La oposición burguesa intenta movilizar a sus seguidores
Por Sebastián Chavarría Domínguez
La maquinaria parlamentaria del sandinismo comenzó a girar las ruedas dentadas, amenazando con triturar a quienes se oponen a las reformas constitucionales. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional ya comenzó a consultar a los diferentes sectores, pero la gran sorpresa ha sido la división de las cámaras empresariales en torno al tema de las reformas constitucionales.
COSEP y AMCHAM
En Nicaragua existen dos grandes cámaras patronales. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), fundado en 1972, en el marco del conflicto inter burgués con la dictadura de Somoza, refleja los intereses de la burguesía tradicional. Hasta el año 2006 era el centro de oposición al sandinismo.
La otra cámara, de reciente creación, es la Cámara de Comercio Americana- Nicaragüense (AMCHAM). Sus miembros son empresarios ligados a la ofensiva neoliberal iniciada en 1990, muy vinculados a los intereses de Estados Unidos.
A nivel político, el COSEP fue el primero en abandonar el discurso antisandinista en el año 2007, con la presidencia de José Adán Aguerri, quien personifica la política conciliadora con el gobierno sandinista, y por eso lleva más de 7 años siendo presidente del COSEP.
AMCHAM hasta hace poco mantuvo un discurso beligerante contra el gobierno sandinista, pero en la medida en este cumplió fielmente las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI), los recelos terminaron disolviéndose.
Unidad empresarial aparente
La burguesía es una clase ultra minoritaria, a veces miramos a los mismos empresarios en reuniones tanto en COSEP como en AMCHAM. Ambas cámaras se han unido en torno a mantener una política conciliadora con el gobierno sandinista, distanciándose de la maltrecha oposición política, tanto del PLI como del agonizante PLC. Los empresarios son pragmáticos inescrupulosos, solo les interesan sus negocios, sin importarles en lo más mínimo si hay democracia para las masas o no. El tema de las reformas constitucionales, ha separado al COSEP de su hermano gemelo AMCHAM.
Daniel Ortega, con la habilidad política que lo caracteriza, antes de enviar el proyecto de reformas constitucionales, en una famosa reunión de empresarios, propuso elevar el diálogo y el consenso a norma constitucional, intentando comprar la amistad o neutralidad de las cúpulas empresariales a su proyecto de reformas constitucionales.
AMCHAN se opone a las reformas constitucionales
A diferencia del COSEP, AMCHAM manifestó su abierta oposición al proyecto de reformas constitucionales, por considerar que “significarían una transformación total de los principios fundamentales del Estado nicaragüense (…) podría causar una grave e innecesaria incertidumbre” podría “contribuir a crear una percepción de un posible aumento en los riesgos político económicos en el futuro cercano, lo que podría influir negativamente en el desarrollo de nuestra Nicaragua (…) no conviene al país cambios de la dimensión que se piensan hacer a la Carta Magna, especialmente con la premura con que se han promovido (…) la estabilidad política se consigue cuando las leyes permanecen inalterables por tiempos razonables” (La Prensa, 21/11/2013).
¿COSEP lucha por una Constituyente?
Contrario a la sumisión mostrada en años anteriores, el COSEP manifestó algunas críticas dispersas en torno al control de las comunicaciones por parte del Estado, como está contemplado en la reforma del artículo 92 de la Constitución
Posteriormente, en un artículo publicado en el diario La Prensa, José Adán Aguerri, planteó que  “lo deseable y políticamente correcto es tomarse el tiempo necesario para lograr el consenso y adoptar el procedimiento no de Reforma Parcial sino de una Reforma Total; lo que implica necesariamente convocar a una Asamblea Nacional Constituyente” La Prensa 19/11/2013).
¿Qué está pasando? ¿Por qué la burguesía tradicional plantea la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? Al parecer, este solitario planteamiento de José Adán Aguerri, es una maniobra política para posicionarse en la mesa de negociaciones con el gobierno, mostrando un rostro radical democrático contra la consolidación del bonapartismo de Daniel Ortega.
En la comparecencia ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, el pasado 21 de Noviembre, el COSEP volvió a mostrar docilidad.
El mismo José Adán Aguerri declaró ante los diputados cuál es la verdadera posición del COSEP: “para el sector privado el escenario ideal hubiese sido donde tuviéramos más tiempo, más inclusión, donde se hubiera utilizado los mecanismos establecidos; el escenario real es el que nos va a enfrentar a la aprobación de una reforma (…) este tipo de reformas no puede crear la incertidumbre que nos lleve en la dirección contraria de los objetivos que hemos alcanzado. (…) el Estado debe ser eficiente, moderno y subsidiario del sector privado; hemos dicho que las funciones civiles no deben ser militarizadas debiendo fortalecerse el servicio civil y la carrera administrativa del Estado (…) Igualmente hemos planteado la necesaria credibilidad y transparencia que debe haber en los procesos electorales y por eso hemos planteado la necesidad de una nueva Ley Electoral, del nombramiento de autoridades bajo el criterio de idoneidad, ética y transparencia, y la conformación de un Instituto de Cedulación Ciudadana separado de la autoridad electoral (…)”
Como se puede apreciar, la posición de los empresarios es la misma: que el Estado garantice el desarrollo de sus empresas, aunque manifestó una importante diferencia en torno al actual sistema electoral, pero no dijeron una sola palabra en torno a la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que confirma que la solitaria posición de Aguerri fue una maniobra política para presionar al gobierno sandinista, y no una genuina posición democrática.
