Por Hugo Cedeño y Marcos Adames

El 22 de agosto de 1791 se inició el levantamiento de esclavos negros en la parte norte de Saint Domingue abarcando toda la colonia francesa.

En dos meses los esclavos negros mataron más de dos mil blancos colonialistas franceses y destruyeron unas 250 plantaciones agrícolas.

El 18 de noviembre de 1803 el ejército francés fue derrotado y 11 días después tuvieron que abandonar el territorio.

El 1 de enero de 1804 el ex-esclavo Dessalines proclama la independencia haitiana acabando con el sueño de Napoleón Bonaparte de mantener un imperio francés en el occidente de la Isla.

Fue un acto heroico, integrando la revolución contra la esclavitud, por la independencia nacional y lucha racial, en una misma dirección y sentido.

Un proceso dirigido por negros esclavos donde no hubo cupo para que direcciones traidoras pudieran aprovechar la lucha para negociar las aspiraciones libertarias de las masas sublevadas.

Esa revolución fue puesta al servicio de otras luchas. Desde Santo Domingo Español, (hoy República Dominicana), Estados Unidos, Cuba, Guadalupe, Martinica, Jamaica, Río de Janeiro, (Brasil) y donde quiera que hubo negros esclavos se sintieron los efectos de la lucha del pueblo haitiano.

Haití a 218 años de su independencia

La prensa burguesa y hasta algunos escritores de izquierda escriben que las constantes insurrecciones del pueblo haitiano profundizan su pobreza.

Es lo contrario. La miseria a que siglos de saqueo imperialistas, gobiernos dictatoriales y democracias burguesas, provocan sus constantes rebeliones.

Esa claque capitalista haitiana sostenida por gobiernos imperialistas, una clase media que solo mira hacia Europa y la ausencia de direcciones revolucionarias de independencia de clase, hacen de Haití un volcán en permanente ebullición.

La nación haitiana es una muestra de la barbarie, que el capitalismo imperialista en su etapa decadente, lleva a nuestros pueblos.

Hacia allá vamos todos los pueblos sometidos por las naciones imperialistas y gobernados por una capa social privilegiada como la que tenemos.

Haití, como nuestros pueblos, solamente logra su felicidad si su lucha conduce a la total independencia y soberanía nacionales dentro de una estrategia socialista nacional, isleña y regional.

Esa inmensa tarea no podrá ser asumida por ninguna clase por fuera de los trabajadores, trabajadoras, campesinos y campesinas, sectores populares y demás empobrecidos y empobrecidas.

Es una traición, llamar al pueblo haitiano a confiar en direcciones e instituciones imperialistas, figuras políticas burguesas o clase media nacionales. Son ellos los responsables de sus problemas.

Fuera el gobierno de facto de Ariel Henry y su pandilla

Ahora mismo la clase obrera y demás oprimidos y oprimidas de Haití están en las calles demandando la salida del gobierno de facto que preside Ariel Henry. Apoyamos tan justa reclama.

Dentro de sus demandas, está el rechazo a cualquier solución impuesta desde el poder imperialista en común acuerdo con gobiernos títeres del continente,  la burguesía haitiana y la podrida casta política y militar de la nación.

Confiamos que el pueblo haitiano movilizado sabrá encontrar su camino una vez saque del poder al gobierno de turno y su camarilla/ Que organizado y armado enfrentará cualquier agresión militar imperialista.

La solidaridad revolucionaria

Las proclamas son buenas, pero no bastan. Las masas haitianas saben por experiencias que “si no luchan las matan de hambre”

La mejor muestra de apoyo es ayudarlas a encontrar un camino independiente a las direcciones burguesas, burocráticas e imperialistas que ahogan sus aspiraciones.

Un tipo de solidaridad militante y acompañar sus mejores, honestos y honestas activistas, a construir un núcleo revolucionario sólido que, como los forjadores de la nación haitiana, conduzcan a su pueblo a la libertad.

Y desde República Dominicana, apoyar al pueblo haitiano sería, impulsar el Frente Isleño Revolucionario Socialista, para coordinar la pelea contra nuestros enemigos comunes.

Por Oliverio Mejía

La victoria de varios gobiernos de centro izquierda o progresistas en América Latina es catalogado por diversos actores políticos y académicos como un nuevo ascenso de la marea rosa.

