El presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Alvaro Uribe, dos zorros del mismo piñal

Por Leonardo Ixim.

Con el 29 % de los votos, el candidato de la extrema derecha Oscar Iván Zuluaga, patrocinado por el ex presidente Álvaro Uribe del partido Centro Democrático (CD), se impuso sobre el actual presidente Juan Manuel Santos del partido Unidad Nacional (UN) -apoyado por el tradicional Partido Liberal- quien tuvo el 25%. Atrás quedaron el Partido Conservador con Martha Lucía Ramírez con el 15 %; Clara López de la alianza de izquierda Polo Democrático Independiente (PDI) y la Unión Patriótica (UP); y el centroizquierdista de la Alianza Verde de Enrique Peñalosa con el 8 %.

Pero el gran ganador de estas elecciones fue el abstencionismo, que se situó en casi un 60 %; es decir, no votaron 20 millones de colombianos, de 33 millones llamados a votar. Este dato junto al voto blanco o nulo que se sitúo en un poco más del 8 %, evidencia el descontento de la población hacia un sistema electoral que no considera representativo. Por su parte, algunas organizaciones de izquierda, entre ellas la sección colombiana de la LIT y movimientos sociales, hicieron un llamado al voto en blanco, mientras otras al abstencionismo. De estos resultados se pueden sacar muchas conclusiones; una es que buena parte de la población colombiana, aunque no mayoritaria, tiene una clara preferencia por partidos de la derecha, hecho visto en la reciente elección legislativa, donde tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes tendrán mayoría estos partidos.

Un monstruo de dos cabezas

Es bueno no olvidar el origen común de Santos y Uribe; el actual presidente fue ministro de defensa en el segundo gobierno de Uribe. Ambos fundaron la Unidad Nacional (UN), una mezcolanza de políticos liberales y conservadores claramente cercanos a los intereses de latifundistas vinculados al narcotráfico y financistas de las bandas paramilitares. Éstos han asesinado y desaparecido en los últimos años a una gran cantidad de luchadores sociales como parte de la estrategia de desplazamiento forzado del campesinado colombiano para despojarlos de sus tierras y territorios e implantar mega proyectos mineros y grandes cultivos extensivos.

Santos y Uribe fueron cómplices de las más grandes atrocidades contra el pueblo colombiano que la “democracia más vieja del continente” realizó, usando sobre todo el paramilitarismo y en menor medida el ejército y la policía. Paradójicamente, una característica de esta democracia semi-autoritaria son los resquicios del Estado de derecho. Así, se intentó afectar las relaciones construidas desde el uribismo y el paramilitarismo en la política burguesa, y se vinculó y en algunos casos se detuvo a muchos políticos miembros de este entramado.   Esta situación golpeó a la UN y una facción de ésta con Santos a la cabeza, expulsó a Uribe y a sus seguidores, quienes formaron el partido CD.

Esto va de la mano de la elección de Santos como presidente en 2010, quien apoyado por los grandes monopolios oligárquicos busca restarle fuerza a los sectores burgueses emergentes del uribismo, a su salida guerrerista a la guerra interna y mejorar las deterioradas relaciones diplomáticas con sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde Uribe apoyó a las fuerzas de la extrema derecha que buscan en todo momento sacar al chavismo del poder. Esto también va de la mano del giro al centro de Chávez, por ejemplo con el arresto a miembros de las Farc-Ep en Venezuela y su extradición a Colombia o el apoyo que Santos y Chávez le dieron a la salida traidora en Honduras con el Acuerdo de Cartagena y la consolidación del régimen post golpe.

El telón de fondo

Las elecciones y su alto abstencionismo, tienen como telón la crisis que el neoliberalismo ha provocado en la sociedad colombiana. En los últimos meses se han dado una serie de paros de sectores campesinos y de pequeños empresarios rurales fuertemente reprimidos por el gobierno de Santos, que buscan salvaguardas ante los efectos de los TLCs sobre todo con Estados Unidos, que han destruido la producción rural.

Pese a que en los últimos años el PIB ha crecido un 4 %, la Inversión Extranjera Directa en 2013 fue de US$17 mil millones, la distribución de la riqueza sigue siendo, en palabras de la Cepal, insuficiente (El Espectador 1/06/14).El desempleo se redujo 1,9 % situándose en 9%, mientras que para 2014 mejorara la IED, pese según la Cepal, a que los precios de las materias primas -principal bien de exportación- se encuentran en deterioro (El Tiempo 1/06/14). Estas cifras ponen en evidencia que el modelo económico implementado tras la introducción del neoliberalismo en Colombia y en toda América Latina, ha implicado la reprimarización de la actividad productiva, la quiebra de la industria, el crecimiento del desempleo y sobre todo el aparecimiento del sub empleo y/o empleo precario.

A la par de este crecimiento económico, que entre sus perlas se encuentra la expansión de trasnacionales colombianas a Centroamérica, las luchas del proletariado están a la orden del día. Primero, el estudiantado evitó la aplicación de una privatizante ley de educación superior; huelgas obreras en empresas mineras de carbón y de extracción de petróleo, entre cuyas demandas, además de mejores condiciones laborales, está la constante amenaza y muerte de sindicalistas, una de las practicas más comunes en este país; empleados públicos por mejoras salariales, hace unos meses los judiciales y recientemente los maestros, que se movilizaron para cuestionar los sistemas de evaluación -una tónica en toda la región- al centrar el sistema de escalafones solamente en las remuneraciones y no en la mejora de la calidad (El espectador 1/06/14).

