AMLO reunido con los precandidatos presidenciales de MORENA

Por Oliverio Mejía

El pasado 4 de junio se realizaron elecciones locales en México, donde se eligió a nuevo gobernador en los estados de Coahuila, ubicado al norte del país, y el Estado de México, en el área central. También se renovó la legislatura estadual del primer estado y un senador del estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.

Estas elecciones son un anticipo de las generales del próximo año, donde se renovará la presidencia, la legislatura (cámara baja de diputados y cámara alta de senadores, del Congreso de la Unión), nueve gobernaciones estaduales, 31 congresos locales, más gobiernos municipales. México tiene un sistema federal que, aunque la figura del organismo ejecutivo ejerce un fuerte poder presidencialista, existe una federación conformada por distintos estados que tienen su propia división de poderes:  ejecutivo, legislativo con una cámara y judicial, más constituciones políticas propias.

Las complejas relaciones entre México y Centroamérica

La cercanía y la influencia que ejerce el vecino país en Centroamérica, y la presencia de la burguesía mexicana en la región, garantizada por el Tratado de Libre Comercio firmado por los países centroamericanos y México, es fundamental para garantizar los intereses de esta y de los grandes grupos de capital centroamericanos para entrar al fuerte mercado mexicano.

Ha habido intentos de vincular a la región por medio de redes de conectividad en materia de infraestructura, para garantizar las ganancias de los grupos capitalistas, desde la década de los noventa, con el anteriormente llamado Plan Puebla Panamá y después bautizado Plan Mesoamericano, que el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha querido reposicionar.

Pero el gran problema que afecta a México con Centroamérica es el de la migración, donde nosotros somos países exportadores de fuerza de trabajo, así como paso de migrantes de otras regiones, situación similar a la de nuestro vecino del norte; y donde las políticas de las autoridades de ese país sin excepción ha sido ser la extensión de los lineamientos estadounidenses paras detener la llamada migración ilegal.

En el tema migratorio una de las iniciativas de la burguesía mexicana que ha recogido AMLO, es acomodar las ciudades del suroeste mexicano para ser receptoras de fuerza de trabajo migrante, con la consiguiente vulneración de derechos laborales, pese a las promesas de regularidad que tendrían. Ya existe una tradicional migración temporal de fuerza de trabajo de campesinos, sobre todo mayas, guatemaltecos que van a trabajar a los campos agrícolas del estado de Chiapas y donde sus derechos son pisoteados. 

La historia política

AMLO asume la presidencia el primero de diciembre de 2018, tras imponerse en las elecciones federales del 1 de julio de ese año, con la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el Partido de Trabajo -estos de izquierda- junto al Partido Verde Ecologista Mexicano de derecha y el pequeño partido de corte fundamentalista cristiano Encuentro Social, con más de 30 millones de votos a su favor. Su más cercano competidor fue Ricardo Anaya Cortez del conservador Partido de Avanzada Nacional  (PAN) con 12 millones 610 mil votos apoyado por el otrora izquierdista Partido de la Revolución Democrática  (PRD) y más abajo el tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI) con poco más de 9 millones de votos.

A nivel del Congreso, MORENA y su coalición obtuvo la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, así como varias gobernaturas estaduales y congresos locales (existen 31 entidades federales), situación que ha ido aumentando, sobre todo en el sur y sur oeste del país donde se concentra la mayor parte de la población; en los estados del centro está la industria destinada sobre todo para el mercado nacional y para la exportación a varias partes del mundo, entre ellas Centroamérica.

Los partidos de la oposición, sobre todo el PAN, se posicionan más en los estados del norte, donde existe menor población, pero que cuenta con una industria ensambladora ligada a Estados Unidos por medio del acuerdo de libre de comercio entre este país y sus vecinos del norte, rebautizado en la presidencia de Trump como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual terminó de negociar AMLO.

La victoria de AMLO y la gran diferencia de votos que obtuvo, expresó el descontento de la mayoría del pueblo mexicano contra los partidos PRI, PAN y PRD, impulsadores del proceso neoliberal, que implicó la apertura al capital transnacional, sobre todo estadounidense, de las industrias estatales básicas y la consolidación de grandes grupos monopólicos nacionales, que también se beneficiaron de importantes privatizaciones. Esto provocó una desigualdad mayor al interior de la sociedad mexicana, además del aumento de la precariedad laboral, la destrucción del campo por el acuerdo de libre comercio y con ello convirtió a este país, en un exportador de humanos.

Esto fue de la mano de la llamada transición a la democracia, que implico el quiebre del control político que tenía el PRI desde la década de los 20s y se fue expresando a partir las movilizaciones estudiantiles y populares de finales de los 60s, lo cual obligó a una reforma electoral en la década de los 70s y a imponer un escandaloso fraude hacia el naciente PRD en 1988, en contra de su candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Este partido fue la conjunción de sectores de izquierda del PRI y de la izquierda reformista, entre ellos el Partido Comunista Mexicano histórico. De ese partido aparecerá AMLO, el cual llegó a gobernar la Ciudad de México de 2000 a 2005; sin embargo, apoyado por los grupos de poder económico, fue el PAN quien hegemonizó la transición con el  gobierno de Vicente Fox en 2000.

En 2006 AMLO se presentará a las elecciones federales presidenciales por el PRD, el cual logra tener la mayoría, pero las fuerzas oligarcas, por medio de un fraude, imponen a Felipe Calderón del PAN, generando una movilización permanente por varios meses similar a la de 1988, que no logra derribar al gobierno impuesto.

