Por Leonardo Ixim

En las últimas semanas ha habido procesos electorales en Colombia y México, coincidiendo ambos eventos, con las victorias de Iván Duque Márquez y Andrés Manuel López Obrador respectivamente, dos candidatos de signos distintos y cuyas repercusiones en Centroamérica serán evidentes.

En ambos casos se registra una crisis social y política, producto de años de profundización del modelo neoliberal, países a la vez marcados por la violencia política y social y que además no formaron parte  del ciclo de gobiernos pos neoliberales, aunque al igual que en ésos, algunos sectores se beneficiaron del aumento del precio de las materias primas.

Ambas naciones han sido pieza clave de los intereses geopolíticos gringos, el caso más evidente es Colombia donde existe varias bases militares del ejército estadunidense con el fin de presionar al gobierno chavista de Venezuela con el que existe una serie de problemas territoriales, como la presencia de bandas y grupos armadas en ambos lados de la frontera y recientemente, el éxodo masivo de venezolanos que huyen de la crisis política y social que vive ese país. El Plan Colombia financiado y ejecutado por los gringos para lucha contra las drogas y que propicio la derrota de la insurgencia colombiana y el reciente anuncio del presidente Jorge Santos de ingresar a la Organización de Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lo cual rompe la neutralidad de los países latinoamericanos

México por su parte, desde el gobierno de Felipe Calderón está inmerso en una guerra contra una serie de carteles del narcotráfico con vínculos en Colombia y toda Centroamérica que ha ocasionado casi 100 mil de muertos, además de los señalamientos hacia el ejército y distintas policías sobre graves casos de violación a los derechos humanos, en ese marco. Más recientemente, los acuerdos entre México y Washington para que el primer país actué como dique de contención a la migración centroamericana y de otras regiones del mundo, con la consiguiente violación a los derechos de los migrantes.

Al encontrase Centroamérica entre ambos países desde la época colonial, los acontecimientos de estos repercuten en nuestra nación; es decir, por un lado, en el Triángulo Norte la influencia mexicana es más marcada; en los restantes países más al sur, la presencia colombiana es mayor. Si desde la colonia los apetitos territoriales y administrativos del Virreinato de la Nueva España por un lado y el Virreinato de la Nueva Granada por el otro fueron evidentes, en la actualidad las inversiones de los grupos empresariales de ambos países en la sub-región se hacen sentir, plasmadas en las firmas de tratados y acuerdos de libre comercio con ambos países.

El triunfo de Duque en Colombia

En una segunda vuelta realizada el 17 de junio el derechista Duque se convirtió en presidente con el 54.3%, es decir 10,398,689, de votos; ganando la mayoría de ciudades a excepción de Bogotá que la gano Petro,  consiguiendo éste el 65.6%, 8,044,449 de votos. De un padrón de mas de 36 millones de votantes, el abstencionismo fue el mas bajo en las últimas elecciones, participando el 53,3 % de los inscritos, mas de 19 millones. En la primera vuelta el voto nulo y el blanco, que en Colombia tienen validez legal, fue de un poco mas de 500 mil; mientras que en la segunda vuelta aumentó a más de un millón de votos, reflejo del llamado que hizo el tercer lugar de la primer vuelta el empresario “progresista” Sergio Fajardo, apoyado por partidos procedentes de la guerrilla del M19, como el Polo Democrático y la Alianza Verde.

Previamente hubo elecciones para ambas cámaras del legislativo, senadores y diputados, el 11 de marzo con una participación 48.8 % de votantes, donde el uribismo y los partidos conservadores y tradicionales lograron mayoría de curules.

El caudal de Duque (el candidato cercano al paramilitar Álvaro Uribe) creció, aunque en menor medida que Petro con respecto a la primera vuelta, siendo votado en su mayoría por las otras fuerzas de la política tradicional como liberales, conservadores y otros que en primera vuelta presentaron sus propios candidatos. El voto por Petro creció en casi el 20 % más que en la primera vuelta porque buena parte de los votantes de Fajardo votaron, desoyendo el llamado al voto en blanco. 

Petro también fue un ex guerrillero del M-19 y fue parte el Polo Democrático, hasta que se separó creando su propia agrupación Colombia Humana, que en esta contienda tuvo el apoyo de la Lista de la Decencia, conformada por sectores radicales del liberalismo, el Partido Comunista Colombiano y la Unidad Popular, así como elementos cercanos a las ex guerrillas de las FARC-EP; algunas organizaciones marxistas llamaron a votar críticamente por Petro, mientras que otras mantuvieron una postura  crítica pero ambigua.

Los núcleos de la oligarquía cerraron filas alrededor de Duque, quien prometió revisar los Acuerdos de Paz con las Farc-Ep y las discusiones para firmar acuerdos con el ELN. Duque fue matizando sus opiniones, desde no aceptar los acuerdos de paz en sintonía con varios de sus partidarios, hasta su revisión; centrándose en aspectos como la Jurisdicción Especial para la Paz sobre crímenes cometidos por las partes en la guerra interna, que ya de por si rompía la cadena mando centrándose en los perpetradores materiales de ambas partes y de terceros civiles, pero quedando por fuera los financistas de paramilitares. Ahora Duque propone que los militares y policías responsables de crímenes de derechos humanos no sean investigados por esta jurisdicción sino por tribunales militares y ordinarios del sistema de justicia.

También propone revisar todo lo relacionado con aspectos agrarios que de por sí, las FARC-EP había rebajado en los Acuerdos de Paz, desde su consigna original de reforma agraria a un programa de transferencia de tierras vía mercado, tal como se aplicó en los acuerdos de paz de Centroamérica, respetando las tierras de las comunidades campesinas e indígenas pero a la vez manteniendo el gran latifundio agro-exportador y terrateniente -este último la base del uribismo- mientras se reactivó la sustitución forzada de cultivos ilícitos que Santos había detenido, ahora  por presión de Trump y las Zonas de Desarrollo Económico. Estas serían territorios exonerados impositivamente donde sobresale la gran minería y en lo cual ni Petro proponía revisar, pese a su política de fomento de la agricultura campesina y la sostenibilidad ambiental con el uso de energías no contaminantes.

Por otra parte, se espera más luchas sociales de diversos sectores que combatieron al santismo y a lo cual la izquierda desarmó por considerar a éste un mal menor para hacerle frente al uribismo, que ahora en el poder prepara una serie de contrarreformas en el plano fiscal, laboral y provisional; bajo la rúbrica de equilibrio fiscal, el pago de la deuda y otros pilares de las políticas neoliberales. De los cuales Petro tampoco presentó una propuesta anti-liberal para hacerle frente a esas políticas imperialistas.