Recordemos que a inicios del presente siglo asumieron diversos gobiernos denominados pos neoliberales en América Latina, entre los que destacaban unos de cuño más radical, que rompieron con algunos de los elementos principales que conformaron el Consenso Neoliberal de Washington, caracterizados por achicar el Estado con el fin de satisfacer la tasa de ganancias de la burguesía y el imperialismo. Estos gobiernos fueron los de Ecuador, Bolivia y Venezuela y algunos otros como el de Zelaya en Honduras.

Por otro lado, se dieron gobiernos ubicados más al centro izquierda, como en Argentina, Brasil, El Salvador, Paraguay, Uruguay, y algunos incluyeron los gobiernos de Bachelet en Chile y el de Colom en Guatemala. Un caso especial es el de Daniel Ortega, caracterizado por la convivencia con los grupos de la oligarquía nicaragüense en su afán de consolidarse como una fracción burguesa y otro caso el del FMLN en El Salvador.

La primera marea rosa

La característica general de estos gobiernos es que asumen la administración del Estado capitalista, partiendo desde jornadas de movilización popular contra los efectos que las políticas neoliberales con su arsenal de privatizaciones, reducción del gasto público y liberalización económica, que afectaron a la clase trabajadora.

Otra situación que configuró el devenir de esos gobiernos fue que convivieron con un crecimiento de los precios de las materias primas, lo que permitió mejorar el gasto público, impulsando políticas levemente distributivas, aumentando la cobertura de servicios sociales privatizados en la etapa neoliberal, pero sin una total recuperación de éstos para el Estado y sin una mayor profundización en lo que respecta a modificar la estructura fiscal regresiva.

Lo más radicales fueron las nacionalizaciones o el control mayoritario del petróleo por parte del Estado en Venezuela y del gas en Bolivia, aunque nunca se logró una total industrialización y una ampliación de la matriz productiva y, en el caso del primer país, el actual gobierno de Maduro a reprivatizado parte de la actividad de petrolera.

La emergencia de estos gobiernos llevó a fuerzas pequeño burguesas de centro y de izquierda a convertirse en administradores de los intereses del capital, limitando tenuemente las ganancias de la burguesía, y a una mayor intervención estatal. Paradójicamente, la economía de la mayoría de países, sobre todo en Sudamérica, se reprimarizó y se pasó del Consenso de Washington al Consenso de los Comodities, a partir de orientarse hacia el neoextractivismo en un contexto global de mejora de los términos de intercambio comercial en la división mundial del trabajo.

El interregno conservador

El agotamiento del modelo implementado por los gobiernos pos neoliberales, provocado sobre todo por la caída de los precios de las materias primas tras la crisis global de 2008, se manifestó en un estancamiento económico y aumento del costo de la vida sobre la clase trabajadora que se expresó en protestas como las de Brasil en 2013, o en Chile contra el gobierno de centro izquierda y el posterior de derecha, generando un retorno de gobiernos de derechas en varios países de la región.

Como parte de este giro podemos incluir también el rumbo cada vez más autoritario de gobiernos como el de Maduro y el de Ortega, que se convirtieron en fracciones burguesas y con la persecución no solo a opositores de derecha, sino contra luchadores sociales de izquierda, que combaten las políticas de ajuste.

La nueva ola

Primeramente, asumió Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, que, desbancando a la alianza de derecha PAN-PRI-PRD bajo un programa nacionalista, intenta revertir algunos elementos neoliberales, como la privatización de la producción de energía por medio de una mayor participación de la capital nacional; por otro lado se ha caracterizado por mejorar los ingresos de los trabajadores, pero sin romper con acciones odiosas para las clases trabajadoras como la subcontratación.

A su vez ha impulsado la continuación de políticas extractivistas, obteniendo la oposición de las comunidades indígenas y campesinas; renegoció el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, manteniendo las ventajas a las empresas estadunidenses dueñas de la industria ensambladora en el norte de México; al igual que una política migratoria caracterizada por detener la libre movilidad de los migrantes, con la recién creada y militarizada Guardia Nacional, actuando  como extensión de la policía de fronteras gringa.

