09242020Jue
Last updateMié, 23 Sep 2020 1pm

GUATEMALA.- Un gobierno de transición a la medida de la oligarquía y el imperialismo

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Por Úrsula Pop

La estrepitosa caída del expresidente Otto Pérez Molina, capturado por su implicación en la red de defraudación aduanera “La Línea”, condujo a que el 3 de septiembre asumiera la presidencia Alejandro Maldonado Aguirre, que había reemplazado desde mayo en la vicepresidencia a Roxana Baldetti, quien guarda prisión por las mismas causas que Pérez Molina.

Maldonado Aguirre es un viejo político ultra conservador, cuya escuela fue la juventud del anticomunista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), que aglutinaba a la extrema derecha guatemalteca. Junto a un grupo de jóvenes profesionales, Maldonado se separó del MLN y evolucionó políticamente a posiciones de centro derecha. Fue ministro de educación durante el gobierno militar de Arana Osorio (1970 – 1974). Fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente en 1984. Más adelante fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad en los periodos 1986 -1991, 1996 – 2001, y 2006 a la actualidad. En ese lapso de tiempo atrasó las investigaciones sobre el asesinato de Monseñor Gerardi, impidió la extradición del general genocida Ríos Montt a España para ser juzgado y votó por la anulación de la sentencia por genocidio del mismo personaje en 2013.

Maldonado es, entonces, una ficha apropiada de la oligarquía y el imperialismo para poner un poco de orden en el sistema político luego de la aparatosa caída del gobierno del Partido Patriota. Maldonado ha calificado su gobierno de “gobierno de salvación”, y anunció que hará énfasis en los temas de salud, educación y medio ambiente.

La burguesía ya empezó a sugerir agenda al nuevo gobierno. Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), propuso en una entrevista reciente: “La función primordial de este gobierno, que llaman de “transición”, es ordenar la casa y combatir la corrupción en las distintas instituciones del Organismo Ejecutivo. Adicionalmente a ello, promover eficiencia y procesos eficientes y transparentes en compras y contrataciones. Revisar quiénes están efectivamente trabajando en el Gobierno para suprimir plazas fantasmas, corregir grandes ineficiencias y revisar los pactos colectivos de trabajo.” (Siglo XXI, 16/09/15). Con la certeza de que con el nuevo gobierno finalizará la crisis política iniciada en abril, los empresarios nacionales y extranjeros empiezan a retomar confianza. El vicepresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) declaró: “Durante estos meses hubo gran incertidumbre por parte de las empresas de Estados Unidos, pero ahora cada vez están más convencidos de que el mensaje de fortalecimiento del Estado y las instituciones, que constantemente le repetimos, es cierto”, y anunció la llegada a finales de septiembre de una delegación de 12 franquicias estadounidenses (El Periódico 11/09/15).

Y la certeza jurídica anhelada por los capitalistas se empieza a concretar. El 17 de septiembre la Corte de Constitucionalidad por unanimidad declaró inconstitucionales el aumento a los impuestos de la minería y el cemento y la creación de un tributo a la telefonía, que habían sido aprobados en noviembre del año pasado para financiar el presupuesto gubernamental 2015. La alianza de los partidos Patriota y Líder había logrado la aprobación de este paquete de impuestos, que fue objeto de diez acciones de inconstitucionalidad por parte de cámaras empresariales, empresas, diputados y personas individuales. El Estado esperaba recaudar Q 2,727.3 millones con estas medidas. El impuesto a la telefonía quedó en suspenso en diciembre de 2014 por una acción de amparo. En el primer semestre del año el impuesto al cemento permitió recaudar Q 166.4 millones. El Ministerio de Finanzas estima que por la decisión de la CC se dejará de recaudar Q 1,844 millones. Al finalizar el gobierno de Pérez Molina lo primero que hace la oligarquía es derogar las disposiciones que le afectan económicamente, al igual que hizo cuando terminó el gobierno de su adversario Alfonso Portillo.

En cuatro meses que le restan de ejercicio, no son muchas las reformas que podrá realizar Maldonado, no solo por el escaso margen de tiempo, sino porque no tiene una bancada que le apoye en el Congreso. Por lo pronto ha empezado a rodearse de personajes conservadores para hacerse cargo de los ministerios, como el empresario de la educación Rubén Alfonso Ramírez en el Ministerio de Educación. Su vicepresidente, Juan Alfonso Fuentes Soria, nombrado a mediados de septiembre por el Congreso, es un ex rector moderado de la Universidad de San Carlos, y ya tiene el beneplácito de la Embajada gringa.

Frente a este gobierno que pretende estabilizar el statu quo, el movimiento popular debe retomar la lucha por la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, apuntando a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente popular e incluyente.

Share

Comentarios potenciados por CComment