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Lun, Abr

 

Por Maximiliano Fuentes

A raíz del asesinato de dos jóvenes universitarios, donde fue ultimado a balazos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), presuntamente a manos de la policía nacional, se ha venido cuestionando profundamente el accionar de la institución policial, así como su grado de vinculación con el crimen organizado.

Para la mayoría de los hondureños no es nada común la vinculación publicitada en los distintos medios de comunicación, pero no deja de indignar la frialdad y el descaro con la que la policía sega vidas y participa en la comisión de delitos. Sin duda alguna, el asesinato de los jóvenes universitarios ha sido la causa que ha permitido traer a la palestra pública las distintas desviaciones y los actos de corrupción que práctica la policía nacional, sin embargo, desde hace un tiempo se viene manifestado el problema.

 

La descomposición social del capitalismo corroe la institucionalidad burguesa

Este comportamiento barbárico y sin apego a la Ley, no es propio de la institución policial. Cada una de las instituciones del Estado presenta actos de corrupción, de irregularidad y desviaciones en las distintas prescripciones morales. Resulta evidente, que la descomposición social que ha promovido la sociedad burguesa ha corroído las distintas instituciones del Estado.

La corrupción en Honduras está institucionalizada y la alianza entre los grupos que la propician es uno de los obstáculos más grandes para enfrentarla (..) El II Informe sobre el estado de los casos de corrupción en Honduras 2006, presentado por la Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), subraya que las modalidades de corrupción han variado, tanto, que rebasan la imaginación, "no sólo del ciudadano común, sino también de los estudiosos del tema". Según el informe, la lucha contra la corrupción en Honduras es todavía "un discurso en ocasiones vacío de contenido". Además, los grupos fácticos frenan la voluntad política de profundizar en la investigación, mientras que a las instituciones interesadas en no ser parte de la corrupción se les ahoga vía presupuesto y ausencia de apoyo (…)

La investigación señala que en las últimas dos décadas se han creado instituciones como el Ministerio Público y reformado otras para el combate de la corrupción, pero en la práctica no hay evidencias de que el sistema de justicia asuma la lucha contra ese flagelo como política del Estado. La corrupción es un elemento de desestabilización y un flagelo que también ha penetrado los sistemas políticos y los partidos, agrega el informe, que además compara los esfuerzos que hacen otros países, como Costa Rica, para castigar a los corruptos. El primer informe del FOPRIDEH, de 2004, señaló algunos de los casos más sonados de corrupción en Honduras, como un soborno bananero en 1975 y la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), que representó la pérdida de unos 670 millones de dólares, y otros más recientes que no han sido esclarecidos. El informe de 2006 también incluye quiebras de bancos y presuntos casos de corrupción de gobiernos pasados, principalmente el de Rafael Callejas (1990-1994), quien siempre ha atribuido las acusaciones a una "persecución política" y ha recibido del poder judicial cartas de libertad que lo exculpan. También hace referencia a las denuncias que hace la prensa local y la existencia de "un periodismo coludido con los grupos de poder, que ataca a las personas que denuncian la corrupción y a otros periodistas que apoyan las investigaciones". Agrega que la prensa ha perdido su papel de informar y de investigar, y que hay periodistas aliados "con los grupos de poder ligados a la corrupción porque les dan regalías y unos se venden al mejor postor. Es decir, la prensa también se ha vuelto corrupta". [1]

Como podemos observar, la corrupción es un flagelo institucionalizado en la sociedad hondureña, promovida, en algunos casos desde los grupos elites que se han enriquecido desde el saqueo del Estado, la explotación de los recursos naturales y las actividades ilícitas. Las grandes diferencias sociales y la precariedad en la que vivimos inmersos los hondureños son algunas de las causas que quebrantan la voluntad más fuerte.

En la búsqueda de una mejor calidad de vida, miles de ciudadanos quebrantan su práctica moral en aras de asegurar el acceso a los productos sociales que perpetuaran su existencia o que le harán gozar de un mejor estatus social, por ello, no es casual que la policía se vincule al crimen organizado, sicariato, bandas paramilitares y al narcotráfico. En algunos casos, los oficiales de menor rango son utilizados por la alta jerarquía policial, por cierto, la gran responsable de la violencia y el crimen gestado por la policía. Como dijimos anteriormente, lo expuesto en las líneas de atrás, no introduce elementos innovadores para los ciudadanos hondureños.