Por otro lado, la victoria de Gustavo Petro, un ex guerrillero del M19, en un país asolado por la guerra, el terrorismo de Estado y el paramilitarismo de la derecha, genera expectativas en la clase trabajadora colombiana. Los gobiernos de Petro, como el de Boric y Castillo son reflejos distorsionados de la lucha de clases; en Colombia, las movilizaciones contra las políticas neoliberales de Iván Duque, ligado con el paramilitarismo de Álvaro Uribe, exigían en las calles la renuncia de ese odioso gobierno; pero la dirigencia de la izquierda reformista de Pacto Histórico canalizó esa energía al evento electoral, logrando una victoria sin precedentes ante un candidato outsider de derecha.

Las expectativas anunciadas en el programa de Petro y su coalición, versan sobre la negociación de los grupos armados de izquierda y de derecha, dejar atrás el modelo centrado en la explotación de bienes naturales e implementar una redistribución agraria negociada con las FARC-EP, pero que no limita el latifundio. En la conformación de su gabinete, Petro lo llenó de ex funcionarios vinculados con partidos de las facciones burguesas rivales del uribismo.

Por otro lado, está el gobierno de Pedro Castillo, candidato de Perú Libre en alianza con otros partidos de izquierda, un ex sindicalista docente del SUTEP, después de unas disputadas elecciones con la extrema derecha de Keiko Fujimori de Fuerza Perú. Este prometió la revisión de los contratos de explotación minera, la profundización de la reforma agraria iniciada en los setenta por los militares y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Una vez en el gobierno, Castillo inició una serie de malabares, ante la embestida de la ultra derecha fujimorista y otras expresiones ultra conservadoras, y se alejó del partido que le llevó al gobierno, a lo que se suma la configuración del gobierno peruano, donde los ministros tienen que tener el visto bueno de las mayorías del Legislativo y donde las fuerzas de derecha lo han logrado boicotear; a  eso se suman las investigaciones de la fiscalía por presuntos favores a familiares en otorgar concesiones en obras. En ese contexto, la clase trabajadora y los pueblos indígenas han salido a protestar contra el alto costo de la vida, contra el incumplimiento de las promesas de Castillo, específicamente la convocatoria de la constituyente, pero sobre todo contra las maniobras golpistas de la derecha que buscan declarar la vacancia presidencial.

¿Retroceso en Chile?

En el momento en de escribir esta nota se están dando los resultados del plebiscito para la aprobación de la nueva constitución chilena. Con una participación del 85% de un universo de un poco más de 15 millones votantes habilitados -el voto fue obligatorio- ganó el Rechazo con 61.86 %, mientras que el Apruebo se ubicó en apenas el 38.14 %.

¿Cómo se explica está situación, cuando al inicio el proceso constitucional y la instalación de una Convención Constitucional fue aprobado con un 80 %? La instalación de la Convención contó con menos participación, votando el 60 %, dónde la gran sorpresa fue la emergencia de los partidos de izquierda como el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PCCH), así como una serie de listas independientes nacidas al calor de las luchas sociales contra el gobierno conservador de Sebastián Piñeira, pero que se fueron diluyendo a falta de un programa claro. Todas estas fuerzas se impusieron sobre los partidos de derecha (UDI y Renovación) y la ex Concertación (Democracia Cristiana y Socialistas), partidos que sostuvieron el modelo neoliberal con el retorno a la democracia en 1989.

Este proceso también se asentó en las movilizaciones contra el gobierno neoliberal de Piñeira y que tienen como antecedentes las movilizaciones estudiantiles que se dieron desde el primer gobierno de Bachelet, y que fueron evolucionando a la exigencia de cambiar la constitución anti popular de la época de la dictadura de Pinochet. Durante el segundo gobierno de Bachelet y la alianza de la Nueva Mayoría (ex Concertación y Comunistas), se pretendió instalar un proceso constituyente pero mediatizado por estás fuerzas políticas burguesas.

Con la llegada del segundo gobierno de Piñeira, la movilización nuevamente adquirió fuerza. Primero los estudiantes contra la mercantilización de la educación, de trabajadores contra el régimen laboral anti derechos, de los pueblos indígenas contra la usurpación de su territorio, que fue salvajemente contestada por la extensiva represión de parte de la militarizada Policía de Carabineros. Así, el tema de una constituyente popular y revolucionaria se fue materializando.