Todo esto mientras que el paramilitarismo combinado con las denominadas Bandas Criminales ligados a los carteles de la droga con la complicidad del Estado, sigue asesinando a luchadores sociales, ex guerrilleros y defensores de los derechos humanos. Según la Defensora del Pueblo, desde enero de 2016 hasta febrero del año en curso han asesinado a 160 personas, más otros 90 hasta junio según medios informativos. Mientras que la Misión de Monitorio y Verificación de Naciones Unidas reporta el asesinato de más de 60 ex guerrilleros de las FARC-EP.

La contundente victoria de AMLO

Calificada de tal forma por el arrollador triunfo del candidato presidencial del Movimiento para la Regeneración Nacional (Morena) López Obrador, partido que obtuvo ficha legal recién en 2012 y por la magnitud de las elecciones parciales que se llevaron a cabo, ya que se sustituyó 128 senadores, 500 diputados, 1,696 alcaldías en 24 estados, 16 mas en la gubernatura en la Ciudad de México, 972 diputados estaduales, las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. En total fueron 18 mil cargos públicos, debido a las reformas electorales que el Instituto Nacional de Elecciones realizó, estando aún por resolverse algunas disputas en Tamaulipas y Nuevo León. Además de ser las elecciones más violentas registradas, con más de un centenar de operadores políticos asesinados.

En México la presidencia se elige en primera vuelta bajo el sistema de mayoría relativa, mientras que para las dos cámaras legislativas del Congreso se aplica tanto el sistema de representación proporcional votados en circunscripciones plurinominales como el de mayoría relativa mediante distritos plurinominales. De un total de 56,611,027 personas habilitados, voto el 63,2%, siendo la de mayor participación en los últimos años, aunque registrándose 1,572,114 de votos nulos. Según los datos del cuestionado Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido de los Trabajadores de origen agrarista y el Partido Encuentro Social conformado por evangélicos conservadores y apoyados por otras fuerzas minoritarias marxistas y reformista, consiguió 30,113,483, el 53.9 % de los votos. Además de lograr 307 diputados y 68 senadores y varios cargos menores en diversos estados. En la Ciudad de México, antigua plaza del desprestigiado Partido de la Revolución Democrática (PRD), este fue desbancado asumiendo por primera vez una mujer, Claudia Sheibaum Pados.

En un segundo lugar la coalición Por México al Frente conformada por el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano social-liberal, consiguió 12,610,120 con su candidato el panista Ricardo Anaya Cortes. Ubicándose 130 diputados y 38 senadores; cabe mencionar que el PAN viene de tener presencia con 108 diputaciones y 32 senadurías, mientras que el PRD tenía 53 diputaciones y 7 senadurías.

La hasta ahora coalición oficialista Todos por México, conformada por el otrora poderoso Partido de la Revolución Institucional (PRI) y sus dos partidos satélites el Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), su candidato el ex ministro de hacienda José Antonio Meade Kuribreña  obtuvo  9,289,853, el 16.50 %.  Obteniendo 63 diputaciones y 22 senadurías, cuando en 2012 que volvió a la presidencia después de dos gobiernos del PAN, tuvo 204 diputados y 48 senadores.

Por su parte, los otros dos candidatos independientes José Rodríguez Calderón el Bronco y Margarita Zabala consiguieron el 5.23 % y el 0.05 % respectivamente, considerados ambos reciclajes del PRI y del PAN cada uno.

Un caso especial fue el intento de inscribir otra candidatura independiente por la izquierda, la propuesta por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Consejo Nacional Indígena de la curandera nahua María de Jesús Patricio Marichuy, candidatura que no prosperó porque el INE no reconoció las firmas conseguidas, siendo aún más que las presentadas por los candidatos Rodríguez y Zabala, además de una serie de señalamientos de que muchas de estas fueron falsas. La candidatura de Marichuy consiguió simpatías de la izquierda radical y fuerzas sociales, que de una u otra forma la apoyaron desde partidos marxistas como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Fracción Trotskista, eurocomunistas como el PCM refundado y partidos estalinistas. Las guerrillas, sobre todo el Ejército Popular Revolucionario manifestaron su rechazo al sistema electoral y en algunos estados como Guerrero y Michoacán, donde tienen presencia, no se realizaron elecciones en algunos municipios. Estas fuerzas son las que han mostrado por la izquierda más dudas acerca de los compromisos democratizantes de AMLO.

Lo evidente, además de la mayoría arrolladora de Morena, es el descalabro del PRI, que fue el factor de dominación en su alianza entre empresarios y burocracias sindicales por más de 70 años, la desaparición del PRD que en algunos estados perdió el registro, quien se consideró la pata izquierda del régimen político. Y la caída del PAN, el otro factor de dominación que hegemonizó la mal llamada transición democrática con los gobiernos de Fox y Calderón, artificies de la sanguinaria guerra contra el narco. Además de que los tres partidos y otros más pequeños, han sido los sostenedores del Pacto por México, programa neoliberal que privatiza la industria petrolera e impone una serie de contrarreformas laborales y educativas.

La caída del PRI

El PRI regresó al ejecutivo federal después de una serie de artificios para evitar el triunfo de AMLO en 2012, con Enrique Peña Nieto. Desde el inicio se encontró con la oposición popular, el Yo soy 132 contra el retorno del PRI, la oposición de la CNTE a la reforma educativa, el gasolinazo y las protestas que ocasionó, el asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, las movilizaciones que causaron visualizando hastió a los partidos del régimen, traduciéndose en la votación masiva López Obrador.

Si en 2006 se realizó un fraude contra éste al modificar los resultados del PREP, generando movilizaciones que López no profundizó, reproduciendo los hechos de 1988 y el fraude monumental contra Cuauhtémoc Cárdenas por Salinas de Gortari.  Se puede rastrear la crisis del régimen desde 1988 aunque la transición democrática sirvió para atajarla.

