Por Armando Tezucún

El 27 de diciembre recién pasado las autoridades en materia económica de Guatemala presentaron un resumen de los principales indicadores del desempeño de la economía en el año 2022. El producto interno bruto (PIB) tuvo un crecimiento del 4%, una notable diferencia con el de 2021, que tuvo un incremento del 8%, como resultado de la recuperación de la economía respecto al retroceso del -1.8% de 2020, resultado a su vez de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19; como era de esperarse, y contra los pronósticos de ingenuos que se entusiasmaron con el 8% de crecimiento de 2021, el pasado año el desempeño de la economía regresó a los índices normales que ha sostenido durante al menos 15 años, un crecimiento de entre el 3 y 4%, que evidentemente ha sido insuficiente para resolver los múltiples problemas de desempleo y pobreza que afectan al pueblo trabajador.

Una vez más, el monto del apoyo económico que las y los trabajadores migrantes envían a sus familias tuvo un crecimiento notable, representando un 17.9% con respecto a 2021, y llegando a un total de US$ 18 mil 40.3 millones. Las remesas que envían los migrantes se ha convertido en un apoyo importante al consumo de las familias pobres, y en menor medida a la inversión en construcción y pequeños negocios. Paradójicamente, el capitalismo guatemalteco, incapaz de crear suficiente empleo decente y formal, es salvado de una debacle aún mayor por los propios trabajadores que expulsa al extranjero. 

Un aspecto particular y alarmante del desempeño económico de 2022 fue el aumento de la inflación, que llegó al 9.24%; según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este ha sido el más alto incremento inflacionario desde 2008, cuando llegó al 9.4% (Prensa Libre 9/01/2023). El gobierno y las autoridades económicas han explicado, a manera de excusa, que la inflación se debió a factores externos, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó el alza en los combustibles.

Para el pueblo trabajador, las principales alzas fueron en alimentos y transporte, que han deteriorado su nivel de vida. El costo de la canasta básica alimentaria llegó en diciembre a Q 3,634.18 (unos US$ 463), mientras que la canasta básica ampliada, que incluye gastos en servicios, recreación, salud, educación, vivienda, vestuario, transporte, etc., llegó a Q 8,391.09 (unos US$ 1,069).

En este contexto de aumento inusual de la inflación, el 23 de diciembre el gobierno publicó los nuevos salarios mínimos para 2023, mediante el acuerdo gubernativo 353-2022. Por primera vez se definió salarios diferenciados por circunscripciones económicas, un planteamiento que durante varios años las organizaciones de la burguesía habían insistido que se implementara. Si bien para 2023 se delimitaron solo dos regiones, la esperanza de los empresarios es que en un futuro haya más, para implementar salarios cada vez más bajos. El supuesto del que parten el gobierno y los capitalistas para implementar salarios diferenciados por regiones, es que en el interior del país el costo de la vida es menor que en la capital; esto es refutado por el mismo INE, que reportó una inflación mayor al promedio nacional en algunos departamentos llegando al 10 u 11%. 

Las circunscripciones definidas son, la región 1 que corresponde al departamento de Guatemala, donde se ubica la capital, y la región 2 que corresponde al resto de departamentos. Para la región 1 el gobierno definió un incremento del 7% al sueldo mínimo, para la región 2 un aumento del 4%, ninguno de los cuales, a pesar de que es el incremento salarial más alto en varios años, cubre la inflación del 9.24%. En cada región hay salarios distintos para actividades agrícolas, no agrícolas y actividades de exportación y maquilas. El salario mínimo más elevado será de Q 3,416.38 mensuales para actividades no agrícolas en la región 1 (unos US$ 435); el más bajo será Q 3,062.63 para actividades de exportación y maquila en la región 2 (unos US$ 390). Como vemos, ni el más elevado de los salarios mínimos cubre el costo de las canastas básicas. Los que salen más beneficiados son los grandes magnates de las empresas agroexportadoras del azúcar, aceite de palma, etc., cuyos trabajadores tendrán un aumento salarial magro.

Los representantes sindicales en la Comisión del Salario Mínimo rechazaron la división por circunscripciones y propusieron un salario mínimo único de Q 180 diarios, Q 5,400 mensuales (unos US$ 688). Esta era la propuesta más sensata. Proponemos a los compañeros sindicalistas que se empiece a plantear la escala móvil de salarios, es decir, que los salarios aumenten al mismo ritmo de la inflación, de forma automática; de esta manera los trabajadores no tendremos que esperar un año para ver una mejora en sus precarios sueldos.

