Sin embargo, el principal sector social al que se dirigen los programas de ayuda gubernamentales no piensa de igual manera. Desde el día 13 grupos campesinos pertenecientes a Plataforma Agraria realizaron bloqueos de carreteras en diferentes puntos del país: Colomba, Quetzaltenango; El Boquerón, Cuilapa; Cruce San Esteban, Chiquimula; Las Trampas; Santa Lucía Utatlán; Tecún Umán, La Virgen, San Marcos.

Las demandas presentadas por Plataforma Agraria fueron: El acceso a la tierra para 38 comunidades campesinas vulnerables en San Marcos, Quetzaltenango, Quiché, Santa Rosa y Zacapa; la condonación de la deuda de Q60 millones para la región Chorti´, y un subsidio de Q 3,200 a 40 mil familias; declarar lesivas las solicitudes de licencias y las otorgadas para el reconocimiento, exploración y explotación minera y construcción de grandes hidroeléctricas; despenalizar los procesos de resolución de conflictos y dejar sin efecto las órdenes de captura y desalojo contra líderes campesinos; reactivar la economía rural. (Prensa Libre 14/1/09). Ese mismo día, después de tres horas y media de negociaciones con el gobierno, éste se comprometió a presentar en cinco semanas un cronograma que garantice el cumplimiento de las demandas campesinas. Después de este acuerdo, los bloqueos fueron suspendidos.

El propio 14, cerca de 4 mil campesinos procedentes de San Juan Sacatepéquez, Livingston, Coatepeque, Quetzaltenango, Escuintla y Sololá, realizaron un plantón frente al Congreso de la República, en cuyo interior el presidente Colom rendía su informe anual en esos momentos. La acción, organizada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, exigía al gobierno la salida del territorio nacional de empresas nacionales y transnacionales de cemento, petroleras y minería; que las consultas comunitarias sobre el funcionamiento de estas empresas sean vinculantes; la liberación del líder campesino Ramiro Choc y otros líderes de San Juan Sacatepéquez; justicia por la muerte extrajudicial del campesino Mario Caal y la investigación del asesinato del abogado de organizaciones populares Armando Sánchez y de Amado Monzón; la suspensión de órdenes de captura contra ocho líderes de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, 73 dirigentes de San Juan Sacatepéquez y 7 de Livingston. Los campesinos exigían reunirse con representantes de los tres poderes del Estado, pero fueron reprimidos con gases por la policía antimotines. Por la tarde fueron recibidos por el nuevo presidente del Congreso, Roberto Alejos, quien les informó que la reunión solicitada tendría lugar al día siguiente. Ese mismo día, miles de campesinos manifestaron de diferentes maneras su repudio al gobierno en Quiché, Huehuetenango y San Marcos.

Un año de acuerdos con los grupos de poder de la burguesía y represión a las luchas populares

Al inicio de su gobierno Álvaro Colom proclamó en su discurso de toma de posesión “Hoy empieza el privilegio de los pobres, empieza el privilegio de los sin oportunidad”. Este “privilegio” se ha ido revelando como un plan para prevenir y desactivar las luchas populares y desviar el descontento con paliativos que dejan intactas las estructuras de opresión capitalista que son las causantes de la pobreza y la falta de oportunidades para los desposeídos. Como declarara Colom en septiembre ante representantes del gobierno de Estados Unidos “Podemos tener un programa de seguridad fuerte, pero si el programa social no se desarrolla, no cerramos las llaves que generan los descontentos, la violencia y la delincuencia” (Prensa Libre 20/9/08).

A lo largo de un año hemos visto cómo el gobierno ha actuado en torno a tres ejes: la búsqueda de acuerdos con los poderosos grupos corporativos burgueses que controlan la economía del país; la implementación de programas asistenciales para aliviar la miseria y desactivar el descontento; la represión contra aquellos sectores que están a la cabeza de las luchas populares.

Colom ha retrocedido una y otra vez ante los grupos empresariales

El gobierno de la UNE no ha realizado cambios significativos en la economía y todos los intentos que ha hecho para tomar medidas drásticas ante la crisis han sido rechazados por la burguesía, que lo ha obligado a dar marcha atrás. En abril sucedió así cuando ante la inflación galopante que sufría el país Colom anunció medidas atrevidas como fijar precios tope y otorgar subsidios. Cuando los empresarios, sus intelectuales y el FMI pegaron el grito al cielo, el presidente cobardemente retrocedió y anunció un pacto de solidaridad con la empresa privada y cooperativas para reducir o estabilizar los precios, fijando precios acordados por consenso. Como ya sabemos, este plan quedó en nada, porque a la burguesía no le dio la gana implementarlo y Colom no tuvo más que agachar la cabeza.