En las calles de Chile la consigna fue, al igual que en Colombia, fuera Piñeira y sus fuerzas de seguridad represoras; sin embargo, los partidos políticos burgueses, como el Socialista, la Democracia Cristiana, junto a los de la derecha, a lo cual se sumó el FA, impusieron un Acuerdo por la Paz Social que desmovilizó la protesta y canalizó el descontento por vía de la institucionalidad burguesa. El PCCH por su parte, que ejerce influencia en la principal central sindical, si bien lo cuestionó, tomo una actitud pasiva.

Se dieron elecciones presidenciales, donde el candidato Gabriel Boric, en una alianza entre el FA y el PC, gana en segunda vuelta en noviembre de 2021 contra José Kast, otro exponente de la anti política ultra derechista pinochetista, apoyado por los demás partidos conservadores. La victoria de Boric fue un componente nuevamente distorsionado de la movilización social, cuyo objetivo inmediato era cerrarle paso al pinochetismo.

El rechazo al texto constitucional tiene que ver no solo con las campañas miedo anti comunistas de la oligarquía chilena y la derecha, por ejemplo en el tema de las autonomías indígenas, sino que desde el acuerdo firmado, se cuidó de no eliminar los elementos fundamentales del modelo capitalista; si bien hay un amplio reconocimiento de derechos sociales, políticos, laborales, económicos, sexuales, etc., demandas sentidas como la nacionalización de la industria del cobre o de los fondos de pensiones, no fueron tomado en cuenta.

Además, la Convención Constitucional nunca fue un órgano de poder revolucionario, dependiendo de los órganos tradicionales del Estado, la presidencia y el Congreso. A su vez, la fuerza organizativa tras la rebelión contra Piñeira nunca se cohesionó, y por tanto, no pudo darle soporte a incitativas anti capitalistas y socialistas y menos aún, a medidas ejecutivas desde la constituyente.

Por último, el gobierno de Boric, el cual era visto con razón cómo parte del proceso constituyente, a los pocos días de asumir, su popularidad fue cayendo, como producto de la continuidad de la militarización en la región Mapuche al sur y de no iniciar un proceso serio de desmilitarización de los carabineros, dejar de lado la exigencia de justicia contra la represión de Piñeira, así como el oponerse a que los pensionistas pudieran sacar parte de sus retiros para afrontar la carestía de la vida,  por la presión de la burguesía financiera, que es dueña de estos fondos.

Al momento del cierre de esta nota, los estudiantes realizan movilizaciones en Santiago, exigiendo la gratuidad de la educación, la cual no quedó en texto constitucional rechazado, y anunciando luchar en contra de herencia pinochetista y por una nueva Constitución, la cual tendría por fuerza que tener un horizonte socialista y ser un órgano de doble poder revolucionario.

Por Leonardo Ixim

Después de mas de diecisiete días de movilizaciones indígenas y populares, dirigidas por el Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) bajo una serie de reivindicaciones económicas contra el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, se logró un compromiso de parte del presidente ante sus demandas.

La situación económica

Las movilizaciones de la CONAIE, a las cuales se sumó el llamado Frente Popular (FP), una armazón ligada al Partido Comunista Marxista Leninista Ecuatoriano (PCMLE) – de origen maoísta- entre cuyos afiliados sobresalen el Frente Unitario de Trabajadores, la Unidad Nacional de Educadores y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Se sumaron también colectivos urbanos y rurales, ambientalistas, de mujeres, de pobladores etc.; todo es producto de los efectos de la crisis económica capitalista.

Esta situación se refleja, como en varias partes del mundo, en una espiral inflacionaria que afecta el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que tiene como causas los resultados de las medidas anti-covid tomadas desde 2020, los efectos de la guerra ruso-ucraniana al ser estos países productores de trigo, fertilizantes y energía; pero, sobre todo, al trastorno de las cadenas de producción a nivel internacional. Esto tiene como fondo la menguante capacidad de demanda y en especial la poca productividad del capitalismo.

A esto suman una serie de políticas neoliberales impulsadas por Lasso, que incluyen un paquete de leyes en materia fiscal que afecta a pequeños contribuyentes, la reducción del gasto público en salud, educación y otros derechos sociales, la disminución de las actividades del Estado, la posibilidad de ir privatizando empresas estatales y el crecimiento de las reservas internacionales como colchón para pagar el endeudamiento crónico. Es que un fenómeno estructural de la economía ecuatoriana es el hecho de que, pese a la dolarización de mediados de los noventas, la necesidad de divisas para mantener la economía es constante, lo que provoca mayor endeudamiento, pese a que Ecuador es un pais exportador de materias primas tales como petróleo, banano, entre otras.