Por tanto, se puede decir que desde la última presidencia de Uribe y con más fuerza con Santos, las luchas contra el modelo económico y el régimen político con matices fuertemente autoritarios, son una constante, donde las elecciones siempre son síntomas distorsionados de la lucha de clases, pero necesarios como claves configuradoras de la realidades políticas. Esto se traduce en los altos niveles de abstencionismo pero también en el voto en blanco, nulo, o por las candidaturas de Peñalosa y de izquierda reformista de López y en cierto sentido, bajo la peligrosa expresión del voto útil aunque anti Santos, por las otras opciones de derecha.

En ese marco, como parte de las campañas, las negociaciones entre las Farc y el gobierno de Colombia fueron parte fundamental. Por un lado el uribismo denunciando esto como una “impunidad para los delincuentes” expresando no solo los intereses del paramilitarismo latifundista sino la visión de algunos sectores conservadores de la sociedad que adversa n a las guerrillas. Santos por su parte, retomó las negociaciones como bandera, autoproclamándose como “el candidato de la paz y el futuro”.

Las dos opciones de izquierda y el conservadurismo más cercano al uribismo por su parte, cuestionaron el monopolio propagandista que Santos hizo de las negociaciones; la candidata de la alianza UP-PDI la más contundente, reclamando el cese de la guerra antes de la firma de algún acuerdo total de paz y la realización de reformas más profundas al modelo, pero sin presentar un horizonte anticapitalista.

Las negociaciones en La Habana

Previo a las elecciones, tanto las Farc como el ELN acordaron una tregua, situación que se mantiene, sin que el gobierno actúe recíprocamente. En ese sentido, Santos, que fue escogido por el uribismo para derrotar a las guerrillas, dio un giro, negociando un proceso de 5 puntos, a saber: desarrollo rural, garantías para el ejercicio político de la oposición, cultivos ilícitos, incorporación de la Farc y firma del acuerdo de paz. Hasta ahora hay acuerdos en los dos primeros puntos y se está negociando el tercero.

Este proceso, que sigue los esquemas aplicados en Centroamérica, plantea soluciones reformistas, pese a tocar problemáticas estructurales de la sociedad. En el primer acuerdo no se habla de reforma agraria, sino de recuperación de tierras mal habidas e improductivas, de registro catastral y a lo sumo de apoyo a la economía campesina. En el segundo punto no se menciona el desmontaje del paramilitarismo, medidas de reparación y justicia a las víctimas, el papel del ejército ni la desmilitarizaron de la policía, a lo sumo se habla de creación de un sistema de participación donde se dé garantías a la oposición política y del ejercicio del quehacer de los movimientos sociales. Sobre el tercer punto, a pesar de mencionar la destrucción consensuada de los cultivos ilícitos con los campesinos, en última instancia se deja a las fuerzas de seguridad la represión cuando no hay consenso; y no se tocan temas como la regularización de estos cultivos en un escenario post despenalización.

Como sea, esta agenda es producto del fracaso del guerrillerismo, de la falta de reforzamiento de las bases campesinas con reformas agrarias de hecho y de desconexión con las masas urbanas. Con esto y el uso indiscriminado del terrorismo por algún tiempo, las Farc generaron un rechazo de algunos sectores de las clases medias que son la base del uribismo y del santismo.

Después de la primera vuelta, los dos contendientes están a la caza de los abstencionistas que se concentraron sobre todo en Bogotá, donde la centro-izquierda ha tenido victorias. En el juego de las alianzas, las dos candidaturas van bajo la polarización de seguir o no la guerra; apoyan a Santos el progresismo del alcalde Petro de Bogotá que apoyó a Peñalosa, el Partido Comunista con la UP y la facción liberal de Piedad Córdoba, además la maquinaria del Partido Liberal. El PDI y otros sectores que apoyaron a los verdes dejaron a sus votantes en libertad de elegir. Mientras que los conservadores se dividen entre apoyar a Santos o a Zuluaga y éste por su parte, con los acuerdos alcanzados con Ramírez, suaviza su discurso contra la paz.

Consideramos que ni Santos como Zuluaga son una opción, representan la continuación de las políticas neoliberales, aunque el primero como expresión de intereses de los monopolios tradiciones. Si le apuestan a la paz, en el plano regional tendrían una política de acercamiento con los gobiernos burgueses antiimperialistas y sus giros neoliberales en el mantenimiento de Celac. Consideramos también que esta guerra es innecesaria y no es la vía para el pleno ejercicio de los derechos de los colombianos, siendo la movilización constante, disputando el poder a las distintas fracciones de la burguesía y la búsqueda de una paz real, la verdadera opción

Nicolás Maduro ha aceptado la mediación de la Iglesia Católica, para llegar a acuerdos reaccionarios con la oposición burguesa

Por Orson Mojica

En medio del caos de las movilizaciones impulsadas por la oposición burguesa, la represión, los muertos y heridos, poco a poco se va aclarando hacia dónde va Venezuela. Este proceso no es rectilíneo, pero ya existe una tendencia que los socialistas debemos analizar.