Resulta tan evidente, el grado de vinculación de la policía con el crimen organizado que el Ex Ministro de Seguridad Oscar Alvarez ha manifestado que  “...nos encontramos con un país totalmente penetrado por el crimen organizado y el narcotráfico, utilizado como punto de trasiego por los narcotraficantes y con las acciones de presión tanto de Colombia como de México. Se ha convertido en un país visitado como un centro posiblemente de descanso de capos. En declaraciones, el exembajador Hugo Llorens dijo que “Honduras está en la mira de los narcotraficantes como un objetivo para convertirlo como una plataforma de trasiego de drogas desde Suramérica hasta los Estados Unidos. Eso indica que el país está en un peligro enorme. Para lograr convertir a Honduras en un objetivo, tienen que infiltrar las instituciones del Estado, la sociedad y toda la estructura de un país. Deben penetrarla para controlar y que Honduras se convierta en una plataforma de trasiego de drogas.”[2]

La verdadera naturaleza de la policía

Los medios de comunicación de la burguesía nos hacen creer que el rol de la policía es proteger y salvaguardar la vida,  las posesiones y los recursos de la ciudadanía en general, así como de cumplir y hacer cumplir las leyes del Estado de derecho. Sin embargo, ésta, al igual que el ejército están diseñados para proteger los intereses de los empresarios y la oligarquía, es decir, la propiedad privada y el Estado burgués.

La policía es un instrumento coercitivo y represivo del Estado, basta que retrocedamos algunos meses y nos demos cuenta del papel que jugo la policía y el ejército en la manutención del statu quo y de la dictadura de Roberto Michelletti. Sin duda alguna, la policía y el ejército es uno de los tantos instrumentos ideológicos y represivos del Estado. “Represivo significa que el aparato de Estado en cuestión “funciona mediante la violencia”, por lo menos en situaciones límite (pues la represión administrativa, por ejemplo, puede revestir formas no físicas). Designamos con el nombre de aparatos ideológicos de Estado cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas.”[3]

 La crisis de la sociedad burguesa es tan grande que hasta las propias instituciones del estado que ha edificado con el objetivo de salvaguardar su naturaleza de clase explotadora y su basta propiedad privada empiezan a ser un problema para el funcionamiento correcto y adecuado de la misma sociedad. Sin duda alguna, la policía ha dejado de proporcionar seguridad ante una población que vive en  el desosiego ante la inseguridad y la violencia generalizada.

“Al igual que en otros países de América Latina, como Colombia, Guatemala, El Salvador, Brasil o Venezuela la delincuencia en Honduras se ha convertido en uno de los problemas sociales percibidos como más apremiantes. Ya desde 1996, una encuesta de opinión realizada en Tegucigalpa mostraba que el 41% de los ciudadanos consideraban la delincuencia como el principal problema de Honduras, contra un 17.4% que señalaban el costo de vida y un 12.7% el desempleo.”  

En los últimos años, los índices de violencia han aumentado y proliferado como resultado directo de la aplicación del modelo neoliberal y la reducción del Estado a su expresión mínima. La perdida de las conquistas sociales, la exclusión, la marginalidad y la pobreza extrema son algunas de las causas materiales de la violencia.

Pero de algo estamos claros, la policía no goza de credibilidad y desde hace algún tiempo dejo de proporcionar seguridad a los trabajadores, por ello proponemos su erradicación, es decir, esta debe de desaparecer y se debe edificar una nueva sociedad bajo cimientos distintos, lejos de fortalecer los organismos represivos del Estado se debe de eliminar la pobreza, la exclusión y la injusticia social. Proporcionar empleo, salud, educación y una vida digna a los habitantes del país para eliminar el flagelo de la violencia y del crimen en todas sus formas.


[1] http://www.rlp.com.ni/noticias/10501 (Con acceso el 31/10/11)

[3] Louis Althusser. Los aparatos represivos del Estado. (Texto en línea) (Disponible en http://www.pais global.com.ar/biografias/losaparatosideologicosdelestado.pdf  (Con acceso el 31/10/11)

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