Por Leonardo Ixim

La apertura del campus central de la Universidad de San Carlos (USAC) el pasado viernes 9 de junio cierra una etapa de lucha de la llamada Digna Resistencia Universitaria contra el fraude electoral donde se impuso al ex decano de la Facultad de Humanidades, Walter Mazariegos en el cargo de rector de la USAC.

La imposición de Mazariegos es producto de una serie de factores de parte de un sector conformado por grupos mafiosos y burocráticos al interior de la USAC, que ya tenían el control de la Facultad de Humanidades y otras como Derecho, Ingeniería y Ciencias Económicas; y de centros universitarios departamentales como el de Quetzaltenango y otros. Pero, a raíz de las detenciones y procesos penales llevados a cabo por la desaparecida CICIG junto al Ministerio Público, de los ex rectores Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, el primero ex decano de la Facultad de Ingeniería y el segundo ex decano de la Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales, hubo realineamiento de estos factores de poder, imponiéndose en un fraude contra el grupo SOS USAC, que aglutinó a los sectores progresistas y democráticos de la U.

Este estuvo ligado, como bien lo señala un comunicado de la Coordinadora General de Estudiantes (CGE), a la llamada cooptación de la institucionalidad estatal, así como de los  poderes públicos tales como las cortes de justicia, la Corte de Constitucionalidad y obviamente el legislativo; siendo un ejemplo que el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Luis Suárez, que compitió para el cargo de rector y quien se sumó al fraude de Mazariegos, hombre ligado a núcleos del empresariado oligarca, vaya de candidato a vicepresidente por el partido gubernamental VAMOS, junto a Manuel Conde Orellana, y diputado ligado a los grupos de poder económico y político.

Cuando hablamos de cooptación de la institucionalidad estatal no queremos decir lo mismo que cooptación del Estado, porque la primera es elástica y tiende a tener cierta autonomía en algunos casos, mientras que el Estado en su conjunto es un instrumento de dominación de la clase capitalista y ha sido un error considerar que fue cooptado, porque este no ha sufrido ninguna modificación estructural, más que ciertos cambios en el régimen político. Este tiende, en los últimos gobiernos y con más fuerza con el actual, a convertirse en autoritario.

Retomando el punto, ha habido mucha crítica de que la toma del campus universitario y otros recintos, siendo la ocupación más larga en la historia de la universidad por estudiantes, no dio sus frutos y fue una verdadera pérdida de tiempo, además de que aparecieron conductas de elementos lúmpenes que usaron el espacio no para desarrollar una lucha política, sino para convertirlo en su propio espacio de festejos.

Nosotros ya a mediados del año pasado identificamos que la acción de toma, la cual tiene características defensivas que puede cerrar las posibilidades ofensivas de una lucha, había que dar paso a un retorno de la presencialidad, que como se sabe, fue detenida por la pandemia del COVID-19. Pero la USAC fue la última universidad en retomar clases presenciales y eso se debió a que la administración fraudulenta de Mazariegos utilizó la toma a su favor; a la par que criminalizaba a quienes resistían, usaba promesas populistas como la cuarta oportunidad para materias que se pierden tras la tercera prueba para aprobar un curso, y la promesa de que no iba a haber restricciones para acceder a la educación superior del universo de graduandos de educación media. El hecho que las clases eran virtuales mostró lo negligente y la falta de previsibilidad de las autoridades en las capacidades, donde deben primar los criterios de acceso a la educación, sobre todo.

Sin embargo, la toma fue demasiado larga, aisló la lucha, se dejó de realizar otros métodos de lucha como las manifestaciones que hubo en cierto momento; no logró una real articulación con las organizaciones sociales, pese a la solidaridad y al apoyo entre estudiantes y otros grupos populares, entre otras cosas. Es decir, fue un sacrificio de parte de la CGE y otras expresiones docentes y de trabajadores administrativos y de servicios contra el fraude, que solo desgastó y al final cayó bajo el control de elementos apolíticos.

