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GUATEMALA.- Un primer balance de las movilizaciones contra la corrupción

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Por Armando Tezucún

La primera vuelta electoral del 6 de septiembre dio un resultado inesperado. En primer lugar, con cerca del 24% de los votos, resultó el comediante Jimmy Morales, un desconocido en la política, sin un programa de gobierno claro, respaldado por un partido fundado por los veteranos militares de Avemilgua, una asociación de ultra derecha cuyos miembros ni siquiera fueron tomados en cuenta por los militares que gobernaron con Pérez Molina. El segundo lugar fue para Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, con el 19.75% de la votación. El tercer lugar fue para Manuel Baldizón de Lider, quien daba por seguro que pasaría a segunda vuelta, con el 19.38%; los resultados adversos llevaron a Baldizón a renunciar a su partido y alejarse de la política, denunciando que fue víctima de fraude y linchamiento político.

El hecho de que el candidato que quedó a la cabeza es un comediante de ideas conservadoras, sin una estrategia de gobierno clara ni experiencia, y sobre todo, con el respaldo de exmilitares de extrema derecha involucrados en las masacres del conflicto armado interno, ha provocado en los sectores más pensantes y reflexivos del movimiento anti corrupción que ha protestado en las calles desde abril, una sensación de incertidumbre, frustración y desconcierto ¿De qué sirvieron cinco meses de protestas si al final las opciones para la segunda vuelta son un títere de los militares derechistas y una mujer que ya hizo gobierno con la UNE y fue muy cuestionada por su manejo de los programas asistenciales? Se afirman cosas como “La sabiduría del votante guatemalteco es de exportación. Su calidad no tiene precio. Aconseja que si logras salir vivo de un pantano, pues que vayas a buscar una letrina y te lances de cabeza para limpiarte el lodo” (Godo de Medeiros, correo electrónico del 13/09/15), o “…al cabo de todas las marchas, procesos legales, defenestración presidencial y demás, en las recientes elecciones terminamos dándole el primer lugar del voto a un candidato cuya presidencia sería devastadora, incluso comparada con la alternativa que ofrece la “Evita Perón” guatemalteca” (Alberto Fuentes, Nomada 17/09/15).

Pensamos que la tarea de los analistas e intelectuales progresistas no es culpar al votante por los resultados electorales ni caer en la desesperación. Se trata de que hagamos un análisis de las fuerzas sociales que están actuando en la política guatemalteca para explicar los fenómenos y definir el rumbo que debe llevar el movimiento popular para lograr los objetivos de sus luchas.

La política de Estados Unidos con el Plan Alianza Para la Prosperidad

Recordemos que la crisis de los niños migrantes que se dio el año pasado, con miles de niños centroamericanos retenidos en la frontera de México y Estados Unidos, condujo a la firma del Plan Alianza Para la Prosperidad entre el gobierno de Obama y los gobiernos de Triángulo Norte. Este plan contempla un aporte de mil millones de dólares por parte de Estados Unidos, una pequeña parte del gasto total que implica el plan (el resto lo tendrán que poner los gobiernos de área mediante préstamos a los organismos financieros internacionales, he ahí parte del negocio). Se supone que el plan implica mejoras en infraestructura e inversión social que propicie la llegada de inversión extranjera, que a su vez mejorará las condiciones de vida de la población centroamericana, en cuanto al empleo en primer lugar. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población, los jóvenes en particular, para frenar el enorme flujo migratorio que pone en aprietos a Estados Unidos, y por otro lado, desarrollar los planes ya existentes para combatir el narcotráfico. Además, Estados Unidos pretende con este plan reafirmar su dominio en la región para contrarrestar la creciente influencia de los imperialismos chino y ruso.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos esta vez requiere una garantía de que la inversión que hará no caerá en manos de funcionarios corruptos y de que sus capitales tendrán un ambiente de certeza propicio para generar sus ganancias.

El impulso del Plan Alianza Para la Prosperidad es el momento en el que Estados Unidos, en alianza con un sector de la burguesía, organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales, Agrícolas y Financieras (Cacif), y con la colaboración de un sector del ejército (sobretodo oficialidad joven), decide sacudirse a los grupos burgueses corruptos que han copado las instituciones del Estado, utilizando para ello a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que funcionaba por mandato de la ONU desde hacía varios años, y el Ministerio Público.