Así, convierte a MORENA que nace como movimiento social al calor del fraude de 2006, en un partido cuando se separa del PRD tras la derechización de este, convirtiéndose en su líder carismático de; así, tras la decadencia de los partidos neoliberales se impondrá AMLO.

El momento político actual

AMLO retoma el viejo nacionalismo burgués de las épocas del PRI, y para eso logró alianza con algunos empresarios, entre los que sobresale el multimillonario Carlos Slim, obviamente no con la oligarquía neoliberal. Esta alianza con sectores de la burguesía se demuestra en los proyectos de infraestructura que impulsa, como el Tren Maya o el Corredor Transístmico, con la nacionalización de parte de la producción eléctrica y la próxima nacionalización de la explotación del litio que le ha traído choques con el imperialismo, aunque en materia migratoria hay un acuerdo común.

A la par de eso, se caracteriza por implementar acciones populares, como el mejoramiento de los salarios, la revalorización de las pensiones, aunque buena parte de la fuerza de trabajo es informal y no habido políticas reales para garantizar los derechos de estos; ni afrontar las contrataciones basuras, el trabajo en negro o la terciarización laboral. Además de que los proyectos en infraestructura señalados generan oposición en sectores campesinos e indígenas porque implica la apropiación de sus territorios, y con algunos sectores de trabajadores públicos, pues sus medidas de lucha contra con la corrupción y la austeridad, otro discurso bandera de AMLO, han afectado los ingresos de empleados más bajos.

Así, todas estas acciones son las que este gobernante ha llamado la Cuarta Transformación, como continuación de los procesos de independencia de 1821, de reforma liberal a mediados del siglo XIX y la revolución de 1910. Lo cual lo mantiene a él y a su partido con un cierto apoyo de masas.

Eso se reflejó en estas elecciones locales recién, MORENA logra imponerse en el Estado de México, el más poblado del país y baluarte del PRI, donde la alianza gubernamental con Delfina Gómez Álvarez se impuso con el 52,71 por cierto de los votos, sobre la candidata del PRI con 44,52 %. Mientras que, en el estado de Coahuila, donde MORENA y el PT fueron separados, se impuso el candidato opositor del PRI Manolo Jiménez Salinas con 56,95 % sobre el candidato de MORENA Ricardo Mejía Berdeja con 21,29 %, y según muestran los resultados, la oposición de derecha tendrá mayoría en el legislativo estadual. Pareciera que el triunfo del PRI en un estado del norte mantiene a flote a la oposición, pero la victoria en el Estado de México es contundente a favor del partido gubernamental.

El morenismo viene de consolidar ciertas victorias parciales, el año pasado en la Ciudad de México donde se revalidó el control de la gobernación, aunque perdió varias alcaldías y en el plebiscito de medio término de mandato hacia AMLO, donde revalidó el apoyo en las urnas, pero también con una menor cantidad de votos que los logrados cuando este llegó a la presidencia.

Además, viene de enfrentamientos fuertes con la derecha, que a raíz de la reforma que ha intentado realizar en el Instituto Nacional de Elecciones con el fin de eliminar la influencia de los partidos neoliberales en ese órgano, ha buscado bajo el discurso de la democratización de este, un mayor control político, que prefigura un gobierno con tendencias bonapartistas. Es decir, con una clara base popular, tirada a la reforma social sin romper con el capitalismo, pero enfrentando a la oligarquía tradicional y a sectores de izquierda y populares que resienten su proyecto desarrollista; busca tener mayor influencia en las instituciones del Estado, situación que va acompañada con una mayor militarización vía la creada por este gobierno Guardia Nacional, que entre otras tareas tiene la de reprimir a la migración ilegal.

Ese liderazgo caudillista impacta a la hora de elegir la próxima candidatura presidencial de MORENA, estos son: Claudia Sheimbaud, ex gobernadora de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard ex secretario de relaciones exteriores, Adrián Augusto López ex secretario de gobernación, Ricardo Monreal a cargo de los senadores del MORENA; y de parte de los partidos de la coalición Gerardo Fernández Noroña diputado federal del PT y Manuela Velasco senador del PVEM. Los que tienen mayor posibilidad son Sheimbaud y Ebrard, siendo unos de los acuerdos dentro de MORENA, que renuncien, como recién ha pasado, a sus actuales cargos de funcionarios.

Por Orson Mojica

El 25 de abril del 2023, bajo el auspicio directo del presidente Gustavo Petro, dio inicio en Bogotá, Colombia, la llamada “Conferencia Internacional sobre Venezuela” en la que participaron representantes de 20 países.

El final del fantasmal gobierno de Juan Guaidó

La mayoría de estos países que participaron en esta Conferencia, en el año 2019 desconocieron la reelección de Nicolas Maduro, y reconocieron al autoproclamado gobierno de Juan Guaidó, sumándose a las duras sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

El gobierno de Guaidó fue reconocido por más de 50 países, aliados de Estados Unidos, pero realmente nunca tuvo poder. Nunca hubo doble poder.

Además, en la crisis del 2019, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que agrupa a las cinco ramas del Ejercito, cerró filas con Nicolas Maduro y resistió los embates de la administración Trump, y después la administración Biden.

En esos años de crisis y bloqueo, el chavismo legisló a través de una Asamblea Constituyente paralela a la Asamblea Nacional, anulando las decisiones de esta, hasta que en las elecciones legislativas del año 2020 Maduró recuperó la mayoría legislativa, en unas elecciones en las que la oposición participo muy fragmentada.

