Por Ernestina Tobar

Al iniciar el mes de marzo se ha dado una nueva escalada en las protestas de las organizaciones populares peruanas contra el gobierno golpista de Dina Boluarte.

Las nuevas movilizaciones

Desde finales de febrero, pobladores de diversas comunidades aymaras de Puno iniciaron el viaje en buses hacia la capital, para una marcha masiva a realizarse el 1 de marzo, denominada la “Segunda Oleada de la Toma de Lima”, en referencia a la primera toma ocurrida en enero; los transportistas de carga pesada anunciaron que pararían sus actividades a partir del 2 de marzo. La región de Puno ha sido la única en que los pobladores mantuvieron los bloqueos de vías de comunicación como acción de protesta contra el gobierno, durante el período de repliegue de las luchas en febrero, y muchos de los muertos producto de la represión policial son originarios de esta región.

En Puno, 16 puntos de las carreteras han sido bloqueados. En cuanto a los transportistas, también están exigiendo la renuncia inmediata de Boluarte, a la que consideran responsable de la actual crisis política en el país y las pérdidas económicas que afectan el sector.

El 2 de marzo miles de campesinos aymaras se desplegaron en Lima en las calles de Cercado de Lima, Santa Anita y La Molina. La policía disparó gases y balas de goma contra la multitud, sin importar que hubiera mujeres con niños cargados en sus espaldas. Desde que iniciaron las marchas hacia la capital, en un recorrido de unos 1,200 kms., las columnas fueron hostigadas por las fuerzas represivas; un contingente de pobladores quechuas de Azángaro fueron detenidos 12 veces en promedio por la policía en su trayecto hacia la capital.

Para el 3 de marzo, miles de manifestantes habían llegado desde diferentes regiones del país para sumarse a las marchas, demandando el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones y la renuncia de Boluarte, entre otras peticiones. En el interior, varios tramos de la Carretera Central fueron bloqueados, pero la Policía Nacional del Perú logró liberarlos, y en varias regiones se dieron manifestaciones;

Al igual que lo han hecho desde el inicio de las protestas en diciembre, las fuerzas represivas atacaron las manifestaciones con bombas lacrimógenas y balas de goma. En la ciudad andina de Juli, en la región de Puno, 16 personas resultaron heridas el sábado 4, como resultado de enfrentamientos entre manifestantes y policías, incluyendo a un menor de 13 años intoxicado por los gases lacrimógenos; entre los heridos hay seis miembros de los cuerpos represivos. Al parecer los manifestantes atacaron y quemaron las instalaciones de la comisaría de la policía en esa localidad. Otro grupo de pobladores intentó atacar una base naval a orillas del lago Titicaca, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos por el personal militar. Desde el inicio de las movilizaciones en diciembre, la represión ha provocado unos 70 manifestantes muertos y cientos de heridos.

En otro incidente, el domingo 5 un soldado murió ahogado y cinco fueron reportados desaparecidos el atravesar un río cuanto intentaban huir de un grupo de manifestantes en Puno.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 90% de los peruanos desaprueba al actual Congreso, y el 77% rechaza a la presidenta Boluarte.

El gobierno de Boluarte con dificultades a nivel internacional

El régimen golpista y represivo de Dina Boluarte no las tiene todas consigo en el ámbito internacional, a pesar de que algunos gobiernos latinoamericanos, como el de Lula en Brasil, no le han dado su desaprobación. El 24 de febrero la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU envió una comunicación al gobierno para que en un plazo de 60 días responda sobre diversas alegaciones sobre el uso abusivo de la fuerza durante las protestas ocurridas desde diciembre después del desalojo del expresidente Pedro Castillo. La carta fue firmada por la jefa de la subdivisión de procedimientos especiales Beatriz Balbín y varios relatores especiales.