Por Leonardo Ixim

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hará la convocatoria a elecciones generales el próximo 20 de enero, y los partidos políticos se apresuran a realizar asambleas nacionales, municipales y departamentales para presentar sus candidatos.

Con 29 partidos legalmente conformados, y 19 comités pro formación de partidos políticos, de los cuales por lo menos unos siete tendrán la posibilidad de sobrepasar el umbral mínimo requerido para convertirse en partidos políticos, Guatemala es uno de los países a nivel regional con mayor fragmentación político partidaria electoral.

¿Partidos políticos o grupos electoreros?

Sobre esas características extremas del escenario de partidos políticos en este país se manejan varias hipótesis; con las que más coincidimos es con las que sostienen que estos grupos se reflejan como maquinarias electorales y no partidos en sintonía con planteamientos teóricos de las ciencias políticas. Estos partidos reflejan los intereses de capas sociales, en su mayoría de la pequeña burguesía o de algunas fracciones burguesas, que buscan beneficiar sus intereses a partir del control del Estado, del gobierno y los gobiernos municipales y el manejo privatizado de la acción pública.

Es más, algunos centros de pensamiento afines al estatus quo, bien los han calificado como franquicias electorales, manejadas por intereses caudillistas y bajo modalidades clientelares, en una especie de armazón entre cabezas visibles a nivel nacional y líderes locales que garantizan el voto a los partidos.

Así, en los últimos 20 años no ha habido ninguna expresión orgánica unitaria de la burguesía; los últimos intentos fueron la Gran Alianza Nacional (GANA) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) un poco antes, entre la década de los noventa del siglo pasado y la primera del siglo XXI. Eso es reflejo no solo de la disimilitud de intereses entre las fracciones del gran capital, sino del surgimiento de grupos emergentes de la burguesía ligados al aparato estatal y al poder que los militares adquirieron durante la época contrainsurgente; así también del aparecimiento de los sectores ligados al crimen organizado, aunque no exista una clara frontera entre burguesía tradicional, burguesía emergente y actividades ilegales.

Los partidos de la izquierda electoral

En cuanto a la izquierda, su participación fue perseguida durante las dictaduras de seguridad nacional y su democracia anticomunista, con esfuerzos heroicos como el de la socialdemocracia de izquierda del Frente de Unidad Revolucionaria en la década de los setenta. La primera participación electoral de la izquierda se dio en los años ochenta con el Partido Socialista Democrático, y en 1994 con el Frente Democrático Nueva Guatemala, un instrumento conformado por fuerzas sociales, algunas vinculadas a la insurgencia y a las organizaciones que conformaron el frente político-militar insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 entre la URNG y el gobierno del PAN, se intentó mantener cierta unidad en el plano formal y electoral, al momento que la insurgencia acepta incorporarse al sistema político de la burguesía con la Alianza Nueva Nación para las elecciones de 1999, fragmentándose después en una gran cantidad de pequeños partidos. Eso fue de la mano de dos problemáticas asumidas, un electoralismo excesivo de los partidos de izquierda y una sectorización y oenegización de los métodos de trabajo de los organismos sociales.

Las candidaturas de izquierda y de derecha

Para estas elecciones participaran como parte de ese espectro, la URNG que mantiene algunos sectores que provienen del pasado insurgente, el Movimiento Winaq, que reivindica algunos elementos mayenses, el Movimiento Semilla, más cercano a posiciones socialdemócratas. Estos partidos irán en alianza en algunos municipios, como en la Ciudad de Guatemala donde el candidato alcalde será ex superintendente de administración tributaria, Francisco Foppa, y están discutiendo lanzar un binomio en común.

Por otro lado, está el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), ligado a la organización Comité de Desarrollo Campesino, con vínculos también en la antigua insurgencia, que ya presentó a su binomio, con Thelma Cabrera, dirigente histórica de esa organización para candidata a presidente y como vicepresidente, a Jordan Rodas, ex procurador de los derechos humanos y ex candidato a rector da la universidad pública por el grupo SOS USAC, víctima de un fraude electoral en esa casa de estudios.

Otra expresión política es el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), una escisión de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) conformada por elementos provenientes de la izquierda y que formaron parte del gobierno social-liberal de Álvaro Colom entre 2008 y 2012.

