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EL SALVADOR.- El oscuro rumbo de la economía y la seguridad pública.

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Por: Alberto Castro.

A continuación, abordamos dos temas de interés general. Habiendo transcurrido más de seis meses de la gestión presidencial de Nayib Bukele, tenemos el tiempo prudencial para dirimir balances críticos sobre algunos de los problemas que afectan a la mayoría de la población salvadoreña, siendo estos: economía y seguridad.

Plan de Despegue Económico.

Durante más de una década el país ha estado a la saga de las economías centroamericanas. Desde el año 2,000 solo en dos ocasiones el crecimiento ha superado el 3%, del PIB, mientras que en el último quinquenio promedió el 2.3%. Aun no se cuenta con los datos del 2019. Según las previsiones oficiales no habría cambios: las expectativas rondaban entre el 2.3 y 2.4%, por tanto, superar el atolladero económico es una tarea primordial de la gestión de Nayib Bukele, quien el pasado 9 de enero, después de seis meses, anunció el lanzamiento del Plan de Despegue Económico, que será ejecutado a través de la articulación del Gabinete Económico Ampliado, integrado por ministerios e instituciones autónomas.

A Bukele se le reclama no haber presentado y aplicado políticas claras en materia económica; denotando no tener un rumbo claro. La parsimoniosa respuesta se debe a las adecuaciones socio empresariales locales e internacionales que ha ido modificando, desmantelando las relaciones económicas con el empresariado del FMLN. El contenido discursivo-axiológico anunciado en el Plan Cuscatlan quedó atrás.

El Plan de Despegue Económico (PDE) será lanzado dentro de seis meses. Un año de atraso en materia económica es catastrófico, sobre todo cuando se tiene una economía de bajo crecimiento. Bukele debió priorizar el mejoramiento de la economía de la clase trabajadora, la cual ha soportado los costos de la crisis. Sin dudas, el PDE será acompañado de un pacto fiscal consistente en un acuerdo entre el gran empresariado y el gobierno, a lo cual las organizaciones sindicales deben oponerle una lucha para aprobar leyes de Responsabilidad Fiscal, por medio de las cuales paguen y contribuyan más al fisco las empresas que ganan más, el pago de impuestos debe ser proporcional a la riqueza y los ingresos, y se elimine el cobro del IVA a productos de la canasta básica y medicinas.

Plan de Control Territorial.

La violencia y delincuencia expresadas en los altos índices de homicidios, afectan a toda la clase trabajadora y pueblo salvadoreño, por lo que la inseguridad es el problema central de los sectores populares. Desde los viejos y fracasados planes de seguridad ejecutados, como Mano Dura y Mano Súper Dura, al Plan El Salvador Seguro, se mantiene una patente línea de acciones que dejaron intactas las causas generadoras de la actividad de las maras y pandillas, responsables de la mayor parte de la actividad criminal.

Contrarío a lo esperado, el combate sin prevención social estimuló el crecimiento de estas agrupaciones. Bukele, en campaña electoral, dijo que abandonaría esas formas de hacer políticas de seguridad publica al equilibrar la balanza en función de la prevención, combate y la rehabilitación/reinserción. Nada de eso se ha llevado a cabo.

El Plan de Control Territorial se enmarca como continuidad de los planes ejecutados por los anteriores Gobiernos. Existen políticas de Estado a las cuales todo Plan Gubernamental debe adecuarse. Estas consisten en el abandono del dialogo-negociación como medio pacificador, ejecuciones extrajudiciales, tolerancia y promoción de grupos de exterminio al interior de la PNC, entre otras.

En el 2019 hubo más de 2,000 homicidios, un 23, 8% menos que el año anterior. Los datos de muertes violentas están, sin embargo, alterados, en esas cifras no se reflejan todas las ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de enfrentamientos, donde no todas las víctimas han sido miembros de maras y pandillas, sino incluso hay civiles. Por tanto, las cifras son superficiales, buscan ocultar la naturaleza real de las fuerzas de seguridad y su carácter de clase, quienes van a los barrios y colonias con el desprecio hacia la niñez y juventud pobre, pues así son formadas por la clase dominante. La clase trabajadora no debe fiarse del brazo armado de la oligarquía, debemos construir propuestas que golpeen drásticamente las causas generadoras de la delincuencia.

La organización es la solución.

Ningún despegue económico debe contemplarse sin que prime los aumentos salariales y ampliaciones de prestaciones laborales a favor de los trabajadores. La configuración militarizada de la seguridad pública es una espada de doble filo, que puede ser utilizada como en el pasado para sofocar cualquier expresión de lucha y protesta social.  Sólo la movilización hará posible que como trabajadores seamos protagonistas en todos los temas de interés nacional.

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