En Guatemala anualmente son asesinados más de 3 mil hombres y mujeres jóvenes entre 14 y 29 años, la mayor parte de estos cometidos con saña como consecuencia de la implementación de políticas de criminalización, estigmatización, represión y violencia contra la juventud desarrolladas por las instituciones estatales responsables de garantizar la seguridad, la investigación criminal, el debido proceso, el acceso a justicia y el derecho a la vida.

Este último, reconocido en el Artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, mismo que todos los días se ve vulnerado, negándole la posibilidad de su goce pleno a miles de jóvenes como portadores de dignidad y derechos, que han sido prejuiciados socialmente lo que ha permitido a elementos del Estado y cuerpos ilegales arrebatarles la vida y seguir operando en total impunidad, sin que se perciba voluntad política para cambiar tal situación.

Por lo anterior, nos manifestamos reivindicando la lucha permanente e histórica del movimiento juvenil, la memoria de las y los jóvenes que han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, y por toda la juventud que cotidianamente es invisibilizada, excluida y marginada por su condición social, cultural y económica.

Recientemente, cuerpos ilegales y aparatos clandestinos arrebataron la vida de jóvenes líderes, entre ellos Manuel Orozco “el Fú” y Saulo Estrada “el Chucky”, además de 5 jóvenes del asentamiento Mario Alioto en Villa Nueva, Nexo Pineda “el Gordo” en San Pedro Ayampuc, Hendrick Samuel en Ciudad Quetzal, e integrantes del Movimiento de Jóvenes Mayas en Huehuetenango y El Quiché y de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Amatitlán y Tierra Nueva, ellos y ellas artistas, defensores de los derechos humanos y de la libertad de la expresión juvenil.

Ante esta situación exigimos al Estado:

En relación a la PNC:

* Políticas de seguridad preventivas y efectivas.

* La depuración de las fuerzas de seguridad, y el fortalecimiento a las mismas para la prevención de los abusos de autoridad.

* Que la PNC cree y de a conocer las directrices y planteamientos fundamentales para garantizar la seguridad integral de la ciudadanía.

* Al nuevo director de la PNC, bajo el argumento de su política reactiva, abstenerse de implementar medidas represivas y de criminalización hacia la juventud.

Con relación al Ministerio Público:

* Desarrollar investigaciones criminales y persecución penal efectivas, para el esclarecimiento de los asesinatos de jóvenes.

* Que no se maneje la selectividad penal y el prejuicio en los casos de muertes violentas de jóvenes, bajo ningún aspecto de estigmatización y discriminación.

* El seguimiento a los casos en los que se sospeche hayan sido ejecuciones extrajudiciales.

En relación al Organismo Judicial:

* La agilización judicial en los procesos y la aplicación de justicia certera y a acorde a los parámetros legales vigentes.

* Que los procesos y las sentencias a jóvenes vulnerables a ser estigmatizados por su condición, no respondan a los criterios de justicia selectiva que actúa para satisfacer a una sociedad malversada en su pensamiento y percepción de la realidad social.

* La investigación y depuración de las personas que sean señaladas de corruptas y de aquellas cuyo desempeño no responda a los requerimientos de una sociedad que anhela justicia.

Referente a políticas y legislación en torno y a favor de la juventud:

* La aprobación de la Ley Nacional de la Juventud.

* La aprobación de políticas de Estado destinadas al desarrollo integral de la juventud

* La implementación efectiva de la Ley de Armas y Municiones.

La tristeza causada por el horror de la violencia reduce a la ciudadanía al miedo y la desesperanza.

Dignificamos la memoria de éstos jóvenes víctimas de un Estado represor, los hechos han lesionado también nuestros derechos, nuestros sueños, pero continuaremos uniendo nuestras manos, cantando, despertando las fibras de la sensibilidad y del amor desde la juventud.

Guatemala, 11 de junio de 2009

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