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GUATEMALA.- El gobierno de Pérez Molina se desmorona

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Por Úrsula Pop

Desde la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti el 8 de mayo, bajo fuertes señalamientos de corrupción y relación con redes paralelas, los cambios en el gobierno relacionados con acusaciones de corrupción y sospechas de manejos oscuros, se han precipitado uno tras otro. Se hace evidente que la embajada de Estados Unidos y la oligarquía organizada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) han acordado con el presidente Otto Pérez Molina sostenerlo en su cargo, mientras se hace una purga de elementos corruptos en su entorno de gobierno, y mientras se impulsan cambios a nivel de diversas leyes. No es descartable que cedan a la presión de que Pérez renuncie, en ese caso lo reemplazaría el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, político veterano ampliamente alineado con la oligarquía y la embajada; pero por ahora el presidente garantiza la estabilidad política en medio de la crisis del gobierno y la oleada de protestas.

En este sentido hay que entender los llamados del embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, a luchar contra la corrupción y promover la transparencia. Robinson llamó a evitar "las estructuras tradicionales que han impedido el crecimiento de Guatemala... de la misma manera deben buscar la forma de ser más inclusivos para que el sueño guatemalteco esté al alcance de un número mayor de ciudadanos…Los exhorto a tomar en cuenta su responsabilidad de luchar contra la corrupción y para su país y promover la transparencia tanto en el Gobierno como en el sector privado... no se trata de dónde vienes, lo que cuenta es hacia dónde vas" (Prensa Libre 13/05/15).

El 19 de mayo, por medio de su presidente Jorge Briz, el Cacif dijo claramente que no pide a renuncia del presidente Pérez Molina, pero demandó acciones concretas contra la corrupción. El Cacif pidió al mandatario que declare lesivos los contratos públicos en los que se haya violado la ley y los procedimientos administrativos estipulados, cayendo bajo sospecha de corrupción. Igualmente demandó la reforma a una serie de leyes para estimular la transparencia.

El plan que se perfila es limpiar la casa deshaciéndose de funcionarios corruptos, y hacer reformas a leyes claves, de modo que surja un sistema político más transparente, capaz de garantizar la estabilidad necesaria para implementar el plan de inversiones contemplado en el proyecto Alianza Para la Prosperidad. Esto de paso calmaría las protestas de los sectores medios acomodados, que abandonarían las calles. Actores claves en esta arremetida contra la corrupción y el narcotráfico son la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, que cuentan con el total respaldo de los Estados Unidos.

La elección del nuevo vicepresidente

Los candidatos propuestos por el presidente para reemplazar a Baldetti apuntaban desde un inicio a reforzar una alianza con el Cacif y la embajada gringa. Adela Camacho de Torrebiarte, Comisionada para la Reforma Policial, pertenece a una poderosa familia con inversiones en el agro (cardamomo, café, hule, palma africana) e intereses en la industria del calzado, del cemento y las finanzas. Otro postulado era Adrián Zapata, Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural, ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes y ex miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; su cargo en el gobierno fue creado para presentar una alternativa más moderada a la Ley de Desarrollo Rural Integral. Inicialmente hacía parte de la terna Carlos Contreras, ministro de trabajo, con antecedentes de favorecer medidas en favor de las patronales, pero su calidad de ministro le impedía optar al cargo; en su lugar fue propuesto el diputado del Partido Patriota Oliverio García Rodas; éste fue rechazado y se incluyó al abogado Alejandro Maldonado Aguirre, quien finalmente fue escogido por el Congreso.

Maldonado era magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Inició su carrera política como miembro del ultra derechista Movimiento de Liberación Nacional. Fue ministro de educación durante el gobierno militar de Arana Osorio (1970 – 1974). Con el tiempo sus posiciones políticas se inclinaron al centro, siendo diputado de la Asamblea Nacional Constituyente en 1984 y magistrado de la Corte de Constitucionalidad en el periodo 1986 -1991, cargo que volvió a ostentar en 1996 – 2001. En este periodo se le acusa de haber retrasado por un año la resolución que permitió continuar las investigaciones del asesinato de Monseñor Gerardi en 1998. En 2006 fue nuevamente electo para la CC en 2006, periodo en el cual se redactó la resolución que impidió la extradición de Ríos Mont a España para ser juzgado por genocidio y terrorismo. Maldonado fue reelecto a la CC en 2011, y en 2013 y 2014 votó a favor de anular la sentencia por genocidio contra Ríos Mont y por la reducción del mandato de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público, respectivamente. Maldonado, es pues, pieza clave de la oligarquía y el imperialismo gringo, para apuntalar al presidente Pérez Molina.

