Por Hercilia Cáceres

Con posterioridad a que el gobierno de Jimmy Morales no renovó el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ésta se retiró el pasado 3 de septiembre, dejando 11 investigaciones pendientes con señalamientos de corrupción en manos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Publico (MP). Entre las denuncias más destacadas, se encuentran los actos de corrupción en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), por parte del ex rector Estuardo Gálvez y del ahora rector Murphy Paiz.

Los manejos irregulares de la mafia en el poder

Las irregularidades primero, tuvieron lugar durante la administración de Estuardo Gálvez, en el lapso de sus dos períodos al frente de la rectoría de la USAC (2006-2014), en donde se presume que autorizó y gestionó ante el Consejo Superior Universitario (CSU) la realización de varios proyectos de obra gris y compra de terrenos, destacando 5 proyectos de obra, 1 por cotización y 4 por licitación. De los cuatro proyectos se investiga que: se adjudicaron proyectos a empresas con ofertas menos favorables para la USAC, presumible sobrevaloración del costo de las obras, ejecución parcial o la no realización de las obras y modificaciones en los contratos administrativos. De comprobarse las investigaciones, solo se concluiría con lo que ya todos los sancarlistas sabemos, que quienes han regido los máximos poderes de la única universidad pública del país, son una suerte de mafia criminal.

Por su lado el actual rector Murphy Paiz, quien fungió como decano de la Facultad de ingeniería en el pasado y precisamente durante el rectorado de Estuardo Gálvez, es investigado por 62 proyectos de obra, de 482 contratos celebrados en su decanatura. A Paiz, se le adjudica que algunas de las obras no fueron construidas, en otras se escogió la oferta más alta y se presumen sobrevaloraciones en los costos de las obras, además de que existe un grupo de obras que no se pueden ubicar por no poseer concursos de adjudicación claros y se detallan compras directas de consumibles que presentan irregularidades. El padrino político Estuardo Gálvez instruyó bien al saqueador que le sucede en su empresa criminal en la USAC.

Uno de los proyectos irregulares que saltan a luz del lado del actual rector, es precisamente la obra de construcción valorada en Q.864 mil, que comprende la construcción de un edificio de dos niveles para la Facultad de Ingeniería, dicho edificio no existe en la actualidad. Así mismo, se adjudicaron Q. 1.5 millones, destinados a la creación de áreas de estudio en las terrazas de los edificios T-3 y T-4 de esa facultad, pero éstas tampoco existen. Por su parte, a Gálvez se le destacan irregularidades en la construcción del flamante edificio para la Dirección General de Administración (DIGA), brindándole la obra a la Constructora Vides por Q.26.4 millones; a dicha obra también se le suma otros desembolsos, uno por Q.329 mil a la empresa Constructores y Asociados S.A. y, un proceso más por ampliación del contrato a la Constructora Vides por Q.13.8 millones para la construcción del sótano del mismo edificio. A esta construcción se le acusa de sobrevaloración y pago de favores políticos. Como se ha denunciado en anteriores números, el actual rector solo es continuador de la empresa criminal del ex Rector Estuardo Gálvez.

Los vínculos de Estuardo Gálvez y Murphy Paiz en la política nacional

Desde años atrás se ha vinculado en la misma línea política a Estuardo Gálvez y a Murphy Paiz, quizá los agentes más acabados de la reacción y la contrainsurgencia en la USAC. Este último ha mantenido las mismas políticas para la comunidad sancarlista que en el pasado promovió su padrino político Gálvez, destacando aquellas encaminadas a la privatización y a excluir a los sectores populares de la USAC. No es casualidad que las tomas universitarias y acciones de hecho, dirigidas por estudiantes después de los 2000 sean precisamente contra las políticas de estos dos personajes, la primera en 2010, la segunda en 2013 durante la administración Gálvez y la última, entre finales de julio y agosto del presente año, durante el rectorado de Paiz.