La repuesta de La Prensa
El desliz de José Adán Aguerri no pasó desapercibido. La Prensa, principal aparato ideológico de la burguesía tradicional, dedicó el editorial del 23 de noviembre a la controversia: “(…) ha surgido una muy bien intencionada propuesta del Cosep de someter las reformas (o mejor dicho contrarreformas a los cambios democráticos que se hicieron en la Constitución Política en 1995) a una consulta electoral mediante la elección de una Asamblea Constituyente (….)  La propuesta es a primera vista muy buena porque —contrario a un plebiscito que sometería a consulta popular la contrarreforma propuesta— una Constituyente haría una especie de borrón y cuenta nueva (…) resulta inútil convocar a la elección de una Asamblea Constituyente que será administrada por una institución que es encabezada por individuos desprestigiados por su actuar profesional. (…) Es por eso que los nicaragüenses y las organizaciones políticas, gremiales y civiles que creen en la democracia republicana y representativa no tienen otro camino que rechazar en su totalidad la contrarreforma fascista del orteguismo”.
En pocas palabras, La Prensa se opone a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que el sistema electoral no garantiza los resultados democráticos. En realidad, La Prensa teme profundamente que el sandinismo imponga su decisión en una posible convocatoria, y por ello prefiere mantenerse agitando la bandera de lucha contra las reformas constitucionales.
Conclusión: los partidos de la oposición burguesa, AMCHAM, la Prensa, incluida la Iglesia Católica, se oponen a las reformas  constitucionales, y bajo ninguna circunstancia se arriesgan a abrir la caja de pandora de una posible Asamblea Nacional Constituyente.
¿Fascismo y dictadura?
La Prensa en su editorial llama “fascista” al régimen bonapartista que instauró Daniel Ortega a partir de Enero del 2007. La oposición burguesa dentro de la Asamblea Nacional también ha denunciado al régimen de Ortega, como una “nueva dictadura”.
Es indudable que el régimen de Ortega tiene características “corporativistas”, en la medida en que incorpora a los sindicatos y organizaciones de masas al aparato del Estado burgués. Pero no se deben confundir los conceptos. El fascismo es un régimen brutal que no permite la más mínima libertad para los trabajadores y las masas populares. Cierra locales, encarcela dirigentes, asesina y desaparece a los opositores, no permite el juego de los partidos políticos, combate a la clase trabajadora con métodos de guerra civil. Obviamente, esta no es la situación de Nicaragua.
El régimen de Ortega tampoco es una dictadura, que reprime violentamente la movilización de las masas. Ocurre precisamente todo lo contrario. Desde su posición de control férreo de los sindicatos y organizaciones de masas, evita el desencadenamiento de luchas, y cuando estas estallan, como ocurrió con la lucha de los ancianos por la pensión reducida, se introduce y desde adentro termina controlando el movimiento.
Las perezosas mentes de los ideólogos de la burguesía opositora no tienen tiempo para estudiar los fenómenos de la realidad. El régimen en Nicaragua ha evolucionado a lo que los marxistas denominamos en régimen bonapartista, que tiene características totalitarias pero que mantiene un juego democrático en las formas: pluripartidismo, elecciones, libertad de prensa, etc.
Quizá en lo único que podemos coincidir con nuestros enemigos es en que el régimen de Ortega tiene características extremadamente fuertes de concentración del poder político, pero nada más. La derecha se olvida de mencionar este control sandinista sobre el movimiento de masas, lo que convierte a Nicaragua en el paraíso de las maquilas y las transnacionales.
Dos aspectos centrales de la reforma constitucional
Hay dos aspectos centrales de la reforma constitucional que confirman nuestro análisis sobre el régimen bonapartista. En primer lugar, la propuesta de derogar las prohibiciones de reelección más allá de dos periodos presidenciales, la que fue aprobada en 1995 y que en la coyuntura actual impediría a Daniel Ortega presentarse como candidato presidencial en las elecciones del 2016.
El régimen bonapartista necesita un Bonaparte, es decir, un gran árbitro que imponga en el orden entre las diferentes fracciones de la burguesía, y entre las clases sociales en pugna. Precisamente una de las características de este nuevo régimen político es que el poder se concentra en Daniel Ortega y colateralmente en la primera dama Rosario Murillo. Sin la mano de hierro del Bonaparte Daniel Ortega las contradicciones harían estallar al FSLN. Por ello, la burguesía sandinista necesita la figura de Daniel, por eso necesita su reelección indefinida.
En segundo lugar, y esto es un aspecto secundario pero muy importante, la propuesta de que el presidente de la república pueda emitir decretos con fuerza de ley en materia administrativa, persigue fortalecer el rol de Daniel Ortega en la articulación del régimen político.
A pesar de que la Asamblea Nacional concentra mucho poder, y que existe la propuesta de que en el futuro pueda destituir a los ministros, esta facultad de emitir decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia administrativa, persigue fortalecer el monopolio del presidente dentro del gobierno, pudiendo reorganizar los ministerios y las principales instituciones del poder ejecutivo, sin el molesto control de la Asamblea Nacional.