Caen detenidos altos funcionarios por corrupción en el IGSS

Justo un día después de que el Cacif demandara acciones concretas contra la corrupción, fue capturada la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), los integrantes de la Junta de Licitación y Adjudicación del mismo y directivos de la Droguería Pisa, 17 personas en total. El motivo fue la aprobación de un contrato con dicha droguería por Q 116 millones, para dar tratamiento a pacientes renales crónicos. La Droguería Pisa no contaba con la capacidad, experiencia equipo ni instalaciones para brindar el servicio, y subcontrató a otra empresa para que lo hiciera; pero pagó una comisión del 15 ó 16% a los funcionarios del Igss para que el contrato fuera avalado. El resultado fue el fallecimiento de cerca de 17 pacientes.

Entre los funcionarios apresados figuran el ahora ex presidente de Igss, Juan de Dios Rodríguez López, ex militar y hombre de confianza del presidente Pérez Molina, de quien fue secretario privado y operador político; y Julio Suárez, presidente del Banco de Guatemala. La captura de Rodríguez es un duro golpe para el equipo más cercano de Pérez Molina; el mandatario tuvo que aceptar el sacrificio de su hombre de confianza diciendo: “Soy el primero en lamentar que estas situaciones se estén dando y que se haya faltado a la confianza. Si hay señalamientos de algún delito yo soy el primero en pedir en que respondan ante la justicia” (Siglo XXI 21/05/15).

Nuevas renuncias de ministros y funcionarios

El 21 de mayo, el día siguiente de las capturas por el caso del Igss, renunciaron a sus cargos el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla; el viceministro de Seguridad Eddy Juárez, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales Michelle Martínez; el Secretario de Inteligencia del Estado, Ulises Anzueto; el subinterventor del Puerto Quetzal, Julio Sandoval; el interventor del Puerto Santo Tomás, Edwin Guzmán; y el recién nombrado ministro de Energía, Edwin Rodas Solares. López Bonilla era el “brazo derecho” del presidente, y renunció para que se pueda aclarar cualquier duda sobre una serie de contratos y compras que se hicieron durante su gestión. El ex ministro reconoció que fue debido a las presiones del Cacif y de las protestas en la calle contra la corrupción, que puso su cargo a disposición, para se hagan las investigaciones correspondientes. El plan va marchando, aún a costa de que rueden las cabezas de los hombres de confianza del presidente.

Ante el proceso electoral en curso

El destape de estos graves casos de corrupción ha tenido como una de sus consecuencias el rechazo general al sistema político, en especial al proceso electoral que inició oficialmente el 2 de mayo. Los partidos políticos han perdido credibilidad y prestigio. Según reportes de empleados del Tribunal Supremo Electoral, a los puestos de empadronamiento y actualización de datos solo están acudiendo personas mayores, los jóvenes que han entrado a la mayoría de edad muestran total apatía; de igual manera, los programas de capacitación a voluntarios para la juntas receptoras de votos están paralizados por falta de voluntarios.

Entre las organizaciones sociales ha ganado terreno la postura de demandar la suspensión del proceso electoral debido a que no hay condiciones para su desarrollo democrático. Así lo manifestaron, por ejemplo las organizaciones que pertenecen a la Convergencia de los Derechos Humanos (CDH), quienes proponen que se reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos y se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, además de la renuncia del binomio presidencial (Diario La Hora 23/05/15).

La opinión generalizada en las protestas es, por otro lado, el llamado al voto nulo o la abstención. La opinión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es que las elecciones no pueden suspenderse porque se rompería el “orden constitucional democrático”, a pesar de que es evidente que habrá una abstención generalizada, al menos en el sector urbano. El plan de la embajada gringa y el Cacif incluye la realización de los comicios y la elección de un nuevo gobierno con el que sin duda negociarán. Por ello consideramos que no podemos descuidar este flanco sin presentar batalla en este terreno. Proponemos que los partidos de izquierda que tienen ficha electoral, Alternativa Nueva Nación, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Winaq se aglutinen en un frente único que propongan candidaturas de dirigentes y líderes populares, tanto a nivel de alcaldías, diputados como para presidente y vicepresidente. Es muy probable que estos partidos propongan solamente candidaturas para alcaldes y diputados; Urng-Winaq aún no elige candidatos presidenciales, y ANN-CRD (Convergencia por la Revolución Democrática) al parecer así lo decidió. En todo caso, nuestra propuesta es que, en caso de que se realicen las elecciones -y todo indica que así será- las organizaciones campesinas, indígenas y sindicales den la batalla también en el terreno electoral. Esto no implica que dejemos de exigir la reforma a la Ley Electoral y la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

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