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NICARAGUA.- Crisis e impasse en el Dialogo Nacional: los obispos golpean la mesa

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Por Sebastián Chavarría Domínguez

El 16 de febrero del 2019 se produjo una reunión secreta, entre los representantes de los grupos económicos con Daniel Ortega y Rosario Murillo, ante la presencia del cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw. Esta reunión fue el punto de partida para la reanudación del Dialogo Nacional el día 27 de febrero, en las instalaciones del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Una oleada de optimismo y de altas expectativas se manifestó en los medios de comunicación

Reinicio del Dialogo Nacional bajo nuevas condiciones

Los empresarios mostraron su conformidad, mientras que la población manifestó sus dudas y desconfianzas en los programas radiales. Pero quien más expresó su regocijo fue Kevin Sullivan, el nuevo embajador de Estados Unidos en Managua: “El gobierno de Estados Unidos acoge con agrado este esfuerzo por restablecer las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y representantes de la sociedad civil. Las negociaciones requerirán de esfuerzos de buena voluntad para alcanzar soluciones reales en tiempo real para el pueblo de Nicaragua”.

La Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ), que tiene a más de la mitad de sus dirigentes en la cárcel (Medardo Mairena y otros) o en el exilio (Lester Alemán y otros), fue escogida nuevamente para ser la contra parte del gobierno Ortega-Murillo. Pero esta vez la dictadura impuso nuevas condiciones, que fueron aceptadas: las negociaciones no serían públicas, y se reduciría drásticamente el nivel de representación de los movimientos sociales dentro de la ACDJ.

El nuevo equipo negociador

Estas condiciones humillantes fueron aceptadas en la reunión del 16 de febrero, y fueron impuestas a la propia ACDJ. De esta manera, el nivel de la representación de los empresarios se tornó decisiva: de 6 delgados 3 son los presidentes de las cámaras empresariales (José Adán Aguirre por el COSEP, Mario Arana por AMCHAM, y Juan Sebastián Chamorro por FUNIDES), un representante supuestamente del sector estudiantil (Max Jerez), Carlos Tunermam en representación de toda la sociedad civil, y José Pallais en representación del Frente Amplio por la Democracia (FAD), una alianza entre personalidades liberales disidentes y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

La conformación de este equipo negociador se produjo a escondidas, dándole la espalda a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que reúne mas de 70 organizaciones a nivel nacional. La UNAB fue conformada en octubre del 2018 por una alianza entre la ACDJ y la Articulación de movimientos sociales. La exclusión de la Articulación fue una demanda en la que coincidieron el gobierno Ortega-Murillo y los grupos empresariales.

La discusión de la Hoja de Ruta

A diferencia del caótico Dialogo Nacional de Mayo del 2018, esta vez los empresarios y el gobierno Ortega-Murillo presionaron por aclarar primero los procedimientos a seguir para tomar acuerdos: la llamada Hoja de Ruta.

Para tranquilizar el clamor popular por la libertad de los presos políticos, Ortega-Murillo aplicaron el consejo de los eurodiputados, quienes habían solicitado casa por cárcel para todos los presos políticos: otorgaron este beneficio a 100 prisioneros, pero sin suspender o anular los juicios, es decir, manteniendo las causas penales en vigencia, y conservando prisioneros a los principales dirigentes estudiantiles, del movimiento campesino, a los activistas de los tranques y a quienes levantaron barricadas.

Unas 600 personas permanecen en las cárceles, bajo duras condiciones, sometidas a torturas y golpizas, lo que motivo a una parte de las prisioneras a decretar una huelga de hambre, que ya tiene mas de 15 días de duración, así como pequeñas protestas de parte del resto de prisioneros políticos.

Los obispos golpearon la mesa y se levantaron

Las negociaciones iban viento en popa, avanzando en los procedimientos. El 5 de marzo fue dada a conocer la Hoja de Ruta de 12 puntos. El gobierno Ortega-Murillo había logrado imponer cambios aparentemente formales pero que eran de fondo. Uno de ellos fue que sustituyó el rol de los obispos de la Iglesia Católica, de mediadores y garantes, como lo fueron en el Dialogo Nacional de Mayo del 2018, a una nueva categoría de “testigo y acompañante nacional” únicamente a la persona del cardenal Leopoldo Brenes, es decir, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) quedaban fuera.

Además, habrá una representación de las Iglesias Evangélicas. EL rol de “garante internacional” se lo dejaron únicamente al nuncio apostólico, el embajador del Vaticano. Para remate, las partes nombrarían por consenso (lo que implica capacidad de veto de cualquiera de las partes) al garante por cada tema que se discuta, lo que le da un amplio margen de maniobra a la dictadura.

Como un rayo en cielo sereno, de manera inesperada, el cardenal Leopoldo Brenes el dia 4 de marzo, antes de que se diera a conocer la Hoja de Ruta aprobada por la ACDJ y el gobierno Ortega-Murillo, dio a conocer que los obispos se retiraban del Dialogo Nacional por que no habían recibido una invitación formal. El 8 de marzo se conoció un comunicado oficial de la CEN donde reafirmaban que no volverían al Dialogo Nacional, sin especificar las causas.