Los obispos comparecieron ante la Asamblea Nacional

Por Diego Lynch

La Constitución de la República de Nicaragua establece en su artículo 14 que el Estado no tiene religión oficial. Sin embargo, ha sido una práctica, por las tradiciones religiosas del país, que la Iglesia Católica, y también las iglesias evangélicas, siempre intervienen en política e influyen mucho en la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de procesos electorales. Hasta el momento, siempre ha ganado el partido político que tiene la bendición de la Iglesia Católica. Los dos últimos triunfos de Daniel Ortega lo confirman, cuando el Cardenal Obando, aunque no representa la totalidad de la Iglesia, dio el apoyo político a su antiguo enemigo.

Partiendo de lo antes señalado, los partidos burgueses siempre buscan un acercamiento hacia la religión, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no ha sido la excepción a la regla, manteniendo un estrecho vínculo con la gran mayoría de religiones (Católica y evangélica principalmente).

Evangélicos a favor

Algunas de las Iglesias Evangélicas se han pronunciado a favor de las reformas constitucionales porque según ellos se le está dando un enfoque que valora más la importancia hacia la familia Nicaragüense. “Nosotros estamos respaldando estas reformas… los gabinetes de la familia, comunidad y vida ayudan a promover la solidaridad entre las personas, entre las familias…. Estamos primeramente de acuerdo con el lema cristiano, socialista y solidario, porque este gobierno le da un carisma al pueblo de Nicaragua y en segundo lugar el apoyo de la familia, creemos que es muy importante que este gobierno se preocupe por el núcleo familiar”. (Neftalí Cortes, Presidente del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Nicaragua).

Según el reverendo Sixto Ulloa, bautista de conocida filiación pro sandinista, el proyecto de reformas permite constitucionalizar un modelo que da pie a mejorar las condiciones de la familia; agrega que el modelo del gobierno inspirado en los valores cristianos, en ideales socialistas y en prácticas solidarias, debe de profundizarse con la participación de todos. (El 19 Digital; 15 de Noviembre del 2013).

La posición de los curas

Desde que el Frente Sandinista volvió al poder en el año 2006, ha habido un sinnúmero de acercamientos con la Iglesia Católica. Sin embargo, en este segundo periodo el gobierno sandinista y la Iglesia Católica se han distanciado por algunos conflictos de intereses y de poder. Los representantes y voceros de la arquidiócesis han acusado en varias ocasiones al gobierno de Ortega de querer tener el control absoluto del poder e imponerlo por la fuerza.