En la misiva, la ONU hace referencia a que el uso excesivo de la fuerza ha provocado un número elevado de muertes ilícitas, la utilización abusiva de tipos penales de terrorismo contra manifestantes, detenciones arbitrarias, un caso de desaparición forzada y violación al debido proceso contra los manifestantes; también la violación a los derechos humanos de pobladores indígenas, un incremento en la violencia de las manifestaciones, el allanamiento a la Universidad de San Marcos, intervenciones y detenciones sin presencia de abogados o fiscales, agresión contra periodistas y acusaciones abusivas contra manifestantes. Los relatores resaltan los enfrentamientos en Apurímac los días 11 y 12 de diciembre del 2022 con 6 fallecidos, en Ayacucho el 15 de diciembre con 10 civiles muertos, y los de Juliaca con 19 muertos el 9 de enero.

Como dijimos, la ONU pide que el gobierno de Boluarte responda en un plazo de 60 días a las alegaciones, y que si han sucedido esos excesos, que se haga lo posible por evitar que se repitan. “A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y la libertad de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas” (Diario El Comercio 01/03/2023).

Crisis diplomática con México y Colombia

Dos gobiernos que abiertamente han respaldado al expresidente Castillo han sido los de López Obrador en México y Gustavo Petro en Colombia.

La presidenta Boluarte decidió retirar de forma definitiva a su embajador en México tras declaraciones de López Obrador defendiendo a Castillo, dejando las relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios. La mandataria peruana expresó que rechaza “enérgicamente las expresiones formuladas por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y sus inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi Gobierno”, acusando a López Obrador de “apoyar el golpe de estado del expresidente Pedro Castillo” y de injerencia en los asuntos internos de Perú (El País 27/02/2023). Éste replicó afirmando que la destitución de Castillo “fue una farsa porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo”, además catalogó al gobierno peruano de ser “de facto … autoritario y represor”, y señaló al Congreso de Perú de responder a los intereses de los grandes capitales y de empresas extranjeras (Ídem).

En la segunda semana de febrero, el presidente colombiano Gustavo Petro, durante un discurso pronunciado en la toma de posesión de nuevos embajadores en Colombia, expresó que “en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”, después de la difusión de imágenes de miles de policías peruanos marchando en el centro de Lima para reprimir las protestas contra el gobierno.

En respuesta, el Congreso peruano, con 72 votos a favor, aprobó una moción que propone “expresar su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro” que constituyen “una ofensa a nuestra Policía Nacional del Perú”; los congresistas también declararon a Petro persona non grata (CNN español 17/02/2023).

La crisis política afecta el desempeño económico

La situación política y social por la que atraviesa Perú está afectando la economía, que podría afrontar una recesión económica. Varias regiones del país registraron un menor crecimiento económico durante el cuarto trimestre de 2022, con respecto a los otros tres trimestres. Estas regiones son Tacna, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Apurímac, Ica, Piura y Amazonas. La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), señaló que los bloqueos de carreteras y la paralización de algunas actividades económicas han impactado el crecimiento de la economía en el último trimestre del año 2022 e inicios del presente año. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la economía peruana creció un 1.7% en el último trimestre de 2022, un valor menor al de los primeros tres trimestres; el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el año fue del 2.7%, con la desaceleración ya señalada en los últimos tres meses del año (Redacción Gestión 28/02/2023).

Algunas de las regiones mencionadas ya presentaban niveles de crecimiento negativos en el tercer trimestre, y la actual crisis hace aún más difícil una recuperación. Esto añade elementos al descontento contra el gobierno que está alimentando las movilizaciones populares. Detrás del reclamo de la renuncia de Boluarte y el Congreso, claramente se encuentra el descontento por una situación social de pobreza y desigualdades que viene desde décadas, y que la expectativa de crecimiento del PIB para 2023 (entre 2.3y 3%) será incapaz de solucionar.  

Si la crisis continúa sin solución durante los próximos meses, el resultado será menor inversión privada, el freno de los proyectos del gobierno, y mayor nivel de inflación.  