El MLP ha dicho que no acepta ninguna alianza con los demás partidos de izquierda, argumentando que es una izquierda “neoliberal”, pero lo cierto es que todas las expresiones de izquierda mantienen un programa reformista desde antes de la firma de los Acuerdos de Paz. Y si bien el MLP tiene elementos más de carácter rupturista anti neoliberal, como la nacionalización de bienes comunes hoy privatizados, no escapa del fetichismo campesino de la propiedad privada, así como es positivo que plantea un nuevo modelo de Estado, no clarifica si este tiene características anti capitalistas o no.

En la derecha por lo menos 13 partidos han hecho asambleas nacionales, postulando sus binomios. Aquí mencionaremos los principales, que tienen vínculos con algunos grupos de la oligarquía y otras fracciones burguesas.

El partido de gobierno VAMOS ya presentó su binomio en alianza con lo que queda del PAN histórico, presentando al diputado por este último partido Manuel Conde y como candidato a vicepresidente el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas Luis Antonio Suarez, vinculado con los grupos empresariales de la agro-industria cañera y que fue candidato a rector de la USAC, acoplándose al fraude que se realizó en la universidad.

Otra candidatura es alianza entre el Partido Unionista y Valor que postularon a ex diputada del extinto Frente Republicano Guatemalteco (FRG) e hija del general golpista acusado de crímenes de genocidio contra el pueblo maya-ixil en la guerra interna, Zuri Ríos Sosa. A ésta, según la Constitución Política se le prohíbe participar en elecciones al ser hija de un caudillo que dio golpe de Estado. El candidato a vice es Héctor Cifuentes ex diputado y ex ministro de trabajo del gobierno de Álvaro Arzú del PAN en 1997.

Esta es una alianza que vincula a dos partidos que son producto de intentos partidarios de aglutinar a las expresiones de derecha tras la llamada apertura democrática, el PAN y el FRG; el primero un intento de aglutinar las expresiones tradicionales de la oligarquía como ya se dijo, y el segundo las burguesías emergentes; hoy no son más cono expresiones venidas a menos.

Otra expresión más es la que postula nuevamente a la ex primera dama del gobierno de Colom, Sandra Torres y al pastor evangélico –situación que es prohibida por la ley electoral pero no es la primera vez que se da- Romero Guerra para la vice presidencia. Esto después de una dura lucha con la facción que formó VOS por la ficha electoral del partido UNE, que al final el gobierno y los grupos de poder ligados a Alejandro Giammattei por medio del control que tienen dentro del TSE le entregaron a Torres ese partido, esto bajo la lógica de que esta candidata genera un anti voto que es instrumentado a favor de partidos de derecha, tal como sucedió en las elecciones de 2019 cuando llegó al gobierno Giammattei,

Otra candidatura importante es la de Edmund Mulet, que realiza un segundo intento por ser presidente, ahora con el partido Cabal hecho ad hoc para su candidatura pues en las elecciones pasadas fue postulado por el Partido Humanista, cuyos diputados en esta legislatura se desligaron de este y postulan al diputado por ese partido, Rudio Lecsan Mérida, ex director de la Policía Nacional Civil, como candidato presidencial. Lo que tienen en común es que estas expresiones provienen del extinto FRG; Mulet fue diputado y presidente del Congreso por ese partido en los noventas y recordemos está señalado de adopciones ilegales durante los gobiernos militares; el candidato vicepresidencial de Cabal es el diplomático Máximo Santa Cruz.

Faltará por ver otras expresiones de la derecha ligadas a facciones burguesas como el partido Visión con Valores (que usa un discurso fundamentalista evangélico) y fue el partido que intento postular a Ríos Sosa en las elecciones pasadas, hecho denegado por anti constitucional. Así como el partido Compromiso, Renovación y Orden que provienen de la GANA y ha expresado un accionar dizque ético de los grupos de poder burgués anti corrupción, en la actual legislatura.

Contra el creciente endurecimiento del régimen político, frente único obrero y popular

Los gobiernos en Guatemala desde la firma de la paz han cambiado, pero la naturaleza del régimen político conservador y neoliberal no ha cambiado, a final reflejo del modelo capitalista contrarrevolucionario.  La crisis global capitalista, los efectos destructivos sobre la economía del istmo centroamericano como la migración, la miseria, las pandillas etc., han hecho reaccionar a los grupos de poder hacia un endurecimiento del régimen político ahora cada vez más dictatorial.  

