Por Karla Ramirez

El Estado salvadoreño y los diferentes gobiernos han sido incapaces de asegurar condiciones reales que garanticen el derecho a la educación gratuita y de calidad en todos los niveles. 

Lo anterior ha llevado a que la educación se convierte en una mercancía, comercializada por los dueños de los colegios y universidades privadas, de lo cual han estado obteniendo grandes ganancias, las cuales se reparten a alto nivel mientras a los docentes les pagan bajan salarios.

Vale señalar que muchos de los dueños de estos colegios son personas con nexos a partidos políticos e iglesias de diferentes denominaciones, es por ello que se vuelven hasta financistas de dichos partidos. Por ejemplo, Universidad Francisco Gavidia y Universidad Tecnológica quienes en el entre 2007 y 2013, aportaron un total de $137,000.00 para Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Diputados y Bukele no han asegurado la educación

La pandemia por el COVID-19 ha impacto en la educación, en donde como medida para evitar los contagios se han suspendido las clases presenciales a clases virtuales, lo anterior ha significado una sobre carga laboral para  el sector docente, quienes  han tenido que realizar  gastos con finalidad de asegurar el internet y recursos tecnológicos, lo anterior viene a sumarse a los bajos salarios.

A nivel de los estudiantes, la pandemia ha significado una mayor inversión de tiempo del estudiante y de los familiares,  quienes  también han tenido que  invertir en internet y recursos tecnológicos, esto para quienes tienen las posibilidades de hacerlo, la situación se vuelve más grave en aquellas familias que han perdido el trabajo o que debido a la pandemia no han podido salir a trabajar, pero más crítica se vuelve en las áreas rurales.

COVID-19 y deserción 

A inicios del 2020 la ministra de Educación, Hananía de Varela,  detalló una matrícula inicial a nivel público de 1,100,000 estudiantes. A nivel privado Javier Hernández Amaya presidente de Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES) señalo que  eran 225,000 alumnos. Las anteriores cifras son hasta bachillerato.

La  pandemia del COVID-19 está obligando   a que muchos de estos estudiantes abandonen los estudios  sobre todo los del sector público, a quienes el gobierno de Bukele y los Diputados no han asegurado las condiciones que  permitan continuar sus estudios.

 La deserción por la pandemia se viene a sumar a la deserción asociada a la violencia, la cual en el 2019 según cifras oficiales fue de  fue de 48,832 (3.54%), de un total de  1, 330,646 estudiantes. A nivel de bachillerato los datos son alarmantes ya que Según Eduardo Vélez, de Banco Mundial “…en  educación media cada año terminan graduándose de bachiller 4 de cada 10 estudiantes; perdemos 6, quienes van a engrosar tres grandes filas: a) migración; b) pandillas; y c) empleo con bajas oportunidades. En efecto, cada estudiante que no termina la educación media queda condenado a un salario que con suerte no superará el mínimo (US$ 300)…”  (EDH. 1/05/2020).

La  pandemia del COVID-19, la pérdida de empleos, la falta de trabajo y el temor a contagios  podría  aumentar la  tasa de deserción en este 2020, mientras tanto los Diputados y el gobierno de Bukele viven en sus pleitos políticos.

Pago de 50% de cuota a colegios y universidades  privadas: ¿beneficio para quienes?

El 06 de julio de 2020 la  Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa acordó dictamen favorable, “…en  el sentido se emitan disposiciones transitorias para regular el pago de las mensualidades de las universidades y colegios, durante la presente emergencia por COVID-19, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de estudiantes que se han visto afectados por la pandemia(https://www.asamblea.gob.sv/node/10376).

Para Martha Batres del partido ARENA   con dicha medidas  están “… procurando que exista la estabilidad laboral para los maestros y la estabilidad para las instituciones que brindan un servicio privado…”  de igual manera para  Milton Garay  del FMLN quien ha declarado que  “El beneficio es para alumnos del sistema educativo privado que, a consecuencia de la pandemia, no han podido pagar la cuota del colegio o de la universidad.. ” (https://www.asamblea.gob.sv/node/10376).

Prohibido expulsar por impago

La falta de pago de colegiatura y la posible expulsión por el no pago de la misma como pretexto para   subsidiar pago de colegiaturas a estudiantes afectados por la emergencia nacional  por parte de los Diputados quedan desvirtuado ya que el Diputado Reinaldo Carballo (PDC) en el contexto de la discusión de la iniciativa manifestó: “…que una medida de este tipo puede acarrear consecuencias negativas. Asegura que ya existe normativa que prohíbe a los colegios y universidades privadas expulsar a los estudiantes por falta de pago…”  (https://www.asamblea.gob.sv/node/10341).

La iniciativa de los Diputados pretenden  beneficiar en realidad  a los dueños de los colegios y universidades privados, no así a los estudiantes y padres de familia, muchos menos a los trabajadores de la educación a nivel privado.

