Por Fernando Ramírez

La siguiente discusión es un ejercicio de síntesis con dos intensiones específicas. Primero, dar continuidad a las anotaciones sobre la crisis del movimiento estudiantil, considerando en esta tarea la relación orgánica de cualquier lectura política en un espacio social dinámico y contradictorio, mismo que caracteriza el actual contexto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Y, finalmente, ofrecer herramientas mínimas de reflexión que permitan aproximaciones críticas al conflicto intergeneracional ─desde los límites propios de una visión externa─ presente en la disputa política por el campo universitario.

Conciliaciones, consensos y bloques de poder de una transición.

La entrada de Francisco Herrera como titular del gobierno de “transición” en 2017 enfrentó una institución debilitada por prolongados periodos de conflicto, donde el bloque de Julieta Castellanos (2009-2017) disputó la legitimidad exclusiva en la dirección del proceso de reforma, y en particular, frente a la dinámica continua de organización estudiantil desde el 2009, al margen de disposiciones y recursos institucionales que soportaban la política de su gestión.

Herrera evitó la torpeza de este bloque. Su gobierno de “transición” evidenciaba el momento crítico del proceso de reforma. La gobernabilidad era una prioridad que aseguró revirtiendo la política de disminución hegemónica por el tutelaje estratégico. Un gobierno calzado a la medida del discurso de reconciliación ciudadana de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) tras el Golpe de Estado.

Enfrentar el movimiento estudiantil ─a pesar de encontrarse este sector al límite de una crisis─ hubiese agotado de inmediato su alcance en la gobernabilidad institucional de la UNAH.

Identificando los medios de interacción más cercanos a su experiencia en la administración del Centro Universitario Regional del Valle de Sula (2013-2017), hace acercamientos con los/as representantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y otras organizaciones involucradas en el proceso de la Mesa de Construcción del Reglamento Electoral Estudiantil (MECREE).

Más allá de colocar las elecciones estudiantiles en el centro de la agenda institucional, estos acercamientos pretendían enfocar aliados y contrapartes para avanzar en el reacomodamiento de fuerzas a lo interno de la UNAH, desplazando anteriores agentes del espacio universitario, que asegurase un perfil “renovado” de su administración.

Herrera retoma la prioridad mediática, característica del primer período de Castellanos (2009-2013), pero montando una actitud conciliadora, y haciendo uso de los discursos y concepciones sobre la universidad pública que el movimiento estudiantil movilizó en su construcción generacional; por ejemplo, ciudadanía universitaria, universidad abierta al diálogo y al servicio de los problemas sociales.

Crisis, restructuración y nuevos actores del movimiento estudiantil.

Estos primeros acercamientos con representantes del MEU, sin embargo, tuvieron un retroceso importante a mediados de 2018. Para ese momento la crisis de representación, liderazgo y conducción del MEU profundizó las contradicciones en los espacios “articulados”. La expulsión y desconocimiento público por traición de algunos de sus líderes, impidió avanzar, temporalmente, en los consensos exigidos por la MECREE.

Con la expulsión se retoma una exigencia por la reestructuración del MEU. La crisis superó la capacidad de gestión de la dirigencia y comienzan a filtrarse disputas por el control del espacio.

La expresión más peligrosa de esta crisis fue la visión política autómata en la dirección de procesos, que no fue, sino, el seguimiento precipitado de coyunturas externas, sin mayor profundización al contexto; y, junto a esto, la continuación de representaciones en los espacios institucionales, como la MECREE, desde un movimiento sin vida orgánica y con limitaciones complejas para su rearticulación.

Esta política autómata del movimiento estudiantil permitió filtrar, con más facilidad, intereses propios del proyecto institucional por el control del campo universitario. A partir de la coyuntura de la Plataforma en Defensa de la Educación y Salud Pública el MEU tiene una oportunidad de proyección, que permite volver a reunir a distintos actores estudiantiles y volver a priorizar una agenda interna común para responder tanto a la movilización ciudadana externa como la rearticulación interna.

Al final de esta coyuntura, en medio de un prometedor y fallido Diálogo de Alternativo de la Plataforma (junio 2019), surge un componente de reestructuración, defendido por las entonces actuales representaciones del MEU ante el MECREE. En resumen, este documento guardaba una serie de disposiciones que limitaba la integración y participación del espacio; centralizaba las decisiones en ciertas comisiones con atribuciones vinculantes; coartaba las actividades de sus miembros, entre otras.

