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NICARAGUA.- ¿Justicia y reparación solo para una parte de las víctimas de la dictadura?

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Por Héctor Moraga

Poco más de dos años han pasado desde aquel estallido social de abril del 2018, que descolocó los enquistes de una dictadura tan tiránica como su predecesora. Dictadura que ha ensañado con fusil, cárcel y muerte todas aquellas expresiones que manifiesten una oposición a las políticas criminales y déspotas de la familia de turno en el poder, los Ortega-Murillo.

El asesinato de Jorge Luis Rugama

La polarización y la intolerancia del sandinismo, contra quienes no comulgan con su distorsionada cosmovisión de sociedad, ha llegado al punto de establecer un Estado de terror permanente. Esto último se evidencia con el caso del ciudadano Jorge Luis Rugama, del poblado de La Trinidad, departamento de Estelí, quien el pasado 19 de Julio fue ultimado de un disparo en la cabeza por un trabajador de la alcaldía de Estelí, afín al partido del Frente Sandinista.

Esa tarde, los simpatizantes de Ortega celebraban un aniversario más de la caída de la dictadura dinástica de los Somoza, celebración que irónicamente se da bajo el yugo de otra dictadura. Al transitar las caravanas Orteguistas por las calles de Estelí, el señor Rugama, desde su casa, levantó el grito que la juventud nicaragüense reivindicó durante 2018: “Viva Nicaragua libre”. Acto siguiente, Jorge Luis Rugama se convierte en una víctima mortal del oficialismo Sandinista.

Los crímenes de Ortega

El caso de Jorge es uno de los más recientes, pero lamentablemente no es el único. Las tipificaciones de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado de Nicaragua incluyen entre ellos:

* Asesinatos para estatales y ajusticiamientos a opositores, entre los casos más conocidos se encuentran el del niño Álvaro Conrado de 15 años en los predios de la Universidad Nacional de Ingeniería; Franco Valdivia, quien fue derribado por un francotirador en la ciudad de Estelí; Marcelo Mayorga, a quien asesinaron durante la operación limpieza en la ciudad de Masaya; la familia Pavón del barrio Carlos Marx en Managua; y así más de 350 asesinados y asesinadas cuyos crímenes permanecen en la impunidad

* Centenares de detenciones arbitrarias y judicializaciones ilegales, muchas de las cuales se ha logrado documentar la aplicación de métodos de tortura física y psicológica contra los opositores que no lograron escapar del aparato represor del régimen. Hoy en día, las celdas del gobierno albergan a más de 90 presas y presos políticos quienes están siendo procesados por delitos ficticios. Tal es el caso del estudiante John Cerna, a quien lo acusan de tráfico de estupefacientes; y del comerciante Wilfredo Brenes, quien ya había sido puesto en libertad.

* La persecución masiva de opositores que derivó en el exilio de más de 88 mil nicaragüenses a países de la región y fuera de ella. Ciudadanos que incluso hoy en día no ven posibilidad de retornar a Nicaragua bajo las condiciones de represión actuales a las que continuamos sometidos.

* La expulsión de cientos de estudiantes de pre grado, a quienes se les ha borrado por completo su registro académico y quienes además no han logrado continuar sus estudios dentro, ni fuera del país.

Y la lista de crímenes se extiende todavía más, pero al mismo tiempo crece la urgencia de todo un pueblo por obtener la justicia que con convicción continuamos demandando. Los procesos de una justicia real son imposibles mientras Ortega continúe gobernando, eso lo tenemos más que claro, no obstante, llegará el momento en que la dictadura caiga de una vez y para siempre, y como pueblo estamos en la necesidad de ir un paso por delante. Pero ¿Cómo nos preparamos para la transición?

Dictadura, nunca más

La frase “Quien no conoce su historia está obligado a repetirla” no podría tener mayor validez, ni un mejor significado que lo ocurrido en nuestro contexto. Durante el periodo de transición post Somoza, los jóvenes revolucionaros de aquel entonces anhelaban una Nicaragua mejor, un país libre, próspero y democrático. El fracaso de la revolución sandinista, 40 años después, debería ser motivo suficiente para que hoy en día, los jóvenes que luchamos por una Nicaragua libre, reflexionemos de sobre manera sobre el rumbo que está tomando nuestra lucha, sobre los errores del pasado. Es obligación nuestra construir desde lo aprendido e identificar aquellas acciones que no nos permitieron sanar las heridas que como sociedad nunca fueron cerradas.

El sandinismo siempre ha operado desde la confrontación del enemigo: en el exterior, el imperialismo o la anti izquierda; en el interior desde las otredades, nicaragüenses. Esto último da pauta a la desfiguración de la ciudadanía, del ser y de nuestras raíces, teniendo como consecuencia directa una visión segmentada del ejercicio democrático. Por tanto, surge esta dualidad en la ciudadanía: el militante y el opositor; el “yo” y el otro; la revolución y el enemigo de esta.

Es así como la función de Estado limita su ejercicio únicamente a la ciudadanía alineada con las políticas de los gobernantes de turno, y desconoce a quienes no forman parte de esta. De esta forma es como se limita también el acceso a procesos de justicia y de construcción integral de la memoria.

