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COSTA RICA.- El proceso de reacción social

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Por José René Tamariz Corea

Actualmente existe un proceso mancomunado y coordinado entre los sectores y fuerzas neoliberales, incluido el gobierno, para hacer retroceder la historia nacional, hasta antes de los años 40. Es decir, es un proceso reaccionario profundo en diversos terrenos: el social, el económico y laboral. Se pretende “reformar” el sistema de empleo público y de los salarios, pero hacia atrás, eliminando los denominados pluses salariales y homologar los salarios hacia abajo; denuncia, revisión y eliminación de artículos, supuestamente “abusivos”, de las convenciones colectivas; el intento de aprobación e implementación de un paquetazo fiscal, integrado por nueve proyectos, tres de los cuales disminuirían, aún más, los niveles de vida de los trabajadores, sectores populares y clases medias (reforma del impuesto de ventas a impuesto al valor agregado, reforma al impuesto sobre la renta y contención del gasto público).

Sin embargo, algunas propuestas de fuerzas reaccionarias como el PLN y el Movimiento Libertario, van mucho más lejos. Por ejemplo, el proyecto de ley 19.506, de la diputada liberacionista Sandra Piszk, no solo busca eliminar los componentes salariales (mejor conocidos como “pluses salariales”), sino también modificar algunos artículos del Código de Trabajo, que vienen desde el año 1943, en cuanto a las convenciones colectivas. Por ejemplo, el artículo 58 de dicho Código en su inciso e) plantea que “La duración de la convención… Es entendido que no podrá fijarse su vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de tres, pero que en cada ocasión se prorrogará automáticamente durante un período igual al estipulado, si ninguna de los partes la denuncia con un mes de anticipación la respectivo vencimiento…”. (Código de Trabajo, 2013: 29). Mientras que el artículo 7 de ese nefasto proyecto de ley propone que “Cuando las convenciones colectivas suscritas en el Sector Público contengan cláusulas que establezcan que la convención se mantiene vigente hasta tanto se negocie una nueva, entenderá que el plazo por el cual se mantienen vigentes no podrá exceder de 9 meses, contados a partir de la fecha de conclusión del plazo inicial de duración o de la última prórroga que la ha mantenido vigente. Superado este plazo sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesará completamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso de negociación. (Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público, página 29). En caso de aprobarse semejante artículo reaccionario y anti-obrero, las muchas convenciones colectivas que han sido denunciadas por el Estado y, que no se han podido renegociar, expirarían y, por ende, se perderían todas las conquistas contenidas en ellas, ya que se tendrían que volver a negociar de cero.

Este proceso reaccionario en desarrollo, en caso de consumarse, no sólo vendría a deteriorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, sectores populares y clases medias, sino que también podría generar un proceso recesivo en la economía nacional, ya que significaría la baja de los salarios y el aumento de los precios y servicios, lo cual provocaría una contracción masiva del consumo como efecto de esa tenaza, salarios y precios. No hay posibilidad de detener este proceso profundo reaccionario y contrarreformas con negociaciones y mesas de diálogo, sino solamente mediante la movilización y lucha en las calles, utilizando los métodos de la clase trabajadora. Las organizaciones sindicales y sus dirigencias deben convocar a una gran Asamblea Nacional para discutir este proceso reaccionario en desarrollo y votar un plan escalonado de lucha que, concluya en una huelga general, para enfrentarlo, combatirlo y derrotarlo. No existe otro camino, ni otra vía.

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