La Resolución de la OEA, se inicia el giro hacia la negociación

Contrario a lo pronosticado, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió en Washington el 7 de Marzo y no resolvió la intervención armada, ni nada por el estilo, sino que decidió respaldar las iniciativas del gobierno de Nicolás Maduro para que continúe “avanzando en el proceso de diálogo nacional, hacia la reconciliación política y social, en el marco del pleno respeto a las garantías constitucionales de todos y por parte de todos los actores democráticos”.

Esta resolución fue votada por 29 Estados a favor, y 3 en contra (Estados Unidos, Canadá y Panamá), en un aparente aislamiento de la política del imperialismo norteamericano.

Al día siguiente, el 8 de Marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración oficial manifestando que "Estados Unidos no puede estar de acuerdo con una declaración que expresa el total apoyo de la OEA al proceso de diálogo orquestado por un solo actor (…) La OEA no puede aprobar un diálogo en el que la mayoría de la oposición no tiene fe ni voz e incluya una tercera parte en la que todos puedan confiar" (EFE, 8/3/2014).

Como se puede observar, el gobierno de Estados Unidos no se opone a la política de Diálogo Nacional que impulsa el presidente Maduro, sino a las condiciones en que éste sería convocado. Quiere acuerdos sustanciales que sean respetados. Es una importante diferencia de matices, pero que no cuestiona la política de diálogo con la oposición. Al imperialismo norteamericano le interesan cambios graduales en el régimen político, y no conmociones revolucionarias que pongan en peligro el statu quo regional.

Fracaso parcial de la “Conferencia Nacional por la Paz”

Un día antes de la Resolución de la OEA, el gobierno de Nicolás Maduro convocó unilateralmente a la “Conferencia Nacional por la Paz” con los partidos políticos de la oposición burguesa, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), cuyo principal dirigente es el ex candidato presidencial Henrique Capriles.

Como era de esperarse, la MUD se negó a asistir al diálogo, boicoteándolo, pero las cúpulas empresariales sí asistieron y se sentaron ávidas a negociar con el gobierno. Ante el fracaso parcial de la convocatoria, Maduro no enterró la política de Diálogo Nacional, sino que propuso mantenerla con vida al “establecer una Comisión de Coordinación y Enlace de todos los que nos hemos convocado hoy aquí (…) la que se encargará de procesar todas las propuestas (…) No hagamos un drama de que alguien haya dicho que no viene, busquemos que diga que sí viene a la próxima reunión o a la próxima jornada".

En esa reunión, Jorge Roig, presidente de FEDECÁMARAS, el estado mayor de la burguesía venezolana, declaró solemnemente: "Nuestro país no está bien, Presidente; nos estamos matando entre venezolanos, y eso es grave. Usted tiene una responsabilidad, como jefe de Estado, es el primer responsable de calmar los ánimos en el país. En Fedecámaras creemos en el diálogo. Cometimos errores en Fedecámaras, y los hemos reconocido, pasemos esa página, Fedecámaras no está para sustituir a ningún gobierno".

Entonces, ante el boicot de la MUD, el diálogo se mantiene diferido entre el gobierno y las cúpulas empresariales, que discuten como tema central la crisis económica que golpea a Venezuela, quedando pendiente el vital tema de los cambios al régimen político.

Primer gran golpe: la devaluación encubierta del bolívar

La renta petrolera de Venezuela permite el ingreso de miles de millones de dólares que, al final del camino, terminan en manos de los empresarios y de las transnacionales petroleras.

En los últimos años, el chavismo impulsó el control de divisas debido a un creciente déficit en su balanza de pagos por el agotamiento de las reservas internacionales en dólares. Con precios bajos del petróleo a nivel internacional, la caída constante en la productividad de PDVSA, y el enorme gasto público que representan los programas de asistencia social o “misiones”, el déficit fiscal se ha disparado en los últimos años.

El resultado práctico es la devaluación constante aunque camuflada del bolívar en los hechos. Las consecuencias las pagan la clase media y los sectores populares, en la medida en que casi todos los productos de consumo se compran en el extranjero en dólares. Este es el origen de la escasez de productos de consumo popular, que han alimentado las movilizaciones de la oposición de derecha.

Aprovechando la confusión y el caos, el 24 de Marzo el gobierno de Maduro anunció la implementación del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD-II), que es un sistema de venta de dólares, y que viene a sustituir al fracasado SICAD-I. Se acabó el periodo de tasa fija en la venta de dólares y de restricciones a la venta de divisas. La liberación del mercado de divisas ha sido una vieja reivindicación de la burguesía venezolana. El SICAD-II va en esa dirección aunque coyunturalmente golpea a la burguesía que especulaba con las divisas vendidas a precios oficiales, que no eran los precios reales del mercado.

Con el SICAD-I la tasa de cambio del dólar era superior a los 10 bolívares, con el SICAD II, pasa a más de 50 bolívares. Actualmente el tipo de cambio oficial presenta una sobrevaloración de entre el 78 y el 120 por ciento.

