Por Rebeca Gonzalez

Partiendo de informes  del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) El Salvador cuenta con una población total de 6,825,935 de los cuales la  población económicamente activa (PEA) es 3,117,001, de estos solamente 854,390 cuentan con un trabajo formal: 683,453 son trabajadores del sector privado y 185,255 del sector público.

En  materia de trabajadores pensionados   a la misma fecha se tenía  un total de  177,397 de estos   43,943 (ISSS),  47,749 (INPEP) 80,818 (AFP), 3,921 (IPFSA) y   966  (Decreto 787). Vale señalar que de enero del 2021 a mayo del mismo año el número de pensionados aumento de  175,067 a  177,397. Ese aumento se dio sobre todo en pensionados de las AFP los cuales  en esos 6 meses pasaron de  77,470 a 80,818. Mientras los pensionados ISSS se redujeron de  45,183 a  43,943.

¿Quien tiene el dinero de las cotizaciones?

En 1996 bajo el gobierno arenero de Calderón Sol  fue privatizado la administración de los fondos de pensiones, lo cual  genero  ganancias millonarias a los  dueños de las Administradoras de los Fondos de Pensiones  (AFP), mientras para a los trabajadores le ha tocado sobrevivir con pírricas pensiones.

Los fondos generados de las cotizaciones a las AFP eran administrados y puestos en el mercado internacional, ante la crisis financiera los gobiernos de ARENA y del FMLN usaron los fondos como caja chica y determinaron que dichos fondos tenían que ser invertidos en los Certificados de Inversión Previsional (CIP) pagando intereses mínimos, y pagando cuando ellos han querido. Según la Superintendencia de Pensiones, hasta mayo de 2021 el patrimonio de los trabajadores en las AFP era de $12,812 millones (EDH.09/08/21).  De este monto el Estado les debe a los trabajadores un aproximado de $9,500 millones, (80%). El  restante 20%  lo tienen las AFP invertidos en otros rubros. Lo anterior afecta directamente a los trabajadores, no así a las AFP ya que ellos siempre obtienen grandes ganancias solo por administrar.

 ¿Que busca el gobierno actual?

Los gobiernos de ARENA y del FMLN mantuvieron al Estado Salvadoreño en una política de endeudamiento e hicieron saqueos constantes de los fondos del Estado, al llegar el   Gobierno, Bukele y encontrar las arcas vacías del Estado y no tener de donde agarrar ha tenido que llevar al país a un endeudamiento histórico.

Si el Producto Interno Bruto fue en el 2020, de veinticuatro mil setecientos ochenta y cuatro millones de dólares y la deuda pública, de veintidós mil seis cientos cincuenta y cinco millones de dólares, significa que casi todo el PIB salvadoreño está endeudado, parte de esta deuda (20%) la tiene con los trabajadores.

Los prestamos constantes aprobados por la Asamblea Legislativa unido al bajo crecimiento económico, le dificultan al gobierno seguir gestionando mas prestamos es por ello que el  gobierno de Bukele junto a sus Diputados pretende  realizar reformas al actual sistema de pensiones, no para mejorar los montos de las pensiones, sino para borrar la deuda que el Estado y su gobierno tienen con los trabajadores y así poder seguir prestando más.

Estatización bajo control de los trabajadores, pero que pague lo prestado

Si se va estatizar la  administración del sistema de pensiones,  esta debe estar bajo control de los trabajadores, la dirección de la administración debe ser tripartita en donde los trabajadores tengan mayor representación y sean electos democráticamente  por las bases sindicales. Se debe exigir que toda propuesta de reforma al sistema de pensiones sea de conocimiento publica previa a su aprobación por los Diputados y que sean los trabajadores cotizantes y pensionados quien la ratifiquen así mismo que   el gobierno pague lo más pronto la deuda de $9,500 millones, y además pague los intereses correspondientes, debiéndosele  prohibir al gobierno tomar los fondos de las pensiones.

Otros elementos a tomar en cuenta también serian: no aumentar el tiempo laboral ni la edad para pensionarse. Que sea voluntario estar o no estar en el sistema. Además que si los cotizantes  quieren retirar todos sus ahorros así sea, y si desea que sea por cuotas que se respete la voluntad del dueño del ahorro. Si los fondos son invertidos que se le de  al trabajador las ganancias generadas por la inversión.  Si el cotizante fallece  que sus ahorros sean otorgados  a sus familiares lo cual debe ser retroactivo ya que muchos trabajadores han fallecido antes de jubilarse y las AFP se han quedado con dichos ahorros, como ha sucedido durante esta pandemia por el COVID-19.

Trabajadores y sindicatos deben estar prestos  a luchar en defensa de los fondos de pensiones, no se trata de diferencias ideológicas o preferencias políticas, se trata de nuestros fondos.

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