Con mano de hierro, apoyándose en la FANB, en medio de un éxodo sin precedentes, el gobierno de Nicolas Maduro logró sobrevivir y mantenerse en el poder. La guerra en Ucrania y la escasez de petróleo, obligó a la administración Biden a enviar una delegación diplomática a Venezuela, un reconocimiento en los hechos al gobierno de Maduro. También tomó la decisión discreta de dejar de reconocer al gobierno de Guaidó a partir del año 2023.

Negociaciones en México e incumplimientos

En el año 2021, cuando Maduro logró recuperar el control de la Asamblea Nacional comenzó lentamente a variar la situación política a favor del chavismo. Se produjo, entonces, la iniciativa de Dialogo en México, en donde participaron el gobierno de Maduro y un sector de la oposición venezolana agrupado en la Plataforma Unitaria, que viendo la situación perdida comenzó a separarse del inexistente gobierno de Juan Guaidó.

En agosto de 2021, se firmó el primer “Acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano” que en titubeante lenguaje diplomático insinuó que era necesario revisar las duras sanciones contra Venezuela. Este acuerdo fue ratificado por la Asamblea Nacional en manos del chavismo.

Maduro suspendió las negociaciones en octubre del 2021, y después de un interregno, en un proceso de estira y afloja, en septiembre de 2022 se firmó el segundo “Acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano”, el que también fue ratificado por la Asamblea Nacional. El punto 3.3. se refirió de manera específica a la devolución de los fondos congelados en el extranjero: “LAS PARTES han identificado un conjunto de recursos pertenecientes al Estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder progresivamente, entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones y aprobaciones que competen a instituciones y organismos extranjeros, pues dichos recursos se encuentran en instituciones bancarias o financieras en el exterior de Venezuela. Dichos recursos serán incorporados progresivamente como contribuciones al FONDO a los fines de atender las necesidades de protección social enunciadas en el número 3.1.”

Teóricamente, existía un acuerdo para la devolución gradual de los fondos congelados pertenecientes a Venezuela. En noviembre de 2022, la administración Biden autorizo a la transnacional petrolera Chevron reiniciar operaciones en Venezuela. Un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reafirmó que: “Hace tiempo que hemos dejado claro que creemos que la mejor solución en Venezuela es una solución negociada entre las dos partes. Y para fomentarla, hemos dicho que estamos dispuestos a proporcionar un alivio de las sanciones selectivo basado en medidas concretas que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano y lo acerquen a la restauración de la democracia”. (El País, 26/11/2022)

Las cosas parecían mejorar para Venezuela, pero a inicios de enero del 2023, Nicolas Maduro denunció que los acuerdos sobre la devolución de los fondos no se cumplían: “Ese acuerdo está firmado, ha tenido dificultades para que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica dé los pasos necesarios para liberar esos recursos. Yo confío verdaderamente en el poder de la palabra firmada (…) ya quedará frente al país si ellos (la oposición) cumplen o no cumplen” (Efe, 0170172023).

Las sanciones económicas y financieras contra Venezuela

Desde el ascenso del chavismo al poder, las contradicciones entre Venezuela y Estados Unidos fueron aumentando en el tiempo. Fue bajo la administración de Donald Trump que se aprobaron mas de 1000 sanciones económicas. El daño a la economía venezolana, altamente dependiente del petróleo, ha sido absolutamente brutal.

Según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, con las sanciones de Trump, Venezuela ha perdido o le fueron congelados “(…) 2000 millones de dólares casi de oro en Inglaterra robados, 5000 millones que tiene Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, (…) 4000 millones de dólares, de las utilidades de Citgo (…) 7000 millones de dólares que Venezuela tiene depositados en Estados Unidos y bancos de Europa (….) fueron robados por los piratas, por los ladrones europeos y los piratas de los EE.UU. de Norteamérica (….) Venezuela dejó de producir 4000 millones de barriles (09/03/2023)

En los últimos meses el discurso de altos funcionarios del chavismo coincide en afirmar que, si se devuelve el dinero congelado en el exterior, no continuaran en la mesa de negociaciones en México y con ello peligra la participación de la Plataforma Unitaria en las elecciones presidenciales del 2024.

Las necesidades económicas y el rol de Petro como mediador

Desde agosto del 2022, cuando Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, se produjo un giro abrupto en la política exterior de ese país, dominado por la derecha enemiga del chavismo. La distención entre Bogotá y Caracas fue acelerada, con cuatro viajes y una serie de reuniones de alto nivel.

Biden se reunió en marzo del 2023 con Petro y le pidió que mediara con Venezuela. Juan Gonzalez, director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental, confirmó que “hemos dejado muy claro que estamos dispuestos a aliviar la presión y las sanciones contra Venezuela con base en pasos concretos” (Semana, 23/04/2023).

Estados Unidos ha comenzado a revisar lentamente su estrategia de sanciones económicas y financieras, mientras Petro tiene un interés particular en restablecer las buenas relaciones con Venezuela: desde el año 2004, en pleno ascenso del chavismo, hasta el año 2008, Colombia logró exportar más de seis mil millones de dólares a Venezuela, el gran comprador de los productos manufacturados. Esta cantidad llego a descender, con altibajos, hasta 300 millones en 2021. Venezuela tenia los petrodólares y Colombia los productos manufacturados que tanto necesitaba el chavismo.