En el fondo, esto es el inicio de una marcha hacia atrás del modelo chavista de capitalismo de Estado y de control del mercado de divisas. El camino hacia la liberalización de la economía ya está en marcha. En adelante, cualquier persona o empresa podrá comprar divisas, a precios fluctuantes, ante los operadores de cambio autorizados.

Jorge Roig, presidente FEDECÁMARAS, calificó la implementación del SISCAD-II como “una devaluación. No hay que hablar con medias tintas. El Sicad 2 y el Sicad 1 es una devaluación. Todo aquel dólar que se venda por encima del dólar oficial se llama devaluación (…) es un paso en la dirección correcta. Lo ideal es que todo esto vaya confluyendo a que tengamos un cambio único con el tiempo” (EFE, 27/3/2014).

La satisfacción de los empresarios venezolanos ya no se puede ocultar. Ahora FEDECÁMARAS está peleando para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declare la nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos, por medio de la cual el gobierno de Maduro ha pretendido vanamente controlar los precios del mercado.

El Vaticano y la Iglesia Católica como mediadores

Gustavo Cisneros, el principal magnate venezolano, presidente de la Junta Directiva de la Organización Cisneros, y quien participa en el diálogo de los empresarios con el gobierno de Maduro, escribió un artículo en el diario El País, de España, que resume la estrategia de diálogo de la oligarquía, la cual pide a gritos a la Iglesia Católica como garante de los posibles acuerdos del Diálogo Nacional: “Con la violencia en ascenso, la situación en Venezuela ha alcanzado un punto insostenible al cual no podemos ser ajenos (…) Venezuela necesita tomar para encontrar —de mutuo acuerdo—, la senda de la paz, la reconciliación y el crecimiento (…) En este contexto —tal como diversos personajes han propuesto ya— la intervención de una figura al margen de cualquier interés político, como la del Papa Francisco y la ecuánime cancillería del Vaticano, emergen como la opción más viable. (…) La Conferencia Episcopal Venezolana tiene la confianza del país y podría tomar parte de este arbitraje y del establecimiento de un ambiente propicio para un diálogo sin exclusiones. (…) Venezuela requiere de la unión de Gobierno, instituciones, partidos políticos y ciudadanos, de un debate constructivo que nos permita recuperar esa Venezuela de oportunidades, de progreso y de bienestar” (ElPaís, 19/3/2014).

Esta postura fue retomada, días después, por Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, quien elogió la labor de los cancilleres de UNASUR, pero al mismo tiempo dijo:"El secretario (de Estado John) Kerry y yo hemos dicho, ciertamente, que hay una serie de opciones sobre la mesa para fomentar una solución pacífica en Venezuela, una de ellas podrían ser las sanciones pero no puedo predecir qué tipo (de sanciones) serían (…) En lo que realmente estamos concentrados ahora mismo es en intentar identificar, en que ambas partes identifiquen y se pongan de acuerdo sobre un mediador” (El Universal, 28/3/2014).

Y la bola de nieve ya comenzó a rodar. El Papa Francisco ofreció, mediante una carta secreta, que la Iglesia Católica podría jugar ese papel de mediador en Venezuela. Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, dijo que el Vaticano y su secretario de Estado, Pietro Parolin, “conoce bien y ama a Venezuela, ya que fue nuncio apostólico allí, están dispuestos y deseosos de hacer lo que sea posible por el bien y la serenidad del país” (Página 12, 31/3/2014).

Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la MUD, agradeció el posible nombramiento y envío del cardenal Pietro Parolin, como mediador de la crisis venezolana. Pero lo más sorprendente fue la aceptación del presidente Maduro, sobre el rol de la Iglesia Católica en el conflicto: “Que venga el secretario de Estado, canciller del Vaticano, Pietro Parolin, que fue embajador aquí. Qué venga, pues. Pobrecito, le van a hacer perder el tiempo. Estoy de acuerdo ¿Quieren que venga? ¡Que venga!" (EFE 30/3/2014).

Pero se equivocan quienes creen que la Iglesia Católica es un hueso fácil de roer. Con un lenguaje religioso o humanitario, los curas saben lo que quieren. Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, ha dicho que las actuales protestas "tienen su origen en la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado plan de la patria, detrás del cual se esconde la imposición de un gobierno totalitario (…) Los exhortamos (al gobierno y la oposición) al diálogo y a poner todo su esfuerzo por construir nuevas relaciones basadas en el mutuo reconocimiento, la reconciliación y la búsqueda de la normalización de la situación nacional (…) La salida de la crisis es clara, el diálogo sincero del gobierno con todos los sectores del país, con una agenda previa y condiciones de igualdad (…) El gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza, la represión no es el camino, con ella no han podido evitar las manifestaciones de protesta, ni dar respuesta al descontento y la rebeldía de la gente” (AFP y CNN).

¿Hacia la reforma negociada del régimen bonapartista?

Las piezas del ajedrez de la negociación política se van poniendo poco a poco en el orden que el imperialismo norteamericano y la burguesía venezolana anhelan, preparando paulatinamente, en medio de las mutuas acusaciones y enfrentamientos callejeros, las condiciones para acuerdos reaccionarios.

Y esto no es una exageración polémica de nuestra parte, sino que proviene de la boca del canciller Elías Jaua:“Nosotros no vamos al diálogo condicionados, ni porque nos amenazan ni porque ejerzan algún tipo de chantaje (…) “Nosotros no vamos a un diálogo porque nos amenace Estados Unidos o porque nos chantajee la oposición, sino porque el país no merece una guerra entre hermanos. Es hora de establecer un juego democrático” (varias agencias).