Al actual rector se le ha denunciado públicamente como un político corrupto, que se encarga de maquillar la USAC con obra gris sobrevalorada que beneficia directamente a sus empresas o a sus prestanombres, para implementar políticas privatizadoras y adquirir beneficios personales para su grupo mafioso en el poder. Paiz también fue presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala (CIG) y se le llegó a asociar con el ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIVI) del desaparecido Partido Patriota (PP), el oligarca prófugo de la justicia nacional e internacional, Alejandro Sinibaldi Aparicio. De la misma manera, a Gálvez se le ha vinculado con el operador político y ahora preso por tráfico de influencias Roberto López Villatoro, mejor conocido como “El rey del tenis”, también acusado de corrupción durante el gobierno del PP. Además, al ex rector se le conoce por su relación con el partido TODOS, eje de la reacción conservadora en el Congreso y apoyo del ejecutivo durante la gestión de Jimmy Morales. Gálvez astutamente se alejó de la política nacional en 2015, cuando la CICIG amenazaba con destapar los casos corrupción de su administración en la USAC; en ese entonces Gálvez se disponía a ser candidato a Diputado Nacional por el partido TODOS.

Es tarea de la población perseguir y castigar a los ladrones del dinero público

Las denuncias realizadas por la CICIG destacan únicamente las irregularidades realizadas por Murphy Paiz durante su período como decano de la Facultad de Ingeniería, más no los procesos adjudicados en el tiempo que lleva como rector de la USAC, ya que en este tiempo se ha dedicado a gastar absurdas cantidades dinero en obra gris, como los casi Q.3 millones utilizados para la remodelación de las entradas del Campus Central. Durante esta administración también se ha realizado otro tipo de remodelaciones y construcciones, que deben ser analizadas a profundidad, pues, en los concursos presentados en el portal Guatecompras, no siempre se favorece al mejor precio para la USAC, realizando compras sobrevaloradas. Cabe resaltar que a finales de 2018 la USAC se declaró en Plan de Austeridad por desfinanciamiento y se le brindó un préstamo leonino por $.120 millones por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Para que se aprobara el préstamo por el BCIE se realizó un estudio previo, en el que se le daba prioridad a los Centros Universitarios, pero al obtenerlo las autoridades sacaron su carta bajo la manga y declararon que la mayoría de estos fondos sería utilizado en el Campus Central, enfatizando la infraestructura, en la que el rector se ha hecho de negocios sucios para continuar con su carrera política en la que ha ido escalando desde que fue estudiante.

Es interesante rescatar que la CICIG no hiciera de conocimiento público estos casos, ni en 2015 cuando la lucha anticorrupción contaba con la movilización de las masas en la calle, incluso que no hiciera publicidad de estos casos cuando el actual rector hacía publica su campaña para la máxima representación universitaria. Si bien es cierto que la comisión hizo uso discrecional de todos los casos, para ir limpiando el tablero de alianzas corruptas que enredan a la oligarquía nacional, a las fracciones de las nuevas burguesías y a los organismos e instituciones del Estado, es menester recordar que la población es la única capaz de llevar a cabo un castigo ejemplar a los burgueses y sus agentes, que han usado la corrupción como forma de acumulación original.

Es necesario que la investigación sea de fondo contra todos aquellos que manejan fondos públicos, no es un secreto para nadie que decanos, autoridades administrativas e incluso docentes y estudiantes se ven involucrados a diario en ilícitos. Que las investigaciones también sean dirigidas a las estructuras criminales como lo son la mayoría de Comités de Huelga, Asociaciones Estudiantiles ilegítimas como las de la Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas, redes familiares y de políticos en la universidad que tienen capturadas las Facultades, las Escuelas y los Centros Universitarios de todo el país, así como en las elecciones de magistrados a través de las comisiones postulación que se llevan actualmente a cabo y contralor general de cuentas públicas.

Que sean la comunidad sancarlista, esto quiere decir los estudiantes y sus organizaciones legales y legítimas, los docentes, los trabajadores y la población en general, los que fiscalicen el gasto que diariamente se desvía de sus fines y enriquece a un puñado de ladrones; por medio de luchas de largo plazo como la Reforma Universitaria se puede cambiar en los hechos la situación de saqueo sistemático de los bienes públicos que da el pueblo para el sostenimiento de la única universidad pública del país. Deben ser los sancarlistas, hijos e hijas del pueblo, quienes se encarguen de fiscalizar, recordando que los fondos de la única Universidad Pública son del Pueblo de Guatemala y para beneficio de ese mismo pueblo.