Por Germán Aquino

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La UES goza de autonomía con respecto al Estado en lo docente, lo administrativo y lo económico. La comunidad universitaria está conformada por estudiantes, personal académico y profesionales no docentes. Pero esta diversa composición no se refleja en las estructuras de gobierno de la UES.

El gobierno de la UES es ejercido por la Asamblea General Universitaria (AGU) la cual está integrada por representantes del personal académico, Asociaciones de profesionales no docentes y representantes estudiantiles. También existe el Consejo Superior Universitario (CSU) y el Rector. El CSU está integrado por el Rector, los decanos de cada Facultad, representantes del personal académico de cada Facultad, y el representante estudiantil de cada Facultad.

A nivel de Facultades el gobierno es ejercido por la Junta Directiva de la Facultad y el Decano, integrada por dos representes del personal académico, dos representantes de los profesionales no docentes y dos representantes de los estudiantes.

Estas estructuras de gobierno de la UES excluyen al personal administrativo no docente a pesar de que en Art. 12 de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador establece: “…..la representación del sector profesional no docente de cada Facultad, ante la Asamblea General Universitaria y ante la Junta Directiva de cada Facultad será electa por las asociaciones de profesionales de cada Facultad que tengan personería Jurídica.”

El escalafón divide a los trabajadores

El escalafón divide a la clase trabajadora en dos tipos de personal: el académico y el administrativo no docente. El primero se divide en una “clase” llamada Profesor Universitario la cual se divide en cuatro categorías. También forman parte de este escalafón el personal administrativo no docente. Las “clases” que lo integran son: Servicios General, Empleado Calificado, Asistente Administrativo, Técnico y profesional universitario. Las divisiones del escalafón han causado la división de la clase trabajadora en la UES, cuando en realidad los trabajadores tienen un punto en común: dependen del salario miserable que les pagan. La clase trabajadora de la UES debe evitar que las autoridades de la UES y las burocracias, que en la mayoría de casos defienden y aplican la ideología de las clases dominantes, traten de dividir la clase trabajadora de la UES. Las autoridades quieren la división entre la clase trabajadora de la UES, y echarla a pelear con los estudiantes, para mantener los privilegios que les da el presupuesto universitario: los mejores salarios son para una minoría. La clase trabajadora de la UES debe comprender lo necesario y urgente que es la unidad de la clase trabajadora y del sector estudiantil.

Desigual repartición salarial.

En Diciembre del 2005 fue aprobado por la Asamblea Legislativa el Decreto No 934 con el objetivo de aumentar el salario de los trabajadores, pero no fue aplicado bajo la excusa de falta de recursos financieros. En el 2006 el Ministerio de Hacienda le otorgó a la UES 1.9 millones de dólares para el ajuste salarial de los trabajadores. Para el día 15 de Marzo del 2006 el SETUES envió una Carta al Consejo Superior Universitario, exigiendo la aplicación del Decreto 934.

 

 

La causa fundamental del conflicto laboral entre el SETUES y las autoridades de la UES fue ocasionado por la distribución de esos 1.9 millones de dólares. Surgieron dos posiciones diferentes: por un lado, la del sector docente, que tiene voz y voto en el CSU; representado por el señor Joaquín Vanegas, catedrático de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES, quien sugirió que los fondos "fueran distribuidos aplicando el treinta y uno por ciento con base en el salario devengado por cada uno de los trabajadores de la UES" ( EI Diario de Hoy, 19/04/2007); por otra lado, el SETUES en aras de un reparto igualitario de dichos recursos entre todo la clase trabajadora, propuso un aumento de trescientos dólares para todos los empleados por igual, los cuales se harían efectivos a través de los dos bonos anuales. Esta propuesta buscaba lograr un reparto igualitario entre toda la clase trabajadora de la UES.

CSU promueve la división

La propuesta presentada por el SETUES estuvo en total desventaja ya que el personal administrativo no docente no tiene participación en la AGU ni en el CSU. La propuesta presentada por las autoridades de antemano contaba con el apoyo directo del representante del personal académico.