El discurso de los altos funcionarios del gobierno de Maduro ha venido cambiado rápidamente, pasando de la confrontación a la abierta conciliación. Todos comienzan a coincidir en la necesidad de liberalizar la asfixiada economía, y también aflojar el estricto control del régimen bonapartista que instauró Hugo Chávez. Pero una cosa son las coincidencias generales y otra, muy diferente, el desmantelamiento gradual del modelo chavista. Hay muchos intereses materiales en juego. Los trabajadores venezolanos deben crear su propia alternativa independiente.

Por Maximiliano Fuentes

A casi un año del fallecimiento del Ex Presidente de la República bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez Frias, las bases edificadas por su gobierno parecieran derrumbarse. El clima de intensas movilizaciones ha logrado sacudir al gobierno de Maduro, sucesor de Chávez. ¿A qué se debe este vuelco en la relación de fuerzas? Hasta hace algunos años era impensable un levantamiento popular contra el gobierno de Hugo Chávez; no obstante a un año de su fallecimiento la derecha ha logrado amalgamar fuerzas tomando las calles ha puesto en la encrucijada al gobierno de Maduro, quien intenta a toda costa mantenerse en el poder, y por ello ha tenido que convocar al gran diálogo nacional para llegar a acuerdos con las fuerzas que atentan contra su gobierno.

Los últimos acontecimientos han dado vuelta al mundo, y sin duda alguna han despertado el interés de analistas y de los grupos de oposición. En el caso específico de Centroamérica el chavismo tiene una enorme influencia política y económica, específicamente sobre el FSLN de Nicaragua y sobre el FMLN de El Salvador. La influencia política del chavismo es tan grande en Centroamérica que la mayoría de los grupos de izquierda aclaman a esta corriente sin darse cuenta de su verdadera procedencia. Por tal razón, para los socialistas centroamericanos es de vital importancia analizar el proceso, ya que un eventual cambio de gobierno traería repercusiones directas en la vida política y económica de la región centroamericana. No obstante, todo pareciera canalizarse por la vía de la negociación ante y no hacia una guerra civil, en ese sentido, la orientación de la derecha ha dado fructíferos resultados, dado que con el gran diálogo nacional se aseguran crear las bases para negociar una transición política y de esa manera relegar al chavismo del control del aparato estatal.

Un poco de historia

El chavismo representa un proyecto nacionalista burgués, que no goza del apoyo del sector industrial y empresarial tradicional de Venezuela. Desde 1999, cuando Chávez ascendió a la presidencia, apoyado en las masas y en sector de las fuerzas armadas, se dio a la tarea de reformar gradualmente las instituciones del Estado, estableciendo un régimen bonapartista sui generis, que se apoyaba en las masas para regatear los ingresos de la renta petrolera a los Estados Unidos y las transnacionales petroleras.

En este agitado proceso político, que incluyó el golpe de Estado del año 2002, Chávez mantuvo la estrategia de repartir una parte de la renta petrolera entre los sectores más pobres, a través de los programas sociales conocidos como “misiones”, al mismo tiempo que nacionalizaba una parte de la industria. Con ello creó una poderosa base social que le permitió ganar muchas elecciones, y realizar los cambios institucionales sin mayores traumas. El modelo económico del chavismo no es socialista, aunque haya inventado el slogan del “socialismo del siglo 21”, sino que es un capitalismo de Estado, que tiene la ventaja de contar con los miles de millones de dólares que produce la renta petrolera.

A la par del capitalismo de Estado, el chavismo impulsó el proyecto nacionalista burgués latinoamericano del ALBA, que permitió oxigenar a la economía cubana con petróleo al crédito, y que creó amistades y dependencias políticas en torno al tratado de PETROCARIBE, en momentos en que el precio del petróleo se disparaba.

Los recursos petroleros explican en última instancia la relativa fuerza del chavismo, cómo logró tener influencia dentro de la OEA con sus aliados, cómo impulsó la CELAC, cómo llegó tener preponderancia dentro del MERCOSUR, etc. El problema es que el modelo del capitalismo de Estado con el ALBA está en crisis. En vez de promover una industrialización de Venezuela, subsidiando la industria y la agricultura, como lo hizo México bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas, el chavismo extendió el modelo de clientela política que tenía el interior de Venezuela, trasladándolo a la relación con los gobiernos del ALBA, utilizando en ambos casos los recursos petroleros.

Detrás de este modelo se incubó una nueva burguesía, encargada de comprar alimentos y manufacturas en el exterior, ya que la producción de Venezuela es mínima. Venezuela depende totalmente de su petróleo. Al utilizar los recursos del petróleo para comprar casi todo en el exterior, el sector que maneja actualmente el Estado se enriquece y provoca el conflicto con el otro sector de la burguesía que queda fuera de los beneficios de la renta petrolera. Este es el origen material del largo conflicto inter burgués en Venezuela.

Cuando los ingresos se reducen, el chavismo ha comenzado a racionar la venta de divisas, provocando mayores conflictos con otros sectores de la burguesía, que aprovechan la situación de penuria de las masas, para incitar a la rebelión contra el gobierno de Maduro.

