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GUATEMALA.- Estructuras clandestinas de espionaje desde la presidencia

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Por Leonardo Ixim

El destape, a partir de publicaciones en varios medios impresos, sobre la existencia de un grupo de asesores ex militares en materia de seguridad personal del presidente, conocido como la juntita, conformada por los hermanos Melgar Padilla y Aragón Paredes, conspicuos militares contrainsurgentes, encargados de espionaje ha afectado aún más la imagen presidencial.

Los Melgar Padilla estuvieron vinculados a operaciones de limpieza social durante el gobierno de Oscar Berger. Se señaló que en su finca fueron asesinados diputados salvadoreños del partido Arena durante ese gobierno, por un supuesto tumbe de drogas que ellos portaban.

Se reveló que la Juntita estaba realizando actividades de espionaje similares a las realizadas por el extinto Estado Mayor Presidencial (EMP), en actividades de control y persecución a opositores. Tales señalamientos ocurrieron cuando ex miembros de la SAAS denunciaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos de una estructura operada por dos comisarios de la Policía Nacional Civil, quienes espiaron a tres figuras públicas, un ex ministro de trabajo del gobierno de Otto Pérez quien se negó a firmar el decreto de los salarios especiales, Marlon García García, el diputado por el partido UNE Carlos Barreda y activista Bernardo Silva.

Al aparecer tales acusaciones públicamente, pues la información se manejaba como un secreto a voces, Herber Melgar asumió la curul de diputado en sustitución de Alcides Arias, quien renunció extrañamente para que asumiera Melgar según el listado del partido FCN-Nación.

En ese clima, se da una serie de allanamientos a instancias de derechos humanos como Impunity Watch y a personalidades como el abogado Ramón Cadena del Centro Internacional de Juristas que siguen casos de violaciones a los derechos humanos durante la guerra y en la actualidad. Además del retiro de la seguridad policial al ex comandante guerrillero César Montes y el posterior allanamiento de su casa; el asesinato y violación de indigentes casualmente cerca de las sedes de organizaciones de esta índole, que despertó las alarmas, al coincidir el modus operandi de la denominada juntita y el extinto EMP.

De igual forma una serie de acciones contra la población civil y los choferes de buses urbanos por el cobro de las extorsiones a estos, de parte de las clicas de la MS y el Barrio 18. Así como intentos y asesinatos a líderes de maras detenidos en cárceles, en hospitales públicos por pandillas rivales al momento de ser atendidos en estos centros sanitarios. Todo esto ha generado además suspicacia, en una supuesta escalada de acciones violentas en un gobierno de por si débil.

La presión social por su parte, obligó al presidente Morales la destitución del secretario de la SAAS, Jorge López Jiménez, y su subsecretario el coronel César Sagastume, quienes dirigían nominalmente esta instancia. Reviviendo el debate, sobre qué tanto los militares o ex miembros del ejército influyen sobre los gobiernos civiles, y sobre su capacidad para realizar tareas de seguridad presidencial, donde las fronteras con el control político no están definidas.

Así, los miembros de la denominada juntita le apuestan a controlar el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) y el cargo de ministro de defensa, justo ahora que el Departamento de Estado gringo acaba de presentar el informe anual ante el Congreso de ese país, sobre violaciones a los derechos humanos, donde señala a todos los cuerpos de seguridad y ejércitos de Centroamérica, por estar implicados en casos de corrupción y narcotráfico.

Recientemente fueron ascendidos a generales varios oficiales quienes son de la promoción 103 de la Escuela Politécnica, la misma de Aragón Paredes y Melgar Padilla. Tal es el caso de Juan Manuel Pérez Ramírez, ascendido a general de división y actual jefe del EMDN, sancionado por el extravío de 1,449 granadas del Comando Aéreo del Norte de Peten, que pasaron a manos del cartel mexicano de Los Zetas. Tal sustracción, ocurrida en 2013, fue denunciada por el general Rudi Ortiz, miembro del EMDN durante el gobierno de Otto Pérez, quien murió junto a otros altos militares, en un supuesto accidente de helicóptero

En otros países existe un mayor control de las cámaras legislativas sobre la actividad de los órganos de inteligencia y seguridad; aquí exigimos que sean separados como diputados a Melgar Padilla y Ovalle por la investigación que se le sigue por crímenes de lesa humanidad durante la guerra interna. Así como que se forme, una comisión conformada por organizaciones populares para fiscalizar las actividades de la SAAS, la SIE y la Inteligencia Policial, Militar y la Dirección General de Investigación Criminal del MP.

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