Consideramos que urge la articulación a partir de un frente único de organizaciones campesinas, obreras, indígenas, estudiantiles, de mujeres, de las diversidades sexuales, ambientales y populares para hacerle frente a ese escenario represivo y exigirles a los partidos de izquierda que sus candidaturas reflejen las luchas sociales organizadas.

Por Ricardo Patzán

El gobierno de Alejandro Giammattei se ha caracterizado por desarrollar rasgos dictatoriales, manifestados en la represión contra periodistas, jueces y operadores de justicia independientes, muchos de los cuales están encarcelados o han tenido que salir del país. Pero las políticas represivas se tornan más violentas cuando se aplican en contra de las comunidades indígenas y campesinas, casi siempre para favorecer a empresas mineras o agroexportadoras.

El caso más reciente se dio en la comunidad Chapín Abajo, en el área sur de El Estor, departamento de Izabal. El martes 6 de diciembre en horas de la madrugada, un contingente de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de personeros del Ministerio Público (MP) irrumpieron por la fuerza en la comunidad con la intención de realizar 25 allanamientos en las casas de dirigentes de la localidad; ellos apoyaron activamente la resistencia antiminera de El Estor en 2021, y las autoridades generaron órdenes de captura en su contra. Según informaron miembros de la comunidad, varias personas fueron arrestadas, otras fueron heridas de bala y un menor de 17 años debió ser internado en el hospital.

Según reportó una delegación de las Autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q´eqchí y periodistas independientes, dos hombres sufrieron heridas menores de bala, varias mujeres fueron golpeadas en el cuerpo y en el rostro, otras mujeres y niños resultaron intoxicados por gases lacrimógenos, los policías entraron a las viviendas y se robaron alimentos y otros bienes, hay presencia de paramilitares en el área con armamento de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, fue detenida Alba María Choc, esposa del dirigente comunitario Pedro Cuc Pan, y sus dos hijos menores de edad; ella se comunicó con su esposo y le dijo que los policías demandan que él se entregue, a cambio de liberar a sus hijos. Esta es a todas luces una medida ilegal, propia de bandas de secuestradores. Según la PNC tres agentes resultaron heridos (con información de Prensa Comunitaria, 6/12/2022).

La represión contra los habitantes de Chapín Abajo fue instigada por la empresa NaturAceites, que se dedica al cultivo de palma aceitera en el departamento de Izabal. Esta es la cuarta ocasión en que la PNC irrumpe en la comunidad, y la intención de la empresa es arrebatar las tierras de la comunidad, que ya está rodeada por inmensos terrenos sembrados de palma, un destacamento militar, una planta industrial y bodegas de la empresa. El cultivo de la palma aceitera para exportación y consumo local es uno de los nuevos negocios de los grupos oligárquicos; requiere grandes extensiones de terreno, poca mano de obra y se caracteriza por agotar rápidamente los nutrientes del suelo. La forma de operar de las empresas aceiteras recuerda la usurpación de tierras de las comunidades indígenas para el cultivo del café en la segunda mitad del siglo XIX; las voraces empresas aceiteras tienen ya un historial de acaparamiento de tierras en detrimento de los pequeños y medianos campesinos. En noviembre de 2021 la comunidad Palestina Chinebal fue desalojada de sus tierras violentamente y sus casas fueron incendiadas, por trabajadores de NaturaAceites, sin que la policía interviniera.

Las personas que se encuentran detenidas son Darwin Cuc Toc (menor de edad), Jenifer Yajaira Pan Paau (menor de edad), Alba María Toc, María Caal Pop, Jaime Maquin y Warren Rafael Beb.

Otro desalojo contra campesinos indígenas se dio el 18 y 23 de noviembre en Purulhá Baja Verapaz, donde más de mil elementos de la PNC y soldados del ejército expulsaron a los habitantes de las comunidades Pancoc y Monjón, pertenecientes a las etnias Q´eqchí y Poqomchi´. Según los dirigentes de la comunidad, los policías entraron de madrugada disparando, y los pobladores salieron huyendo, siendo herida una persona.

En este caso son familias de cafetaleros, algunas de origen alemán, las que están expulsando de las fincas a familias indígenas, que han vivido por décadas en las tierras como mozos colonos, luego de que las tierras les fueran arrebatadas, probablemente durante los gobiernos liberales de fines del siglo XIX. Esta forma arcaica de emplear mano de obra ha derivado en que los campesinos reivindiquen la propiedad de sus territorios ancestrales. Desde noviembre los comunitarios están escondidos en la montaña, por el miedo a la presencia militar en el sector.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares con las comunidades indígenas que están siendo víctimas de la voracidad de los finqueros y empresarios agrícolas. Una vez más constatamos la necesidad de la conformación de un frente contra la represión, que enfrente al gobierno dictatorial de Giammattei.