En esta ocasión, para ser potable a segmentos de la burguesía mexicana y bajo su discurso de fortalecer el mercado interno -lo cual demuestra también una crisis al interior de la clase dominante- se acercó a empresarios, algunos con relaciones ya cultivadas como Carlos Slim, atrayendo a una serie de politiqueros corruptos pese a su discurso contra la corrupción de los partidos del régimen. Ha anunciado que a la par del fortalecimiento del mercado interno, la revisión del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica -que de hecho desmanteló la industria y la sustituyó por una industria ensambladora y destruyó la producción agropecuaria- mantendrá el déficit fiscal cero, el control de la banca central por los poderes fácticos y  que no revertirá la política de apertura de la estatal  Pemex;  pero generando políticas sociales asistenciales para tratar de sacar de la pobreza a grandes segmentos de la población, lo cual fue melodía para los hogares mexicanos sumidos en esa situación.

Sin duda la victoria de AMLO despierta simpatía en los trabajadores mexicanos que esperan medidas más contundentes que las anunciadas, como el crecimiento de los salarios, el fin de la importación de gasolina y la construcción de refinerías que anunció, el mejoramiento de las condiciones sociales para detener la migración,  la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, la reversión de la reforma educativa que también anunció. Pero para evitar una crisis   orgánica, segmentos de la burguesía en su enfrentamiento con Trump necesitan de cierto nacionalismo que López Obrador encarna, las consecuencias  de esta ambivalencia sobre los derechos civiles, sociales, culturales o sexuales-reproductivos, un empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, el mantenimiento de la despojo de recursos naturales  y la esperanzas rotas que puede ocasionar,  puede generar una serie de movilizaciones que la izquierda radical tendría que capitalizar.


Por Leonardo Ixim

En los recientemente meses ha habido en todo el Cono Sur importantes movilizaciones populares en Brasil, Argentina, Chile y en menor medida Paraguay y Uruguay.

Consideramos importante dar a conocer nuestro punto de vista sobre estas movilizaciones, pues pese a su lejanía de Centroamérica, son importantes para nuestra región y por ende las luchas populares y obreras que allí se producen repercuten en la movilización popular en toda Latinoamérica. Argentina y Brasil son potencias regionales en el plano económico, siendo las naciones más industrializadas junto a México, aunque el intercambio en todos los ámbitos con Centroamérica, sea limitado.

Estos países del sur fueron gobernados por partidos identificados como “progresistas” durante los años transcurridos del siglo actual, con Néstor y Cristina Kirchner del Frente Por la Victoria (FPV) -una rama hacia la izquierda del histórico Partido Justicialista (peronista)- y Lula Da Silva y Dilma Rusself del Partido de los Trabajadores (PT).

En el primer país, el ascenso del kichnerismo se registró tras la crisis orgánica estatal y las sublevaciones populares del 19 y 20 de diciembre de 2001. Esta corriente proveniente del peronismo -histórico partido de contención de las lucha de clases- reorganizó el descalabrado régimen político después de la tormenta neoliberal de Menen y relegitimó el Estado capitalista, otorgando conquistas sociales importantes; teniendo como adláteres a la izquierda reformista, los caudillos locales peronistas y las burocracias de las centrales sindicales, que en este país gozan de fuerte membresía, es decir, la Central General de Trabajadores (fraccionada en tres corrientes) y la Central de Trabajadores Argentinos (partida en dos corrientes).

En Brasil, el PT llega al gobierno a partir de un proceso acumulativo, ante el desprestigio de los partidos de derecha, en 2003, con Lula que gobernó dos periodos consecutivos y posteriormente los gobiernos de Rusself. Este partido fue formado por elementos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de los Sin Tierra (MST), en los últimos años de la dictadura, siendo la movilización contra ésta, al igual que Argentina, angular para su caída. El PT sin embargo, fue moderando su discurso y su programa originalmente crítico al capitalismo, aliándose con partidos de derecha.

La era Macri

En 2014, Mauricio Macri lograba el triunfo electoral tras competir en segunda vuelta contra el candidato del kichnerismo, Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Macri asumía el gobierno federal en una alianza entre su partido, el ultra liberal Partido por la Reforma (PRO), la histórica Unión Cívica Radical (UCR) de perfil socialdemócrata, pero lejos ya de ese pasado ideológico.

Macri asume el gobierno con importante apoyo obrero, tras el descalabro del denominado modelo K, que buscaba crear un mercado interno y una burguesía nacionalista -utopía recurrente del peronismo- en un momento en que la inflación aquejaba los salarios, la falta de liquidez de la economía por el encarecimiento del dólar ante la baja de los precios de los commodites, el aumento del desempleo, que en el primer gobierno de Néstor Kirchner se redujo considerablemente, y la persistencia del trabajo flexibilizado y en negro.

A la burguesía le convenía recargar la crisis en los trabajadores y Macri, que anunciaba la llegada de inversiones, inició una serie de despidos en la administración pública, a lo cual se sumaban las del sector privado durante Cristina de Kirchner y que gobernadores de distinto signo -entre ellos del mismo FPV- también han realizado. Si bien el tema inflacionario ha sido medianamente controlado, el desempleo y la carestía de la vida afecta a la clase trabajadora; a esto se suma la eliminación de medidas progresivas puestas por el kichnerismo, como la eliminación de impuestos a la exportación de productos agropecuarios, liberalización de precios y la entrega de recursos naturales, que venían ya durante el gobierno anterior.

Tras la crisis de 2001, un fenómeno interesante adquirió fuerza dentro de los centros de trabajo, organizándose sindicatos que rompieron con las burocracias más próximas y de las centrales en algunos casos, o creando corrientes combativas en todos los niveles, muchas vinculadas a partidos de izquierda que se definen trotskistas. Primero como producto de la efervescencia por mejoras laborales y posteriormente producto de la crisis económica persistente. El kichnerismo controló parcialmente desde los grandes sindicatos este fenómeno, sin embargo, ya en el segundo gobierno de Cristina, en la misma burocracia de las dos centrales aparecieron signos de separación, en función de sus intereses como casta por un lado y de fortalecimiento del sindicalismo combativo, por otro.

En este marco y como forma de contrarrestar la proscriptiva ley electoral que impone filtros para poder participar, se conforma entre tres partidos trotskistas, el Frente de Izquierda de los Trabajadores; recientemente otros dos partidos han conformado el Frente al Socialismo. Estas son alianzas electorales marcadas por muchas diferencias estratégicas y tácticas, pero siendo un avance su existencia, por ser polos marxistas aunque sea en el plano electoral.