Para impulsar sus reformas sociales, Petro necesita una reactivación de las exportaciones a Venezuela. Esta necesidad económica se disfraza con un discurso democrático.

El discurso “democrático” de Petro

La conferencia Internacional de Bogotá es una continuación, bajo nuevo formato, con la presencia de observadores internacionales, de las negociaciones ocurridas en México en el periodo 2021-2022.

Al inaugurar la Conferencia de Bogota, Petro en una parte de su largo discurso marcó la pauta sobre lo que serían los resultados de la reunión: (…) Le he pedido al gobierno venezolano que ingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que abandonó en el año 2012. (…). En México se han establecido procesos que se entraban, que avanzan, que retroceden, hacia unas garantías electorales y hacia un calendario electoral. Y la sociedad venezolana quiere no ser sancionada, porque las sanciones han recaído es sobre el pueblo venezolano (….) creo que tenemos que andar sobre dos rieles al mismo tiempo. Establecer el cronograma sí, de las elecciones y sus garantías, que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente que quiere, sin presiones. También el otro riel del levantamiento de las sanciones. (Discurso, 25/04/2023)

En la Conferencia de Bogotá, además de las delegaciones de 20 países, participó una delegación de la Plataforma Unitaria, y se le negó la entrada a Juan Guaidó, el que fue deportado hacia Estados Unidos.

Los tres puntos de la Conferencia

Antes de iniciar la Conferencia de Bogotá, Joseph Borrell, al representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), también adelantó los puntos centrales a debatir: “Estamos incluso dispuestos a revisar las sanciones personales que hemos aplicado. La UE no tiene sanciones de tipo económico que afecten a la población, pero tiene que haber un proceso coordinado, un proceso de calendario mutuamente aceptable por las partes. (…) Hay una ventana de oportunidad que se va a acabar cerrando si no se avanza más aprisa”. (Efe, 25/04/2023)

La Conferencia de Bogotá duró un día, fue una reunión protocolaria que sistematizaría los debates y negociaciones previas. Al canciller colombiano Álvaro Leiva, le tocó presentar a los medios de las conclusiones, que ya habían sido adelantadas en el discurso de Petro.

Leiva leyó las conclusiones, que fueron las siguientes:

1.- La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos, tomando en consideración las recomendaciones de la Misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021.

2.- Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones.

3.- Que la continuidad del proceso de negociación en México sea acompañado con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela.

Y que próximamente se convocaría a una reunión similar, para continuar avanzando. Obviamente, todos los participantes tienen los ojos puestos en las elecciones presidenciales del año 2024.

Moderado optimismo de Maduro

En relación a los resultados de la Conferencia de Bogotá, la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado en el que reiteró “(…) la necesidad imperante de que sean levantadas todas y cada una de las medidas coercitivas, unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional que constituyen una agresión contra toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo de la vida económica y social del país. En este sentido, reclama la devolución de los activos pertenecientes al Estado venezolano ilegalmente retenidos por países e instituciones financieras extranjeras”.

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera que el camino para avanzar en el diálogo político pasa por el cumplimiento a cabalidad del compromiso alcanzado en la Mesa de Negociación en México para la creación de un Fondo Social que, con la liberación de recursos pertenecientes al pueblo venezolano, contempla inversiones en salud, educación, servicios públicos y mitigación de riesgos, así como la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Saab, injustamente detenido en los Estados Unidos de América”.

Los acuerdos de México de 2021 y 2022 entraron en crisis, porque el gobierno de Maduro exige la inmediata devolución de los fondos congelados, mientras Estados Unidos y la oposición exigen que se implemente la apertura democrática.

Esta parálisis, sobre quien debe dar el primer paso, parece haber sido resuelto con la simultaneidad que resolvió la Conferencia de Bogotá, pero no está claro todavía como se aplicaría.

El chavismo sobrevivió a la catástrofe económica, pero ….

Indudablemente, los vientos soplan favorablemente para el gobierno de Maduro. La fase más crítica de la ofensiva imperialista que la administración Trump inició en 2019, que contemplaba el máximo de presión económica y militar, para obligar a la FANB a separarse de Maduro, y dar un golpe de Estado, al final fue un rotundo fracaso.

El bloqueo y las sanciones económicos causaron una catástrofe en la economía venezolana, que ya estaba duramente golpeada por los bajos precios del petróleo. Mas de 5 millones de venezolanos salieron del país buscando la sobrevivencia económica en otros países de la región, incluida Colombia. Quienes se quedaron dentro de Venezuela han tenido que soportar la hiperinflación, bajos salarios y un constante deterioro del nivel de vida.

El gobierno de Maduro sobrevivió con métodos dictatoriales, esperando un cambio en la correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional. Quizá, el factor que más ayudó al chavismo, fue la propia debilidad y crisis del imperialismo norteamericano y las consecuencias de la guerra de Ucrania que ha puesto nuevamente a Venezuela en la palestra mundial, como el país con la más grande reserva de petróleo del planeta.

Maduro ha combatido la crisis económica y el bloque financiero aplicando políticas neoliberales, que descargan el peso de las sanciones sobre las masas populares, causando una erosión social en las bases del chavismo.

En el último periodo han proliferado todo tipo de luchas sindicales reclamando aumentos de salarios, especialmente de empleados públicos, y las concesiones del gobierno de Maduro no logran revertir el deterioro salarial.