El detonante de las movilizaciones

El detonante de las recientes movilizaciones fue el recorte de la venta de divisas para los medios de comunicación, que le son adversos al chavismo. Hasta ahora, la oposición burguesa se ha mantenido unida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que levantó en dos ocasiones la candidatura del gobernador Henrique Capriles Radonski, primero contra Chávez en 2012 y después contra el sucesor Maduro en 2013.

La MUD no ha mantenido la política de derrocar al gobierno, sencillamente porque no puede, sino de obligar al gobierno de Maduro a negociar, para que cambie su política económica de capitalismo de Estado, liberalizando aún más la economía, creando las condiciones políticas para una transición que no implique una nueva revolución, o el surgimiento de otro Chávez.

Pero el estallido de las movilizaciones estudiantiles en Febrero del 2014, muestran una fractura en la oposición burguesa, producto de la enorme presión social que provoca la crisis económica en Venezuela. Como casi siempre ocurre, la clase media pasa a luchar bajo banderas democráticas, esperando que el resto de las masas la sigan. Esto no es así en Venezuela, porque a pesar del enorme descontento social, el chavismo sigue manteniendo el control sobre los trabajadores y las masas populares, a través de los programas sociales y subsidios.

Existen roces y algunas diferencias entre Henrique Capriles y Leopoldo López, que tienen que ver con el método y la política para enfrentar al chavismo. Capriles pretende negociar con el gobierno, mientras que Leopoldo López se inclina por presionar en las calles. En el fondo, no son contradictorias, sino que se complementan, independiente de la rivalidad por el liderazgo.

La política de Capriles es de presionar para dialogar con el Gobierno de Maduro: "No queremos más heridos ni muertos en nuestro país (…) hay mucho interés del Gobierno en mantener la violencia (…) El diálogo no es para escuchar lo que el Gobierno quiere decir, sino para escuchar lo que las personas están pidiendo. Ustedes se llevaron preso a Leopoldo López para mantener al país en confrontación (…) Los golpes los dan las fuerzas armadas, los civiles no damos golpes de Estado. Después de ver las conductas de los funcionarios del Gobierno, pareciera que es obvio que es eso lo que quieren (…) Si debo resumir en una palabra el pedido del Papa, es diálogo y le pidió al presidente venezolano que permita que la Iglesia sea mediadora (…) Nunca respaldamos el 'vete ya. No le acepto más a Maduro que califique a la mitad del país de fascista. No pisen el peine de la violencia. A no seguir un libreto macabro de los que están en el poder y saben de la fragilidad de su gobierno. No respaldamos el 'vete ya', pero hay sectores del Gobierno que parecieran querer solicitar el 'Dios dado, vente ya'" (infobae.com).

La realidad ha catapultado a la palestra política nacional de Venezuela a nuevos dirigentes políticos, como es el caso de Leopoldo López. Este no es un desconocido, fue alcalde del municipio metropolitano de Chacao por dos períodos. En el año en 2000, fue elegido con el 51% de los votos para su primer período en la alcaldía de Chacao, el municipio más rico de la gran Caracas, y en su reelección, en 2004, arrasó con 81%. Después, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos tras ser acusado de haber recibido recursos de la estatal PDVSA en el año 1998 (todavía no había triunfado Chávez), para fundar el partido Primero Justicia, que ha sido gran opositor al chavismo. Leopoldo López obtuvo una sentencia favorable de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte CIDH), lo que provocó que Venezuela se retirara de estos organismos en septiembre del 2013.

López representa un ala radical del campo de la democracia burguesa. Con las movilizaciones estudiantiles, López está creando condiciones para solicitar el referendo revocatorio. En este proceso se han producido movilizaciones, enfrentamientos con el resultado de muertos y heridos.

Las enormes contradicciones sociales producto de la crisis del modelo económico del chavismo y las diferencias interburguesas producto de la reducción de la rentabilidad son algunos de los factores causales de la actual crisis en Venezuela, sin embargo ante la represión del gobierno y ante la manipulación de las instituciones de la derecha, desde este peldaño del mundo y concretamente desde el PSOCA, hacemos un llamado a los trabajadores de Venezuela a movilizarse por la defensa de sus libertades democráticas, sobre todo por el derecho de huelga y desde luego a luchar contra la crisis económica. Esto no implica movilizarse al lado de Capriles o de Lopez, sino defender el legítimo derecho a la movilización contra la crisis económica.

El programa de lucha debe de obligar al gobierno de Maduro a que tome medidas para combatir la agobiante crisis económica y a respetar las libertades democráticas.