El CSU mediante Acuerdo Número 058-2005-2007 (IV) decidió aprobar la primera propuesta, mediante dicho acuerdo la distribución de esa asignación se haría en dos bonos anuales para cada empleado de la institución, que equivaldrá al 31% según sea su salario. Con esta medida el CSU estaba privilegiando al personal académico, desfavoreciendo a los que ganan menos: el personal administrativo no docente de servicios generales.

El personal administrativo no tiene precios diferenciados de los productos de la canasta básica. Esta táctica estaba orientada a fomentar la división de la clase trabajadora de la UES. Así fue que el día 21 de marzo del 2007, bajo la administración de la Dra. María Isabel Rodríguez, el SETUES inició una serie de medidas de protesta en contra del reparto desigual de los salarios.

Represión constante

En el año 2004 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador examinó que “…la OIT ha reconocido la legitimidad de la huelga para la defensa de los intereses comunes de las y los trabajadores, tanto así que el Comité de Libertad Sindical de dicha entidad la considera "como un elemento esencial de los derechos sindicales". Resulta menester señalar que en El Salvador, la huelga no ha tenido preeminencia en el ejercicio de la libertad sindical, sino que han sido otras "medidas de hecho" como las marchas, tomas de calles o instalaciones, las que se han constituido en "los instrumentos por excelencia para presionar colectivamente e intentar incidir en la visión y actuación empresariales y/o de las instituciones del Estado en la defensa y promoción de sus intereses laborales o sindicales" (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Panorama General sobre el Ejercicio de las Libertades Sindicales en El Salvador. Agosto, 2004).

En abril del 2007 el sector de trabajadores administrativos no docentes de la UES no tuvo más remedio que recurrir a la huelga, haciendo un cierre general de la UES. Esta huelga no contó con el apoyo del personal académico, ya que obtuvieron un mayor beneficio con el Acuerdo Número 058-2005-2007 (IV). El personal académico fue utilizado en contra de los trabajadores que ganaban menos.

Ante esta situación las autoridades de la UES como fieles reproductores de la ideología y de los intereses de la clase dominante, recurrieron al uso del aparato represivo del Estado burgués: El 12 de abril de 2007, la Rectora de la UES, doctora María Isabel Rodríguez, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declarara ilegal la huelga impulsada por el SETUES. El día 17 de abril del 2007, el Juzgado Primero de lo Laboral de San Salvador declaró ilegal la huelga, bajo el argumento que no se encontraba en trámite conflicto alguno que se refiriera a la celebración o revisión del contrato colectivo, declarando ilegal la huelga y dando un plazo fatal de 48 horas para terminar el paro, so pena de ser despedidos sin responsabilidad patronal. En cuanto a la suspensión de seis meses del Sindicato, el Tribunal declaró improcedente la solicitud. De esta manera mediante el uso del aparato represivo del Estado, el uso del miedo infundido por dicha resolución y la amenaza de perder el trabajo, la burocracia patronal de la UES obligó a la los trabajadores a incorporarse a las labores.

El informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en relación a la problemática del SETUES, concluyó que “La huelga y la toma constituyen una forma de presionar para la solución de una problemática laboral”. (11 Agosto, 2008).

Estudiantes, SETUES y organizaciones sociales en toma de edificios

Desde que el CSU ratificó el acuerdo de despido, se han desarrollado acciones de denuncia. En esta ocasión, una parte del sector estudiantil organizado y organizaciones sociales se incorporaron a la lucha. Como última medida de presión se realizó la toma de los edificios en donde funcionan las Oficinas Centrales y Rectoría. Durante el desarrollo de estas actividades de protesta, por mandato del CSU fueron denunciados, a nivel Judicial miembros del SETUES y del sector estudiantil, como responsable de las actividades de protesta, algunos dirigentes todavía tiene causas pendientes producto de la represión anterior. El CSU denuncio ante los medios de comunicación y la comunidad universitaria, a Jaime Rivera, de FESTRASPES y Ricardo Monge, del STISSS, por estar involucrados en el conflicto de SETUES y financiar la toma.