Así, la CONAIE y el FP exigían una serie de medidas tales como: precios satisfactorios para los agricultores, detener los altos precios de los combustibles y la canasta básica, aplicar una política para recuperar el empleo y atender el fenómeno de subempleo, invertir en el sistema de salud y educativo, moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas, no a la minería en territorios indígenas, ni privatización de las fuentes de agua. Así como la situación de seguridad que ha provocado una serie de motines mortales en cárceles del país y un crecimiento de la delincuencia en todas sus formas, debido a la penetración de carteles del narcotráfico mexicano como ruta de la droga desde Colombia.

Constantes crisis políticas

Esto ha generado un fenómeno de inestabilidad política. Por lo menos desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado, la democracia burguesa no resolvió las problemáticas sociales, agudizándose con la aplicación de la primera dosis de políticas neoliberales del llamado Consenso de Washington. En ese marco surge la CONAIE, fundada en 1986, que protagonizó rebeliones como la que provocó la caída del gobierno de Abdala Bucaram en enero de 1997, la de Jamil Mahuad en enero del 2000 y parte de la revolución ciudadana que derrocó a Lucio Gutiérrez en 2005

La revolución ciudadana fue además una serie de movilizaciones en 2005, que catapultó al expresidente Rafael Correa al gobierno, que con su partido Alianza País, logró el apoyo de una serie de partidos de izquierda como el Partido Comunista, el Partido Socialista, la centrista Izquierda Democrática (ID), y de forma crítica Pachakutic (brazo electoral de la CONAIE formado en 1996) y el Movimiento Popular Democrático (MPD), brazo electoral del PCMLE. De tal forma, la CONAIE acompañó la nueva Constitución Política, que reconoce la situación plurinacional del pais y garantiza derechos sociales y económicos a la población.

El correísmo, si bien rompió con ciertos aspectos neoliberales, se sumo al carro del llamado Consenso de los Commodities o como algunos han llamado, los gobiernos pos-neoliberales que, aplicando una serie de reformas sociales y políticas, no trascendieron del todo el orden neo-colonial. Estas se caracterizaron, al calor de los precios altos de materias primas en la primera década del siglo, por el aumento de la demanda a nivel internacional y la diversificación de las exportaciones con el ascenso del imperialismo chino, y una mejor distribución de la riqueza.

Sin embargo, no profundizaron en la realización de una estructura tributaria menos desigual, ni en romper la matriz extractivista y rentista. Así, en el caso del Ecuador, Correa continuó con la extracción de petróleo y otros recursos naturales sin consentimiento de las comunidades, no democratizó el acceso a la educación, ni universalizó el agua como derecho humano, lo cual provocó la ruptura tanto con la CONAIE como con los trabajadores públicos, porque tras la crisis de 2008, se intentó reducir los beneficios salariales a maestros ligados al FP, persiguiendo penalmente a líderes de estos movimientos.

Con la llegada de Lenín Moreno, el cual había sido vice-presidente de Correa, se creyó que mantendría la línea de Correa, pero éste llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplicar un programa de ajuste que su antecesor había comenzado, aunque mas velado, tras la caída de los precios de las materias primas después de 2008, así como persiguió judicialmente a su antiguo padrino y todo lo que oliera a correísmo. En 2019 la CONAIE y el FP se alzaron contra una serie de medidas económicas tomadas en base a los acuerdos con el FMI, logrando neutralizarlas parcialmente. Este gobierno terminó en total desprestigio por su incapacidad en atender la emergencia de pandemia del COVID-19, pues en cierto momento Ecuador fue uno de los países mas golpeados por el virus.

