Por Armando Tezucún

El viernes 8 de mayo en horas de la tarde el presidente Otto Pérez Molina informó en conferencia de prensa que la vicepresidenta Roxana Baldetti había presentado la renuncia a su cargo. Este anuncio confirma que el régimen se decidió por una de las opciones que tenía para encontrar una salida a la crisis por la que atraviesa.

El destape de la red de corrupción y defraudación aduanera hecho por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, que involucra a altos funcionarios de la institución encargada de la recaudación fiscal, y a cuya cabeza estaba el secretario privado de Baldetti, abrió una grave crisis en el seno del gobierno. A partir del 16 de abril esta crisis se manifestó en el desmoronamiento del partido oficial, el Partido Patriota; el retiro del apoyo del empresariado, organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), al gobierno y al PP; y una ola de protestas encabezadas principalmente por la clase media urbana, un sector de la cual ayudó al PP a llegar al gobierno, y ahora se siente defraudada por el robo de los impuestos que, a diferencia de los empresarios, no puede evitar pagar.

Pero el aislamiento del gobierno no es total, de lo contrario habría el peligro de que el régimen político en su conjunto, y el andamiaje de dominio de los grupos de poder de la burguesía se descalabre y se de una crisis institucional por la cual se podrían colar, con sus propias demandas, las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares, que aún no imponen su sello a las protestas. La Cicig, organismo impulsado por los imperialismos estadounidense y europeo, a través de su jefe Iván Velásquez, realiza su labor en conjunto con los funcionarios de gobierno y coordina con el presidente Pérez Molina. El imperialismo, y la propia oligarquía guatemalteca, desean resolver el problema de la profunda corrupción de las instituciones estatales, pero lo que más desean evitar es que ello provoque una crisis incontrolable en el régimen que ponga en peligro su propia existencia. Por ello, a pesar de que el pasado de Pérez Molina lo vincula a las redes de corrupción de exmilitares enraizadas en los años 70s, todo indica que la embajada gringa, los representantes de la Unión Europea, la Cicig, y el Cacif, decidieron salvaguardar la figura del presidente como garante del orden institucional y sacrificar a la vicepresidenta Baldetti.

Los acontecimientos se precipitan

La semana que inició el 4 de mayo ha sido crucial. El miércoles 6, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad decidieron dar trámite y enviar al Congreso de la República las solicitudes de antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Baldetti, que habían presentado Aníbal García, del Movimiento Nueva República, Amílcar Pop de Winaq y Ángel Sánchez, de URNG-MAÍZ. Los magistrados también decidieron rechazar una acción presentada contra el presidente Pérez Molina. La decisión se basó en indicios de que en las investigaciones de la Cicig, las escuchas telefónicas mencionan como “R”, “La Señora” y “La Dos”, a alguien que podría ser Baldetti.

Coincidentemente, el mismo día la dirigencia del Cacif pidió públicamente la renuncia de Baldetti. El nuevo presidente del empresariado, Jorge Briz, dijo “En aras de la gobernabilidad y la transparencia, y con el afán de fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad, pedimos que la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías renuncie a su cargo … Las denuncias efectuadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por hechos relacionados con defraudación fiscal y contrabando han generado un rechazo unánime de la sociedad a estos actos de corrupción, lo cual ha derivado en una situación de crisis política sin precedentes en los últimos años” (Siglo XXI, 7/05/15). También demandaron el proceso contra los empresarios vinculados a la red de defraudación La Línea. Amenazaron con convocar a un paro nacional en caso de que la vicepresidenta se negara a renunciar, y Briz recordó que presentaron un memorial al presidente Pérez solicitando que se mantengan las condiciones del Estado de Derecho en Guatemala. A través de su vocera, Baldetti anunció que no renunciaría.

El Congreso da curso al antejuicio contra Baldetti

El 7 de mayo, después de que el Congreso estuviera prácticamente paralizado durante meses debido a la recurrente inasistencia de los diputados, 142 de ellos se presentaron al salón de sesiones para continuar la plenaria declarada permanente desde el 20 de enero. Se presentó una moción privilegiada para conformar una comisión pesquisidora que se encargaría realizar una investigación y presentaría al Congreso un informe sobre el caso Baldetti; conociendo el informe, el pleno decidirá si se retira o no la inmunidad a la vicepresidenta, para que sea puesta a disposición de los tribunales de justicia.