Otro caso fue la intención del gobierno de revivir el empolvado decreto 40-74 que obligaba a los finqueros que posean más de cien manzanas a sembrar granos básicos en el 10% de la misma. Nuevamente, ante el revuelo causado por el empresariado oponiéndose al decreto, Colom retrocedió y, echando la culpa de la decisión a sus asesores, pidió a la bancada de su partido derogar el decreto.

Un tercer caso emblemático fue el de la reforma fiscal, cuya intención era recaudar fondos para el presupuesto gubernamental al vencerse el Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP). El alma de la ley era la reforma en el pago del Impuesto Sobre la Renta, que inmediatamente provocó las protestas del empresariado. Pocos días después Colom anunció que retiraba del proyecto los cambios al ISR y que crearía el Impuesto de Solidaridad (ISO), similar al IETAAP. Cuando el presupuesto gubernamental de 2009 fue aprobado en el Congreso, la burguesía logró que el monto del ISO fuera menor al propuesto por el gobierno, e igual sucedió con el impuesto para la matrícula de primera inscripción en el Registro Fiscal de Vehículos.

Durante 2008 pudimos ver que el gobierno apoyó o simplemente se quedó callado ante la implementación de negocios dañinos para el medio ambiente y el patrimonio de las comunidades indígenas y campesinas, como compañías mineras, petroleras, la fábrica de cemento en San Juan Sacatepéquez. De igual manera el gobierno se hace de la vista gorda ante el despojo descarado de tierras de que son víctima los campesinos de la cuenca del río Polochic, el Petén, Alta Verapaz e Izabal por parte de empresarios avorazados que están dedicando las tierras al cultivo de caña y palma africana para producir combustible.

En resumen, este gobierno socialdemócrata “de los pobres”, es un gobierno que está al servicio de los intereses del gran capital nacional e internacional y su lado “social” no es más que un complemento del sistema explotador capitalista para prevenir las luchas sociales en un período de grave crisis.

Cohesión Social: paliativos poco transparentes

El segundo eje del gobierno de la UNE son los planes asistenciales que ha implementado a través del Consejo de Cohesión Social. Este consejo es una entidad que coordina los gastos de varios ministerios y es dirigido por Sandra Torres, la esposa del presidente, quien se ha convertido en una superfuncionaria no electa a quien nadie puede pedir cuentas. Los programas consisten entre otras cosas, en la entrega mensual de Q 300.00 a las familias pobres a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela y los lleven a los centros de salud; incluye también la entrega de bolsas de alimentos con granos básicos, aceite y azúcar, el establecimiento de comedores solidarios, que sirven desayunos y almuerzos a precios simbólicos y las Escuelas Abiertas, que ofrecen cursos gratuitos los fines de semana.

La burguesía ve con recelo estos programas, pues no está de acuerdo con el aumento del gasto público en planes de beneficencia que está llevando al gobierno a incrementar aceleradamente la deuda externa. Pero en el fondo comprende que, a la larga, el beneficio es para el sistema en su conjunto, pues crea en los oprimidos el conformismo y el agradecimiento al gobierno con la consiguiente neutralización de las protestas. Los partidos burgueses de oposición están cuestionando la transferencias de miles de millones de quetzales del presupuesto de varios ministerios hacia Cohesión Social sin que se vea una rendición de cuentas transparente, pero no objetan el plan en sí. Este asistencialismo le ha valido a Colom un 44.8% de aprobación a un año de su gobierno, el más alto de los cuatro últimos mandatarios (encuesta realizada por Vox Latina para el diario Prensa Libre).

Pero los programas de Sandra Torres no resuelven el problema de la pobreza y el hambre, ni sustituyen la ausencia de verdaderos programas de desarrollo para las comunidades pobres. Como declarara el dirigente campesino Daniel Pascual “Por un lado, no demuestran políticas de desarrollo rural, pero por otro, avanzan en firmar tratados comerciales y otorgar licencias para exploraciones y explotaciones mineras. Es una visión de desarrollo equivocada; el gobierno está dando bolsitas de comida; sólo dan migajas a la gente” (Prensa Libre 13/1/09).

