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EL SALVADOR.- ¿Reforma o derogación del SAP?

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Por Alberto Castro

El 22 de marzo el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en Twitter que ya estaba casi terminado el proyecto de reforma de pensiones, recordemos que el 7 de octubre de 2021, en CAPRES, el presidente sostuvo una reunión con algunos representantes de algunas organizaciones sindicales aglutinadas en la Unidad Sindical Salvadoreña, en la cual también estuvo el ministro de Trabajo, Rolando castro.

Al presidente se le planteó que fuera él quien dirija una reforma que ponga fin al Sistema de Ahorro de Pensiones, SAP, para dar vía al Instituto Nacional Autónomo Previsional, donde haya participación de la clase trabajadora en su administración, también la creación del Fondo solidario, y que se aumente la pensión hasta el 70% del último salario devengado.

Por lo que es necesario hacer algunas consideraciones necesarias, para comprender como hemos llegado a la situación actual en torno a las pensiones, para posteriormente identificar qué tipo de reforma necesitamos, cuáles son los cambios y los nuevos elementos que debe incorporar, con ello podremos estar atentos para que entre la euforia, exista racionalismo y mesura, así no caer en equivocaciones y poder ser partícipes de una reforme que mejores las condiciones de los actuales cotizantes, de los jubilados, y nos garantice una pensión diga.

La propuesta de las organizaciones sindicales

El contenido de la propuesta que le fue entregado al Ejecutivo por parte de las organizaciones sindicales, es desconocido, aunque se han dado ha conocer algunos puntos, como:

1) La creación del Instituto Nacional Autónomo Previsional, con el que se pretende derogar al nefasto SAP; 2) Otra propuesta es la creación del Fondo Solidario administrado por el Estado, lo que implica recuperar el ahorro de cuentas que administran las AFP; 3) Pensión del 70% del último salario devengado, sería un enorme progreso contra el aproximado del 30% actual, basado en el cálculo del Salario Básico Regulador (SBR); 4) Contra la pensión mínima por vejez que actualmente es de $304,10 dolares, pensión máxima como una manera de contrarrestar limites básicos a la jubilación; 5) La inestabilidad del trabajo formal tendría como consecuencia la pensión reducida por 15 años de cotización; 6) Con la última reforma se posibilita el retiro un anticipo de los ahorros, basados en el principio de solidaridad bajo el cual se edificaría este sistema, esto queda en incompatibilidad por lo que se pide su prohibición; 7) También incluye la propuesta de incluir un nuevo delito en blanco, el cual consiste en castigar a las patronales que no reporten los aportes 8) Aumentar el monto de cotización al 17%, lo que implica el aumento del 1% cada tres años a cargo del patrono; 9) Impuesto predial o al patrimonio a cargo de las grandes empresas como una forma de financiar el sistema; 10) Pensión universal para todos los mayores de 60 años, incluidos trabajadores domésticos, construcción y agrícolas; 11) Monotributo para los trabajadores del sector informal, para incentivar el aporte de pequeños contribuyentes.

Lo discutible de la propuesta

Al revisar estos puntos decir que propuesta es correcta, lo malo es la forma en la que se hace, es decir, no parte de una discusión democrática previa, de frente a la clase trabajadora. Debemos ser críticos ante toda acción mezquina y oportunista que se encubra bajo  esa propuesta. Recordemos que este no será una regalía del Ejecutivo, siempre debe contemplarse como una conquista producto de muchos años de lucha de la clase trabajadora salvadoreña.

Debemos tomar en consideración que las pensiones forman parte de la seguridad social, por lo tanto es de dotar de fuerza a todo el sistema de seguridad social en sí, lo que implica como punto de partida el poner fin a la privatización del sistema de pensiones, de modo que es necesario derogar al SAP.

Luego debemos fortalecer el funcionamiento del ISSS, e INPEP, reformando sus leyes constitutivas, esto a través de la incorporación del control de los trabajadores en su administración, y adecuando la legislación pertinente a nuestras necesidades. Debemos procurar que el Estado debe ser el administrador del sistema y no solamente un obligado para con las aportaciones; en la actualidad las aportaciones del Estado solo sirven para cubrir la ineficiencia del SAP, y de las AFP.

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