Sorpresiva liberación y destierro de los presos políticos en Nicaragua
El jueves 9 de febrero, sin previo anuncio, la dictadura Ortega-Murillo, en una aparente concesión ante las presiones de Estados Unidos y la comunidad internacional, liberó a 222 prisioneros políticos que mantenía desde junio del 2021, enviándolos al exilo forzado.
La noticia dejó atónitos a quienes, bajo condiciones de persecución, han venido reclamando la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Debido a la ausencia de medios de comunicación independientes en Nicaragua, resultó muy difícil saber lo que realmente estaba ocurriendo.
Inicialmente, las noticias que circularon en las redes sociales se referían a una supuesta e inexplicable “decisión unilateral” de la dictadura. The New York Times informó que “(…) El gobierno de Nicaragua, que no buscó nada a cambio, accedió a liberar a los prisioneros a Estados Unidos como una forma de señalar el deseo de reiniciar las relaciones con el país (..)”.
Las dudas se disiparon cuando el Departamento de Estado confirmó las sospechas que no se trataba de una “decisión unilateral” de la dictadura Ortega-Murillo, sino que fue producto de una prolongada y tortuosa negociación secreta. Blinken confirmo que la liberación de 222 presos políticos nicaragüenses “(…) representa un paso constructivo para abordar los abusos de derechos humanos en el país y abre la posibilidad de que continúe el diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua con respecto a temas de interés. El acontecimiento de hoy es producto de la diplomacia concertada estadounidense (…) Estados Unidos facilitó el traslado seguro de esas personas al Aeropuerto Internacional Dulles. (…) Estados Unidos está prestando apoyo médico y legal para facilitar su arribo.”
A pesar de la agresiva política de Estados Unidos de aplicar sanciones contra altos funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo, y que Managua le retiró el beneplácito al embajador Hugo Rodríguez en julio del 2022, la administración Biden ha mantenido una discreta política de acercamiento con la dictadura. En noviembre del 2022, Biden nombró a Cristopher Dodd, asesor especial para asuntos de América Latina. Dodd mantuvo buenas relaciones con la dirección sandinista, cuando fue presidente de la Cámara de Representantes, por su oposición al financiamiento al ejército contra. El nombramiento de Dodd fue un mensaje especial de buena voluntad hacia la dictadura Ortega-Murillo, y así comenzó una lenta y difícil negociación secreta que, en menos de tres meses, ha terminado con la liberación de los 222 presos políticos, aunque todavía permanecen en prisión 22 prisioneros políticos, provenientes de sectores populares, quienes fueron apresados y condenados bajo acusación de cometer delitos comunes.
La sorpresiva liberación de 222 prisioneros políticos, en su mayoría miembros de la oposición burguesa, por un lado, produce alegría, pero el hecho que fueron enviados a Washington en avión fletado por el gobierno de Estados Unidos deja un sabor amargo, porque reafirma que la oposición burguesa no es independiente, sino que es títere de Estados Unidos.
Pero la dictadura no da nudo sin puntada. Antes de liberar a los 222 presos políticos, y para cumplir algunas formalidades legales, la Asamblea Nacional, bajo absoluto control del FSLN, aprobó apresuradamente una “Ley especial para regular la perdida de la nacionalidad, la cual no ha sido publicada en La Gaceta pero ese mismo día fue ejecutada por el poder judicial, que dictó una monstruosa sentencia declarando la perdida de la nacionalidad a quienes hayan sido declarados culpables bajo los efectos de la Ley No 1055, ordenando la inmediata “deportación”. Incluso, ese mismo día fue presentado un proyecto de reforma constitucional, que debe ir a Comisión Especial, y que para entrar en vigencia debe aprobarse en dos legislaturas
La ley especial que regula la perdida de la nacionalidad, no solo no ha sido publicada, sino que se debe aplicar retroactivamente y en sentido contrario al artículo 20 de la Constitución que ordena que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad”.
Para cumplir lo acordado con Estados Unidos, la dictadura ha creado un entuerto legal que, aunque los envía al destierro forzoso, no libera a los prisioneros políticos de las secuelas de las sentencias dictadas en su contra, especialmente la prohibición de presentarse como candidatos de elección popular. En el fondo, continúan siendo rehenes de la dictadura, y moneda de cambio en las negociaciones.
A pesar de la retórica estridente contra Estados Unidos, ya se inició un proceso de negociación en condiciones relativamente favorables a la dictadura. Es difícil predecir como terminaran estas negociaciones y si habrá una apertura democrática real, o se mantendrán las duras condiciones imperantes.
La negociación con el Vaticano, para lograr la liberación de Monseñor Rolando Álvarez y los otros curas condenados, se mantiene en secreto. La dictadura, por el momento, se mantiene firme en su voluntad de mantenerse en el poder e iniciar una dinastía.