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GUATEMALA.- El decreto 30-2022 permitirá el manejo corrupto de los fondos para infraestructura

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Por Ricardo Patzán

El próximo año 2023 se realizarán elecciones generales en Guatemala. Las estructuras de poder que controlan los gobiernos municipales y departamentales ya se están preparando para agenciarse de fondos para la campaña electoral y para comprar aliados entre los funcionarios locales.

La primera maniobra en ese sentido tuvo lugar el 13 de mayo, cuando la Comisión de Finanzas del Congreso, que es dirigida por las bancadas oficialistas, dio su dictamen favorable a una iniciativa que propone reformar la Ley del Presupuesto 2022, para beneficiar a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), entidades que manejan fondos de inversión para infraestructura y son controlados por alcaldes, gobernadores departamentales y diputados distritales de los partidos oficialistas.

La decisión de la comisión se dio dos días después de que la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM) ovacionara en una actividad al presidente Alejandro Giammattei, quien ofreció más apoyo y recursos a los alcaldes que lo respalden hasta el último día de su administración.

Inicialmente el proyecto de reforma fue presentado a la Dirección Legislativa en abril por los diputados oficialistas Shirley Rivera y Cándido Leal, con el respaldo de las bancadas aliadas. La propuesta reforma dos artículos de la Ley de Presupuesto 2022, eliminando el último párrafo del artículo 41, “Saldos de los Consejos Departamentales de Desarrollo”, y modificando el proceso de fiscalización de obras en los departamentos contemplado en el artículo 82.

Lo que pretende el oficialismo es beneficiar a los alcaldes y gobernadores departamentales para que los fondos que no hayan ejecutado los CODEDES al final del año no regresen al fondo común en las cuentas bancarias del gobierno, sino que los puedan ejecutar el año siguiente.

Según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, los CODEDES, tienen asignados 3,035 proyectos por un monto de Q 3,259 millones para 2022. Solamente 586 de estos proyectos han sido iniciados, con un máximo de ejecución del 26%; siete departamentos reportan cero ejecución de los proyectos que tienen asignados. La práctica usual de alcaldes, diputados distritales y gobernadores departamentales ha sido malversar los fondos destinados a proyectos retrasando intencionalmente la ejecución de obras, invirtiendo el dinero en los bancos a plazos fijos para generar intereses que se apropian ilícitamente, una práctica a la que en Guatemala se le llama “jinetear el dinero”; de este modo, la construcción de escuelas, centros de salud, caminos, etc., pasa años sin ejecutarse mientras los funcionarios se llenan los bolsillos con las utilidades que les proporcionan los bancos. La reforma al artículo 41 permitirá a los corruptos mano libre para continuar con estas prácticas.

Otro aspecto de las reformas es eliminar la obligación de documentar mediante grabación digital para que se pueda observar en línea el avance de las obras en el área rural, que ahora será sustituida por simples fotografías. Este cambio en las normas de fiscalización permite el retorno a prácticas fraudulentas, y en los tribunales de justicia se encuentran docenas de casos de obras inconclusas que supuestamente habían sido documentadas mediante fotografías.

El primer intento de aprobar las reformas en el pleno del Congreso se dio el 19 de mayo; sin embargo, la posibilidad de que una manifestación bloqueara las puertas de ingreso y salida del Palacio Legislativo obligó a que se suspendiera la sesión. El miércoles 1 de junio se planteó de nuevo en el pleno la aprobación de la propuesta mediante el decreto 30-2022, y esta vez fue aprobada con 98 votos a favor. Además de la reforma a los artículos mencionados, se aprobó también una enmienda para incluir proyectos de infraestructura (agua, saneamiento, educación, etc.) en apoyo a la Gran Cruzada por la Nutrición, asignando para este propósito Q 290 millones que serán controlados por los CODEDES.

El presidente Giammattei aún debe dar su aval al decreto 30-2022. Las organizaciones empresariales (FUNDESA, Cámara de Industria, CACIF), que no tienen parte en el manejo corrupto de estos fondos, mostraron su descontento con el decreto, pero como mencionamos al inicio, Giammattei tiene alianzas con los poderes locales, y permitirles que manejen a su antojo el dinero para infraestructura es lo que asegura su lealtad, que demostrarán en el proceso electoral 2023.

El pueblo trabajador debe prepararse para enfrentar a estas lacras, de cara a las elecciones del próximo año, presionando a los partidos de izquierda para que construyan una fuerte alianza, proponiendo como candidatos a dirigentes sindicales, campesinos y populares.

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