Tras una tormentosa elección, en la segunda vuelta del 11 de abril de 2021, se impuso Lasso, del conservador Movimiento Creando Oportunidades, como presidente Éste, un accionista de una las principales instituciones bancarias, el Banco de Guayaquil, es un representante directo del capital financiero. Esto después de una controvertida primera vuelta donde el candidato de Pachacutik, Yaku Pérez, alegó fraude de parte de una alianza entre la derecha y el correísmo, propiciando una serie de movilizaciones. Pérez representa la parte mas conservadora de la CONAIE, y una vez que no logran detener el fraude, asume Leonardo Iza, representante del ala más revolucionaria, que ha sido el líder mas visible de las recientes movilizaciones

Lasso y la profundización neoliberal

Una vez asumido el gobierno, Lasso se propone profundizar el programa de ajuste estructural y la priorización de los grandes intereses capitalistas, tratando de imponer una serie de leyes en el nuevo Congreso. Paradójicamente, rompe con el otro partido de derecha clásico, el Social Cristiano, y hace una alianza con el partido ID, que logró un buen resultado en las elecciones legislativas y con diputados provenientes del correísmo, el partido Unión por la Esperanza (UNES) y procedente de Pachakutic, especialmente del ala del ex presidenciable Pérez. Esto generó tensión en la CONAIE, donde, como dijimos, asumió el ala mas izquierdizante.

Es importante señalar que esta confederación está compuesta de una serie de federaciones regionales campesinas e indígenas donde practican algunas formas de autogobierno comunitario, además de una buena dosis de intelectuales quechuas y de otros grupos. Se caracteriza, como vemos, por la movilización de masas por un lado y la participación electoral por otro.

Las bases de estos movimientos indígenas, campesinos y obreros, llevaron al reciente paro nacional, logrando detener la economía por medio de las tomas de carreteras, de los principales puertos y de la empresa estatal petrolera. Así también, cercaron la ciudad de Quito, ocuparon el centro de la ciudad pernoctando en las universidades públicas. Hubo a su vez fuertes enfrentamientos en la capital y en diversas provincias, provocando seis muertos y 200 heridos; el gobierno de Lasso impuso un estado de sitio en nueve provincias, y el líder Iza fue detenido brevemente por la policía ecuatoriana.

Fuimos testigos, en imágenes también, del apoyo que la CONAIE e Iza tienen en los sectores populares, obreros y plebeyos de Quito y otras ciudades, recibiéndolos con júbilo por la población afectada, por la situación económica internacional y las medidas neoliberales del gobierno de Lasso.

Después de varios días de protestas y del cerco al gobierno, por intermediación de iglesia católica y las Naciones Unidas, la CONAIE y el gobierno suscribieron el 30 de junio un Acuerdo de Paz, siendo los puntos principales: que el gobierno se compromete a reducir el precio del combustible en 10 centavos de dólar, aunque la demanda original eran 40 centavos; se excluye además la actividad minera en áreas protegidas y territorios ancestrales indígenas, en zonas declaradas intangibles, en zonas arqueológicas y en áreas de protección hídrica y se impulsa la consulta previa, libre e informada de acuerdo con los estándares internaciones de derechos de los pueblos indígenas. Además, se impulsa una serie de políticas contra cíclicas para reducir los precios de los productos de primera necesidad, condonación de deudas y créditos blandos, disminuyendo la tasa de interés en un 5 por ciento,

En el ínterin, la bancada UNES, con el apoyo de un sector de Pakachutik, porque el otro asumió una postura vergonzosa de rescate del gobierno de Lasso, intentó aplicar el artículo 130 de la Constitución, que implica la renuncia del presidente, de todos los legisladores y un nuevo llamado a elecciones en 90 días, pero las bancadas de la derecha bloquearon esta acción.

Las dirigencias de la CONAIE y el FP no se proponían derrocar al gobierno y actuaron por presión de sus bases; sin duda después de varios días de movilizaciones y de duros enfrentamientos con la policía hay un cansancio, por ende, las dirigencias deben mostrar algún resultado. Sin embargo, no hay que tener confianza a ese gobierno y organizándose desde sus asambleas de base, hay que instalar un congreso representativo que asuma como gobierno indígena, obrero, campesino y popular.

Por Oliverio Mejía

El pasado 29 mayo se produjo la primera vuelta electoral en Colombia para decidir el próximo presidente de ese país que sustituya a Iván Duque, logrando pasar a competir en segunda vuelta el izquierdista Gustavo Petro y el populista de derecha Rodolfo Hernández. Esta segunda vuelta se realizará el próximo 19 de junio.