Esta vez, tras ser consultados en relación a la propuesta de reforma a la Constitución Política, los obispos de la Iglesia Católica han dicho que no es necesaria la reforma, manteniendo una posición estática, sin proponer ninguna salida a los problemas políticos que afectan a la población Nicaragüense.

Los obispos que comparecieron ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, declararon: “La Iglesia reitera que no es conveniente proponer la reforma, sobre todo cuando estas reflejan la pretensión de un cambio sustancial e integral en el sistema político de Nicaragua”, y critican el "desmantelamiento institucional del país" y la "oposición política que se debate en luchas internas y descalificaciones, sin presentar alternativas al país y en un momento en que es inexistente la separación de poderes del Estado y se han sufrido experiencias continuas de irregularidades electorales y violaciones a la Constitución Política, que han alterado el rumbo constitucional y democrático del país". (La Prensa; 22 de Noviembre del 2013).

Con esta posición los obispos dijeron no a la re-elección presidencial, porque al mantenerse la Constitución tal como está, Daniel Ortega no podría presentarse a la reelección

Se requiere una democratización del sistema electoral

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a los trabajadores y el pueblo a luchar por una profunda reforma al sistema electoral. La reelección no es un problema de principios, todo depende de si el pueblo tiene garantías para ejercer democráticamente su derecho a votar y decidir. Se debe reformar la Ley Electoral, para que las candidaturas no sean monopolio de los partidos políticos, sino que los diferentes sectores sociales, especialmente los trabajadores, puedan postular sus propios candidatos.

Con un sistema electoral democrático, se puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, donde el pueblo decida democráticamente el futuro del país.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

El esperado proyecto de reformas constitucionales finalmente fue enviado por el presidente Daniel Ortega a la secretaría de la Asamblea Nacional. Con ello la cúpula sandinista ha iniciado el proceso de institucionalización del nuevo régimen político rediseñado a partir del 2007, cuando el FSLN recuperó las riendas del gobierno

1.- Evolución del régimen político

Para comprender el actual contenido e intención de las reformas constitucionales, debemos repasar la evolución del régimen político en Nicaragua. Con el triunfo de la revolución en 1979, bajo el contexto de la guerra civil y del enfrentamiento militar con el imperialismo norteamericano, el sandinismo realizó elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, aprobando en 1987 la Constitución que todavía se mantiene vigente, la cual ha sufrido siete profundas reformas hasta la fecha.

En 1987 se instauró un régimen presidencialista, asentado en el poder absoluto del Presidente de la República, reproduciendo uno de los rasgos más grotescos del somocismo y de la tradición política nicaragüense.

Al asumir el gobierno Violeta Chamorro (1990-1997), utilizó los poderes que le daba la Constitución para iniciar un acelerado proceso de restauración del viejo orden. En 1995, el sector del sandinismo que posteriormente se transformaría en el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), junto a aliados minoritarios (socialcristianos y socialdemócratas, liberales), impulsaron una profunda reforma constitucional que modificó sustancialmente el régimen político.

Se instauró un régimen semi presidencial, que trasladó grandes poderes a la Asamblea Nacional. El sandinismo, a pesar de su división entre “renovadores” y “ortodoxos” apoyó e impulso esta reforma constitucional, que le permitía resistir los embates de la ofensiva neoliberal. Con un porcentaje casi estático del 40% de los votos, el sandinismo se garantizó la capacidad de veto en los hechos dentro de la Asamblea Nacional y en las principales decisiones, incluidas posteriores reformas constitucionales que no se podían aprobar sin los votos sandinistas.

Bajo el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2001) primero se produjo un intenso forcejeo político y después lo que se ha conocido como “El Pacto”, en donde las nuevas paralelas históricas, el PLC y el FSLN, impulsaron profundos cambios a la Constitución.

En esa época, Daniel Ortega declaraba la necesidad de imponer un régimen parlamentario en Nicaragua. En los 16 años de ofensiva neoliberal el sandinismo impulsó varias reformas constitucionales que le trasladaron mayores poderes a la Asamblea Nacional. El poder de los diputados creció tanto hasta convertirse en un régimen parlamentario en los hechos: todos los altos funcionarios son electos o ratificados por la Asamblea Nacional, excepto el Presidente de la República, diputados, alcaldes y concejales. La escogencia del gobierno y sus ministros quedó siempre en manos del Presidente de la República, pero aumentaron las facultades de la Asamblea Nacional para destituir a los funcionarios que ella misma elige. Este último y decisivo aspecto, la escogencia del gobierno y la destitución de los ministros, que sigue estando en manos del Presidente, es lo que evita calificar al régimen político nicaragüense como parlamentario.