Consideramos que el retorno a la presencialidad es vital, pues solo en las aulas y en los puestos de trabajo físicamente, los docentes, estudiantes y trabajadores pueden articular un movimiento contra el fraude. Es otras palabras, se debe reajustar las tácticas, como recuperando asociaciones estudiantiles, los sindicatos, las asociaciones de docentes y mantener la organización para afrontar los problemas cotidianos laborales y del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por Amílcar Sarat

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por el sempiterno líder Joviel Acevedo, se movilizó el pasado 4 de mayo en todo el país, y el 12 de mayo en solo en la ciudad de Guatemala, realizando paros breves de parte de maestros en algunos centros educativos, con el fin de presionar para que no se aprobara la iniciativa de ley 5563, de reforma a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado.

El STEG, formado a mediados de la década de los 80s del siglo pasado, es una de las organizaciones sindicales más fuertes de Guatemala. Esto en un país que, debido a las transformaciones en la estructura económica en materia laboral, no se respetan los derechos sindicales; la tasa de sindicalización es baja, y esta organización ha sido dirigida por lo menos desde hace más quince años por Acevedo. Este ha sido un líder polémico, un típico burócrata que mantiene sus privilegios resolviendo las demandas económicas legitimas de los trabajadores de la educación pública, además de negociar en función de estas dos variables, con los gobiernos de turno.

Los pactos colectivos en el sector educativo han servido para aliviar en cierta manera la crisis económica del gremio magisterial; se reconoce aumentos salariales cada cierto tiempo, más bonificaciones. Esto ha sido cuestionado por sectores neoliberales, como la organización Empresarios por la Educación, que buscan privatizar la ya de por si corroída educación pública. Recordemos que la sindicalización en la educación privada es perseguida y casi nula, y las condiciones de trabajo de los docentes son totalmente deplorables. Así también una bola de plumíferos alega que el Estado no tiene capacidad de satisfacer las demandas salariales, anteponiendo ridículamente la calidad educativa con las mejoras laborales.

Por otro lado, Acevedo usa la renovación constante del Pacto Colectivo para negociar apoyos a los gobiernos de turno, en algunos casos con medidas claramente anti populares, por ejemplo, cuando apoyó la eliminación de la carrera del magisterio en 2011 o cuando respaldó al defenestrado gobierno de Otto Pérez Molina en 2015.

Así también, ha usado como moneda de cambio, demandas históricas como la incorporación a plazas presupuestarias de una gran cantidad de docentes que trabajan con contratos renovables cada año. Esta demanda inicialmente la levantó un insignificante sindicato como es SAMGUA y que oportunistamente, negociando a cuenta gotas la incorporación, la ha asumido el STEG.

Con respecto a la problemática en cuestión, la burocracia del STEG ha convocado a asambleas en lo que respecta a lo nocivo de la iniciativa de ley 5563. Discutiendo el punto sobre el aumento del montepío, es decir la cuota de la jubilación que favorece a los maestros pasivos o en situación de retiro, sostenido por el aporte del maestro en activo, pero también por parte de la patronal, en este caso el Estado.

Esta iniciativa trata básicamente del aumento del descuento del montepío para el maestro, para poder aumentar el techo de jubilación de las clases pasivas. Sin embargo, el carácter anti laboral consiste en que ese aumento saldrá del salario base en estos momentos de escalada inflacionaria, reformando el monto para jubilación, que está entre un 9 al 15 por ciento hasta un rango del 13 hasta al 20 %. A esa sucia jugada se han sumado grupos organizados de jubilados que sin duda han sido engañados.

Por otro lado, dentro de las propuestas de parte de las autoridades de gobierno, se pretende pasar los fondos de montepío a una entidad bancaria privada, lo cual convierte los fondos de jubilación en un negocio como otros que el Estado ha otorgado a la burguesía financiera, para que manejen los fondos públicos. Esto pondría en riesgo los ahorros y la estabilidad financiera de muchos maestros, que de por si están endeudados con créditos otorgados por bancos privados.

Acevedo argumenta que el aumento para las jubilaciones a las clases pasivas debe salir de las regalías a las actividades mineras y otorgadas en el presupuesto público. Esta es una demanda progresiva que apoyamos, es más, todo aumento de los ingresos a los empleados públicos decimos, debe salir de la parte patronal, es decir el gobierno, por medio de impuestos a las riquezas de los grupos oligárquicos, sobre todo al sector financiero.

