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NICARAGUA.- El calvario de los presos políticos ante la inminente negociación

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Por Sebastián Chavarria Domínguez

La muerte de del general Hugo Torres en prisión, fue noticia en los principales medios de comunicación del mundo. No era para menos. Hugo Torres perteneció a la vieja guardia guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ocupó altos cargos dentro de la cúpula militar, y finalmente rompió políticamente con la conducción de Daniel Ortega, abrazando las posiciones del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), convertido ahora en UNAMOS, una ruptura socialdemócrata que ha evolucionado a posiciones cada vez más derechistas.

Independientemente que, aunque luchamos contra la dictadura, no compartamos la visión política de UNAMOS, la muerte en prisión de Hugo Torres, un viejo luchador enfermo con cáncer terminal, fue una clara muestra de crueldad de parte de la dictadura en contra de los presos políticos, y en especial contra alguien que perteneció a la vieja guardia guerrillera.

Estados Unidos amenaza con romper el CAFTA.

Debido a que las sanciones individuales contra altos funcionarios de la dictadura, no han tenido el efecto de doblegar a Ortega, el tema de la exclusión de Nicaragua del tratado de libre comercio, firmado en 2004, conocido como CAFTA-DR, ha sido una especie de última carta de presión, que se ha contemplado desde la pasada administración Trump.

Sorpresivamente, cuando se conoció la muerte de Hugo Torres en prisión, un funcionario norteamericano, que extrañamente no quiso brindar su nombre a la agencia Associtated Press (AP), declaró que “El gobierno de Biden está considerando tratar de expulsar a Nicaragua de un lucrativo pacto regional de libre comercio —o asignar su valiosa cuota de azúcar a otro país de América Central— para tomar represalias contra la represión del presidente Daniel Ortega contra sus opositores” (AP, 18/02/2022)

En realidad, el tratado CAFTA-DR no contempla una cláusula de compromiso democrático, como si lo tiene el Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea, pero la ley RENACER incluyó el tema se “seguridad nacional” como una facultad discrecional del presidente de Estados Unidos para decidir si continúa manteniendo relaciones comerciales con un país que representa peligro para su “seguridad nacional”.

No hay duda que esas declaraciones anónimas son un mensaje de -Estados Unidos a la dictadura, de que puede haber más problemas económicos. En esa misma entrevista, se mencionó por primera vez la reducción de la cuota azucarera de Nicaragua, una decisión administrativa que causaría un grave impacto a la economía nicaragüense, altamente dependiente del mercado norteamericano.

Estamos pues ante una nueva escalada de presiones de Estados Unidos contra la dictadura de Ortega.

OEA solicita liberación de presos políticos

En la reunión del Consejo Permanente de la OEA, no se produjo la suspensión o expulsión de Nicaragua, como solicitaban los grupos de la diáspora en el exilio, sino una declaración, esta vez de 27 países, solicitando cortésmente la liberación de los presos políticos.

“(…) este Consejo Permanente ha reconocido en varias ocasiones las graves y cada vez peores condiciones de los derechos humanos en Nicaragua y que continuamente ha ofrecido asistencia para remediar esta situación pese a los desaires del Gobierno. Apenas el pasado 8 de diciembre este Consejo pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos detenidos en Nicaragua. (…) Consideramos que la continua detención de presos políticos constituye una grave violación de esos derechos a los que todos los Estados Miembros de la OEA han declarado su adhesión”. (OEA, 18/02/2022)

Cambio de medidas cautelares a tres presos

La dictadura se prepara para negociar ante un posible Diálogo Nacional, y por ello ha acelerado los juicios penales contra los presos políticos, con el objetivo de condenarlos a penas que oscilan entre 10 y 13 años de cárcel, más las penas accesorias de inhabilitación política por un periodo, para precisamente negociar su liberación total o parcial.

Al día siguiente del despacho noticioso de AP, la dictadura retrocedió un poco y, presionada por el escándalo causado por la muerte de Hugo Torres, por las presiones de la OEA y por las amenazas de reducción de la cuota azucarera, cambió el arresto preventivo por arresto domiciliar a tres presos políticos: Arturo Cruz, Jose Pallais y Francisco Aguirre Sacasa. Una pequeña concesión.

La crueldad de la dictadura con los presos políticos no tiene límites. Debemos exigir la anulación de todos los juicios y la libertad incondicional de todos los presos políticos, y evitar que ellos se conviertan en fichas de cambio en el inminente Diálogo Nacional.

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