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GUATEMALA.- El gobierno da marcha atrás en su propuesta de reforma tributaria

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Por Armando Tezucún

En los últimos periodos gubernamentales ha sido un lugar común que los organismos ejecutivos presenten diversas propuestas para incrementar los raquíticos ingresos del Estado (un 10% del Producto Interno Bruto, el ingreso tributario bajo de América Latina); también ha sido un lugar común que tales propuestas levanten de inmediato la oposición de la oligarquía tradicional guatemalteca, aunada a la de los grupos empresariales de más reciente formación, oposición que normalmente ha tenido éxito al obligar a los gobiernos a retirar sus propuestas y a llegar a acuerdos con estos poderosos grupos de poder económico.

No constituye una sorpresa, por tanto, que el proyecto de Ley de Recuperación de la Capacidad Fiscal del Estado, presentado por el presidente Jimmy Morales y su ministro de Finanzas Julio Héctor Estrada el 11 de agosto, haya corrido la misma suerte. El 25 de agosto Morales, cuyo gobierno ha dado continuas muestras de debilidad como ninguno de los cuatro anteriores, solicitó al presidente del Congreso, Mario Taracena, la devolución del proyecto a la Presidencia de la República; el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado explicando que la solicitud es para que la propuesta sea discutida con sectores representativos de la sociedad. “Existe un consenso generalizado en que la propuesta debe ser enriquecida con lineamientos claros de calidad, destino y resultados esperados de los recursos a invertir. Así como de un sistema de monitoreo permanente de los indicadores sociales que se pretenden modificar”, decía el comunicado (La Hora 25/08 /16).

Cuatro días antes de que el presidente Morales decidiera retirar del Congreso el proyecto de reforma tributaria, tuvo lugar una reunión en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Guatemala, entre el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el Consejo Económico y Social (CES), la Fundación para el Desarrollo en Guatemala (FUNDESA), el G4 (el Procurador de los Derechos Humanos, el rector de la Universidad de San Carlos, y representantes de las iglesias católica y evangélica) y delegados del gobierno. Fernando Quevedo, representante del BID en Guatemala, reveló que la reunión fue solicitada por las organizaciones empresariales, y ellos convocaron a los demás sectores. En esta reunión se discutió sobre la metodología que se implementaría cuando se iniciara el diálogo de una nueva reforma fiscal. Quevedo declaró: “Fue una primera aproximación que se atendió para escuchar el planteamiento para el diálogo. El Banco acompañará técnicamente los esfuerzos que sean necesarios para avanzar en una reforma fiscal cuando sea requerido por las autoridades” (El Periódico, 08/09/16).

El presidente del CACIF, José Campos, expresó que en esta reunión nunca se planteó al gobierno que retirara la propuesta del Congreso; sea esto cierto o no, el resultado fue el retiro de la misma. Y en los hechos ha ganado la postura de las organizaciones de la burguesía, Fundesa y el Cacif, expresada a principios de agosto, de que se establezca un diálogo para discutir la necesidad del Estado de más recursos para cumplir sus responsabilidades. En otras palabras, cualquier resultado que salga de este diálogo, será a la medida de los intereses y conveniencias de la mezquina burguesía guatemalteca, culpable indiscutible del desastroso estado en que se encuentran los servicios públicos, en especial salud, educación y vivienda.

Posteriormente el ministro Estrada aseguró que se presentará una reforma más amplia a partir de las propuestas y críticas hechas a la propuesta de reforma tributaria, pero hasta el próximo año, en un “paquete más integral” (La Hora 08/09/16).

Antes y después de que el gobierno presentara su propuesta de reforma tributaria al Congreso, las organizaciones de los empresarios realizaron múltiples reuniones y encuentros en los cuales fue duramente criticado el proyecto gubernamental. El 29 de agosto, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) organizó un desayuno de empresarios denominado significativamente “Hacia el Colapso del Estado”. En ella se pasó una encuesta a los más de mil comerciantes presentes, y el 95.4% de ellos estuvo en desacuerdo con el proyecto de ley del gobierno. El él se anunció que la CCG presentará al presidente Morales una nueva propuesta de reforma fiscal integral. El 23 la Cámara de Comercio Americana había realizado un evento en el que igualmente se criticó la propuesta del ejecutivo.

Ante el evidente control de la burguesía sobre la futura reforma fiscal, demandamos que los recursos para que el Estado invierta en salud, educación, infraestructura y vivienda salgan de impuestos directos a las ganancias de las grandes empresas monopólicas y oligopólicas, y que se eliminen los privilegios fiscales a las empresas exportadoras.

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