Por: Alberto Castro

Más de un año bajo el régimen de excepción deja un saldo de más de setenta mil capturados, la población carcelaria de por sí ya estaba saturada antes de esto, lo cual empeora un problema grande como lo es la sobrepoblación en las cárceles de El Salvador. Pero no esto es el meollo del asunto, lo que hay que ver es precisamente qué hacer con este número tan grande de capturados.

Lo preocupante es el problema del procedimiento judicial de todas estas personas, y, es aquí donde surge el verdadero problema. Tomando en consideración el contexto preelectoral, ante la sobrecarga del sistema judicial, y temiendo que los márgenes de error evidentes en cuanto a las capturas sean explotados mediáticamente, el Gobierno de Nayib Bukele ha decidido juzgar en masa a  todas las personas capturadas bajo el régimen de excepción. Esta medida es una solución para el gobierno pero es un atropello total a las personas, pues les imposibilita el tener un juicio justo.    
Más retrocesos en materia penal    
Con las reformas recientes a la Ley Contra el Crimen Organizado, una de las garantías penales que se ve constreñida es la jurisdiccional en cuanto al principio de legalidad. Si bien a los imputados  se les inicia un procedimiento legal bajo las formalidades judiciales, sin embargo el error tiene que ver en cuanto a la culpabilidad, pues se les priva de acceder  al debido proceso, pues no se siguen las formas para la determinación sobre la autoría o inocencia de la persona, al no individualizarse una acusación que contenga la investigación jurídica pertinente, en cambio al juzgarse colectivos de personas, se desnaturaliza la individualización en la responsabilidad penal de los individuos, dando como resultado que paguen justos por pecadores ya que esta medida tiene por delante un objetivo político claro definido por la dirección del bukelismo sobre el sistema judicial, éste es: lograr condenas masivas.

El Gobierno nunca aceptará el haber cometido graves errores, para el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reconocer la inocencia de 5,000 personas en mayo fue admitir errores. No se busca esclarecer responsabilidades penales, sino justificar las capturas en masas a través de condenas en masa, y otra de las violaciones al debido proceso se da en cuanto se retrocede precisamente en la responsabilidad penal de las personas sometidas al sistema judicial en este contexto del régimen de excepción, en lo que tiene que ver con el punto de partida de la determinación del delito. En nuestro sistema jurisdiccional penal, la responsabilidad penal inicia por la comisión u omisión de la persona de un presupuesto penal, quiere decir que se requiere de una acción dolosa (intencional) o culposa (por negligencia o descuido), de manera que no se permite la responsabilidad objetiva, lo cual está prohibido.

Con los juicios en masa se les atribuirá penas a las personas procesadas sin tomar en consideración si existe acción dolosa o culposa, sino que bastará con el resultado material con el que tengan vinculación causal o normativa, lo cual daña la dignidad humana de quienes sean sometidos e juicios en masas al hacerlos responsables por hechos que escapan de su voluntad.     
Es más preocupante de lo que creemos    
La clase trabajadora y pueblo salvadoreño ha sido embaucado en la retórica del bukelismo que dice que, se está ganando la guerra contra las pandillas y sus remanentes, y que esta medida es necesaria para lograrlo. Creer esto es tan abominable como ser participe que un crimen histórico. Esta forma procesal penal ahora aplicada a los capturados en el régimen de excepción, puede fácilmente aplicarse a cualquier colectivo de personas que le resulten incomodas al bukelismo, sindicatos, organizaciones estudiantiles, campesinas o pueblos originarios pueden ser sometidos bajo esta forma de condenar del Gobierno, por eso no debemos verlo como algo sin importancia e ignorarlo, es un ejercicio para tener preventivamente una medida procesal ante cualquier episodio de lucha popular.