Por Leonardo Ixim
Tal como vaticinaban todas las encuestas, Michelle Bachelet, candidata de Nueva Mayoría (NM) con el 46.69 % y Evelin Mathei con 25.18 de la derechista Alianza por Chile, pasaron a la segunda vuelta a realizarse el 15 de diciembre próximo. Atrás quedaron candidatos como Francisco Parisi con 10,17 % y Marco Enríquez-Ominiani con 10,82 %, candidatos con perfiles centristas y, por lo menos este último, con un cierto discurso antineoliberal.
Sin embargo, para la candidata de Nueva Mayoría -la Concertación por la Democracia ahora con el Partido Comunista Chileno- el resultado fue una sorpresa porque Bachelet y su comando de campaña esperaban una victoria fácil en primera vuelta. Por otro lado, para la candidata de la derecha el pasar a segunda vuelta fue toda una sorpresa.
La causa de la sorpresa estriba en que las posibilidades de voto por la derecha eran reducidas comparadas con NM, debido al desgaste sufrido por el actual presidente Sebastián Piñera, el primer gobierno de la Alianza desde que Chile reinstaló la democracia burguesa en 1990. Recordemos el tumultuoso gobierno de Piñera, desde sus primeros días cuando se dio el terremoto y tsunami que afectó la región sur, el descontento de los afectados por el sismo hasta las movilizaciones multitudinarias de estudiantes y trabajadores desde 2011 hasta la fecha exigiendo principalmente educación gratuita, nacionalización total del cobre, de los sistemas de pensiones, la defensa del territorio mapuche de las trasnacionales, por mejoras salariales y en contra del trabajo en negro, derechos sociales básicos y una nueva constitución que rompa con todas estas herencias de la dictadura neoliberal de Augusto Pinochet.
Pese a la baja popularidad y los conflictos en la coalición gobernante, NM muestra un discurso triunfalista. Pero el resultado de las elecciones pone en aprietos las pretensiones de la Concertación reciclada. A nivel del parlamento, en el senado, según el Servicio de Elecciones (Servel) habrá una leve mayoría de la NM con 12 senadores, mientras que la Alianza tendrá 9; por su parte en la cámara baja de diputados NM tendrá 67 diputados y la Alianza tendrá 49. Por su parte en Consejos regionales -primera vez que se eligen- también hay una leve mayoría de NM.
Los partidos minoritarios entre ellos algunos candidatos con programas antineoliberales tales como Macel Claude del Partido Humanista (PH), aliado a una serie de partidos y grupos de izquierda, algunos troskistas y algunas escisiones del PCCH, así como la candidata del Partido por la Igualdad Roxana Miranda y Alfredo Sfeir de una agrupación ecologista, además de los pocos votos obtenidos, debido al forma del sistema electoral, conocido como binominal, quedan fuera del parlamento y apenas sacan representantes en los Consejos Regionales.
Las patas del modelo
Una de las grandes herencias de la dictadura es el sistema binominal, un complejo sistema creado para mantener “la estabilidad de la democracia” y por tanto excluir a fuerzas minoritarias aduciendo evitar la fragmentación política, lo que en efecto logra, pero sobre todo excluir a fuerzas con programas críticos al modelo neoliberal o de ruptura.
Sin adentrarnos a las particularidades del sistema electoral por su complejidad, este se caracteriza sobre todo por otorgar la representación en el parlamento a dos candidatos por circunscripción, que pueden ser tanto de un mismo partido o alianza o de las dos principales. Es decir el sistema fue creado para que con transición a la democracia dos fuerzas hegemonizaran los órganos de gobierno.
Las dos patas de la mesa han sido, la Concertación ahora NM y la Alianza. La primera ha gobernado desde el regreso a la democracia hasta el 2009, con Patricio Alwin primero, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet sucesivamente, hasta que asume Piñera de la Alianza. La Concertación ha estado formada por el Partido Demócrata Cristiano, (PDC), el Partido Socialista (PS), el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD) y el Partido Por la Democracia (PPD)
El papel de la Concertación, ahora Nueva Mayoría con la inclusión de los comunistas y otras fuerzas pequeñas de izquierda, ha sido llevar a cabo esta transición o en palabras de Moreno, la reacción democrática, profundizando el modelo neoliberal impuesto desde Pinochet, caracterizado por la privatización de los servicios públicos, bienes estratégicos y la reprimarización de la economía, reconvirtiéndola en minero-exportadora. El cobre es el recurso más importante que se encuentra en el subsuelo chileno, y Chile es el principal exportador de cobre, al grado que más del 65 % de la producción mundial de cobre es chilena.
Los partidos que componen Nueva Mayoría
Entre los partidos que han conformado la Concertación  (Nueva Mayoría), sobresalen el Demócrata Cristiano, partido de larga data caracterizado por un tibio reformismo y parte del entramado anticomunista mundial de la guerra fría. Durante la década de los 60s gobernaron en solitario del 64-69 con Eduardo Frei Montalvo que en su llamada “revolución en libertad” impulsaron una leve reforma agraria que después profundizó Allende. Sin embargo el PDC fue opositor al gobierno de la Unidad Popular (UP) de Allende y cómplice del golpe de estado, aunque posteriormente fue perseguido por la dictadura. Fue parte de la coalición de partidos por el “No” en el referéndum de 1989 donde Pinochet pretendía reelegirse.