Al retomar el gobierno en el 2007, el FSLN inició un proceso de concentración de poder, instaurando en poco tiempo y en los hechos un régimen bonapartista, asentado en la institución del presidente Daniel Ortega, aunque conservando las formalidades con rasgos parlamentarios. A pesar que la oposición liberal era mayoría en la Asamblea Nacional, la oposición burguesa liberal estaba dividida en dos corrientes, arnoldistas y montealegristas, lo que facilitó los planes del FSLN.

En este proceso de concentración de poder, el FSLN reclutó a casi todos los altos funcionarios que provenían del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), abandonando a su suerte al otrora poderoso líder Arnoldo Alemán. Al vencerse el periodo de los magistrados y altos funcionarios, el FSLN optó por dejarlos en sus cargos, liquidando a la oposición que ahora encabeza el Partido Liberal Independiente (PLI), que ansía desesperadamente convertir sus votos en cuotas de poder dentro de las instituciones del Estado.

2.- Bonapartismo y Correlación de fuerzas

Los regímenes políticos son la combinación de factores nacionales e internacionales. A nivel nacional, en el periodo 1990-2006, el FSLN retrocedió a nivel político pero en el plano económico se consolidó como un sector burgués dominante, conservando las propiedades confiscadas, el control del Ejército y la Policía.

En el periodo del 2007 hasta la fecha, Daniel Ortega centralizó el poder creando un nuevo régimen bonapartista. El concepto de bonapartismo fue analizado por el marxismo al comparar la experiencia de la revolución francesa con la revolución rusa. No es lo mismo bonapartismo que dictadura. El bonapartismo en Francia representó un proceso de reacción interna, pero que defendió las conquistas de la revolución contra los enemigos externos.

El régimen bonapartista en los países atrasados adquiere otras connotaciones, porque oscila entre el imperialismo y la nación oprimida. A esto León Trotsky lo llamó “bonapartismo sui generis”. Los regímenes bonapartistas sui generis no son todos iguales, pero tienen una característica común: deben hacerle concesiones económicas al movimiento de masas.

En la época de la revolución, el régimen tenía características de bonapartismo sui generis, a pesar de la guerra civil. Al final, el sandinismo tuvo que profundizar la reforma agraria y hacer concesiones como la autonomía de la Costa Caribe, solo para citar dos ejemplos relevantes.

El nuevo régimen bonapartista instaurado a partir del 2007, es diferente al de la época de la revolución, aunque conserve ciertas características sui generis, como la implementación de programas de asistencia social con fondos provenientes de la cooperación venezolana. Al final de cuentas estas migajas son concesiones al movimiento de masas. Estas concesiones son mínimas, pero en un país de hambre y desempleo, los programas sociales tienen algún efecto político. Por ello el FSLN conserva un importante sustento social.

Lo que permite la instauración y consolidación del nuevo régimen bonapartista es una combinación de factores. Por un lado, la debilidad del movimiento obrero y de masas que todavía no se recupera de los efectos nocivos de la derrota de la revolución. Por el otro, la debilidad congénita de la burguesía nicaragüense, duramente golpeada por las confiscaciones de la época de la revolución y por su incapacidad de producir sus propios instrumentos políticos. De esta manera, para garantizar su rol de clase dominante, la burguesía no puede ejercer el poder político de manera directa, sino a través de otros agentes o fuerzas que tienen su propia autonomía.

No olvidemos que la burguesía no es homogénea, sino que está dividida en fracciones que casi siempre luchan entre sí. De esta división surge la necesidad de un gran árbitro, de un Bonaparte que imponga el orden social. El representante de la burguesía sandinista es nada menos que Daniel Ortega, y el FSLN es el partido político que refleja y defiende los intereses de la burguesía sandinista, que hoy juega un rol hegemónico.