Durante 2008 se perdieron cerca de 200 mil puestos de trabajo, un poco más de la mitad en la industria de la construcción. Ningún programa asistencial, por más dinero que regale el gobierno, puede sustituir al cambio estructural que urge para dar respuestas a la desesperante situación en que la actual crisis del capitalismo está sumiendo a los campesinos pobres y trabajadores asalariados. Colom está decidido a preservar la economía de mercado, y el sistema capitalista, engañando a los oprimidos al regalarles remesas y alimentos. Sólo la acción revolucionaria decidida las propias víctimas de la miseria podrá dar solución a su problemática.

La represión viene del “gobierno del privilegio de los pobres”

La otra cara de la moneda del asistencialismo gubernamental es la represión contra todos aquellos sectores populares que se movilicen por la defensa de sus derechos y demandas.

Desde que en febrero el gobierno capturó al dirigente campesino Ramiro Choc, quien se convirtió en su primer preso político, las acciones represivas se han multiplicado, con más fuerza que en los gobiernos anteriores. Durante las protestas por la detención de Ramiro resultó muerto en Izabal el campesino Mario Caal, en lo que fue calificado por la Procuraduría de los Derechos Humanos como ejecución extrajudicial. La represión de las luchas campesinas en Izabal trajo consigo la orden de captura contra varios dirigentes más. Con el pretexto de combatir el narcotráfico, Colom ordenó la reapertura en la zona de una base militar de kaibiles (fuerzas especiales contrainsurgentes), que está aterrorizando a las comunidades campesinas, pues las amenaza con desalojarlas.

Por primera vez en muchos años un gobierno guatemalteco recurrió a declarar el Estado de Prevención (limitación de los derechos de reunión, manifestación, etc.) para reprimir protestas. El primero fue decretado en mayo contra los choferes del transporte pesado que protestaban contra las restricciones para circular por la capital. Las protestas contra la instalación de una fábrica cementera en San Juan Sacatepéquez condujeron que el gobierno declarara otro Estado de Prevención, a la represión violenta contra la población y a la captura de numerosas personas. En Coatepeque las protestas violentas de vendedores informales contra los intentos de la municipalidad de reubicarlos, en octubre, condujeron a la declaración de Estado de Prevención, que desde entonces el gobierno ha renovado periódicamente.

Además, la policía y el ejército han reprimido en numerosas ocasiones las protestas, tal como lo hicieron el propio 14 de enero mientras Colom hablaba ante el Congreso. Por otro lado, el gobierno ha impulsado un proceso de remilitarización reforzando numérica y financieramente al ejército y reabriendo bases militares. Todo esto lo realiza en el marco del Plan Mérida, acordado con el imperialismo gringo con el pretexto de combatir al narcotráfico, pero que en realidad se propone reprimir las luchas populares que surjan en medio de la grave crisis del capitalismo.

Además, la Corte de Constitucionalidad dictaminó que las consultas populares en las comunidades afectadas por actividades mineras, petroleras y otras, no son vinculantes, o sea que los pobladores no tienen ni voz ni voto en asuntos que competen directamente a sus recursos y vida. Más grave aún, se decidió que las consultas serían convocadas ya no por las propias comunidades, sino por el Tribunal Supremo Electoral, cortándoles de cuajo un derecho básico.

Numerosos casos de conflictos sindicales se encuentran estancados porque las autoridades favorecen descaradamente a la patronal, como en el caso de Sitrapetén, de la empresa que produce el Agua Salvavidas. Este caso se ve agravado por el asesinato impune del dirigente sindical Freddy Morales.

Unidad de las organizaciones populares para enfrentar al gobierno

A un año del gobierno de Colom, se hace más evidente la necesidad de unificar las luchas de los sectores que consecuentemente están dando la batalla por sus reivindicaciones. Los Socialistas Revolucionarios llamamos a las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles y populares que comprenden la naturaleza reaccionaria del gobierno de la UNE a unir fuerzas y elaborar conjuntamente un plan de lucha para fortalecer las movilizaciones, darles coherencia y dotarlas de objetivos claramente clasistas y revolucionarios.