Por Ricardo Patzán

Este 1 de mayo en Guatemala las organizaciones obreras protagonizaron una enorme marcha para conmemorar el día internacional de los trabajadores y la memoria de los mártires de Chicago. La manifestación salió, como es ya tradición, del monumento al trabajo en la zona 5 de la ciudad capital y, atravesando la zona 4, culminó en la Plaza de la Constitución de la zona 1.

Miles y miles de personas marcharon en los bloques correspondientes a los más diversos oficios: sindicatos de obreros de fábricas de alimentos (entre los que destacaron los de la Coca-Cola, Kerns y Frito Lays); sindicato de panificadores; de trabajadores de maquilas; numerosos sindicatos de empleados municipales, tanto del interior como de la municipalidad capitalina, cuyos militantes protestaron contra la candidatura por reelección del actual alcalde Ricardo Quiñónez; numerosos sindicatos de empleados de ministerios e instituciones del Estado; sindicato de trabajadoras domésticas; de empleados de universidades, de la USAC y de la Universidad Rafael Landívar; organizaciones de vendedores ambulantes y de la economía informal, tanto del interior como de la capital; choferes del transporte público; de trabajadores de plantaciones bananeras; organizaciones de jóvenes, etc. A estos se unieron grupos de estudiantes universitarios y partidos de izquierda.

La gran marcha conmemorativa fue organizada por las dos grandes coordinadoras sindicales del país: el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, integrado por la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA Histórica), la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y el Movimiento de Trabajadores Campesinos de San Marcos; la otra coordinadora son los Sindicatos Globales, que agrupan sobre todo a organizaciones de trabajadores estatales.

Este magno evento se dio en el marco de una situación adversa para las y los trabajadores guatemaltecos. El enorme déficit de empleos formales merma significativamente la capacidad de lucha de los sindicatos por la defensa de los derechos laborales. Con harta frecuencia, los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa no tienen otras opciones que aceptar trabajos precarios, con salarios por debajo del mínimo de ley y sin prestaciones sociales, o bajo las nuevas modalidades de trabajo a tiempo parcial; o tienen que crear algún pequeño negocio informal para sobrevivir; o al final optan por migrar hacia Estados Unidos, en busca de un mejor futuro, creando a la postre un déficit de mano de obra en el sector agrícola, como suceda actualmente en el occidente del país.

Las organizaciones sindicales no están efectuando luchas coordinadas a nivel nacional, por reivindicaciones que incorporen al conjunto de los trabajadores. Los sindicatos llevan a cabo más bien una serie de pequeñas luchas heroicas a nivel parcial y local, por la firma de pactos colectivos y el cumplimiento del proceso que deben llevar en el Ministerio de Trabajo, por la reinstalación de trabajadores despedidos injustamente, por la sobrevivencia de los sindicatos ante los despidos de los compañeros que intentan crearlos, por el pago de salarios mínimos o aumentos salariales, etc.

Las dos grandes coordinadoras sindicales han optado por acudir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para presionar a los gobiernos más recientes y plantear denuncias por violaciones a los derechos laborales, partiendo de que el Estado guatemalteco ha suscrito convenios de la OIT que protegen estos derechos y hay obligación de los gobiernos de dar cumplimiento a los mismos. Como resultado de estas denuncias, existe una hoja de ruta definida por la OIT en 2013 para el cumplimiento por parte del Estado de Guatemala, del Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación; además, en 2022 la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT adoptó una resolución en la que pide al gobierno guatemalteco el cumplimiento de los derechos laborales y sindicales. De manera fraternal, y retomando las palabras del fallecido compañero Carlos Mancilla, exsecretario general de la CUSG, sugerimos a las dirigencias sindicales que se acompañe las denuncias ante la OIT con movilizaciones masivas en las calles y acciones de hecho, para presionar al gobierno a cumplir los derechos laborales.

Al llegar la marcha a la Plaza de la Constitución, los dirigentes sindicales dirigieron discursos y leyeron un comunicado conjunto. Se hizo referencia al proceso electoral en curso, exhortando a las y los trabajadores a dar su vota a los candidatos de izquierda. En este sentido, tomaron la palabra el candidato a diputado por la coalición URNG/WINAQ, Daniel Pascual, dirigente campesino e indígena; y habló también Bernardo Arévalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla.