No obstante, no debemos perder de vista que esta institucionalización del régimen bonapartista se produce en el contexto de una agudización de la crisis económica del capitalismo, un deterioro de la situación económica en Venezuela, principal proveedor de ayuda al gobierno sandinista, y de una creciente preocupación de las cúpulas empresariales sobre el futuro del país.

La burguesía sandinista ha reaccionado con mucha astucia, profundizando sus negociaciones con los empresarios, incorporándolos al régimen; precisamente una de las reformas plantea institucionalizar la consulta permanente con las cámaras empresariales.

Las reformas constitucionales presentadas a la Asamblea Nacional serán aprobadas sin mayores cambios, conforme la voluntad política del FSLN, debido a que en las elecciones del 2012 obtuvo más del 60% de los diputados en la Asamblea Nacional. La oposición burguesa no tiene capacidad de incidir en la negociación del régimen político.

3. Se fortalece el corporativismo

Por falta de espacio debemos limitar nuestro análisis a los aspectos más importantes, solicitando la comprensión de nuestros pacientes lectores.

El extenso proyecto de reforma constitucional no amplia derechos de los nicaragüenses, aunque convierte la ideología oficial en norma constitucional.

3.1.- “Cristiano, socialista y solidario”

El proyecto de reforma del artículo 5 de la Constitución, instituye como principios de la nación nicaragüense “los valores cristianos aseguran el amor al prójimo, la reconciliación entre hermanos de la familia nicaragüense, el respeto a la diversidad individual sin discriminación ninguna y la opción preferencial por los pobres. Los ideales socialistas promueven el bien común por encima del egoísmo individual, buscando la construcción de una sociedad cada vez más inclusiva, justa y equitativa, impulsando la democracia económica que redistribuya la riqueza nacional y se erradique la explotación entre los seres humanos”

Esta parafernalia es la elevación a rango constitucional del slogan oficial sobre el gobierno “cristiano, socialista y solidario”. Contradice el laicismo preconizado por la Constitución de 1987, y las anteriores Constituciones aprobadas por el liberalismo.

3.2. Las nuevas fronteras marítimas

Para hacer potable el proyecto de reformas constitucionales, el presidente Ortega ha introducido una reforma al artículo 6 de la Constitución: “De conformidad con las sentencias de la Corte Internacional de Justicia del ocho de octubre del año dos mil siete y del diecinueve de noviembre del año dos mil doce, Nicaragua limita en el Mar Caribe con Honduras, Jamaica, Colombia y Panamá”.

Con ello, el gobierno sandinista pretende consolidar el apoyo político obtenido al interior del país, en el diferendo con Colombia,

3.3. Responsabilidad compartida y “diálogo” en el Estado de los empresarios

Daniel Ortega ha cumplido su palabra de convertir el diálogo permanente con los empresarios en principio constitucional.

El proyecto incluye una reforma al artículo 98 de la Constitución que define un nuevo principio, que ha sido aplicado desde el año 2007 en adelante: “(…) El Estado debe cumplir a través del impulso de políticas públicas un rol de desarrollo del sector privado, que permita mejorar la funcionalidad y eficiencia de las instituciones públicas (…) Esto deberá desarrollarse en un modelo de alianza del gobierno con el sector empresarial pequeño, mediano y grande, y los trabajadores, bajo el principio de responsabilidad compartida y en diálogo permanente en la búsqueda de consensos, tanto territoriales como sectoriales.”

Esta propuesta refuerza los elementos corporativistas que ya estaban incluidos en la Constitución, y que muestran la naturaleza del régimen bonapartista, que pretende liquidar a los partidos políticos de oposición, y negociar directamente con las cúpulas empresariales, mientras controla y domestica a los sindicatos y organizaciones populares.

El proyecto también incluye una reforma al artículo 101 de la Constitución, que fortalece el principio de diálogo y responsabilidad compartida, como si los empresarios y los trabajadores estuviesen en igualdad de condiciones económicas.