Durante el macrismo, la oposición del kirchnerismo, peronista y de otros partidos, han acompañado muchas medidas anti-populares. De esa forma, muchos sindicatos y corrientes combativas han exigido a las centrales sindicales que realicen acciones contundentes como paros para detener la ola de despidos y el encarecimiento de la vida. Estas por su parte, paralizaron el país el 6 de abril, pero después de mucha presión, bajo mucha crítica por lo limitado de la acción y como forma de rebajar la presión social hacia el gobierno.

Temer, el gobierno débil y ajustador

Durante el segundo gobierno de Rusself, ésta había afrontado una serie de movilizaciones en 2013 contra el encarecimiento de los servicios públicos, su mal estado y los excesos en recursos para las obras de los eventos deportivos que se dieron en ese país. Cuestión que fue acompañado de una constante represión a las comunidades pobres, habitadas en su mayoría por afro-descendientes.

La crisis de los commodites afectó este país de igual forma que a Argentina, aunque por tener una base industrial y la existencia de inversión extranjera asentada en esta rama económica mayor, el problema de liquidez fue menor. Pero obligó al gobierno federal a reducir una serie de programas sociales del cual el PT fue estrella y a respaldar a las burocracias sindicales que acordaron despidos y reducción de beneficios laborales.

Dilma se reeligió en 2014, con una ventaja mínima pero clara contra el principal candidato de la derecha, Aecio Neves del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). Para atenuar los recortes sociales que su gobierno venía haciendo en consonancia con los dictados del FMI, hizo malabarismos para mover recursos de empresas estatales a los presupuestos del gobierno. Esta situación, más la investigación por sobornos de empresas constructoras a todos los partidos denominada “Lava Jato” pusieron en jaque al PT -pues el sistema de justicia se centró en contra de este partido aunque todos se beneficiaran. Así en un golpe parlamentario dirigido por el en ese entonces vice presidente Michel Temer y su partido el PMDB, aliado hasta ese momento del PT, la destituyen del gobierno.

Esta operación judicial y mediática -por el papel acusador de los medios de comunicación- es un arma que distintos núcleos de la burguesía usan contra la posible candidatura de Lula, que sigue siendo el político con más popularidad, pese al descalabro reciente en las elecciones municipales del PT y contra el mismo Temer, que fue parte de estos esquemas corruptos. Al cual el PSDB también ha tenido réditos.

Temer tiene una muy baja popularidad, manteniéndose (no se agilizan las investigaciones en contra suya) pues tiene la misión de aplicar una serie de reformas anti-obreras, que ampliarán las jubilaciones de los y las trabajadores, eliminarán la obligación de firmar contratos colectivos, promoverán la tercerización del trabajo y continuará la privatización de la empresa petrolera estatal Petrobras iniciada por Rusself. Depende de que logre esto si se mantiene hasta las elecciones presidenciales en 2018.

Sin embargo, la rabia popular y sobre todo obrera, contra estas medidas se hicieron sentir, e igual que en Argentina se presionó a las centrales sindicales como la CUT, CTB, Fuerza Sindical y otras, que en el caso de la primera le apuesta a reconstruir la base social a favor del PT, a realizar un paro el pasado 28 de abril. Pese a que los medios y el gobierno trataron de minimizarlo, se paró buena parte de este gigante, principalmente el transporte, los servicios públicos, muchas industrias, pequeños negocios, etc., catalogando este paro como uno de los mayores en la historia de Brasil.

En otros países se han dado sendas movilizaciones: En Chile durante varios meses contra una reforma educativa neoliberal promovida por un gobierno con apoyo de partidos de izquierda y contra el sistema privado de pensiones. En Uruguay, dirigido también por el izquierdista Frente Amplio, de parte de trabajadores estatales contra recortes salariales. En Paraguay, gobernado por el derechista Partido Colorado donde el presidente Horacio Cartes busca reelegirse apoyado por el izquierdista Fernando Lugo, destituido por otro golpe parlamentario promovido por los colorados; aquí recientemente, tras movilizaciones en frente del Congreso, las masas entraron al recinto de ese poder y lo quemaron, y tras el asesinato de un joven por parte de la policía, lograron que el proyecto de reelección se retire temporalmente.


Por Úrsula Coj

Si la elección del magnate Donald Trump, un verdadero outsider, fue calificada por la mayoría de observadores políticos y medios de comunicación del orbe como una sorpresa, sus primeras medidas, que en la campaña electoral ya había anunciado, han causado incertidumbre a nivel internacional.

Trump emergió arrolladoramente en la nominación por el Partido Republicano -sin pertenecer a éste- sacando del juego a candidatos afines y pertenecientes a las élites estadunidenses como Jef Bush y otros. Desde ese momento y más en la campaña, se caracterizó por poner en el centro el ataque a la emigración, su misoginia y la islamofobia, el proteccionismo económico ante China y México, en menor medida hacia Alemania, anunciando además que la OTÁN era demasiado costosa y que los socios de Estados Unidos deberían pagar los costos de las operaciones militares y bases en el extranjero; y paradójicamente anunciando un entendimiento con Vladimir Putin sobre todo en el combate al yihadismo islámico.

La toma de posesión el 20 de enero de parte de Trump y su vicepresidente Mike Pence fue recibida por la mayoría del pueblo estadunidense con repudio, realizando grandes manifestaciones el día de la toma y al día siguiente, donde varias organizaciones de mujeres convocaron a masivas concentraciones, que según las organizadoras se sumaron más de un millón de personas, mientras que las concentraciones de Trump llegaron a lo sumo, a 500 mil en todo el país.

El fenómeno Trump

La crisis capitalista mundial iniciada en 2007-2008, con la quiebra de la mega corporación financiera Lehman Brothers, provocó tanto en el plano económico como en el político, una severa crisis disparando los índices de desempleo en los países imperialistas, la caída del crecimiento económico y los índices de productividad, entre otros aspectos; poniendo en tela de juicio proyectos como la Unión Europea y en sí, todo el proyecto de liberalización capitalista promovido por la oligarquía financiera mundial, sobre todo gringa, posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Esta crítica a los efectos de la liberalización con tónica neoliberal implementada en el último cuarto del siglo pasado, ha catapultado a formaciones de extrema derecha en Europa, que tras el triunfo del Brexit, agarraron mayor fuerza con el triunfo de Trump; a la espera estaría el Frente Nacional de Francia y expresiones euroescépticas en Italia. Con el nuevo presidente gringo, toda la chusma fascista y racista de ese país, esta envalentonada y las agresiones contra personas no blancas están a la orden del día. Sin embargo, el triunfo de Trump no contó solo con el voto de la extrema derecha, sino de sectores de la clase obrera blanca que han sido afectados por la internacionalización de los procesos productivos, perdiendo sus empleos, y votaron por sus demagógicas promesas.