El PS tiene sus orígenes en la década de los 40s, es una escisión del PCCH por molestia de la militancia a la falta de democracia interna y, a diferencia de otros partidos denominados así en el mundo, no tiene su origen en las divisiones de las década del 20 entre la socialdemocracia y los partidos marxistas. Sin embargo, siempre priorizó coaliciones con los comunistas y otras fuerzas de izquierda, primero en los 40s con el Frente Popular y en los 60s con la UP; Salvador Allende era militante del PS. Fue parte del llamado por el “No” y luego en la Concertación Michelle Bachelet, militante socialista, llegó a ser presidenta. Su gobierno es recordado por la dura represión al movimiento estudiantil de secundaria conocida como la revolución pingüina y al movimiento indígena mapuche, así como su complacencia a los grandes monopolios trasnacionales.
El PRSD es la unificación del histórico Partido Radical -fundado a inicios del siglo XX-, un partido democrático radical de la pequeña burguesía y grupos socialdemócratas en el marco de la lucha contra la dictadura a finales de los 80s y en el marco de la lucha por el “No”. Ricardo Lagos, ex presidente por la Concertación, es parte del PRSD.
La Concertación se reestructuró y se incluyó al Partido Comunista. El PCCH, fundado en la década de los 20s, reproductor del estalinismo con la política frentepopulista, conformó con el PS en la década de los 60 la Unidad Popular y ganaron las elecciones presidenciales con Allende en 1970.
El gobierno de Allende, caracterizado por un reformismo con atisbos anticapitalistas, fue derrocado por el golpe de Pinochet organizado por EU. El gobierno de la UP, pese a los importantes logros como la nacionalización del cobre y la creación del una economía estatal y planificada, frenó las iniciativas obreras como los Cordones Industriales y confió en la institucionalidad burguesa, sobre todo en la supuesta “apoliticidad de las fuerzas armadas” y en el carácter “plural del congreso”.
El PCCH fue parte del llamado por el “No” a finales de la dictadura y al regreso de la democracia  conquistó influencia tanto en la Central Unitaria de Trabajadores como en distintas corrientes del movimiento estudiantil vía la Juventud Comunista (JJCC); de esa cantera saldrán Camila Vallejo y Karol Cariola.
Luchas sociales
El modelo neoliberal, pese a que se presenta como un éxito por los altos índices de crecimiento económico, está moldeado por la desigualdad en el acceso a servicios públicos y derechos básicos, por el cada vez mayor alto costo de la vida,  el despojo del territorio de comunidades indígenas y campesinas en el sur de Chile, la sobreexplotación y tercerización del trabajo, la contaminación minera, la desindustrialización de la economía, y la exclusión política de las fuerzas democráticas y populares en el sistema electoral. En sí el modelo se basa en la inclusión de algunos  entramados empresariales que compiten con sus productos en el mercado mundial. Chile es el país de América Latina con más acuerdos de libre comercio.
La crisis de este modelo se viene dando desde el gobierno de Bachelet, pero explotó durante el gobierno saliente. Fueron las movilizaciones estudiantiles de 2011 contra la privatización de todo el sistema educativo las que marcaron la crisis.
La semilla que inició con la revolución pingüina y que ha germinado nuevamente ahora en educación media caracterizó el 2013 con la toma de liceos secundarios, ahora despojado de las orientaciones oportunistas. La CUT por su parte en los últimos meses ha dado una serie de huelgas en distintas empresas privadas, en los puertos y recientemente en las administraciones municipales, exigiendo mejoras salarias y sobre todo contra el trabajo en negro, aunque tardíamente ha reaccionado en llamados a huelgas generales.  La movilización masiva del 11 de julio protagonizada por trabajadores, estudiantes, pobladores y mapuches, que sufre las constantes agresiones de paramilitares en sus territorios ha sido la única convocada desde las bases.  
A luchar por una Asamblea Nacional Constituyente
Las elecciones del 17 de noviembre fueron las segundas en las que el voto es libre (las primeras se realizaron a inicios del año para elegir alcaldes). El abstencionismo fue de un poco más de la mitad del padrón electoral, otro reflejo de la crisis del modelo  y del régimen. De igual forma los votos blancos y nulos, algunos con la sigla ANC, es decir Asamblea Nacional Constituyente son síntomas de esta crisis.
La posibilidad de que los candidaturas más abiertamente antineoliberales de Claude, Miranda y Sfeir presentaran un candidatura única o por lo menos listas compartidas en el parlamento, pese a las críticas sectarias de no ser lo suficientemente “anticapitalistas”, truncaron una ventana de cara a construir una opción auténticamente proletaria, que utilizara el parlamento como tribuna de denuncia al capitalismo. La candidatura del PH fue la que más aglutinó fuerzas de izquierda y que más retomó las banderas de las luchas sociales, pero los hubieras en historia y política son consuelo de tontos.
Desde Centroamérica el PSOCA saluda al pueblo chileno, al movimiento estudiantil, obrero, indígena, pobladores, etc., que ha mostrado la movilización en las calles y la auto organización como sustento para la independencia de clase del proletariado. Les llamamos a organizar instrumentos políticos que rompan con las intenciones oportunistas de los supuestos partidos de izquierda. Para eso es vital la unidad de todas las fuerzas revolucionarias y es un deber sobre todo de los organizaciones auténticas marxistas.
Este 13 de diciembre que se realizará la segunda vuelta entre Mathei y Bachelet, que son dos caras del neoliberalismo, una a ultranza mientras que la segunda supuestamente comprometida con las demandas populares “consuelo de los comunistas”. Nos sumamos a los llamados a votar nulo mostrando el repudio en el campo electoral, un terreno burgués y nos solidarizamos con la movilización para lograr la Asamblea Popular Constituyente.