Por Armando Tezucún

El partido de gobierno, VAMOS, y sus aliados, avanzan en los preparativos para las elecciones generales del próximo año. El paso mas reciente ha sido las modificaciones al reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP), decididas por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tomando como base la experiencia de los comicios de 2019, los responsables del organismo electoral decidieron que algunos artículos de la ley se prestaban a “excesos”.

El 25 de noviembre fueron publicados en el diario oficial los cambios a los siguientes reglamentos: el de la LEEP, el reglamento del voto en el extranjero, el reglamento de control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas, y el reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Fueron modificados 75 artículos y suprimidos otros 10; algunas de estas reformas despiertan sospechas sobre las motivaciones que las impulsaron y a qué actores benefician. El TSE de por sí está siendo cuestionado por el anuncio de procesos de compra poco transparentes, en cuanto a la adquisición de equipo informático y de otra naturaleza, a utilizarse en el próximo proceso electoral.

Uno de los aspectos más sensibles es el del financiamiento de los partidos políticos, pues los empresarios, el crimen organizado y el narco inundan de dinero a los candidatos a cargos públicos para que les correspondan beneficiando sus intereses, una vez los aspirantes ganadores asuman sus funciones. Las reformas a la LEEP en 2016 se orientaron a regular este aspecto, dejando bajo el control del TSE el gasto de propaganda en los medios de comunicación y otros aspectos clave. Varios partidos políticos han sido cancelados por no haber reportado la recepción de fondos por parte de financistas privados, o por no haber respaldado sus gastos de campaña con documentos, como es el caso de Unión del Cambio Nacional; estos casos se remontan a las elecciones de 2015.

Las recientes reformas parecen revertir algunos de los controles sobre el financiamiento, relajando normas y requisitos. En especial es alarmante que fueron eliminadas de la lista de exclusión para ser financistas las personas individuales o jurídicas que hayan sido sentenciadas por cargos contra la administración pública, lavado de dinero o sujetas a procesos de extinción de dominio; es decir, se abre la puerta a corruptos y criminales para que puedan entregar dinero a los partidos que en un futuro gobernarán para sus intereses. Otra reforma eleva la cantidad de aporte a partir de la cual los financistas deben presentar una declaración jurada explicando el origen de los fondos; se pasó de Q 30 mil a Q 50 mil. Se incrementó también el monto de aportes a partir del cual los financistas deberán habilitar libros contables ante el TSE, siendo ahora de Q 5 mil en adelante.

En cuanto a la utilización de medios de comunicación y redes sociales para la propaganda política, se modificó el plazo de prohibición de la publicación de estudios de opinión y encuestas previo al día de las elecciones, pasando de 15 días a 36 horas. A pesar del control que ahora ejerce el TSE sobre el gasto de publicidad en los medios que pautarán propaganda, como radio, televisión, prensa y medios digitales, se definió la categoría de “medios alternativos”, que los partidos podrán contratar con libertad, como vallas publicitarias, muppis, etc.; esto da pauta a que influencers o forjadores de opinión en las redes sociales puedan libremente difundir propaganda sin la injerencia del TSE.

Por otro lado, los cambios al reglamento de la LEEP ablandan los requisitos para inscripción de candidatos, en especial en cuanto a que ahora no será necesario presentar declaración jurada de que el aspirante a candidato no ha sido proveedor o contratista del Estado ni ha recibido fondos del Estado en los últimos cuatro años, y se compromete a no convertirse en contratista del Estado luego de su inscripción ni durante el ejercicio de su cargo, en caso de ganar la elección. La eliminación de estos requisitos abre las puertas a que funcionarios que son empresarios hagan jugosos negocios con el presupuesto estatal. De igual manera, en adelante ya no será impedimento para la inscripción de candidatos que la persona sea sujeto de un proceso judicial, la única objeción será que tenga sentencia condenatoria.

Ha otros aspectos cuestionables en las reformas; los partidos políticos tenían hasta el 7 de diciembre para presentar sus objeciones, pero ninguno las presentó. Llamamos a las organizaciones populares a estar alertas, pues los cambios a los reglamentos de la LEEP abren las puertas a la participación de personajes corruptos y de dudosa trayectoria en los próximos comicios.