Esta propuesta obliga a los trabajadores y sus organizaciones a participar en diálogos con los empresarios, bajo la tutela del Estado: “Los trabajadores y demás sectores productivos, tienen el derecho de participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos, conforme el modelo de diálogo, alianza y consenso impulsado por el Estado, con el objetivo de elevar la productividad (….) Se deberán conformar Consejos sectoriales, a nivel regional y municipal, integrados por las empresas, cámaras, federaciones y confederaciones empresariales, los sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales sindicales relacionadas y los funcionarios del Poder Ciudadano correspondientes, los que deberán ser instancias permanentes de diálogo, intercambio y responsabilidad compartida, para que, de forma armoniosa y consensuada, se determinen, apliquen y den seguimiento a las políticas sectoriales, nacionales, locales y regionales. También, se deberá conformar Consejos Nacionales del Gobierno con la representación del empresariado privado y la representación de los trabajadores al más alto nivel para la consecución de las políticas de desarrollo social, económico y productivo del país, en búsqueda del bien común, creando para ello "Comisiones de Seguimiento", las cuales estarán conformadas y tendrán las funciones que se establezca normativamente”.

4.- Un poco más de poder a la Asamblea Nacional

La oposición burguesa en crisis ha perdido la razón, ha enloquecido, bajo el asedio sandinista. Gritan a los cuatro vientos que Daniel Ortega pretende volver al presidencialismo ya superado, pero en realidad no es así.

El proyecto de reformas no contiene nuevos poderes para el Presidente, salvo uno nuevo que estaba en la Constitución de 1987: emitir decretos ejecutivos con fuerza de ley pero en materia administrativa. Aparte de esta facultad que ha sido aplicada en los hechos desde el 2007, no hay nuevos poderes para el Presidente de la República.

Al contrario, hay nuevos poderes para la Asamblea Nacional. En el año 2005 fue aprobada la Ley No 520 que contenía la reforma constitucional que permitía a la Asamblea Nacional destituir a los ministros con el 60% de los votos. Era una gran limitación de los poderes del Presidente sobre la composición del gobierno, pero esta ley fue declarada inconstitucional el 30 de agosto del 2005, por medio de la sentencia No 52 de la Corte Suprema de Justicia.

Ese mismo artículo que fue declarado inconstitucional fue nuevamente introducido por el proyecto de reformas. La propuesta de modificación del artículo 138, numeral 4, contempla que “si la Asamblea Nacional, considera al funcionario no apto para el ejercicio del cargo, con votación calificada del sesenta por ciento de los Diputados lo destituirá, y pondrá en conocimiento al Presidente de la República para que dentro del plazo de tres días haga efectiva esta decisión”.

Con esta propuesta se fortalece el rol de la Asamblea Nacional, que adquiere la capacidad de imponer destituciones al propio Presidente de la República.

5.- Objetivo central: despejar el camino a la reelección.

Indudablemente el aspecto crucial de la reforma constitucional es la derogación de las inhibiciones al presidente de la República. Daniel Ortega ha ejercido la presidencia en tres periodos, algo que quedó prohibido en la reforma de 1995.

Por ello, la propuesta de reforma contempla sencillamente quitar esas prohibiciones, derogando la parte que ordena que no puede ser candidato a presidente “el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales; el Vicepresidente de la República o el llamado a reemplazarlo, si hubiere ejercido su cargo o el de Presidente en propiedad durante los doce meses anteriores a la fecha en que se efectúa la elección para el período siguiente”.

Al derogar esta parte, queda allanado el camino para que Daniel Ortega, eje del régimen bonapartista, pueda presentarse como candidato a las elecciones presidenciales del 2017.

Siempre hemos sostenido que el problema de la reelección no es un problema de principios, siempre y cuando exista un sistema electoral democrático que permita al pueblo decidir si tal o cual candidato se mantiene en el cargo. La cuestión es que ese sistema no existe en Nicaragua.

6.- Otros aspectos de la reforma

Otra importante reforma es la reorganización del poder judicial. Al separar las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales dentro de la Corte Suprema de Justicia se opera un proceso de modernización del desprestigiado poder judicial. Se crea la jurisdicción contencioso administrativo a nivel nacional. Los empresarios están muy contentos.

Existen otras propuestas que meten en aprietos a la oposición burguesa, como la obligación de presentar el 50% de las candidatas mujeres en los cargos de elección popular.

El castigo al transfuguismo de los diputados, es parte del proceso de imponer el orden en las filas de los aliados. La propuesta relacionada con la concesión del canal interoceánico viene a legalizar la cuestionada concesión a favor del empresario chino Wang Jing.

7.- Es hora de una Asamblea Nacional Constituyente.

El proyecto de reformas constitucionales no democratiza el sistema electoral. El pueblo debe decidir democráticamente los cambios al sistema político, por eso se requiera una profunda reforma que democratice el sistema electoral.