Muchos de estos votantes, procedentes del denominado Cinturón del Óxido en los estados de los grandes lagos, la mayoría votantes demócratas, concibieron el voto por el magnate como una forma de repudio al Partido Demócrata. Y es que la promesa de Trump consiste en regresar los empleos industriales a Estados Unidos, de ahí sus amenazas de imponer aranceles a las importaciones mexicanas y chinas, algunas de capital estadunidense. Sin embargo, esta propuesta es un retroceso en la rueda de la historia, porque la denominada internacionalización no solo es producto de la búsqueda de bajos costos salariales para los empresarios, sino de la automatización de los procesos productivos. Así como el hecho de que las trasnacionales deslocalizan la producción en cadenas diseminadas en diversas partes del mundo.

Trump, con un discurso contra las élites de Wall Street, es decir la facción oligárquica del capital financiero, cautivó algunos sectores de los votantes, así como con su promesa de generar condiciones para que la burguesía invierta en infraestructura, vía exoneraciones fiscales y créditos. Pero la conformación del gabinete (al cual en la democracia imperial una comisión bicameral del Congreso le da el visto bueno), sobresalen empresarios o gerentes de trasnacionales. Comenzando por el titular del Departamento de Estado Rex Tillerson ex Ceo de Exxon Mobil, cercano a Putin y socio con la estatal petrolera rusa en inversiones en el Ártico; o Steven Muchin otro ex Ceo de Goldman Sacha, entre otros. Algunos analistas consideran esto como similar a lo que realizó Reagan no sin efectos perniciosos para la economía, en lo que se refiere a la inversión en armamento y aranceles a importaciones japonesas.

¿Hacia un bonapartismo?

Sin embargo, son los cambios en materia de defensa y seguridad los que han provocado reacciones en círculos progresistas y de izquierda. En la cartera de defensa fue nombrado James “perro loco” Mattis, un militar en activo que se lo nombra infringiendo cierta tradición de no nombrarlos. En la Secretaría de Seguridad Interior a Michael Flynn encargado de operaciones de seguridad de las tropas invasoras en Irak y Afganistán, caracterizado por su “islamofobia”, al igual que el nuevo director de la CIA Mike Pompeo. A cargo del poderosísimo Consejo Nacional de Seguridad estará John Kelly, ex comandante del Comando Sur y considerado más cercano a la línea impulsada por Obama, de presionar vía el tema derechos humanos y lucha contra la corrupción. No por nada éste y Tillerson, anunciaron que continuará el Plan Alianza Para la Prosperidad y los acompañamientos a la CICIG, la MACCIH, en Guatemala y Honduras respectivamente, y la cooperación con el gobierno del efemelenista en El Salvador.

En ese sentido Trump reformó los mecanismos en mención, la reforma más importante en 69 años, tanto el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad de la Patria, eran articulados por la Casa Blanca, con el respaldo del Estado Mayor Conjunto y la CIA. Ahora tanto el Estado Mayor Conjunto como en un inicio la CIA estarían solo si el presidente lo solicita; sin embargo, sectores de las élites lo rechazaron y Trump autorizó que el director de la CIA estuviera permanentemente. Esto en un horizonte que se presume de mayor bonapartismo de parte de Trump, para controlar lo que se considera, la columna vertebral del Deep State.

Sin embargo, esta tendencia aun es imprevisible; en las primeras medidas del gobierno de Trump, además de ordenar el inicio de la construcción del muro, decretó que se vede durante un tiempo el ingreso de ciudadanos de varios países musulmanes, entre ellos Siria, Irak, Irán, Libia, Sudan, etc.; medida que generó protestas en aeropuertos y en otras partes, así como cuestionamientos de estos gobiernos. De por sí con Irán la situación había empeorado pues Trump anunció sanciones a este país por las pruebas de misiles de mediano alcance realizadas por la teocracia chií, aunque el acuerdo nuclear no se vaya a detener. Sin embargo, esta medida migratoria fue declarada inconstitucional por un juez federal del Estado de Washington y ratificada por una Corte de Apelaciones, poniendo en evidencia que en materia migratoria como en otras, tal como le pasó a Obama pero desde otro ángulo, existe un conflictos sobre jurisdiccionalidad entre la federación y los estados.

Contra México y la región

Pese a atacar a China -que se muestra ahora paladín del libre comercio-, de haber dado la orden de no proseguir las negociaciones del Acuerdo Transpacífico y que lo mas probable se repita con el Acuerdo Transatlántico, este energúmeno se enfila contra el pueblo mexicano y todo el pueblo latinoamericano que por necesidad económica tiene que emigrar hacia el norte.

Con el cacareado Muro, que de hecho fue iniciado en el gobierno de Clinton, que Bush hijo y Obama continuaron con la militarización de la frontera sur, Trump se propone construir un muro físico, que según algunos analistas mínimo costaría US$ 20 mil millones, además de los daños ecológicos y el costo humano para los compatriotas que pretenden irse para allá. Así, ante la negativa del gobierno mexicano de pagar este muro, éste se costearía con el aumento de los aranceles a las exportaciones mexicanas, además de anunciar la renegociación del Nafta.

Esto ha provocado temor en la burguesía mexicana, sobre todo la que esta interconectada a las inversiones gringas en los estados fronterizos. Ésta y la casta política de ese país y hasta partidos de izquierda como Morena, se llenan la boca de “unidad nacional”; justo ahora que el gobierno de Peña Nieto se encuentra desprestigiado, el PAN y el PRI anuncian un pacto para garantizar las elecciones en 2018.

Esto ante las movilizaciones constantes contra el gasolinazo producto de la apertura petrolera que afecta al monopolio estatal Pemex, en un país exportador de petróleo donde la refinación y elaboración de combustibles ha decaído, importando de afuera. Por tanto, la unidad con un gobierno espurio, responsable del desaparecimiento de los estudiantes de Ayotzinapa, que además hace el trabajo sucio de los gringos contra los migrantes centroamericanos y de otras regiones que buscan moverse para el norte, es inconcebible

La renegociación del Nafta puede implicar mayores beneficios para la facción burguesa que se acuerpa con Trump, sobre los intereses de la burguesía mexicana. Después de este acuerdo de libre comercio estaría la revisión del CAFTA con Centroamérica, pero sobre todo lo que viene es un ataque mayor, contra la clase trabajadora de la región, obstaculizando el deseo de migrar. Manteniendo la política del garrote y la zanahoria, vía traspaso de recursos a las policías y los ejércitos, y a programas de prevención del crimen y de desarrollo social con ONGS al servicio del imperio. En todo esto los gobiernos de Centroamérica -de izquierda y de derecha- tal como el de México, esperan que Trump suavice tales medidas y que sigan llegando las migajas del imperialismo.


