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GUATEMALA.- Conflictos en el interior del Ejército

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Por Leonardo Ixim

El recurso de inconstitucionalidad general y parcial al artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional promovido por el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) Alfredo Sosa Díaz, que pretendía incluir los crímenes de genocidio y lesa humanidad como sujetos a no ser revisados dentro de la Ley de Reconciliación, en clara violación a los acuerdos internacionales sobre derechos humanos firmados por el Estado de Guatemala, ha generado ciertas diferencias al interior del ejército.

La acción de Sosa Díaz se realizó después de que Ministerio Público accionara contra 11 militares en situación de retiro por participar en una serie de crímenes contra la población en el marco de la guerra interna, entre los que sobre sale el ex jefe del Estado Mayor en el gobierno de Lucas García, su hermano Benedicto Lucas, jefe del la base militar de Alta Verapaz. Esta es hoy una base de entrenamientos para tropas de paz de la ONU conocida como Creompaz, donde encontraron los restos de población civil asesinada por el ejército. Entre los acusados hay oficiales de inteligencia y operativos implicados en esos crímenes, y el diputado electo por el partido de gobierno FCN Edgar Ovalle ex oficial de inteligencia; recientemente la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de antejuicio puesto por el MP contra Ovalle, decisión que el MP apelará.

La acción interpuesta en los últimos días del gobierno bisagra de Maldonado Aguirre, fue rechazada por el ministro de defensa William Mancilla y el vocero oficial del ejército, aduciendo que fue de carácter personal. Lo cierto es que en tal acción unas abogadas –al servicio de estos sectores- pusieron como terceros interesados a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) y la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo que dirige el hijo del quien fuera ex ministro de gobernación en el gobierno de facto de Ríos Montt, Méndez Ruiz.

Posteriormente la Corte de Constitucionalidad denegó el recurso de inconstitucionalidad, aduciendo entre otras cosas una violación a la ley orgánica del ejército, en lo que respecta a la obediencia al poder civil y la apoliticidad de la institución armada. La ley de reconciliación nacional surgió en el marco de la firma de los acuerdos de paz, y buscaba que no hubiera persecución penal contra acciones que en el derecho internacional se reconocen como propias de una guerra, pero no así acciones que internacionalmente son crímenes de guerra.

Un punto importante, más allá de los aspectos jurídicos sobre obediencia al poder civil, es el papel del ejército en una democracia formal. Pues los marxistas tenemos claro que pese a la complejidad del Estado en las actuales sociedades de clases, donde la sociedad civil es un entramado de redes que las facciones de la burguesía siempre tratan de hegemonizar, el Estado busca adaptarse a ese complejo tejido. Pero eso no lo exime de su naturaleza de dominación burguesa y en ese sentido, como se observó en Honduras con el golpe contra Zelaya, el ejército puede ya ser un poder formal y real a la vez, pero seguirá siendo el último baluarte del status quo.

El nuevo gobierno de Morales destituyó a Sosa Díaz; ante eso la abogada querellante de Sosa impuso un recurso de amparo ante la CSJ la supuesta revelación de información clasificada en relación a los casos que se siguen contra militares. Ahora que se abre otro proceso judicial contra el jefe de un destacamento militar y el comisionado militar en la localidad de Sepur Sarco, al noroeste de la capital, por esclavitud sexual contra mujeres sobrevivientes de masacres que el ejército realizó en 1982, se revelan más diferencias internas dentro de la institución armada.

Por un lado una línea de extrema derecha, la cual por el momento esta descabezada con la destitución Sosa y del sub jefe de EMDN, que tiene vínculos con la Fundación Contra el Terrorismo, la Liga Propatria y Avemilgua. Por el otro una serie de militares que denominaríamos institucionalistas cercanos a la embajada gringa y en medio oficiales de alta y de baja que han apoyado a distintos ex candidatos presidenciales como Torres, Baldizón y al defenestrado gobierno de Otto Pérez. Estaremos atentos.

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