Ninguno de los dos candidatos logró sobrepasar el 50 por ciento de los votos requeridos para poder ganar en primera vuelta, por ende, Petro y Hernández competirán en unas semanas para dilucidar quién será el próximo presidente de ese país.

La importancia de este evento, entonces, tiene dos connotaciones; primero en el plano interno, donde los resultados reflejan un desencanto con la partidocracia gobernante de las últimas décadas, pero sobre todo el cuestionamiento al uribismo, tendencia política cercana al ex presidente de extrema derecha Álvaro Uribe, de la cual Duque es continuador; esta situación está de cerca con las matizaciones insurreccionales entre abril a agosto de 2021.

El otro plano es a nivel internacional, pues una posible victoria de Petro implicaría un nuevo giro a la izquierda, con lo que se ha denominado la marea rosa 2.0, una reedición de los gobiernos postneoliberales, que se está viviendo en la región, como ha sido el triunfo de Castro en Honduras, Boric en Chile y posiblemente Da Silva en Brasil.

Este último hecho es trascendente, porque Petro (un ex guerrillero del desaparecido Movimiento 19 de abril -M19- que se ha distanciado de los gobiernos de Maduro y Nicaragua con respecto a los rasgos autoritarios de éstos) será critico de la política exterior imperialista estadunidense que combina el poder liviano (derechos humanos) con la presencia militar, donde Colombia juega un papel fundamental para tener cercado al madurismo en Venezuela y Cuba.

Solo para un poco de historia. El M19 fue guerrilla nacionalista de origen pequeño burgués, conformada por cuadros radicalizados de partidos tradicionales como el Liberal y el populista Alianza Nacional Popular, que se caracterizó por realizar acciones tipo comando y formó parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en la década de los ochenta, hasta que firmó la paz junto a otras facciones guerrilleras con el Gobierno colombiano. Participó primero como Alianza Democrática 19 de abril en la constituyente de 1991, y posteriormente se denominó Polo Democrático Alternativo; en esa trayectoria Petro se alejó de este y formó Colombia Humana.

Resultados electorales

Petro es ex alcalde de Bogotá, y durante su gestión tuvo avances en algunos aspectos en función de democratizar los espacios urbanos, pero también se enfrentó a huelgas de empleados públicos al querer recargar sobre éstos la reducción de gastos. Logró 8, 41,617 votos, es decir el 40.34 %, y su coalición de izquierdas Pacto Histórico (PH) está conformada por una variedad de partidos reformistas, entre los que destaca el Polo Democrático, el Partido Comunista Colombiano, las ex guerrillas de las FARC-EP, los maoístas del Partido de los Trabajadores (PT), Colombia Humana, el apoyo crítico del trotskista Partido Socialista de los Trabajadores y otros más.

Mientras que Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, que financió su propia candidatura con su fortuna, por medio de su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA), partido que dice estar a favor del matrimonio homosexual, la mariguana y en algunas situaciones del aborto, consiguió 5, 965, 617 votos, es decir el 28.17 % de los votos.

La sorpresa fue que el candidato del uribismo, Federico (Fico) Gutiérrez de la coalición Equipo por Colombia (ExC), conformada además por otros partidos derechistas, entre ellos el tradicional Partido Conservador, se desplomó al tercer lugar, logrando 5,069,448 el 23.94 %.

Atrás quedaron también otros partidos que se presentaban ante el desprestigio del uribismo, como una cara potable para la burguesía, tal como Sergio Fajardo con su Centro Esperanza, que apenas obtuvo 885,268 votos el 4,18 %; o Ingrid Betancur, ex secuestrada por las FARC con su Partido Verde Oxígeno (liberal-ecologista) con unos exiguos 14,161 votos.

Previamente se había realizado, el 13 de marzo, elecciones legislativas para ambas cámaras (senado y representantes) donde el PH logró la mayoría con 20 y 28 cargos respectivamente y el 17.35 % de los votos; pero los partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, junto a las otras expresiones de centro derecha como la de Fajardo y Betancur obtuvieron buenos resultados. El núcleo del uribismo, Centro Democrático, sufrió una caída, obteniendo pocos congresistas.