Voracidad de los mercaderes de la educación y falta de inversión en la educación superior publica

La aprobación de la medida ha dejado al descubierto la voracidad de los mercaderes de la educación, Javier Hernández presidente de la Asociación de Colegios Privados (ACPES) manifestó: “…la medida acordada por la Asamblea se implementará siempre y cuando el padre de familia haya cancelado el 50% de las cuotas atrasadas y que haya demostrado fehacientemente que no tiene capacidad económica para saldarlas, solo así tendría derecho al subsidio del otro 50% de su mensualidad…” (DEM.06/07/2020).

Lo anterior deja claro la visión mercantilista de los dueños de colegios y universidades privadas, quienes no quieren perder nada. Muchas familias indirectamente son obligadas a hacer usos de dicho colegios ante la falta de una educación pública gratuita  y de calidad por parte del Estado.

De igual manera muchos jóvenes ante la falta de cobertura estatal  de educación superior se ven obligados a asistir a las universidades privadas teniendo a la vez que trabajar, parte de sus salarios son para el pago de las mensualidades a estas universidades privadas en donde existen  179,000 estudiantes que cancelan $23 millones anuales en cuotas.

Mientras en la Universidad de El Salvador solamente existen 50,000 estudiantes, la anterior  es debido a la falta de inversión  histórica por parte de los gobiernos en la educación superior lo que limita cobertura de la Universidad de El Salvador (UES) en donde año con año los jóvenes son sometidos a excluyentes exámenes de admisión, sin antes darle la oportunidad que demuestren su capacidades.

Nacionalización de colegios y universidades privadas

Días antes de la aprobación del dictamen favorable a las medidas por parte de los Diputados  el Ministerio de Hacienda informo a la Asamblea Legislativa que "De conformidad al análisis técnico y legal realizado por la Oficina Técnica correspondiente, este Despacho emite opinión desfavorable a la referida iniciativa de Ley, debido a que el contenido del Artículo 1 contraviene el principio de equilibrio presupuestario estipulado en el artículo 226 de la Constitución de la República, debido a que pretende condicionar al Estado a pagar un subsidio del cincuenta por ciento restante de las cuotas mensuales de los centros de educación privados e instituciones de educación superior" ( LPG. /08/07/2020).

El gobierno de Bukele se apega al equilibrio presupuestario, lo cual es cierto, pero ante la falta de recursos el gobierno de Bukele debería proponer por Decreto Ejecutivo la exoneración del pago 50% de las colegiaturas, sin subsidio estatal con ello el Estado estaría ahorrándose millones. Todas aquellos colegios y universidades que no puedan continuar su funcionamiento deben ser nacionalizadas por el Estado.

Populismo legislativo

La oposición del gobierno de Bukele a la mayoría de iniciativas provenientes desde el legislativo, provocó que los diputados, como una maniobra más, aprobaron dicha propuesta, la cual en realidad no  beneficia   a todos los estudiantes de colegios y universidades privadas, sino más bien solo a los que han sido afectados directamente por la pandemia por el COVID-19.

De esta forma los Diputados, ante la negativa del gobierno de Bukele, logran desgastarlo y se presentan ante la población como los redentores. En caso que el ejecutivo diera el visto bueno les estarían tirando un salvavidas financiero a los colegios y universidades privadas.

El  pago (subsidio) a los colegios y universidades privadas en realidad en  es una forma de disfrazar la privatización de la educación o de la implementación de Asocio Público Privado. La lucha debe ser para el gobierno asigne los fondos necesarios para asegurar una educación gratuita y de calidad en todos los niveles.

ATRAMEC críticos a la propuesta

Marta Campos, del  Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC) respecto a la propuesta de subsidio del 50% ha manifestado “… No estoy de acuerdo, ya que existen Diputados que tienen intereses propios y buscan beneficios personales, ejemplo  el Diputado Carballo  quien es dueño del EXAL. Como es posible que a costillas de los impuestos que   y préstamos los cuales tendrá que pagar el pueblo quieran cubrir altas cuotas para minimizar sus pérdidas,  mientras no le asignan fondos necesarios a la educación pública y es ai en donde los hijos del trabajador estudian. No nos oponemos a que se le ayude a estudiantes de colegios y universidades privadas, nos oponemos a las maniobras de los Diputados quienes buscan sacar provecho propio de la pandemia…”

Organización y unidad de estudiantes, docentes y padres de familia

Es momento de organizar Comités en las diferentes centros educativos, sean públicos o privados y levantar un programa de lucha y reivindicaciones que beneficien a  todos los estudiantes y docentes. La meta debe ser una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, y mejores condiciones y prestaciones laborales para todos los trabajadores de educación sean administrativos o docentes.

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