Por Orson Mojica

Después de arrastrar una crisis crónica en los últimos años, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de Luis Almagro, inició una ofensiva política contra el gobierno de Nicolás Maduro para forzarlo a negociar con la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la convocatoria al referéndum revocatorio para realizarse este año.

El día martes 31 de Mayo, Luis Almagro, ex canciller uruguayo y ahora Secretario General de la OEA, después de un intenso cabildeo, decidió invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, suscrita por todos los países de América Latina en el año 2001.

La Carta Democrática: arma contra los gobiernos populistas

La suscripción de este engañoso tratado de defensa de la democracia burguesa, fue promovida por el gobierno de Estados Unidos ante el ascenso de gobiernos populistas de izquierda en América Latina.

Hugo Chávez tomo posesión como Presidente de Venezuela en Febrero de 1999, iniciando un ciclo de auge de gobiernos. No fue una casualidad que el tratado sobre la Carta Democrática Interamericana, fuera aprobada el 11 de septiembre de 2001, en una sesión especial de la Asamblea de la OEA en Lima, Perú. La trascendencia de la Carta Democrática no era percibida por la algarabía de las fuerzas nacionalistas que ascendían al gobierno por medio de los votos.

Estos gobiernos, aunque mantuvieron incólume el sistema capitalista, renegociaron con las transnacionales las tasas de ganancia y aprovecharon el boom de las exportaciones para implementar programas asistencialistas, pero mantuvieron algún grado de enfrentamientos o roces con el imperialismo, especialmente en los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, desarrollando regímenes bonapartistas, más o menos fuertes, con características propias en cada caso particular.

Pero la crisis del capitalismo, la baja del precio de las materias primas, ha agudizado la crisis económica de estos gobiernos nacionalistas, aumentando la penuria de las masas. Todos los gobiernos populistas de izquierda de América Latina están en crisis.

Mientras se produjo el boom exportador de materias primas, y estos gobiernos populistas garantizaban mínimamente condiciones de vida aceptables para las masas, no era necesario invocar la Carta Democrática de la OEA

Pero la crisis capitalista, y el descenso de los precios del petróleo, ha provocado dificultades económicas, endureciendo los regímenes bonapartistas que tratan a toda costa de mantenerse en el poder, limitando las libertades democráticas, siendo el caso más emblemático el del chavismo en Venezuela. Aquí es donde se activa el seguro de la Carta Democrática de la OEA.

La bandera de la defensa de la democracia burguesa y la defensa de los derechos humanos se han transformado en las principales armas políticas e ideológicas del imperialismo norteamericano contra los gobiernos nacionalistas de izquierda en América Latina.

La crisis en Venezuela y los errores del chavismo

Venezuela es el país del ALBA donde la crisis económica se siente con todo su furor, por el desplome de los precios del petróleo, la principal fuente de divisas. De ser el principal sostén del ALBA, Venezuela ha caído en el abismo, con un violento descenso de los niveles de vida y de consumo de las masas populares. Todas las conquistas materiales que obtuvieron las masas en el primer periodo del chavismo, cuando Chávez vivía y los precios del petróleo eran altísimos, se han esfumado. Esta es la base material que alimenta una ruptura de importantes sectores de masas con su antigua conducción chavista.

Cuando el petróleo se vendía a precios altísimos, Chávez logró infligir graves derrotas electorales a sus adversarios. Pero esa situación ya no existe. El año pasado la oposición derechista venezolana logró obtener la mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional, algo impensable hace algunos años, asestando un duro golpe político al chavismo.

La crisis económica es una dura realidad, nadie lo puede negar, pero esta crisis de ha agudizado por el modelo asistencialista del chavismo, agravada con el hecho que Venezuela nunca rompió su dependencia del petróleo. El presidente Nicolás Maduro y el gobernante PSUV, estaban en la obligación de cambiar el modelo fracasado, dotarse de una política para combatir la crisis capitalista y evitar la penuria del movimiento de masas, pero no lo hicieron.

El ALBA fue un espejismo, una deformación del pensamiento latinoamericanista de Simón Bolívar, porque no propugnó por la real integración económica de los países miembros, sino por un mayor intercambio comercial que fortalecía a una burguesía compradora, la llamada “boli burguesía”, que manejaba y se enriquecía con el cuantioso presupuesto venezolano. Cuba salió beneficiada porque obtuvo un respiro con el crédito de la factura petrolera, pero no hay nada más que mencionar.

El bonapartismo reaccionario de Nicolás Maduro

Ahora, en periodo de crisis, pocos dólares que reúnen el gobierno de Maduro son otorgados a los empresarios, se priorizan gastos superfluos en vez de garantizar el abastecimiento popular. Los salarios se deterioran rápidamente, debilitando a los trabajadores y con ello una posible alternativa revolucionaria de izquierda. El hambre y la miseria se han apoderado de Venezuela, acrecentando el descontento popular.

El cerco se estrecha cada vez más. El chavismo sufre una erosión social, resiste estáticamente las embestidas de la derecha, atrincherado en las instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), destapando las características antidemocráticas del régimen bonapartista, limitando las libertades democráticas.

Con el pretexto de contener el avance de la derecha, el gobierno de Nicolás Maduro, reprime las huelgas y cualquier manifestación de protesta de los trabajadores, al mismo tiempo que reprime las manifestaciones políticas de la oposición derechista.

El régimen bonapartista sui generis de la época de Hugo Chávez ha sido sustituido por un bonapartismo reaccionario, antidemocrático.

El bonapartismo de Maduro es cada vez más reaccionario, al grado tal que, ante la recolecta de firmas y petición de la oposición derechista para convocar a un referendo revocatorio, un derecho democrático elemental rescatado por el chavismo y plasmado en la Constitución actual, el gobierno de Nicolás Maduro niega esa posibilidad y contradice los propios orígenes democráticos del chavismo.