Este componente fue desestimado frente a las serias oposiciones de muchos sectores. Sin embargo, algunas de sus discusiones fueron filtradas y convertidas en políticas institucionales.

Con la instalación de la Coalición de la Comunidad Universitaria (CCU), tras el atentado terrorista en Ciudad Universitaria (24 de junio 2019), las autoridades comienzan acercamientos para disponer recursos institucionales en la ejecución de un “Encuentro Nacional”; que, siendo rechazado por éstos, fue dirigido a los grupos más cercanos a su política: la representación del MEU y otros movimientos independientes reunidos en la MECREE.

Este proyecto, concebido de forma autónoma en las discusiones por una reestructuración alternativa y particular del espacio del MEU, definió los medios para externalizar el posicionamiento institucional en la gestión de Herrera; creando vínculos que fortalecieran su imagen y el ascenso de nuevos agentes para el reacomodamiento político de su bloque en este periodo de transición de la reforma universitaria.

En esta coyuntura, y frente a las contradicciones anudadas en la plataforma del MEU, muchas representaciones comienzan a renegar el alcance político de sus perfiles y proyectos particulares como organizaciones. Aprovechando esto, Herrera alcanzó la ruptura del sector estudiantil necesaria para su proyecto, inhabilitada anteriormente, en parte, por su pretendida asimilación del conflicto estudiantil en UNAH-VS y CU.

De esta ruptura, generacional, del movimiento estudiantil surge la Regeneración Estudiantil Democrática (RED), con una evidente instrumentalización de la administración de Herrera por consolidar y delimitar un espacio de recepción de concesiones políticas; sin dejar de expresar, a pesar de esto, el momento más significativo de la crisis en el MEU desde el 2016.

¿Democratizar para construir o construir para democratizar?

Fue precisamente en 2016 cuando en consenso de la recién planteada plataforma del MEU se definió la síntesis de su coyuntura: democratizar para construir; comprendiendo la disputa del campo universitario en la construcción una reforma integral, y en especial, el papel histórico del movimiento estudiantil por abrir espacios de participación y representación política para la reversión crítica de su carácter conservadora y autoreferencial.

Para aquel momento, las contradicciones del espacio alcanzaron encuentros para el trabajo articulado y la movilización de fuerzas entorno a la coyuntura por la aprobación y aplicación de la Normativa Académica (2014-2016). Continuó la organización de gran parte de las asociaciones de carrera y el frente común con los Centros Regionales.

El proceso “democratizador” era, más allá de un discurso, la visión del sector estudiantil sobre su agencia en el espacio universitario; ubicando las elecciones estudiantiles como prioridad estratégica en la resolución de una crisis institucional.

Sin embargo, esta síntesis agota su vigencia al profundizarse, primero, una avanzada reaccionaria contra los espacios organizados, llevando a la inmovilización o desgaste; segundo, al encontrarse constantemente en pugna la dirección del espacio articulador; tercero, al no encontrar legitimidad sus métodos de lucha en las bases del sector estudiantil, a partir de 2017, en especial; y cuarto, al acumular desencuentros que anticiparon una ruptura sin precedentes entre los anteriores sectores organizados.

La aprobación del REE, al determinar los términos formales para la representación estudiantil, cierra un ciclo del proceso autónomo de organización estudiantil; concebido, aprobado y acompañado por una dirección autómata, sin conducción orgánica de un espacio, en la crisis generacional del movimiento estudiantil.

El cierre de este ciclo, sin embargo, no significa algo negativo. Representa la oportunidad de enfocar esfuerzos más profundos por la construcción política de un proyecto de universidad; síntesis de las capacidades, esfuerzos, propuestas y procesos interrelacionados con este momento crucial en la lucha por la democratización de la educación pública.

Trabajar la politización de los sectores estudiantiles debe ser una urgencia que diferencie dos momentos de la actual coyuntura; más allá de un caudal electoral se debe constituir una base social crítica, que reconstruya la práctica de legitimidad contrahegemónica, con medios para la intervención política de los espacios de representación y participación institucionales.

Las actuales generaciones del movimiento estudiantil son, entonces, portadoras de un espacio más complejo, propicio para la definición autónoma de un papel radical frente a la descomposición del sector público tras el asalto del crimen organizado en el Estado, y el seguimiento de éstos al modelo neoliberal.