Petro logró la mayoría de los departamentos del país, sobre todo las costas Atlántica, y Pacífica, el norte en el llamado eje cafetalero, Bogotá, donde es hegemónico, la tercera ciudad en importancia Cali y las regiones selváticas del sur y sur-este del país. Las primeras donde se concentran buena parte de las desigualdades sociales, al ser los centros más populosos del país y donde el paro de 2021, sobre todo en Cali o Buenaventura en el Pacifico, fue mas fuerte, así como las zonas selváticas donde la falta de acceso a condiciones sociales mínimas es más marcada. 

Por su parte, Hernández logró mayoría en los departamentos del centro, caracterizados por ciudades de menor tamaño, con capas medias numerosas y fronterizas con Venezuela, donde la migración de este país genera presión sobre las condiciones de vida de estos migrantes. Mientras que Fico solo logró la victoria en Antioquía cuya capital es Medellín, la segunda ciudad de importancia de pais y región donde las fuerzas conservadoras son dominantes.

El mismo día que se conocía la victoria del candidato de la LIGA, Fico anunciaba que llamaba a votar por Hernández; la suma de estos votos lograría un triunfo en la segunda vuelta, los votos de Fajardo son mínimos, pero es posible que la mayoría vaya hacia Petro. Por su parte, el Partido Liberal, que en los últimos años dejó de ser, junto al Conservador, uno de los partidos hegemónicos, al igual que éste tiene buena presencia a nivel local; uno de sus principales liderazgos, el ex presidente Ernesto Samper mas proclive a la izquierda, anunció su apoyo a Petro,  mientras que otro caudillo, el también ex presidente Cesar Gaviria, con posturas hacia la derecha, no ha dicho a quién va a apoyar.

Lo cierto es que la suma de los votos de la coalición derechista de Fico, al sumarse hacia Hernández, lograría que éste se corone en la segunda vuelta. Petro tendría que lograr 10 millones más de votos, que, sin embargo, el ascenso de las movilizaciones que se tradujo en votos hacia este los podría lograr, convenciendo al abstencionismo, el cual se situó casi en la mitad del padrón, es más apenas se redujo con respecto a las elecciones anteriores; mientras que los votos nulos y blancos -esta última categoría tiene validez jurídica- suman solo 607,582 votos.

El significado de las elecciones

Los medios pintan el triunfo de Hernández como un outsider, con un mensaje anti-político; éste, por su parte, lanza un discurso contra la corrupción y la mal llamada clase política. Pero lo cierto es que Hernández, con su empresa de construcción Constructora HG, financió a varios candidatos del Partido Liberal en Bucaramanga, y cuando gobernó la alcaldía de esta ciudad, fue denunciado por recetarse proyectos para su empresa en obras públicas municipales. Es más, hace años mostró simpatía con el fascismo, al decir que Hitler había sido un gran pensador alemán, declaraciones de las cuales se retractó.

Sin duda el mensaje de Hernández contra los políticos cautivó a muchos de los votantes, que también se dejaron llevar por el relato anti-comunista contra Petro; así, ambos tipos de votos representan un cuestionamiento a los partidos tradicionales y al heredero de estos, el uribismo, un desafío en todas luces al régimen político neocolonial de Colombia, por ende al candidato de la LIGA no le conviene un apoyo explícito de la coalición ExC, aunque para la burguesía esta es su apuesta.

El voto a Petro y al Pacto Histórico representa una distorsión electoral del ascenso de la movilización social de 2021 contra el uribismo; conformado a partir de sus vínculos con el narcotráfico, los grupos paramilitares, la concentración de la tierra y el extractivismo. Fue un reflejo distorsionado porque desde el mismo petrismo desmovilizó a las masas que pedían la renuncia de Duque, con la esperanza de un triunfo electoral y después Petro ha tratado de mostrarse amigable con los grandes monopolios de la oligarquía, que han sostenido a los partidos tradicionales primero y al uribismo después.

En ese orden, en la interna del PH la segunda candidata más votada fue la líder afrodescendiente Francia Márquez, convirtiéndose en candidata a vice-presidente y que refleja las posturas más radicales contra el sistema político y económico capitalista en su conjunto, al grado que el PST llamó a votar por ella. Por tanto, la única forma de que este binomio logre el triunfo en la segunda vuelta es agudizar las críticas al modelo y al régimen político, comprometiéndose a provocar la movilización revolucionaria de las masas.