Las movilizaciones de las capas medias y pequeña burguesía urbanas

La denuncia contra la estructura de defraudación aduanera La Línea, donde resultó implicada la ex presidenta Roxana Baldetti, numerosos funcionarios públicos y el mismo presidente Otto Pérez Molina, tuvo el efecto colateral de desencadenar un movimiento masivo de protesta popular contra el gobierno, la corrupción, y el sistema político en general. Este despertar de la población le dio una dinámica particular al proceso impulsado por Estados Unidos, propiciando la acusación de la Cicig contra una gran cantidad de funcionarios, ministros, diputados y alcaldes. Hasta el momento la embajada gringa y la oligarquía han logrado sortear la marea de protestas, conteniéndolas dentro de los límites del respeto al “orden constitucional” y un comportamiento pacífico, y sobre todo, encauzándolas hacia el proceso electoral, e impulsando reformas al sistema político, pero solo las que necesitan para que todo funcione según sus intereses.

Las protestas desde un inicio fueron convocadas por pequeños grupos anónimos, utilizando las redes sociales, bajo la regla de no discursos, no tarimas, no partidos políticos implicados. En las protestas ha predominado lo que podemos llamar capas medias urbanas: profesionales, pequeños comerciantes, estudiantes, amas de casa, desempleados; los trabajadores asalariados, con excepciones, han participado a título individual, sin organización. Uno de los grupos impulsadores, #RenunciaYa, estaba integrado por personas de 24 a 55 años, un diseñador, una galerista, un estudiante de derecho, una empresaria de bienes raíces, etc.

Algunos analistas han asemejado estas movilizaciones a las “revoluciones de colores” impulsadas por Estados Unidos en países con gobiernos que no son de su agrado. Consideramos que si bien hay un plan del imperialismo en el socavamiento del gobierno de Pérez Molina, la movilización de masas ha tenido su propia dinámica autónoma. Lo cierto es que las capas medias, en términos generales, impusieron su sello a las protestas, realizándolas los días sábado por la tarde para no perturbar la economía, rechazando liderazgos visibles y enfatizando su característica de pacíficas, que no quiere decir otra cosa que el compromiso de respetar el orden y la ley.

La negativa de la Asamblea Social y Popular a encabezar las luchas

Las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares, a pesar de haber logrado una instancia de coordinación en la Asamblea Social y Popular (ASP), no tuvieron la voluntad política de ponerse a la cabeza de las protestas y plantear claramente sus reivindicaciones sociales a la par de las demandas contra el corrupto régimen político. Esto a pesar de reclamar correctamente la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, y de no pocas marchas, manifestaciones y bloqueos de carreteras que fueron realizados. La dirigencia de la ASP prefirió siempre acomodarse aliándose a grupos pequeño burgueses como universidades, ongs o lo que se conoce como “organizaciones de la sociedad civil”. Resulta inexplicable en esta coyuntura, que la ASP no hiciera unidad de acción con otras organizaciones populares que se movilizaron independientemente, como el bloque Codeca, Cenoc, Uvoc y el Sindicato del Hospital General San Juan de Dios.

Consideramos que ha sido este error garrafal de la dirigencia del movimiento popular el que ha conducido a los actuales resultados electorales. El otro error fue el de las coaliciones de izquierda que se presentaron a las elecciones (CPO-Convergencia, y Urng-Winaq), que no propusieron candidaturas conjuntas de dirigentes y luchadores populares, para enfrentar la maquinaria de los partidos burgueses. El resultado de estos errores fue la ausencia de una alternativa popular, de los oprimidos y explotados, que tomara la delantera, tanto en las calles y plazas, como en las urnas, con propuestas tendientes a transformar el sistema político y social en su conjunto. Por ello predominó el voto de castigo a los políticos corruptos, en primer lugar contra Baldizón y Lider, que fueron vistos como la continuidad del podrido sistema político. El electorado, centrado en la denuncia contra el gobierno del Partido Patriota, decidió votar por el recién llegado a la política, que se presentó como “ni ladrón ni corrupto”.

Por un plan de lucha unificado de las organizaciones populares

Ahora, con Baldetti y Pérez Molina encarcelados y el gobierno del PP destruido, las capas medias urbanas se han quedado sin banderas. Las protestas se han reducido al mínimo: 200 personas el sábado 12 según los medios, y un máximo de 100 que pudimos observar el 19, ya entrada la tarde.

Es el momento de que las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares hagan un balance y elaboren un plan de lucha para el próximo período, que tenga como punto central la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente popular e inclusiva, media vez se haga una profunda reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que la democratice al máximo. El vacío que están dejando en las calles las capas medias urbanas deber ser ocupado por los campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, jóvenes y mujeres que planteen sus más sentidas reivindicaciones sociales y políticas.

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