Por Leonardo Ixim

El vencimiento del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) después de doce años de presencia, clausura un momento político y pone en el tapete el reacomodo de los distintos factores de poder y fracciones de la clase dominante, de cara a  iniciar un nuevo gobierno.

El origen de la CICIG

La CICIG fue un instrumento sui-generis organizado desde la Organización de Naciones Unidas.  Nació no sin fuertes conflictos con los poderes oligárquicos; esta comisión tuvo el objetivo de desmantelar los denominados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Esa negociación de su origen tuvo varios contratiempos, porque en la propuesta inicial el alcance de este organismo para desmantelar estos cuerpos era más profundo, al igual que contenía una mayor autonomía para la investigación penal, aunque eso fue moldeado para lograr su iniciación. Así se logró que junto al Ministerio Público la CICIG acompañara procesos penales, estableciéndose para ello la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI).

La CICIG fue resultado de un pedido de diversos organismos de la sociedad civil en consonancia con lo planteado en los Acuerdos de Paz, que denota el carácter socialdemócrata de éstos, la debilidad producto de la fragmentación de las organizaciones sociales, pero también la incapacidad de la izquierda ex insurgente de ser una fuerza electoral. Eso a diferencia de El Salvador, donde la izquierda entró ese proceso con mucha fuerza -al grado de convertirse en gobierno- cooptó la sociedad civil y se convirtió en un elemento de la gobernabilidad burguesa, negándose a  instalar instancias como la CICIG aduciendo la fortaleza de las instituciones como una forma de tapar sus hechos de corrupción.

Los CIACS son estructuras -muchas de ellas conformadas desde la contrainsurgencia- que con nexos políticos, militares y empresariales se enriquecen legal e ilegalmente desde el control de espacios dentro del Estado, conformando lo que se denomina élites emergentes o lo que también desde el marxismo se entiende como nuevas burguesías creadas al amparo del control del Estado.

El carácter de la CICIG

La izquierda reformista latinoamericana por su parte -en Guatemala solo un sector minoritario, el de la ex ANN asume esta tesis- maneja que estas comisiones son instrumentos de intromisión del imperialismo. En efecto, el tema de la corrupción o el combate al crimen organizado son caballos de Troyas de aquel, pero su argumentación es en función de que no les evidencien cómo estas izquierdas, al adaptarse a los sistemas burgueses, reprodujeron prácticas corruptas. En Guatemala la CICIG tiene un origen especial, y los objetivos se entrelazaron con la agenda del Departamento de Estado en materia de fortalecer el Estado de Derecho, eso ante los Frankensteins (los CIACS) que los mismos gringos ayudaron a conformar y ahora son un problema para los intereses de la burguesía mundial. Así, mucha de la cooperación técnica a la CICIG proviene de Estados Unidos, pero también de varios países europeos, entre los que sobresalen Holanda y los países escandinavos.

Con respecto al desempeño de la CICIG, podríamos dividirlo en dos etapas a saber: La primera con los comisionados Carlos Castresana de origen español y Francisco Dall´anese costarricense, cuyo su accionar estuvo más relacionado con afectar a grupos emergentes alejados de las élites oligárquicas, para lo cual contó con el apoyo de éstas, aunque señaló las prácticas de limpieza social llevadas a cabo por funcionarios del gobierno pro-empresarial de Oscar Berger, ahora bajo procesos penales, como el ex ministro de gobernación Carlos Vielman.

La segunda etapa, dirigida por el colombiano Iván Velázquez, que venía de desmantelar parte de la para-política, siendo Álvaro Uribe su enemigo a muerte.  Primero continuó desmantelando estas élites emergentes, pero ahora más ligadas a los grupos oligárquicos, como la que se creó tras la conformación del desaparecido Partido Patriota, y luego fue tocando cada vez -con temas de financiamiento electoral ilícito a ese partido y al actual partido de gobierno- así como con investigaciones sobre defraudación fiscal, a núcleos de la oligarquía. Se sabe que hay investigaciones de la CICIG contra empresarios que han sido beneficiados con licencias ilegales para la explotación minera y de otros recursos naturales, pero es posible que la actual fiscal general Consuelo Porras, a diferencia de la anterior Thelma Aldana, que tuvo una coordinación especial con Velázquez, no profundice esas investigaciones.