Por Martín Escobedo

A un año de la ocupación de las instalaciones por parte de la digna resistencia estudiantil, en contra del fraude consumado por Walter Mazariegos Biolis, y respaldado por el oficialismo del partido político VAMOS, no parece haber soluciones contundentes para el rescate de la única universidad pública del país

La usurpación de la rectoría de la Universidad San Carlos (USAC) es pieza clave para el control político del país, porque tiene incidencia en la toma de decisiones del Estado de Guatemala. Esta usurpación lleva décadas gestándose, no es novedoso, pero es hasta el año 2022 que se consuma una de las crisis más graves que ha vivido la universidad en décadas, a través de un fraude electoral en las elecciones a rector.

Esta acción reaccionaria y contrarrevolucionaria afecta directa e indirectamente, a estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadoras y a todas las personas que se beneficiaban de la acción social de la USAC. Ahora, esta institución forma parte del sistema protofascista que se ha estado gestando en el país y que ahora pareciera consolidarse en las próximas elecciones generales.

La digna resistencia sabe que las tomas de las instalaciones, para prevenir el ingreso del usurpador y sus huestes, tiene que evolucionar y cambiar de estrategia. Están conscientes de que las aulas deben volver a abrirse para organizar al estudiantado en contra del fraude. Por eso durante inicios del año 2023, representantes de la resistencia universitaria convocaron a medios de comunicación para expresar la voluntad de entregar las instalaciones y citaron a las autoridades universitarias para entregarles las instalaciones y hacer constar que estas se encuentran en buenas condiciones.

Desde el día del fraude electoral, los centros universitarios del país fueron tomados por las resistencias estudiantiles como medida de protesta frente al proceso irregular de elección a rector de la universidad. Eventualmente, se notificó que las tomas debían dejarse atrás y comenzar una estrategia de articulación.

Mientras las reuniones y diálogos ocurrían entre las filas de las resistencias para llegar a acuerdos, el Centro Universitario de Occidente fue invadido por personas armadas quienes amenazaron a la resistencia estudiantil que ahí se encontraba. Afortunadamente no hubo heridos, pero las instalaciones fueron entregadas la mañana siguiente a las autoridades universitarias del mismo centro, exponiendo que las personas que usurparon las instalaciones no reciben las instalaciones de los estudiantes sino de grupos paramilitares

Por otro lado, la Coordinadora Estudiantil Museo de la USAC convocó a las autoridades universitarias para entregar las instalaciones del Museo de la universidad. El Consejo Superior Universitario, en contubernio con la rectoría, no se ha pronunciado al respecto, exponiendo su desinterés por resolver la crisis por medio del diálogo. Por el contrario, insisten en criminalizar, en una guerra judicial, a quienes han resistido y denunciado el fraude universitario y la violación a la autonomía universitaria.

Como ejemplo de ello, hemos atestiguado la criminalización contra estudiantes en resistencia, el acoso a trabajadoras y trabajadores honestos que se resisten a obedecer el espurio mandato de Mazariegos y también hemos visto la expulsión de Camilo García, representante estudiantil frente al Consejo Superior Universitario porque denunció el fraude en un acto de valentía frente a los usurpadores.

¿Por qué quienes usurparon la administración de la USAC se niegan a recibir las instalaciones y comenzar clases presenciales? Entre muchos análisis encontramos que temen a la organización estudiantil y porque no cuentan con las aptitudes para dirigir una universidad, pero sí cuentan con las aptitudes y la obediencia para acatar órdenes, que en su mayoría no son para el beneficio del pueblo y el estudiantado, sino para beneficiar a quienes les colocaron en esos puestos.

La región centroamericana debe estar vigilante a cómo se desarrolla esta crisis, para tomar consciencia, comprender el problema y tomar acciones, pues este fraude es el preludio de un potencial fraude en las próximas elecciones generales del país.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) expresamos nuestro apoyo a la digna resistencia por su valentía y devoción, pero también expresamos nuestra pesadumbre por quienes han colaborado lealmente con la cooptación de la USAC, porque son peones reemplazables, que eventualmente serán desechados y dejados a su suerte cuando enfrenten a la justicia. Un salario o una serie de pagos no valen nada cuando están matando los sueños de miles de estudiantes y hundiendo al país en una noche oscura de la que no sabemos cómo ni cuándo saldremos.