En conclusión, el chavismo parece haber sobrevivido por el momento, pero a un altísimo precio, un deterioro total de la sociedad, que pone en tela de dudas su continuidad en el gobierno, en caso de que hubiese un acuerdo político que permita a la oposición burguesa participar con algunas garantías en las elecciones presidenciales del 2024. Pero, incluso, esta posibilidad representa un peligro mortal para el chavismo, porque la menor apertura democrática podría ser canalizada por la oposición burguesa.

El chavismo resiste y golpea la mesa para obtener, antes de las elecciones del 2024, los fondos que le permitan mejorar las condiciones de vida y reconstituir su antigua base social y electoral. Si no obtiene esos fondos, es casi seguro que no hará ningún tipo de concesiones políticas a la oposición burguesa.

A diferencia del 2019, cuando no había luchas sociales y salariales como en la actualidad, la pavorosa crisis económica en cualquier momento puede terminar en un nuevo estallido social, como el Caracazo de 1989. Venezuela oscila entre la reforma democrática y un posible estallido social, de imprevisibles consecuencias.

Por esta razón, los discursos de Estados Unidos y la UE se han moderado, y en la Conferencia de Bogotá hubo el consenso que había que terminar gradualmente con el bloqueo y las sanciones y coadyuvar a la “reconstrucción democrática” de Venezuela. Estas concesiones serian a cambio de la reforma del régimen dictatorial, aceptando la continuidad del chavismo, pero bajo ciertas condiciones.

Por Ernestina Tobar

Al iniciar el mes de marzo se ha dado una nueva escalada en las protestas de las organizaciones populares peruanas contra el gobierno golpista de Dina Boluarte.

Las nuevas movilizaciones

Desde finales de febrero, pobladores de diversas comunidades aymaras de Puno iniciaron el viaje en buses hacia la capital, para una marcha masiva a realizarse el 1 de marzo, denominada la “Segunda Oleada de la Toma de Lima”, en referencia a la primera toma ocurrida en enero; los transportistas de carga pesada anunciaron que pararían sus actividades a partir del 2 de marzo. La región de Puno ha sido la única en que los pobladores mantuvieron los bloqueos de vías de comunicación como acción de protesta contra el gobierno, durante el período de repliegue de las luchas en febrero, y muchos de los muertos producto de la represión policial son originarios de esta región.

En Puno, 16 puntos de las carreteras han sido bloqueados. En cuanto a los transportistas, también están exigiendo la renuncia inmediata de Boluarte, a la que consideran responsable de la actual crisis política en el país y las pérdidas económicas que afectan el sector.

El 2 de marzo miles de campesinos aymaras se desplegaron en Lima en las calles de Cercado de Lima, Santa Anita y La Molina. La policía disparó gases y balas de goma contra la multitud, sin importar que hubiera mujeres con niños cargados en sus espaldas. Desde que iniciaron las marchas hacia la capital, en un recorrido de unos 1,200 kms., las columnas fueron hostigadas por las fuerzas represivas; un contingente de pobladores quechuas de Azángaro fueron detenidos 12 veces en promedio por la policía en su trayecto hacia la capital.

Para el 3 de marzo, miles de manifestantes habían llegado desde diferentes regiones del país para sumarse a las marchas, demandando el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones y la renuncia de Boluarte, entre otras peticiones. En el interior, varios tramos de la Carretera Central fueron bloqueados, pero la Policía Nacional del Perú logró liberarlos, y en varias regiones se dieron manifestaciones;

Al igual que lo han hecho desde el inicio de las protestas en diciembre, las fuerzas represivas atacaron las manifestaciones con bombas lacrimógenas y balas de goma. En la ciudad andina de Juli, en la región de Puno, 16 personas resultaron heridas el sábado 4, como resultado de enfrentamientos entre manifestantes y policías, incluyendo a un menor de 13 años intoxicado por los gases lacrimógenos; entre los heridos hay seis miembros de los cuerpos represivos. Al parecer los manifestantes atacaron y quemaron las instalaciones de la comisaría de la policía en esa localidad. Otro grupo de pobladores intentó atacar una base naval a orillas del lago Titicaca, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos por el personal militar. Desde el inicio de las movilizaciones en diciembre, la represión ha provocado unos 70 manifestantes muertos y cientos de heridos.

En otro incidente, el domingo 5 un soldado murió ahogado y cinco fueron reportados desaparecidos el atravesar un río cuanto intentaban huir de un grupo de manifestantes en Puno.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 90% de los peruanos desaprueba al actual Congreso, y el 77% rechaza a la presidenta Boluarte.

El gobierno de Boluarte con dificultades a nivel internacional

El régimen golpista y represivo de Dina Boluarte no las tiene todas consigo en el ámbito internacional, a pesar de que algunos gobiernos latinoamericanos, como el de Lula en Brasil, no le han dado su desaprobación. El 24 de febrero la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU envió una comunicación al gobierno para que en un plazo de 60 días responda sobre diversas alegaciones sobre el uso abusivo de la fuerza durante las protestas ocurridas desde diciembre después del desalojo del expresidente Pedro Castillo. La carta fue firmada por la jefa de la subdivisión de procedimientos especiales Beatriz Balbín y varios relatores especiales.

