Por Victoriano Sanchez

John Bolton, asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) del gobierno de Estados Unidos, pronuncio el pasado 1 de noviembre un extenso discurso que resume la política de la administración de Donald Trump para América Latina. El discurso de Bolton reflejó el peso que la burguesía cubana en el exilio tiene dentro del Departamento de Estado y la Casa Blanca, al momento de definir políticas hacia América Latina.

El discurso de Bolton, sin decirlo explícitamente, sintetiza una renovada orientación agresiva de Estados Unidos hacia tres países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), como son Cuba, Venezuela y Nicaragua. El discurso de Bolton dejó por fuera a Bolivia, que sigue siendo parte del ALBA, pero arremetió duramente contra Cuba y Venezuela.

Nuevas sanciones y presiones contra Cuba y Venezuela

Es muy probable que el discurso de Bolton obedeciera a una maniobra electoral de Trump para ganarse los vitales votos de la comunidad cubana en el Estado de Florida, de cara a las elecciones de renovación del Congreso de Estados Unidos, pero también sintetiza la vieja política de presiones que ha impulsado el imperialismo norteamericano para imponer un cambio de régimen político en Cuba.

Por su extensión, solamente presentaremos el extracto del mismo. Bolton en esencia dijo lo siguiente: “(…) En Cuba, Venezuela y Nicaragua, vemos los peligros de ideologías venenosas sin control. (…) Esta Troika de Tiranía, este triángulo de terror que se extiende desde La Habana hasta Caracas y Managua, es la causa del inmenso sufrimiento humano, el ímpetu de la enorme inestabilidad regional y la génesis de una sórdida cuna del comunismo en el hemisferio occidental. (…) Bajo esta administración, ya no habrá canales secretos de comunicación entre Cuba y los Estados Unidos (debemos) mantener las sanciones hasta que, entre otras cosas, todos los presos políticos sean liberados, se respeten las libertades de reunión y expresión, se legalicen todos los partidos políticos y se programen elecciones libres y supervisadas internacionalmente. (…) La represión del régimen venezolano es, por supuesto, facilitada por la dictadura cubana. (…) Desde la perspectiva de los Estados Unidos, nuestras demandas son simples y directas. Pedimos la liberación inmediata de todos los presos políticos venezolanos; aceptación de la asistencia humanitaria internacional; elecciones libres, justas y creíbles; y pasos legítimos para restaurar las instituciones democráticas y el estado de derecho en Venezuela. (…) Finalmente, en Nicaragua, Estados Unidos continúa condenando la violencia y represión del régimen de Ortega contra sus ciudadanos y miembros de la oposición. Este comportamiento es inaceptable en cualquier parte, y especialmente en el hemisferio occidental. Las elecciones libres, justas y tempranas deben celebrarse en Nicaragua, y la democracia debe restaurarse al pueblo nicaragüense. (…)  Estados Unidos ahora espera ver caer cada esquina del triángulo: en La Habana, en Caracas, en Managua (…)”. (https://www.whitehouse.gov, 02/11/2018)

Como se puede apreciar, el discurso de Bolton desempaca la estrategia de la administración Trump que consiste en implementar sanciones económicas para lograr la democratización de los regímenes políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, a pesar que Cuba tiene todavía un sistema económico distinto a los de Venezuela y Nicaragua. Para los tres países, la administración Trump exige lo mismo: liberación de presos políticos, legalización de las fuerzas políticas de oposición, mayores libertades y la realización de elecciones democráticas.

Trump impulsa una política de reacción democrática con métodos agresivos de bloqueo económico y financiero, ejerciendo presiones para que las fuerzas armadas de los tres países se encarguen de impulsar los cambios.

Con esa perspectiva, Bolton anunció más sanciones económicas contra Cuba, esta vez dirigidas de manera específica contra empresas ligadas al Ejercito de Cuba, y nuevas sanciones contra la exportación de oro de Venezuela. Trump ya ha firmado cuatro órdenes ejecutivas que aumentan el cerco económico y financiero contra Caracas. Ante la crisis de los precios del petróleo, Venezuela ha aumentado las exportaciones de oro para conseguir dividas. La quinta orden ejecutiva de Trump pretende evitar las transacciones de venta de oro de Venezuela en el extranjero.

¿Excepción temporal contra la dictadura nicaragüense?

Bolton mantuvo un discurso verbalmente agresivo contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, anunció posibles sanciones, pero en su conferencia de prensa no mencionó ninguna. Es obvio que la administración Trump ha hecho, por el momento, una diferencia con Nicaragua.

Esta excepción confirma la hipótesis de que la administración Trump tiene un tratamiento especial con el gobierno de Nicaragua. El Departamento de Estado y la propia Casa Blanca han denunciado las masacres contra los manifestantes, realizadas por el gobierno de Ortega, pero en el fondo no ha tomado ni sola acción significativa en su contra. La estrategia de la administración Trump es bien clara: presionar en el campo diplomático, amenazando con tomar duras sanciones económicas, para que sea el mismo Daniel Ortega quien impulse las reformas democráticas, manteniendo el statu quo de las relaciones entre los grupos de poder.