En ese proceso es donde se entretejieron intereses ya no solo de fracciones burgueses emergentes, sino también oligarcas, el mismo concepto de CIACS fue modificando en la jerga cicigiana a Redes Político Económico Ilícitas (RPEI). Señalando el financiamiento ilícito electoral como la forma con que esas redes se apropian de partidos políticos que le sirven a sus intereses y que además están hechos para eso.

De esa forma fue que las relaciones con el saliente gobierno cambiaron, de cordialidad -ademas de las investigaciones contra miembros de su familia- y fueron enturbiándose y de ser un gobierno pro CICIG y aliado en la lucha contra la impunidad se volvió un gobierno que fue parte del proceso de articulación de los grupos que fueron afectados por las investigaciones de ésta.

De esa forma, desde finales del 2018 al comisionado Velázquez le es prohibido entrar al país y paulatinamente fueron eliminando la presencia de los investigadores internacionales, aun contraviniendo las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, que censuraron al gobierno por tales acciones y le exigieron garantizar la seguridad del ente internacional. Así, era lógico que en septiembre cuando se vencía el mandato de permanencia de la CICIG, este gobierno no lo iba a renovar, quedando en suspenso la FECI, que demagógicamente la fiscal general Porras menciona que la mantendrá, buscando otras formas de cooperación para su funcionamiento, pero sin renovarles contratos  a los investigadores.

La Naturaleza del Estado según la CICIG

Por último, es importante debatir una de las concepciones acerca del Estado guatemalteco que popularizó la Comisión Internacional y que diversos actores repiten como loros sin hacer análisis profundos. Nos referimos al de la captura y cooptación del Estado. Si bien algo cierto es que la CICIG demostró con herramientas criminológicas una verdad conocida, de cómo las distintas fracciones burguesas (emergentes por medio de los denominados CIACS y tradicionales ahora con la conformación de las RPEI) se enriquecen desde el Estado, evidenciando como éste es el elemento central del actual modelo de acumulación capitalista.

Sin embargo, es muy distinto aceptar que el Estado primero fue capturado por los famosos CIACS y luego fue cooptado por las RPEI. Esto da la idea de que hubo una época –a saber, en qué momento- en la cual el Estado sí cumplía las funciones que teóricamente todo Estado capitalista dice cumplir, la de promocionar el bien común obviando las formas de régimen político que la burguesía cafetalera o los militares asumieron, aunque tiene que reconocer que la corrupción ha sido un modus vivendi de estas élites desde la colonia.

Además, da la idea de que el Estado fue neutral -la falsificación más grande de la ideología burguesa- y que no había sido tomado por estas élites y que ahora dejó de serlo porque éstas lo usaron a su favor.  Negando entonces que el Estado desde sus orígenes fue no solo instrumento de las clases dominantes para lograr la acumulación económica y política, sino cada vez más estas clases fueron acomodando el Estado para convertirlo en un elemento mas de los procesos de acumulación capitalista, estatizando el poder económico y hegemonizando la sociedad. Obviamente con algunos resquicios de libertades y garantías sociales sobre todo posterior a la firma de la paz.

Reafirmando entonces cuál fue entonces el objetivo principal de la CICIG, es decir el de garantizar el Estado de derecho burgués para que las distintas fracciones burguesas compitan “sanamente”, y  controlar lo más posible el capital de origen criminal. De esa forma temas como la migración, el terrorismo, el tráfico de armas y otros enseres, no serían un peligro para los intereses geopolíticos de la potencia estadunidense.

Para la clase trabajadora y los pueblos de Guatemala, la salida de la CICIG y la contra-ofensiva que estos poderes fácticos tradicionales y emergentes impusieron en los últimos meses a la Comisión Internacional, poderes que ahora respiran tranquilos por la naturaleza del nuevo gobierno, nos deja una lección. Que no es con el cuento de recuperación de instituciones  -como si alguna vez fueron nuestras- o que se avanzó porque se desmontó tal o cual grupo corrupto, que se logrará una democracia. Sino avanzando por hacia la revolución socialista centroamericana y un primer paso, será con el proceso de conformación y convocatoria de una Asamblea Constituyente Originaria, de los Pueblos y los Trabajadores.