En la misiva, la ONU hace referencia a que el uso excesivo de la fuerza ha provocado un número elevado de muertes ilícitas, la utilización abusiva de tipos penales de terrorismo contra manifestantes, detenciones arbitrarias, un caso de desaparición forzada y violación al debido proceso contra los manifestantes; también la violación a los derechos humanos de pobladores indígenas, un incremento en la violencia de las manifestaciones, el allanamiento a la Universidad de San Marcos, intervenciones y detenciones sin presencia de abogados o fiscales, agresión contra periodistas y acusaciones abusivas contra manifestantes. Los relatores resaltan los enfrentamientos en Apurímac los días 11 y 12 de diciembre del 2022 con 6 fallecidos, en Ayacucho el 15 de diciembre con 10 civiles muertos, y los de Juliaca con 19 muertos el 9 de enero.

Como dijimos, la ONU pide que el gobierno de Boluarte responda en un plazo de 60 días a las alegaciones, y que si han sucedido esos excesos, que se haga lo posible por evitar que se repitan. “A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y la libertad de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas” (Diario El Comercio 01/03/2023).

Crisis diplomática con México y Colombia

Dos gobiernos que abiertamente han respaldado al expresidente Castillo han sido los de López Obrador en México y Gustavo Petro en Colombia.

La presidenta Boluarte decidió retirar de forma definitiva a su embajador en México tras declaraciones de López Obrador defendiendo a Castillo, dejando las relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios. La mandataria peruana expresó que rechaza “enérgicamente las expresiones formuladas por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y sus inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi Gobierno”, acusando a López Obrador de “apoyar el golpe de estado del expresidente Pedro Castillo” y de injerencia en los asuntos internos de Perú (El País 27/02/2023). Éste replicó afirmando que la destitución de Castillo “fue una farsa porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo”, además catalogó al gobierno peruano de ser “de facto … autoritario y represor”, y señaló al Congreso de Perú de responder a los intereses de los grandes capitales y de empresas extranjeras (Ídem).

En la segunda semana de febrero, el presidente colombiano Gustavo Petro, durante un discurso pronunciado en la toma de posesión de nuevos embajadores en Colombia, expresó que “en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”, después de la difusión de imágenes de miles de policías peruanos marchando en el centro de Lima para reprimir las protestas contra el gobierno.

En respuesta, el Congreso peruano, con 72 votos a favor, aprobó una moción que propone “expresar su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro” que constituyen “una ofensa a nuestra Policía Nacional del Perú”; los congresistas también declararon a Petro persona non grata (CNN español 17/02/2023).

La crisis política afecta el desempeño económico

La situación política y social por la que atraviesa Perú está afectando la economía, que podría afrontar una recesión económica. Varias regiones del país registraron un menor crecimiento económico durante el cuarto trimestre de 2022, con respecto a los otros tres trimestres. Estas regiones son Tacna, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Apurímac, Ica, Piura y Amazonas. La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), señaló que los bloqueos de carreteras y la paralización de algunas actividades económicas han impactado el crecimiento de la economía en el último trimestre del año 2022 e inicios del presente año. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la economía peruana creció un 1.7% en el último trimestre de 2022, un valor menor al de los primeros tres trimestres; el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el año fue del 2.7%, con la desaceleración ya señalada en los últimos tres meses del año (Redacción Gestión 28/02/2023).

Algunas de las regiones mencionadas ya presentaban niveles de crecimiento negativos en el tercer trimestre, y la actual crisis hace aún más difícil una recuperación. Esto añade elementos al descontento contra el gobierno que está alimentando las movilizaciones populares. Detrás del reclamo de la renuncia de Boluarte y el Congreso, claramente se encuentra el descontento por una situación social de pobreza y desigualdades que viene desde décadas, y que la expectativa de crecimiento del PIB para 2023 (entre 2.3y 3%) será incapaz de solucionar.  

Si la crisis continúa sin solución durante los próximos meses, el resultado será menor inversión privada, el freno de los proyectos del gobierno, y mayor nivel de inflación.  

Las movilizaciones iniciadas en diciembre han sido las más masivas de los últimos 30 años, y como dijimos, más allá del cuestionamiento del gobierno de Boluarte, en el trasfondo está el cuestionamiento a una situación de precarización, miseria, racismo y predominio de los intereses del capital nacional y extranjero.

Una profundización y radicalización de las protestas, que lleve a la caída del gobierno golpista dependerá de varios factores. En primer lugar, de la participación decidida de la clase trabajadora y sus organizaciones, lo que dependerá de la actitud que tome la burocracia sindical, para pasar de luchas parciales tener un papel dirigente a la par de campesinos, indígenas, estudiantes y jóvenes precarizados; es vital también la construcción de un espacio de coordinación y toma de decisiones que sea a la vez centralizado y democrático, que defina un plan de lucha que incluya a todos los sectores; la extensión del movimiento a la totalidad del país más allá de las regiones del sur; la preparación de una huelga general política que sea organizada de forma democrática a partir de los centros de trabajo y comunidades, que se centre en el reclamo de una Asamblea Constituyente libre y soberana, que no se someta a las instituciones del régimen del 93, y legisle a favor del pueblo trabajador.

Por Oliverio Mejía

La llegada de la Marcha de los Cuatro Suyos (los cuatro puntos cardinales durante la época incaica) a Lima el pasado 19 de enero ha generando una mayor represión de parte del odiado gobierno de Dina Baluarte contra la población que pide su renuncia,  tras la imposición de esta por medio de un golpe de Estado parlamentario contra el profesor Pedro Castillo.