Dentro de esta estrategia de presionar para negociar, arribará en los próximos días a Managua, el nuevo embajador Kevin Sullivan, quien tiene una larga experiencia en asuntos relacionados con la Organización de Estados Americanos (OEA) y América Latina.

Lo más seguro es que este largo compás de espera ha tenido el objetivo de procurar que, con la presencia del nuevo embajador, se acelere el proceso de negociación, restableciendo o no el Dialogo Nacional, y se inicie la reforma democrática del régimen dictatorial que, según las exigencias de la administración Trump, debe concluir en elecciones anticipadas vigiladas por la OEA y la comunidad internacional.

Estancamiento de las negociaciones y deterioro del FSLN

La última encuesta del grupo Ética y Transparencia (EyT) en el mes de septiembre indicaba que el 81% de la población está de acuerdo con las elecciones anticipadas. La negativa del gobierno de Daniel Ortega a aceptar la demanda de adelanto de las elecciones, se debe, entre otros factores, a la extrema debilidad del partido FSLN. Recientes encuestas confirman que, en el momento álgido de la lucha democrática de las masas, en los meses de mayo y junio, la aceptación de Daniel Ortega y el FSLN bajó a un 15%. Después de las masacres y el asalto militar a los tranques, Ortega logró cohesionar nuevamente a una parte de su antigua base social, y llegar hasta un 30% de aceptación, pero a duras penas.

El partido FSLN está inmerso en un “mea culpa” colectivo, convocando a reuniones de autocrítica de su militancia, enamorando y convenciendo a los militantes históricos que deben permanecer en sus filas, por el momento de peligro. Todo indica que el FSLN se prepara para la batalla electoral.

En estas condiciones de marcada erosión de la base social tradicional del FSLN, la convocatoria de elecciones anticipadas podría significar, no solo la pérdida del gobierno, sino que además perdería el control absoluto de la Asamblea Nacional y con ello el FSLN quedaría por fuera del seguro proceso de reorganización de los poderes e instituciones del Estado. Ortega se esfuerza en alargar el proceso de negociación con el objetivo de seguir ganando tiempo y recomponer sus fuerzas, ante una sociedad descontenta y desconfiada, que no perdona las masacre ni el encarcelamiento de centenares de jóvenes dirigentes estudiantiles y populares

Amenazando con la guerra civil

Mientras Ortega resiste y se hace el duro, también enseña los dientes ensangrentados. Prohíbe cualquier manifestación y amenaza a todos con la posibilidad de una nueva guerra civil. Hace circular videos en las redes sociales, sobre el entrenamiento intensivo de las tropas policiales y de grupos de militantes sandinistas recibiendo instrucción militar.

En realidad, la Policía Nacional se ha convertido, en los hechos, en un pequeño ejército al servicio de la dictadura. El comportamiento de la Policía Nacional, al realizar masacres, secuestros, torturas y asesinatos selectivos, demuestra que ha superado su naturaleza policial y se ha convertido en una fuerza militar peligrosísima que debe ser disuelta.

Pareciera que, envalentonados por el asalto militar a los tranques y las masacres, y por haber restablecido el orden social, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo hacen planes para quedarse en el poder hasta el año 2021. Nada más lejos de la realidad, el tiempo se agota, la crisis económica y el desfinanciamiento del presupuesto del año 2019, nos indican que estamos a semanas del desenlace final.

Reunión del ALBA en Managua

Una semana después del discurso de Bolton, se reunió en Managua, el pasado 8 de noviembre, el Consejo Político del ALBA-TCP, cerrando filas ante los ataques de la administración Trump. Emitieron una extensa declaración que, en torno a Nicaragua, planteó lo siguiente: “(…) Destacamos que el valiente pueblo de Sandino no se doblegará ante las acciones injerencistas en contra de su independencia y soberanía. Tampoco temerá a las constantes amenazas que, desde los Estados Unidos a través de proyectos de leyes extraterritoriales, buscan afectar su economía”.

Después de 15 años de vigencia del Tratado ALBA-TCP, las relaciones económicas entre Cuba, Venezuela y Nicaragua (se incorporó hasta el 2007) son muy estrechas, formando una cadena interdependiente. Cuba soporta más de 50 años de bloqueo imperialista y su economía es muy frágil, llegando a depender enteramente del petróleo venezolano, a su vez este país depende de muchos productos agrícolas y alimenticios que son producidos o comprados en Nicaragua y exportados a Venezuela y Cuba.

Nicaragua es un eslabón importante en la cadena del ALBA, por ser el país que hasta el momento no tiene sanciones económicas. Antes de las órdenes ejecutivas de Trump contra Venezuela, los bancos nicaragüenses hacían todo tipo de transacciones con aquel país. Las amenazas de Trump de posibles sanciones económicas o financieras contra el gobierno de Ortega pueden conducir, si llegasen a aplicarse, a la ruptura de uno los eslabones vitales de la cadena de países del ALBA.

Extrañamente, a la reunión del ALBA-TCP no asistieron los presidentes de Cuba y Venezuela, sino que fue una reunión de cancilleres, que rebajo el nivel de las delegaciones.

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