Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado a nivel internacional, y que en muchos países los jueces y tribunales son corruptos, Estados Unidos ha impulsado acuerdos o tratados de extradición bilaterales con muchos países de América Latina para que sean los jueces norteamericanos quienes juzguen a los presuntos delincuentes. Esto podrá sonar bonito, pero encierra un enorme peligro: que las autoridades norteamericanas decidan, a su conveniencia, quien es culpable o no. Basta recordar el caso del general mexicano, Salvador Cienfuegos, quien fue acusado de colaborar con el narcotráfico, encarcelado en Estados Unidos y posteriormente liberado, de manera confusa, por la protesta del gobierno de México en 2020.

No cabe la menor duda que JOH ha estado vinculado a los carteles del narcotráfico, quienes financiaron sus campañas electorales y que era un aprendiz de dictador, pero el odio que le tenemos no nos debe cegar. En Estados Unidos funcionan grandes carteles de distribuidores de drogas, es el país que más consume drogas en el mundo, pero no son enjuiciados, porque es un negocio de miles de millones de dólares.

Queremos alertar que a pesar que JOH se entregó voluntariamente, todavía no ha jugado todas sus cartas. El controlaba la Corte Suprema de Justicia que, mediante una ilegal sentencia, le permitió postularse a la reelección en 2018. El aparato del Partido Nacional dará la pelea legal. El artículo 102 de la Constitución de 1982 permite la extradición en los casos de delitos de estupefacientes, terrorismo y crimen organizado, pero la prohíbe específicamente en materia política: “en ningún caso se podrá extraditar a un hondureño por delitos políticos y comunes conexos”.

Tenemos, por un lado, que los jueces y fiscales norteamericanos negocian a su conveniencia con los delincuentes, y no se puede descartar que lleguen a un arreglo con JOH. Por el otro lado, que JOH argumentará que habiendo sido presidente de Honduras los “delitos políticos y comunes conexos” impiden la extradición.

No se debe confiar, bajo ninguna circunstancia, en los tribunales del imperialismo norteamericano. Obviamente, tampoco en la corrupta Corte Suprema de Justicia de la actualidad. EL gobierno de Xiomara Castro debe impulsar una inmediata depuración del poder judicial y todas las reformas legales para garantizar la justicia. El Congreso de Honduras debe crear un Tribunal Especial, formado por diputados y representantes de organismos sindicales y populares, que permita juzgar a JOH y su camarilla en suelo hondureño, para eliminar a la mafia que continúa enquistada en las instituciones, y garantizar que quienes cometieron crímenes contra el pueblo paguen por ello.