La comisión pesquisidora quedó integrada por los diputados Salvador Baldizón, Mario Yanes y Manuel Barquín, del partido Lider; y además Álvaro González del partido Creo y Fidel Reyes de la Une. La composición de la misma garantizaba de antemano que el informe, que se debía presentar a más tardar el jueves 14, declararía procedente el levantamiento de la inmunidad de Baldetti.

La vicepresidenta, a través de su abogado Mario René Conde, presentó el mismo día un amparo ante la Corte de Constitucionalidad solicitando dejar sin efecto la resolución de la CSJ que inició el proceso de antejuicio en su contra, amparo que fue denegado por unanimidad el 8 de mayo.

La Cicig se apunta otro gol

El 8 de mayo, la Cicig y el MP anunciaron el desmantelamiento de una red de abogados dedicados a la corrupción y compra de jueces. Los acusados actuaron en complicidad con tres de los líderes de la red La Línea, a quienes la jueza Marta Sierra de Stalling benefició con medidas sustitutivas para que salieran libres. Las autoridades presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza, señalada por cohecho pasivo y prevaricato. Así mismo fueron recapturados los tres miembros de La Línea, que habían cancelado Q 200 mil de fianza, y capturados varios de los abogados implicados.

No habían cesado los comentarios sobre este importante golpe contra la corrupción en el sistema de justicia cuando por la tarde el presidente anunció la renuncia de Baldetti. Pérez Molina dijo: “Quiero ser enfático en lo siguiente, la renuncia según los motivos manifestados por la vicepresidenta se circunscribe a una decisión personal, con el único interés al separarse voluntariamente del cargo, en someterse y colaborar con las investigaciones que sean necesaria y sobre todo con el debido proceso … La disposición de renuncia no corresponde con ninguna solicitud gremial o asociativa lo hace por decisión propia, voluntaria y personal de la señora vicepresidenta. Quiero solicitar se respete la decisión como tal y no se especule ni se desinforme, su decisión es personal, meditada difícil, valiente pero consistente con sus principios y valores” (Prensa libre 9 /05/15). Al igual que todos los actores de los grupos de poder en este drama, el presidente hizo énfasis en el respeto del debido proceso, las instituciones la Constitución, etc., lo principal es garantizar el orden establecido que garantiza el dominio de los poderosos sobre los explotados y oprimidos.

El Congreso acepta la renuncia de Baldetti

El sábado 9 en horas de la tarde, en una sesión extraordinaria, el Congreso de la República, de nuevo con una inusitada asistencia de 149 diputados, entró a conocer la renuncia de la vicepresidente. Después de comprobar la autenticidad de la firma de Baldetti en la carta de renuncia, la votación dio el resultado de 149 votos a favor de aceptar la renuncia, 0 en contra y 9 ausencias. La resolución del pleno solicitó al presidente que le haga llegar la terna de candidatos a nuevo vicepresidente, para que el Congreso escoja al sustituto de Baldetti. Esto por supuesto, anula el proceso antejuicio, pues al renunciar, ella perdió su inmunidad.

Se rumora que la terna estará integrada por personajes del entorno inmediato de Pérez Molina: el ministro de gobernación, ex militar Mauricio López Bonilla; Julio Ligorría, actual embajador de Guatemala en Washington; y Adela de Torrebiarte, comisionada para la Reforma Policial.

La celeridad e inusitado acuerdo con que el Congreso aceptó la renuncia de Baldetti no deja dudas de la procedencia de la decisión de sacrificar a la vicepresidente.

Que renuncie todo el gobierno

La renuncia de Roxana Baldetti es una movida acordada en las alturas para solucionar la crisis sin poner en peligro el orden constitucional burgués, salvaguardando al gobierno y que además en el escándalo de corrupción no resulte embarrada la cúpula empresarial. Pero la salida de la vice no es suficiente; el presidente Pérez Molina y los ministros y funcionarios exmilitares que se ubican en los puestos de gobierno forman parte también de antiguas redes de corrupción ligadas al ejército. Debemos exigir la renuncia de todo el gobierno. La Asamblea Social y Popular formada el 28 de abril debe fortalecerse y prepararse para ser una alternativa de gobierno que represente a los explotados y oprimidos, estableciendo elementos de poder popular y que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente que funde un nuevo Estado en beneficio de las mayorías.

¡QUE RENUNCIE TODO EL GOBIERNO DEL PARTIDO PATRIOTA!

¡QUE LA SAT Y EL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS PASEN A MANOS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, CAMPESINAS, INDÍGENAS Y POPULARES!

¡ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE YA!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS EMPRESARIOS IMPLICADOS EN LA DEFRAUDACIÓN FISCAL!

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