Ya no se deben poner más parches a la Constitución de 1987, sino que se debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, Libre, Democrática y Soberana, para que el pueblo decida el rumbo a seguir.

Por Diego Lynch

Tras las últimas elecciones presidenciales en Noviembre del año 2011, se rumoraba que existían grupos armados en el norte del país, los que se preparaban para iniciar una lucha por derrocar al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Sin embargo, esto jamás fue confirmado y no se produjo ningún tipo de enfrentamiento.

Este año, el rumor retomó fuerza y efectivamente ya se ha comprobado la presencia de los grupos mencionados en la zona centro y norte del país, en lo que es Siuna, Waslala, Jinotega, el Triángulo Minero y la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).

¿Guerrilleros o Delincuentes?

Una vez que el Gobierno Central, el Ejército y la Policía Nacional aceptaron e hicieron pública la existencia de estos grupos armados, se han manejado dos versiones. La oficial que asegura se trata de un grupo de delincuentes, de una banda muy organizada que se dedica al abigeato y asaltos a los ganaderos del sector, y la versión de los familiares de los integrantes de estos grupos, quienes aseguran son guerrilleros que luchan en contra del gobierno y por un estado de derecho.

“Tropas combinadas del batallón ecológico del ejército de Nicaragua y de la policía nacional se han desplazado hacia el sector del Guayabo, jurisdicción de Siuna, donde se ha detectado la presencia de grupos armados…Vamos en busca de una banda delincuencial al mando de “Nicaragua” que ha sido detectada en el sector del Guayabo” (Declaraciones de una fuente Policial a La Prensa, 16/10/2013).

Por su parte, los miembros y familiares de los grupos armados desmienten estas declaraciones y aseguran que han sido objeto de ataques y torturas por parte de la policía nacional y el ejército de Nicaragua. “Bismark Figueroa, hijo de Marvin Figueroa, conocido como “Comandante Nicaragua”,

Supuesto cabecilla de estos grupos alzados, hizo la denuncia en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), mientras la directiva departamental del Partido Liberal Independiente (PLI), de Jinotega, reivindicó a los alzados en armas asegurando que muchos son miembros de esa fuerza política” (El Nuevo Diario, 23/10/2013).

“Nosotros luchamos con un fin político, tenemos que defender nuestra democracia que está secuestrada por el comunismo; los testigos son nuestros campesinos que nos están apoyando en el campo…Ellos (las autoridades) no quieren aceptar que hay fuerzas rebeldes que defendemos la democracia en el país, que ha sido violentada por el orteguismo” (Declaraciones del Comandante Nicaragua a la Prensa, 16/10/2013).

El Partido Liberal Independiente los respalda

El PLI ha salido a la defensa de estos grupos armados, rechazando que se les trate de hacer ver como delincuentes y expresando que es una lucha justa y necesaria. “El PLI de Jinotega rechaza que se les señale como delincuentes, pues participaron como miembros de mesas y fiscales en las elecciones presidenciales del 2011 y municipales del 2012… el presidente departamental del PLI en Jinotega, Byron Chamorro, indicó que la gente espera que su partido actúe y se pronuncie, por lo que hacen un llamado al gobierno a que termine la persecución en contra de sus simpatizantes y que llame a un diálogo nacional para restablecer la institucionalidad democrática” (El Nuevo Diario, 23/10/2013).

Los dirigentes liberales aseguran que esta lucha se debe a la falta de institucionalidad que existe desde que el frente sandinista retomó el gobierno central, ejemplificando el caso de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (C.S.E.), pero no plantean una solución al problema. Hablan de un diálogo nacional que no es más que una mesa de negociación, en donde las fuerzas políticas se dividen los cargos y olvidan a la población.

Gobierno sandinista debe revisar sus políticas hacia el campesinado

Queda claro que estos grupos armados son alentados por los partidos de derecha en crisis, que utilizan el fantasma de la guerra civil para obligar al gobierno sandinista a negociar con el objetivo de arrancar concesiones. Estamos ante una vil manipulación de algunos sectores campesinos que estuvieron ligados al ejército contra

El Ejército y la Policía se han mostrado implacables en el combate contra estos grupos, que por el momento son ultra minoritarios. El actual gobierno sandinista debe revisar su política hacia los sectores campesinos descontentos, sobre todo la política de compra de granos y la política de financiamiento.