Por Marcos Galicia 

A tres años de que la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) haya sido secuestrada por estructuras criminales vinculadas a Consuelo Porras (actual fiscal general del Ministerio Público -MP y sancionada por corrupción en más de 42 países), y en donde Walter Ramiro Mazariegos Biolis se impuso como rector a través de un proceso electoral manipulado en 2022, se han instalado CIACS que son los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, en la universidad y sus centros regionales.

Estos CIACS han cometido acciones ilegales para afectar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de la comunidad universitaria. Esto incluye la comisión de delitos que atentan contra los derechos humanos fundamentales de los universitarios, como la libertad de expresión y asociación. Estos delitos quedaron demostrados en la última agresión de estos grupos en contra de un periodista, comunicadores y dos diputados que realizaban una fiscalización en el Campus Central (un comunicador tuvo que ser hospitalizado), el 28 de mayo.

Estos CIACS están vinculados directamente con agentes del Ministerio Público, Congreso de la República y el Organismo Judicial, lo que les permite generar impunidad para sus acciones ilícitas. ¿Su misión? Mantener a flote al régimen de Walter Mazariegos (sancionado por la Lista Engel por antidemocrático). Esta alianza criminal tiene un objetivo muy claro: evitar que Consuelo Porras sea enviada a prisión. La seguridad de la USAC se encuentra a cargo de estructuras paramilitares que sembraron el terror urbano en la ciudad durante el conflicto armado interno.

La USAC, a través del Consejo Superior Universitario (CSU), propondrá a un candidato/a para ser magistrado/a de la Corte de Constitucionalidad el próximo año. Consuelo Porras será la candidata del CSU, para que conserve su inmunidad otros 5 años más y así no pueda ser investigada por los delitos que ha cometido. Ese convenio explica por qué el MP no investiga el fraude electoral de Walter ni toca al CSU que, 37 de sus 41 miembros tienen licencia vencida en sus cargos, por lo que urge que hayan elecciones para evitar que el actual CSU vote por Porras.

Los CIACS se han dedicado a hostigar, acosar y amedrentar a la resistencia universitaria que está en contra del fraude electoral. Después de las agresiones a comunicadores y diputados, el MP guardó un rotundo silencio, pese a que existen pruebas en fotografías y videos de las acciones violentas de estos grupos. 

Todo esto ocurre mientras el CSU expulsa ilegalmente a 10 estudiantes que se opusieron al fraude electoral del 2022. Un día después de esta decisión, la comunidad universitaria convocó a un plantón para exigir la renuncia de Walter y su régimen, la reinstalación del estudiantado que había sido expulsado ilegítimamente, entre otras demandas. Ese mismo día, drones sobrevolaron el área, la administración llevó maquinaria para entorpecer la actividad con su ruido y hasta cerraron el Campus para secuestrar a quienes protestaban adentro. Afortunadamente la resistencia logró abrir una de las entradas.

Al día siguiente, el MP ya se encontraba en la USAC “investigando” aunque sus casos son fabricados y carecen de legitimidad; esto demuestra que buscan arrasar con cualquier indicio de resistencia y oposición para que Consuelo Porras camine sobre la alfombra roja directamente hacia la máxima corte del país. Las elecciones para rector/a son el próximo año y también las elecciones de fiscal general. Solamente le queda un año a Walter y a Porras en el poder, pero usarán este año para poner en marcha toda su maquinaria de criminalización para aferrarse al poder y evitar tocar la cárcel. Ambos cuentan con el respaldo de exmilitares vinculados a masacres cometidas durante el conflicto armado interno, y también les respalda la élite empresarial del país.

Queda un año para evitar que su plan se concrete; el gobierno de Semilla se fractura y existe la posibilidad de una verdadera articulación del movimiento estudiantil universitario con sectores históricos como los sindicatos y los pueblos indígenas. El otro año también hay elecciones de magistrados/as para el Tribunal Supremo Electoral y Contraloría General de Cuentas. La lucha no es solo por la USAC, es por el país para que la universidad vuelva a ser del pueblo y de la clase trabajadora.