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GUATEMALA.- Conflicto entre Nahuala y Santa Catalina Ixtahuacan: no se resuelve con estado de sitio

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Por Leonardo Ixim

Nuevamente la violencia entre los municipios de mayoría Maya-Quiche de Nahuala y Santa Catalina Ixtahuacan del departamento de Sololá, en el altiplano occidental del país, generan zozobra en la población de ambos municipios, imponiendo de parte del gobierno de Alejandro Giammatei,  un nuevo Estado de Sitio en ambos municipios

Ahora el conflicto escalo tras el asesinato de una familia de comerciantes de Santa Catalina Ixtahuacan en diciembre pasado, por miembros de un grupo armado al parecer de la vecina Nahuala. Ante esta situación con el aval legislativo se aprobó un nuevo Estado de Sitio, siendo esta un arma recurrente del ministro de gobernación Gendri Reyes Mazariegos conocido por sus afinidades militaristas. 

De tal forma la mayoría oficialista voto a favor de la medida, votando también la bancada Semilla que maneja un discurso a favor del Estado de Derecho y dos diputados de la bancada de URNG, Walter Félix y Pedro Saloj (oriundo del departamento) que adujo supuestas presiones de vecinos de Nahuala, tan solo el diputado Osmundo Ponce de ese partido voto en contra; a los diputados de ese partido,  se les olvida los años de represión en ese departamento durante al guerra interna. Las bancadas de Winak y el MLP votaron en contra y el sector anti Sandra Torres de la UNE estuvo ausente.

Orígenes del conflicto

Se puede rastrear el origen de este conflicto desde la colonia, cuando en 1565 la la corona española reconoce a ciertos linajes quichés de la aldea de Nahuala los derechos a manejar ejidos y tierras comunales, desmembrándose de tal forma de Santa Catalina Ixtahuacan, pese a esto el primero se mantuvo como la población principal y al segundo como dependiente de este en la estructura de Pueblo de Indios.

Previo a la invasión española, el altiplano de lo que hoy es Guatemala, existían distintas entidades siendo la más fuerte la Confederación Quiche,  ejerciendo hegemonía sobre otras entidades, a partir de constantes guerras por control territorial; los linajes dominantes de estas confederaciones distribuían la tierra entre otros linajes y estos a su vez entre diversos chinamit dirigido por cabezas de familias.  Estas confederaciones eran entidades estatales dirigidos por distintos linajes de carácter clánico, uno de estos linajes era el Ilocab, que gobernaba lo que se llamara Santa Catalina Ixtahuacan en la colonia, y con la separación de Nahuala, se fragmentara.

La colonización hispana provoco una reconfiguración social que, si bien destruyo a estas entidades y convirtió a los pueblos originarios en siervos de las encomiendas primero y de las reducciones para el trabajo en la hacienda enfeudada, después le convino a la corona mantener la forma organizativa básica vinculada a la tierra,   por medio de la creación de los Pueblos de Indios, estructuras organizativas que tributaban a la monarquía española. Esta creo una serie de ordenamientos jurídicos y marcos ideológicos-filosóficos a partir de las llamadas repúblicas, siendo estas, la de españoles e indios.

La república de indios eran un reconocimiento formal de los derechos de los pueblos originarios y hasta cierto punto de las autoridades ancestrales de estos, quienes actuaron como mediadores con el poder colonial y que en algunos casos, evolucionaron en formas caudillistas, las cuales tenían legitimidad a partir de asumir la representación de las comunidades. De esa forma la corona reconoce a Nahuala como una entidad separada de Santa Catalina Ixtahuacan, pero este reconocimiento no estuvo acompañado de una delimitación clara de los límites de esta nueva organización territorial, situación que los gobiernos republicanos tampoco subsanaron.

Tanto Ixtahuacan como la aldea Nahuala, durante la colonia formaron parte de la Alcaldía Mayor de Totonicapán y tras la independencia en la época de la Federación Centroamericana y el periodo conservador se mantuvo así.  Esto se  modificó tras la muerte de Rafael Carrera,  la entrada de la reforma liberal y asunción de Justo Rufino Barrios, con la creación de los departamentos de Sololá, Totonicapán, Suchitepéquez y Retalhuleu,  agudizándose los conflictos en  y entre las poblaciones.

En 1865 las poblaciones de Santa Catalina se amotina contra el jefe municipal Manuel Tzoc, por la carga de tributos que pretende imponer, la población de este municipio aprovecho la muerte del caudillo Rafael Carrera para amotinarse,  Nahuala por su parte apoyó a Tzoc. Esto pese a que Carrera había conseguido el apoyo de estas poblaciones para neutralizar el intento separatista de Los Altos de Quetzaltenango dirigido por ladinos,  situación que generaba repudio de las poblaciones indígenas

Tal situación acelero los hechos,  la división se formalizo en 1873 y la separación legal se dio hasta 1880 con la conformación del régimen político liberal y el gobierno de Justo Rufino Barrios, creando dos municipio diferentes;  siendo el municipio la figura que configura la división administrativa desde ese momento en todo el territorio.