La memoria histórica fue un recurso que el gobierno sandinista instrumentalizó durante sus más de 40 años de existencia, moldeándola, adaptándola, transformándola e incluso eliminándola de la construcción de la identidad social sobre las generaciones nacientes. ¿Fue acaso la ausencia de memoria histórica uno de los factores que nos llevaron de vuelta a un ciclo dictatorial, aparentemente sin fin? Existe una multiplicidad de estudios, tanto académicos como vivenciales, que podrían responder a esta pregunta, pero cada contexto es distinto. En nuestro caso, es una prioridad.

Memoria y reparación como políticas de un nuevo gobierno

Al hablar de transición debemos referirnos al proceso en el cual se logre realizar, de una vez y para siempre, el desmantelamiento de toda estructura de poder que posea vínculos tanto con los crímenes de lesa humanidad, perpetuados principalmente por el Frente Sandinista, como aquellos que también hayan sido partícipes o colaboradores de la degeneración de las instituciones y poderes del Estado. Una tarea inmensurable a simples rasgos, pero no imposible. Los cimientos de un Estado de derecho deben de partir del involucramiento y fiscalización de la ciudadanía en todo momento, así como de la transparencia y la profesionalidad de quienes ejerzan la función pública llegado el tiempo. Pero, luego de reestructurar el Estado ¿Qué nos sigue?

En realidad, la pregunta no es el “¿Qué?”, han pasado dos años y la ciudadanía está más que clara en cuanto a cada uno de los términos que se demandan desde el día cero. La pregunta no es otra sino el “¿Cuándo?”. ¿Cuándo obtendremos justicia para las madres que hoy lloran a sus hijos e hijas?; ¿Cuándo les tocará el tiempo a las víctimas directas de la dictadura de poder reivindicar su humanidad y su ciudadanía?; ¿Cuándo nos tocará recuperar las autonomías que nos fueron cercenadas durante todos estos años?; Nuestra prioridad debería contemplar el resarcimiento de las víctimas en todo momento, en todo proceso.

La reparación como responsabilidad y obligación del Estado

Y es aquí donde surge el conflicto medular de todo esto: el “¿Cómo?”. Las políticas de reparación deberán aplicarse como políticas de Estado una vez entremos a un período de transición. No puede haber justicia sin reparación, y viceversa. La reparación deberá estar configurada mediante un eje que permita sostener la equidad social. El Estado deberá de garantizarle al afectado o afectada la recuperación de su dignidad humana, la dignidad de sus seres queridos, deberá además garantizar la reinserción social de quienes incluso lo han perdido todo.

Esto último implica directamente la administración de recursos para que estas políticas puedan llevarse a cabo. Por ejemplo: todo proceso legal al que las victimas recurran para la dignificación de las directrices antes mencionadas, debería ser asumido en su totalidad por el Estado, y esto incluye la incorporación de profesionales de alto nivel para las tareas requeridas en cada etapa; que el Estado sea garante de seguridad social, de salud mental e integral en la medida que la o el beneficiario lo requiera. Que el Estado garantice el acceso expedito a la educación primaria, secundaria y superior para quienes fueron forzados a abandonar sus estudios, y a quienes se les fue privado administrativamente este derecho.

La complejidad de este proceso recae también en las buenas prácticas de quienes ostenten el poder político en una nueva Nicaragua. Nunca más debemos ver el Estado como un Estado-Botín, como fuente de ingreso o como nuestra fábrica de recursos ¡NUNCA MÁS! Por tanto, la seriedad que este proceso implica sostiene el reconocer que esto partirá desde nuestros fondos públicos, y es acá donde debemos cuestionarnos ¿Cómo el Estado puede reparar mi daño, o nuestros daños?

Hoy en día continuamos sometidos bajo un régimen criminal, que también opera desde la destrucción de la ciudadanía. A pesar de estar bajo dos pandemias (una biológica, y la otra dictatorial) nuestro pueblo se mantiene resiliente día a día, con la esperanza de poder ver la luz de día sobre nosotros una vez más.

ONU recomienda indemnizar solo a una parte de las victimas

Recientemente, se hizo del conocimiento público que el Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria, una instancia del Consejo de Derechos Humanos de la

Organización de Naciones Unidas (ONU), resolvió que los periodistas Miguel Mora y Lucia Pineda Ubau, detenidos y encarcelados ilegalmente por la dictadura, y otro grupo de activistas que fueron detenido al llevar agua a las madres en huelga de hambre por la libertad de sus hijos, conocido como la “banda de los aguadores”, deben ser indemnizados.

Esta resolución ha generado un debate, porque solamente recomienda indemnizar a una parte, no a todos los presos políticos, victimas o sus familiares. No puede haber discriminación entre las víctimas, todas merecen justicia e indemnización por parte del Estado. Sin embargo, lo primero que debemos hacer es movilizarnos para tumbar a esta dictadura, para que la justicia, reparación e indemnización mitiguen el dolor que los asesinatos, torturas, encarcelamiento o desapariciones, han causado a las víctimas y sus familiares.

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