El chavismo resiste para negociar

El descontento popular contra el gobierno de Nicolás Maduro crece día a día, por eso la oposición derechista insiste en revocar el mandato presidencial de Nicolás Maduro, para recuperar el poder perdido en 1999.

Por su parte, el chavismo ha tenido una política dual. Por un lado, inicia negociaciones en República Dominicana, con la mediación del expresidente español, Luis Rodríguez Zapatero. Por el otro lado, resiste, contiene la respiración, tratando de imponer una negociación que permita la sobrevivencia del gobierno de Maduro, o en el peor de los casos aceptar el referendo revocatorio hasta el próximo año, para diferir la caída del gobierno de Maduro, y que sea sustituido por el vicepresidente Jorge Arreaza. Todo en la perspectiva de que los precios del petróleo vuelvan a subir, y superar de esta manera la crisis económica.

Las reuniones preparatorias de la OEA

En la reunión de cancilleres de la OEA, realizada en República Dominicana, estos se mostraron conciliadores y acordaron que la asamblea general no conocerá la crisis en Venezuela, sino el Consejo Permanente de la OEA el 23 de Junio en Washington. Danilo Medina, presidente de República Dominicana, expresó: “(…) apoyamos sin reservas todas las iniciativas de diálogo que conduzcan, con apego a la Constitución y el pleno respeto a los derechos humanos, a la resolución de la efectiva diferencia entre los sectores políticos. En especial respaldamos la iniciativa puesta en marcha en nuestro país por UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) con el concurso de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá para la reapertura de un diálogo efectivo entre el Gobierno venezolano y los sectores de oposición".

Mientras tanto, John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, presionó por la liberación de Leopoldo López y otros dirigentes de la derecha prisioneros del chavismo, y por la convocatoria al referendo revocatorio como una salida electoral a la crisis.

No cabe la menor duda que hay un proceso de negociación en marcha, desde UNASUR y en la propia OEA, aunque no están claros sus resultados

La salida pasa por convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y luchar contra la crisis económica

Ninguna maniobra política está garantizada debido a la gravedad de la crisis económica en Venezuela. El país está el borde de la guerra civil. Sectores el Ejercito han manifestado su descontento contra el gobierno de Maduro, al que acusan de traicionar el legado de Hugo Chávez. A diario se producen saqueos de la población hambrienta, las que son reprimidas violentamente. Estamos ante un Caracazo en cámara lenta, diferido, porque el chavismo aún conserva el control.

En realidad, el referendo revocatorio es una maniobra de la derecha y una trampa mortal que busca canalizar el descontento popular a las instituciones de la democracia burguesa. Si bien es cierto el referendo revocatorio constituye un derecho democrático del pueblo venezolano, las intenciones son siniestras.

Por ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que para defender las pocas conquistas de la revolución democrática chavista que aún quedan en pie, se requiere convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que discuta como tema central como salir de la crisis económica, como romper la dependencia de los precios del petróleo y proceda a una reorganización democrática del Estado.

Es necesario que el pueblo venezolano decida su futuro sin injerencias imperialistas o de sus títeres de la OEA, llamamos a rechazar la injerencia de la OEA y del imperialismo norteamericano en la crisis venezolana.

Llamamos a la izquierda de Venezuela, al movimiento obrero, a cerrar filas en torno a un programa revolucionario que permita imponer el monopolio del comercio exterior, para que las divisas sean usadas en programas de abastecimiento popular. De igual manera, se requiere imponer el control de los trabajadores sobre la producción y distribución de productos, para evitar la especulación y la corrupción.

Llamamos a los sectores de izquierda dentro del chavismo a desmarcarse y romper con el gobierno de Nicolás Maduro y a luchar consecuentemente por los postulados democráticos que dicen defender.

La lucha contra la crisis económica pasa por aprobar de inmediato medidas de control sobre las empresas, garantizado el salario justo y el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

El otro camino conduce a caer en la trampa democrática que el imperialismo y sus agentes han venido tejiendo pacientemente, esperando este momento oportuno.


Por Leonardo Ixim

La votación del pasado domingo 17 de abril por la Cámara Baja del Congreso con 367 votos a favor, de 567 diputados, aprobó el Impeachment sobre la presidenta Dilma Roussef del Partido de los Trabajadores (PT), profundizando la situación de crisis política en este país, abriendo la posibilidad del aumento de las luchas sociales y de clases en el gigante sudamericano.

Le tocaría al Senado Federal definir la situación después de las deliberaciones de un comité especial y la aprobación su informe por mayoría simple, en lo cual todo parece que el PT tendría las de perder.

La génesis de la crisis

Las movilizaciones de 2013 protagonizadas por la juventud, evidenciaron que pese a las políticas asistenciales impulsadas por el PT que permitieron sacar de la pobreza a millones de brasileños a partir de posibilitarles el consumo básico, eran insuficientes. Tales movilizaciones exigían mejoras en las condiciones de la salud y la educación pública, la democratización del espacio radio eléctrico, puestos de trabajo y precios bajos para el transporte público, entre otras demandas.

El gobierno de Roussef reaccionó canalizando muchas de estas propuestas en una serie de mecanismos burocráticos hacia reformas constitucionales que nunca realizaron. Por su parte, las organizaciones sociales aliadas al gobierno como la Central Única de Trabajadores (CUT), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), los sin tierra del MST, los sin techo del Msts, en lugar de profundizar tales demandas por medio de una Asamblea Constituyente, acompañaron la deriva institucionalista.

En el 2003 el PT llegó al gobierno después de varios intentos de Lula Da Silva, ex lider sindical, para convertirse en presidente. Este partido es producto de las movilizaciones y confluencia de varias organizaciones como la CUT y el MST a inicios de los 80s del siglo pasado, en el marco de la lucha contra la dictadura militar impuesta tras el golpe de estado pro yanqui de 1963. En el transcurso de su existencia, este partido fue modificando su programa hasta convertirse en reformista.

El gobierno de Lula por su parte, se encargó de mantener el esquema neoliberal impuesto por el gobierno del Psdb en 1995 a la cabeza del sociólogo Fernando Enrique Cardozo, quien gobernó por dos periodos. La diferencia estriba en que mientras Cardozo desnacionalizó la economía y privatizó el fuerte sector estatal de la economía, Lula y después Roussef, evitaron seguir privatizando, manteniendo empresas mixtas como la petrolera Petrobras, la aeronáutica Embraer, la siderúrgica Vale do Rio Doce, entre otras, permitiendo a privados volverse accionistas.