Según el historiador Rodolfo Galeotti citado para este artículo, pese a la separación,  el conflicto no escaló en enfrentamientos entre pobladores durante 100 años. Al grado de luchar conjuntamente por la finca Parasche, terreno ubicado el departamento de Suchitepéquez en la costa sur y que era un complemento ecológico para suplir las necesidades alimenticias desde tiempos pre-hispánicos, que se mantuvo durante la colonia y que fue expropiada en 1905 por  parte del gobierno de Estrada Cabrera,  para entregárselo a finqueros cafetaleros de origen alemán

Sin embargo, la falta de delimitación de un terreno llamado Chipata el cual actúa como colchón entre los dos municipios y que además contiene varios nacimientos de agua, cuyas cabeceras municipales está muy cerca fue un tema latente que provocaría el aumento de la conflictividad. En 1985 se dan los primeros conatos de confrontación, ante el hecho de el crecimiento poblacional, la falta de terrenos de cultivo y las pocas oportunidades laborales. Esta situación se agrava con los efectos del huracán Mitch, cuando el gobierno de Álvaro Arzú declaro inhabitable, la cabecera municipal de Santa Catalina,  fundándose la Nueva Santa Catalina y donde tal poblado se encuentra colindando con el terreno de Chipata.

Conflictividad actual

Tras la firma de los Acuerdos de Paz uno de los compromisos, fue la creación de un Registro de Información Catastral (RIC), para medir en todo el país las limitaciones territoriales y de predios, debido a la concentración de la tierra apropiada en forma anómala por parte de los finqueros.  La concentración se generó a partir del control de otra instancia,  que data de la reforma liberal, el Registro de la Propiedad, donde los grandes terratenientes la han manipulado a su favor. Pero el bloqueo constante de parte de la Cámara Agro hacia el RIC y otras instancias de la llamada institucionalidad de la paz, hace que conflictos como este se agraven.

En junio del año pasado, el gobierno con aprobación del Congreso aprobó un Estado de Sitio en varios municipios del departamento de Sololá, por la conflictividad que se genera entre Nahuala y Santa Catalina Ixtahuacan, alegando la nebulosa presencia del crimen organizado, sin dar pruebas de que y quienes.  Ahora nuevamente desde los medios informativos corporativos se alega lo mismo, con informes cruzados, de parte de funcionarios del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil (PNC), en citaciones recientes en el  Congreso; pues mientras los primeros dicen no tener evidencia real de presencia del crimen organizado, los segundos hacen referencia a cadenas delictivas dedicados al trasiego de drogas y de migrantes.

Pero lo cierto es la presencia de grupos con armas de grueso calibre -de uso propio del ejercito- en ambas poblaciones, situación aumenta los niveles de violencia afectando a poblaciones de trabajadores y labriegos, con un origen común étnico y con mismas problemáticas La pregunta es,  como adquieren estas armas de uso prohibitivo del ejército, no está allí la presencia de delitos de criminalidad organizada desde el mismo Estado.

Además que tan representativos son estos grupos o será que representaran a elites locales vinculados a intereses con las grandes empresas, por ejemplo la empresa TRECSA propietaria de la red de distribución eléctrica, que  ha querido construir a la fuerza una sub-estación en Santa Catalina y varias torres de transmisión, a lo cual la población de ese municipio sobre todo se ha opuesto.

Los hechos de confrontación contra elementos de la PNC protagonizados recién por pobladores de Nahuala, muestran que el Ministerio de Gobernación y el ministro Reyes actúa alevosamente porque sabiendo el rechazo de la población a la presencia policial, mandó agentes sin un informe real de inteligencia sobre el terreno, teniendo como resultados la muerte de seis policías, a lo cual en un primer momento se quiso tapar, aduciendo solo una muerte. Tras esos hecho la narco diputado Patricia Sandoval del partido FCN-Nación, que recién contrajo nupcias con Reyes, presento una iniciativa de ley para “fortalecer el actuar de la PNC” que implica más capacidad de responder ante agresiones armadas,  pero cuyo objetivo es reprimir más  a la población que se organice para defender sus derechos.

Al cierre de esta nota, el gobernante Giammattei instauró una mesa de dialogo con lideres locales de ambos municipios, en el vecino municipio de Santa Lucia Utatlán. Estas mesas de dialogo han sido recurrente en todos los gobiernos y han sido utilizadas para convencer a las comunidades a aceptar empresas de carácter extractivista en sus territorios. Muy posible este el interés de TRECSA filial de la semi-estatal Grupo de Energía de Bogotá,  de usar esta mesa para avanzar en sus objetivos.

Nosotros consideramos,  que la vía sería una consulta real a ambos municipios para resolver sus diferencias, sobre todo en el manejo de las formas de uso de la tierra que pese a ser municipal, estas se han ido privatizando ante la presión del mercado capitalista;  implicando avanzar en el catastro y delimitación de límites y lograr mantener si se pudiera,  un espacio compartido para usos comunes, entre ambos municipios.

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