Los obispos, con mayor olfato político que los empresarios de la ACDJ, se percataron que la Hoja de Ruta conduciría a la sobrevivencia de la dictadura, y a una enorme decepción del pueblo, antesala de una mayor radicalización en la lucha democrática. Los delegados de la ACDJ se quedaron atónitos, perplejos, ante la decisión de los obispos que se negaban a avalar los acuerdos secretos entre los empresarios y el gobierno Ortega-Murillo.

De esta manera, el Dialogo Nacional ha entrado en crisis, en un impasse, debido a la negativa de la dictadura a aceptar como tema de agenda el adelanto de las elecciones generales para el presente año.

Reforma fiscal contra las masas populares

Casi al mismo tiempo que se reiniciaban las negociaciones en el Dialogo Nacional, el gobierno Ortega-Murillo, aquejado por la falta de dinero fresco para tapar los enormes huecos del presupuesto nacional del año 2019, procedió a aprobar una reforma fiscal, aparentemente en contra de las ganancias de los grandes empresarios, pero en realidad se elevaron las rentas al trabajo entre el 15 y 25%, se elevaron las rentas a los ahorrantes del 10 al 15%. Se elevó el impuesto por transmisión de bienes inmuebles, se gravó nuevos productos de la canasta básica con el 15% del IVA, se elevó el impuesto sobre bebidas alcohólicas y tabaco, etc. Como siempre, son los trabajadores y la clase media quienes pagan los costos de la reforma tributaria.

El Estado compra BANCORP´

Al mismo tiempo que reiniciaba negociaciones para reformar el régimen dictatorial, Ortega-Murillo hicieron una jugada económica espectacular: Ortega envió un proyecto de ley, con tramite de urgencia, para crear el Banco Nacional (BN), el cual fue aprobado inmediatamente con la aplanadora de diputados dentro de la Asamblea Nacional, pero hasta el momento no ha sido publicada en La Gaceta, diario oficial.

En Nicaragua, existe un pequeño banco estatal: el Banco de Fomento de la Producción (BFP)-¿Para que crear otro banco estatal?

El principal objetivo en la creación del BN, no es financiar a los pequeños productores urbanos y rurales, sino que este nuevo banco, aunque es producto de una ley, es una compra del Banco Corporativo (BANCORP), un banco propiedad de la familia Ortega-Murillo y que fue creado en el año 2015 para evadir las sanciones norteamericanas sobre los activos venezolanos.

Todo el flujo de petrodólares del convenio del ALBA ingresó a Nicaragua, como si fuesen transacciones privadas, a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional (CARUNA, R.L), una cooperativa que como tal no era regulada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). Las cuentas de CARUNA se manejaron sin mayores problemas en los bancos nicaragüenses, hasta el año 2016. Sin embargo, a raíz de las primeras sanciones financieras contra PDVSA y de las amenazas de la Ley Magnitsky contra los bancos nicaragüenses que mantuviesen transacciones con entidades sancionadas por el departamento del Tesoro de Estados Unidos, los activos de CARUNA calculados en 2500 millones de dólares fueron trasladados al BANCORP, que sirvió como caja fuerte del dinero de ALBANISA, la empresa mixta venezolana-nicaragüense.

En febrero del 2019, Kimberly Breier, subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, anunció las sanciones contra el BANCORP: “Sanciones a PDVSA incluyen a ALBANISA, Bancorp y subsidiarias”. Estas sanciones crearon un cerco financiero contra los 2500 millones de dólares en manos de la familia Ortega-Murillo.

Con la creación del BN, Ortega no solo pretende recuperar el monto del capital inicial invertido en la creación del BANCORP, 20 millones de dólares serán pagados con bonos del Estado a cinco años plazo y con el 6% de interés, sino también colocar un paraguas protector del estado sobre los 2500 millones. Pero, lo mas importante, esta movida financiera lo hace en el momento en que esta negociando la posibilidad de adelantar las elecciones, es decir, está sometiendo a prueba que no toquen la fortuna familiar a cambio de una posible apertura política.

El forcejeo continúa

Después del golpe de mano sobre la mesa de negociación, propinado por los obispos de la Iglesia Católica, las negociaciones secretas se han intensificado. Han circulado varias versiones de posibles cambios en la agenda, hasta la de nombrar a los obispos como mediadores y garantes del Dialogo Nacional. Todo esta en discusión, nada es definitivo.

Cualquier negociación en el Dialogo Nacional debe ser publica, y debe tener como precondición la liberación de todos los presos políticos mediante la anulación de los juicios amañados, la reinstauración de las libertades democráticas, el cese de la represión, el retorno de todos los exilados, la suspensión y anulación de los juicios penales en su contra, etc.

Ortega-Murillo se alistan para anunciar elecciones adelantadas, pero hasta finales del 2020, es decir, a casi un año de terminar su mandato. El problema es que casi toda la discusión está girando en torno al adelanto de las elecciones, lo que podría conducir a un simple cambio de gobierno.

Debido al aplastamiento violento de la insurrección desarmada, toda la actividad política está centrada en el Dialogo Nacional. Nicaragua necesita con urgencia demoler las estructuras totalitarias instauradas por la dictadura Ortega-Murillo, consumar una revolución democrática, y esto solo se puede lograr a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.

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