Como parte de los gobiernos post neoliberales, dentro del ciclo progresista en la década pasada, el PT aplicó una serie de programas de transferencias condicionadas como Bolsa Familia, de construcción de viviendas, una mejora mínima de los ingresos salariales, todo esto dentro de lógicas orientadas por los organismos financieros internacionales para paliar las condiciones de pobreza provocadas por el ajuste y los recortes sociales.

Esto, al igual que otros gobiernos progresistas, unos más radicales (donde se nacionalizaron ciertos recursos naturales, lo cual Brasil no realizó), aprovecharon los altos precios de las materias primas y el fuerte crecimiento chino que permitió redirigir los presupuestos públicos para atender las demandas sociales. Esto sin tocar las injustas estructuras fiscales o la reforma agraria, una demanda histórica del campesinado brasileño; por otro lado, los gobiernos del PT continuaron, al igual que el kichnerismo o el Frente Amplio en Uruguay y Lugo en Paraguay, con el modelo agroexportador latifundista. Sectores como el financiero han tenido en todos estos gobiernos formidables ganancias, sin que se les aplique impuestos sobre las ganancias.

Los detonantes

Tras la caída de los precios de estos bienes exportables, las economías de estos países manifestaron síntomas de crisis. El caso de Brasil es paradigmático, con una caída del PIB de más del 4 %, un endeudamiento considerable tanto público como privado, al grado que Petrobras tiene deudas por 300 mil millones de dólares. El desempleo afecta al 10 % de la PEA; la burguesía paulista, ensambladora en su mayoría, que ha sido beneficiada con la inyección de dinero y permitiéndoles el despido de obreros, sin que las centrales oficialistas realicen un plan de lucha, ahora temen que la competencia china los desbanque; por tal motivo la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo y la del Estado de Rio de Janeiro, se encarrilan al tren de la destitución.

El PT por su parte, se comportó como otro partido burgués, aliándose a partidos conservadores como el Pmdb -partido que representa los barones locales provenientes de la dictadura- como el propio vice presidente Michel Termer, uno de los principales beneficiarios del golpe. Ya durante el gobierno de Lula se acusó al PT de sobornar a distintos congresistas, pues amarró una serie de acuerdos con partiditos donde prima el transfugismo y la corrupción, muchos de estos como el Pmdb, ahora opuesto a Roussef

Al igual que la operación de Lava Jato, un esquema de sobornos para beneficiar a empresas de construcción para obras de Petrobras y del Estado, donde se vincula a Lula. Esta investigación dirigida por el juez Sergio Moro evidencia el papel central del poder judicial y el Supremo Tribunal de Justicia para actuar contra ciertas elites en favor de otras, pues tanto Termer como los presidentes del senado y de los diputados Renan Calheiro y Eduardo Cunha respectivamente, promotores de Impeachment, salen implicados.

La oposición y sus figuras principales, como el ex candidato del Psdb Aecio Neves, el ex gobernador de Sao Paulo Jose Serra y la ex candidata del partido Rede Marina Silva ex ministra de ambiente de Dilma, tampoco se escapan del esquema de corrupción relacionado a sobornos por obras públicas, financiamiento ilegal electoral, entre otras cosas. De tal forma que el New York Times calificó como canallada el proceso de destitución, por ser promovido por una casta igualmente corrupta.

El caso de Dilma

A la presidente no se le acusa de ningún caso de apropiación o desvío de fondos, sino de utilizar la bicicleta fiscal. Lo cual consiste en el uso de dinero de bancos públicos para reducir el déficit fiscal y financiar los programas asistenciales. Dinero procedente de las reservas monetarias del Banco Central, ya que se permite que las ganancias de operaciones monetarias y cambiarias se usen a para necesidades gubernamentales. Ante eso, los medios neoliberales llaman a cerrar el grifo de los recursos financieros. Por otro lado, el endeudamiento de las familias, sobre todo con programas de adquisiciones de viviendas, anuncia una burbuja financiera, de la cual los bancos, los grandes ganadores del modelo, se atemorizan. Estos, que han sido reacios apoyar el Impeachment, también se dejan llevar por la corriente golpista.

En este ambiente se dan movilizaciones a favor y en contra. La derecha impulsa a sectores acomodados, algunos con consignas reaccionarias como el llamado al regreso a los militares. Mientras que los movimientos sociales afines al PT desde finales del año pasado crean organismos como los Frente Pueblo Sin Miedo y Brasil Popular, para hacerle frente al golpe y a las medidas de ajuste que el segundo gobierno de Dilma impulsa en la llamada Agenda Brasil, como recortes en los seguros de desempleo, congelamiento de salarios, privatizaciones parciales en Petrobras en el yacimiento de Pre-sal, leyes represivas anti protestas, etc. Pero sin romper con el PT y impulsar fuertes medidas como huelgas generales, para parar el ajuste tanto del oficialismo como el que se vendría, si Termer llega a la presidencia o si se convocara a nuevas elecciones bajo un aparato electoral beneficioso para la oposición de derecha.

En ese sentido, los movimientos y partidos hacia la izquierda se encuentran divididos. Unos como el Pstu -parte de la Litci- y Conlultas, que bajo su consigna “que se vayan todos” termina apoyando la destitución; el Psol –el cual es un partido de tendencias- se encuentra dividido entre pedir nuevas elecciones o movilizarse para lograr una Asamblea Constituyente y denunciar el Impeachment, postura a la cual se suma la Intersindical del Partido Comunista Brasileño o el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, entre algunas más; la cual compartimos.

Nosotros consideramos que este proceso de destitución, pese a que está establecido en la Constitución Política brasileña -tal fue el caso de Collor de Melo- que en ese momento la mayoría de brasileños apoyaron, sin existir (según varios juristas) causa administrativa real, es una forma de golpe de estado técnico, donde sectores conservadores dentro de la justicia y el legislativo, sin tomar en cuenta la voluntad mayoritaria de la población, y más bien a sus espaldas, buscan relevar a una elite burguesa como el PT y aplicar un programa de ajuste más pronunciado.

El PT sirvió a los intereses del bloque en el poder mientras hubo bonanza económica, permitiendo transferir recursos para los más pobres. Pero a medida que la crisis mundial se agudiza, muchas fracciones del bloque buscarían, al igual que en Argentina, un gobierno más afín a sus intereses. Lo que viene será eliminar conquistas de la clase obrera como el aumento de salarios según el costo de la vida o la negociación de pactos según el sector económico.

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