Los edificios ocupados del 15 de octubre al 1 de Diciembre del 2008 como parte de la protesta fueron entregados el 1 de diciembre. La negociación para la apertura se dio en horas de la mañana, cuando el Juez séptimo de instrucción, Miguel Ánguel García Arguello, visitaba la institución para inspeccionar los edificios, esto como parte del proceso legal que se lleva en los tribunales” Además, los representantes del Sindicato y de la universidad firmaron un acta donde se acuerda “reiniciar las conversaciones con el sindicato y la comisión designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) para que formule una propuesta de solución al conflicto y la proponga al CSU en un corto plazo”. (Comunicado publicado el 5 de diciembre del 2008 por Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador).

Esta vez se acusó que durante la actividad de protesta fueron daños y sustraídos equipos de los edificios, lo que totalmente es desmentido.

Diálogo y negociación

Después de haber sido entregado los edificios el 1 de diciembre del 2008 se inicia un proceso de diálogo para ello el CSU conformo una comisión integrada por Msc. Rufino Antonio Quezada Sánchez (Rector); Dr. René Madecadel Perla Jiménez (Fiscal), Dr. José Humberto Morales (Decano de la Facultad de JJ y Ciencias Sociales), Br. Héctor Benítez (Representante estudiantil) (Memorándum de Rectoría fechado 9 de Diciembre 2008). Por parte del SETUES la comisión queda integrada por: José Transito Sánchez, Mauricio Ayala, Gonzalo Sánchez Rauda, Galileo Herrera, Efraín Alexander Rodríguez, Jaime Antonino Rivera; como equipo mediador se tiene: Dra. Beatrice Alamanni de Carrillo ( Ex procuradora de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos), María Silvia Guillen(FESPAD), Aníbal Corea (CDH, No Gubernamental) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.(carta del SETUES, diciembre 2008). El objetivo de de dicha mesa según lo expresado por el SETUES es la búsqueda de soluciones que beneficien a toda la Comunidad Universitaria y que permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada la UES. En ese marco presenta un pliego de demandas las cuales en síntesis buscan: armonizar las relaciones entre todos los sectores que conforman la comunidad universitaria, detener todas aquellas medidas disciplinarias “represivas” internas o externas surgidas a raíz de la lucha por el cumplimiento y exigencia de sus derechos que les corresponden como personas humanas y trabajadores tanto para trabajadores, estudiantes, y personas del movimiento social, que se garantice la estabilidad laboral, crear las condiciones que permitan el acceso a una educación superior de calidad y de acceso a todos los sectores sociales del pueblo salvadoreño.

De la “Mesa de Diálogo y Negociación” a la fecha públicamente no se conocen mayores resultados o acuerdos concretos que lleven a la solución de la problemática y que vayan en beneficio de la clase trabajadora y del sector estudiantil; contrario a lo anterior las autoridades de la UES ejecutan su plan represivo de despidos de trabajadores y miembros del SETUES es así como a través del Dr. René Madecadel Perla Jiménez, Fiscal de la UES, han promovido juicios contra trabajadores y miembros del SETUES en Juzgado de lo laboral solicitando terminación de contrato sin responsabilidad patronal de esta vez, como ellos mismo dicen:.. “V. La presente demanda se interpone ante la autoridad Judicial competente porque el Juez Tercero de la Laboral en Proceso 297-4-I-09c en su Sentencia de las once horas y quince minutos del día tres de noviembre de dos mil ocho interpretó que la autoridad competente para calificar la justa causa de despedido o de destitución de un directivo sindical es la Autoridad Judicial Sentencia ratificada por la Honorable Cámara Segunda de lo Laboral al dar Sentencia Definitiva en el incidente de Apelación referencia 273-08”… (Juicio Promovido 30 de enero del 2009).

Cabe mencionar que parte de este grupo de trabajadores y sindicalistas a los que se les está promoviendo el anterior juicio también se le promovió ya anteriormente juicio ante los Juzgados de Paz en el cual pedían entre otros: instrucción formal con detención provisional, pero se logró el Sobreseimiento Provisional con medida sustitutivas en razón de dichas medidas el proceso fue remitido al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador; pareciera que las autoridades universitarias no están dispuestas a buscar solución a la problemática y en armonizar las relaciones entre los diferentes sectores que conformar la comunidad universitaria.

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