A raíz de la destitución de parte del Congreso de la Republica de Perú controlado por las bancadas de derecha, extrema de derecha y con el lamentable apoyo de algunos legisladores de izquierda, en si de todo el repudiado arco partidario,  desde la fujimorista Fuerza Popular (FP), así como otras provenientes de la partidocracia como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza Pais, Somos Perú, Podemos y la extrema derecha de Renovación Popular. Se han ido generando fuertes movilizaciones en todo el territorio que han provocado ya mas de 50 muertos y una gran cantidad de heridos provocados por la Policía Nacional de Perú (PNP).

El contexto de crisis

El triunfo de Castillo por parte del partido de izquierda Perú Libre, ex líder sindical del poderoso sindicato de magisterio SUTEP que protagonizo una huelga magisterial en 2017 contra políticas anti laborales de parte del gobierno de Pedro Pablo  Kuzynski, en las elecciones de 2021 (primera vuelta el 11 de abril y la segunda 06 de junio) gano contra la candidata de FP Keiko Fujimori,  asustando a las fuerzas reaccionarias y conservadoras del pais.

Este pais producto de la crisis global del capitalismo agravada por el COVID 19,  la economía peruana  tuvo un estancamiento generando según datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Información un aumento de la pobreza de 2019 en un 20.2 por ciento a un 30.1 % en 2021, la pobreza extrema también aumento de 2.1 % a un 5.1 % en esos mismos años. Esto mientras que los grandes conglomerados empresariales dedicados a la extracción de gas y minería aumentaba considerablemente sus ganancias; así como el hecho que la explotación de la clase obrera es la tónica con salarios de hambre a la población que tiene empleo formal y con jornadas laborales que rebasan las ocho horas aceptadas y  la presencia de una  porción grande en edad de trabajar en  la informalidad o en la llamada economía popular, un panorama común en Latinoamérica.

La estructura económica esta altamente concentrada en una burguesía-oligarquía de origen colonial y que ha sido beneficiada desde el Estado durante los proyectos de modernización capitalista en la época republicana, generado mayor subordinación al imperialismo, situación que se mantiene con la agudización  del modelo dependiente centrados ahora en el extractivismo. De las principales conglomerados mineros estan las chinas Chinalco, Las Bambas y Marconi; la inglesa Angloamerican (subsidiaria a JP Morgan); la suiza Glencore;  y en gas sobre sale la estadunidense Hunt Oil.

El Gobierno de Castillo

En ese sentido la victoria de Castillo se debió a su promesa de revisar y mejorar las relaciones laborales, de implementar la continuación de la reforma agraria iniciada por los gobiernos militares desarrollistas burgueses y la nacionalización de algunos proyectos de gas y minería como el de Camisea donde la ya mencionada Hunt Oil extrae gas. A la par de presentar  un programa reformista caracterizado como de capitalismo popular, buscando quedar en buenos términos con sectores de la burguesía.

Sin embargo el gobierno de Castillo generó desilusiones, a la arremetida de la derecha iniciando con el demagogo alegato de fraude de parte de la candidata Fujimori por medio de una campaña anticomunista. Y a en el gobierno,  el acoso de las bancadas primero de la extrema derecha y después de las otras facciones de la derecha intentándolo iniciar procesos de vacancias en dos ocasiones, a lo cual Castillo tuvo que cambiar cinco veces su gabinete,  teniendo con eso  mas de 100 ministros en breve tiempo. Recordemos que el sistema político peruano se caracteriza por que el parlamento tiene muchas potestades de control al ejecutivo,  al grado de existir la figura del primer ministro y que los gabinetes tienen que ser consensuados con las bancadas del Congreso.

La derecha afincada en el Congreso neutralizo a  Castillo cuando intentaba  iniciar un tercer proceso de vacancia, lo cual llevo a este a cerrarlo.  A esto se suma la división de la bancada de PL en tres mas, ademas de las diferencias con  otra de las fuerzas de izquierda que lo apoyo para la segunda vuelta Juntos por el Perú (JxP),  debido a viles disputa por la repartición del poder publico  y los supuestos casos de corrupción,  usados por la derecha para cercar su gobierno.

Las movilizaciones contra el golpe

La acción de Castillo no conto con  el apoyo del ejercito,  de las bancadas de izquierda, sin una plan de movilización popular,  ni del visto bueno del gobierno de Biden, donde el gobernante busco en todo momento quedar bien. Así las fuerzas reaccionarias y de la burguesía impusieron a la vicepresidente de este Dina Boluarte,  apresando a Castillo por delitos de traición.

Generando en todo el pais aunque con mas fuerza los departamentos del sur -población de  ascendencia indígena y  la de la  selva,  donde muestra los índices de marginalidad y pobreza mas fuertes- fuertes movilizaciones, con  concentraciones, tomas de carreteras  e intentos de tomar los principales aeropuertos del pais, que fue respondido violentamente por las fuerzas de seguridad publica.

Así hay relatos opuestos con respecto  a los hechos, por un lado el del intento de cierre del Congreso como una medida autoritaria -la verdad que mas allá de los vericuetos legales a los cuales Castillo no cumplió fue una medida defensiva pero sin previa preparación- promovido por la burguesía y por el otro, la versión real desde el punto de vista marxista que fue un golpe de Estado, provocando  movilizaciones de carácter casi insurreccional. A eso se suma de parte de parte de la derecha el estigma que los  protestantes son sectores que quieren desestabilizar el pais, desempolvando el discurso del terrorismo.

