Por Victoriano Sánchez

El panorama político en Nicaragua sigue siendo incierto. El compás de espera que la dictadura logró con el aplastamiento de la insurrección cívica en 2018, se le está agotando rápidamente. Por ello, a pesar que la represión se mantiene en las calles, observamos contradictorios mensajes de una posible apertura política que, por cierto, todavía no arranca.

Reforma constitucional en curso

Con las fraudulentas elecciones del 2016, el FSLN se asignó 60 diputados de los 91 que conforma la Asamblea Nacional. O sea que tiene mayoría absoluta de dos tercios y solo el FSLN tiene los 30 votos mínimos que se requieren para impulsar cualquier reforma parcial a la Constitución. Se quedó con los candados y se tragó las llaves.

No obstante, en noviembre del 2018, con el subterfugio de introducir dos nombres de dos próceres en el preámbulo de la Constitución de 1987, la dictadura Murillo inició una reforma constitucional cuya verdadera finalidad es otra: ante una posible e inminente derrota electoral, está maniobrando para debilitar la institución del presidente de la república, pretende trasladar más poderes a la Asamblea Nacional, contemplando incluso que el parlamento pueda nombrar al gobierno, para diferir los efectos de una casi segura derrota electoral.

Ya fue aprobada el proyecto de reforma constitucional en primera legislatura, pero es casi seguro que los aspectos sustanciales mencionados anterioremente se introduzcan en la segunda legislatura, en el transcurso del año 2020.

La reforma electoral

Después del aplastamiento de la insurrección cívica, al no lograrse la renuncia de la pareja dictatorial en abril-mayo del 2018, al no producirse el paro nacional indefinido en esa coyuntura, cambió drásticamente la correlación de fuerzas a favor de la dictadura. En esas circunstancias lo único que queda, por el momento, mientras no haya un repunte de la movilización popular, es una salida electoral, un terreno que sigue controlado totalmente por la dictadura.

Bajo esas condiciones, la demanda de una profunda reforma constitucional y electoral, adquiere una enorme importancia política. Las presiones internacionales, especialmente las sanciones aplicadas por Estados Unidos, están encaminadas a forzar esa apertura política.

El año pasado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), presentaron por separado sus respectivas propuestas de reformas electorales, las que fueron fusionadas posteriormente en una sola propuesta que se dio a conocer el pasado 12 de diciembre del 2018.

En torno al tema de las reformas electorales, hay dos posiciones dentro de la oposición. Un sector de ella considera que, debido al control absoluto de la dictadura sobre la Asamblea Nacional y demás instituciones del Estado, no es posible lograr una reforma electoral democrática, y que por ello debemos ir a las elecciones bajo cualquier condición. El mejor representante de esta posición fue Mikel Heay, presidente de UPANIC.

Otro sector, sobre todo dentro de la UNAB, plantea que las reformas al sistema electoral deben ser profundas, para devolver credibilidad a la población que en los últimos procesos electorales optó por abstenerse como forma de protesta ante la prostitución del sistema electoral.

Rechazo a elecciones bajo Ortega

Aparte de estos sectores, existe una posición mucho mas radical en un segmento importante de la población, compartida por la mayoría de los exiliados, en el sentido que no se debe ir a un proceso electoral si Daniel Ortega permanece en el gobierno. Una demanda legitima pero que, dada la correlacion de fuerzas actuales, es poco probable que se realice.

Las prioridades al revés

Abstrayéndose de esta importante discusión, recientemente la ACJD ha logrado arrastrar a la dirigencia de la UNAB para anunciar la iniciativa de crear una gran coalición nacional. Así como se lee: “anunciar la iniciativa de creación”, porque todavía no se conocen los documentos bases que permitirían la creación de esa coalición.

No se conoce el programa politico, no se conoce el esquema organizativo ni el funcionamiento interno, tampoco se conoce el procedimiento para la elección de candidatos. Un aspecto esencial en cualquier coalicion electoral. Y lo que es peor: no se conoce la fecha de elecciones, no se conoce bajo cual Ley Electoral y con qué autoridades se realizará las próximas elecciones.

Al proclamar la idea de la gran coalición nacional, sin haberla realmente constituido, la alianza ACJD-UNAB ha colocado la carreta delante de los bueyes, es decir, han invertido el orden de prioridades, porque lo mas importante es crear una gran alianza nacional de diversos sectores sociales, incluidos los partidos políticos que quieran reivindicarse, para forzar una profunda reforma electoral, para democratizar el sistema electoral, y hasta entonces que las diversas fuerzas políticas decidan como organizarse de cara a la batalla electoral.