El imperialismo gringo rápidamente reconoció al nuevo gobierno impuesto,  pese a que por otro lado cuestionó la asonada fascista de los bolosonaristas en Brasilia, lamentable  fue la postura de los gobiernos progresistas de la región, haciendo gestos de reconocimiento al gobierno golpista. Es mas esta por celebrarse la reunión de CELAC en Buenos Aires y mientras que la derecha continental se rasga las vestiduras por la presencia de los “dictatoriales” gobiernos de Maduro, Ortega y Díaz Canel y el imperialismos progre de Biden junto los progres del sur  dirigen sus diatribas contra Bolsonaro y sus métodos trumpistas, el canciller del gobierno golpista peruano asistirá a la cumbre. Es mas la OEA por su parte,  no ha dicho tampoco nada y no hay vistos que se quiera implementar las Carta Democrática de las Américas.

Sin embargo las movilizaciones ponen en aprietos los planes de estabilización que pretende las clase dominante y el imperialismo en Perú, con la gran  cantidad de muertos registradas desde el inicio de las protestas. Como el incidente en el departamento de Ayacucho del 13 de diciembre pasado cuando los movilizados intentaron tomar el aeropuerto de esta ciudad y  la policía respondió asesinando a 10 personas, así como mas reciente los incidentes  por la toma de Lima.

Debido a esto,  el Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de Perú y organizaciones nacionales e internacionales de DDHH han denunciado la represión y exigieron al Estado  detenerlas. De tal forma que congresistas de la bancadas de izquierda PL y JxP y han iniciado una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Boluarte buscando también realizar un proceso de vacancia contra esta,  la Fiscalía General por su parte inició un proceso de investigación, pese a que este  órgano ha sido parte de la movida golpista

La reivindicación de la Marcha de los Cuatros Suyos que llego a Lima, nombre semejante al que se uso para derrocar a la dictadura de Alberto Fujimori en 2000 y que a diferencia de esta, fue  dirigida por fracciones de la burguesía que catapultaron a Alejandro Toledo a la presidencia;  la actual esta  dirigida por organizaciones populares. Y pese a que la Central General de Trabajadores Peruanos dirigidos por una burocracia de origen stalinista era renuente a dirigirla esta asumió, sumándose sectores de trabajadores y  generando con ello  algunos paros laborales,

De igual forma se han sumado la Central Única de Rondas Campesinas (expresión de juntas locales campesinas), el Frente de Defensa Popular conformado por organizaciones comunitarias rurales, la Asamblea Nacional de los Pueblos, el Frente Agrario y Rural de Perú, la Federación Nacional de Transportistas, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, el Frente de Defensa de los Asentamientos Humanos, la  Coalición Ciudadana, el  Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho,  el  Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y del Lago Titicaca,   y asociaciones y organizaciones estudiantiles universitarios y de educación media, faltando por ahora el  SUTEP.

Con la llegada de la Marcha de los Cuatro Suyos estableciéndose en el centro histórico de Lima se produjeron duros enfrentamientos en la céntrica Plaza San Martin, produciéndose incendios en algunos edificios aledaños. De igual forma fue repudiable la entrada por la fuerzas de elementos de la PNP a la UMSN por medio de tanquetas,  violando la autonomía de esta casa de estudios donde permanecían personas venidas de distintos puntos, con mas de 200 detenidos,  generando la condena de organizaciones estudiantiles del continente y del mundo. De igual forma se  amedrento con entrar de parte de la PNP,  la Universidad Nacional de Ingeniería también en Lima

Para el 19 de enero se convocó ademas a  un Paro Nacional registrándose concentraciones en las ciudades de  Cajamarca, La Libertad, Ancash, Ucayali, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Ica, Trujillo, Chilayo, Piura, Viru, Juliaca, y con  una serie de bloqueos en 127 puntos,  logrando el paro en el 38 % de las provincias, manteniéndose en algunos puntos.

También se han registrado demostraciones en Lima de sectores de extrema derecha del grupo denominado La Resistencia, conformada por elementos de los partidos ultra conservadores Fuerza Popular y Renovación Popular, realizando esporádicos enfrentamientos con manifestantes y con el contubernio policial. Así como pequeñas movilizaciones que piden paz como una forma de enmascarar una salida por derecha.

Por el derrocamiento de Boluarte.

Ante la tremenda crisis política que los factores de poder y el imperialismo no pueden detener, según el reconocido Instituto de Estudios Peruanos, el 60 % piensa que las protestas son justas (el 72 % entre los jóvenes), el 71 % desaprueba el gobierno golpista, el 81 % al Congreso y el 69 % estaría de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente; se pretende dar una salida institucional por medio de la convocatoria de nuevas elecciones, poniendo una urna adicional para preguntar si la población quiere una constituyente. Así como se baraja la posibilidad de hacer un recambio de Boluarte, de igual forma el Departamento de Estado asume una postura hipócrita pidiendo al gobierno que respete los derechos humanos de las y los manifestantes.

El conglomerado de organizaciones sociales que ha asumido la protesta no deben quedar en una acción  contemplativa, un empate es un escenario que juega contra la movilización, a la exigencia de las protestas contra el Congreso, este se debe clausurar,  declarando convocada una Asamblea Constituyente de las y los Trabajadores y los Pueblos; y por medio de una Huelga Política y un paro general de labores, conducir la movilización de forma revolucionaria para el derrocamiento de Boluarte, es importante también conseguir que el ejercito  se quiebra con la masividad de las protestas. Esta constituyente popular a su vez,  se debe de  conformar con representaciones territoriales y sectoriales,  electos con delegados desde los centros de vivienda, estudio y trabajo.