Las movilizaciones iniciadas en diciembre han sido las más masivas de los últimos 30 años, y como dijimos, más allá del cuestionamiento del gobierno de Boluarte, en el trasfondo está el cuestionamiento a una situación de precarización, miseria, racismo y predominio de los intereses del capital nacional y extranjero.

Una profundización y radicalización de las protestas, que lleve a la caída del gobierno golpista dependerá de varios factores. En primer lugar, de la participación decidida de la clase trabajadora y sus organizaciones, lo que dependerá de la actitud que tome la burocracia sindical, para pasar de luchas parciales tener un papel dirigente a la par de campesinos, indígenas, estudiantes y jóvenes precarizados; es vital también la construcción de un espacio de coordinación y toma de decisiones que sea a la vez centralizado y democrático, que defina un plan de lucha que incluya a todos los sectores; la extensión del movimiento a la totalidad del país más allá de las regiones del sur; la preparación de una huelga general política que sea organizada de forma democrática a partir de los centros de trabajo y comunidades, que se centre en el reclamo de una Asamblea Constituyente libre y soberana, que no se someta a las instituciones del régimen del 93, y legisle a favor del pueblo trabajador.

Por Oliverio Mejía

La llegada de la Marcha de los Cuatro Suyos (los cuatro puntos cardinales durante la época incaica) a Lima el pasado 19 de enero ha generando una mayor represión de parte del odiado gobierno de Dina Baluarte contra la población que pide su renuncia,  tras la imposición de esta por medio de un golpe de Estado parlamentario contra el profesor Pedro Castillo.

A raíz de la destitución de parte del Congreso de la Republica de Perú controlado por las bancadas de derecha, extrema de derecha y con el lamentable apoyo de algunos legisladores de izquierda, en si de todo el repudiado arco partidario,  desde la fujimorista Fuerza Popular (FP), así como otras provenientes de la partidocracia como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza Pais, Somos Perú, Podemos y la extrema derecha de Renovación Popular. Se han ido generando fuertes movilizaciones en todo el territorio que han provocado ya mas de 50 muertos y una gran cantidad de heridos provocados por la Policía Nacional de Perú (PNP).

El contexto de crisis

El triunfo de Castillo por parte del partido de izquierda Perú Libre, ex líder sindical del poderoso sindicato de magisterio SUTEP que protagonizo una huelga magisterial en 2017 contra políticas anti laborales de parte del gobierno de Pedro Pablo  Kuzynski, en las elecciones de 2021 (primera vuelta el 11 de abril y la segunda 06 de junio) gano contra la candidata de FP Keiko Fujimori,  asustando a las fuerzas reaccionarias y conservadoras del pais.

Este pais producto de la crisis global del capitalismo agravada por el COVID 19,  la economía peruana  tuvo un estancamiento generando según datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Información un aumento de la pobreza de 2019 en un 20.2 por ciento a un 30.1 % en 2021, la pobreza extrema también aumento de 2.1 % a un 5.1 % en esos mismos años. Esto mientras que los grandes conglomerados empresariales dedicados a la extracción de gas y minería aumentaba considerablemente sus ganancias; así como el hecho que la explotación de la clase obrera es la tónica con salarios de hambre a la población que tiene empleo formal y con jornadas laborales que rebasan las ocho horas aceptadas y  la presencia de una  porción grande en edad de trabajar en  la informalidad o en la llamada economía popular, un panorama común en Latinoamérica.

La estructura económica esta altamente concentrada en una burguesía-oligarquía de origen colonial y que ha sido beneficiada desde el Estado durante los proyectos de modernización capitalista en la época republicana, generado mayor subordinación al imperialismo, situación que se mantiene con la agudización  del modelo dependiente centrados ahora en el extractivismo. De las principales conglomerados mineros estan las chinas Chinalco, Las Bambas y Marconi; la inglesa Angloamerican (subsidiaria a JP Morgan); la suiza Glencore;  y en gas sobre sale la estadunidense Hunt Oil.

El Gobierno de Castillo

En ese sentido la victoria de Castillo se debió a su promesa de revisar y mejorar las relaciones laborales, de implementar la continuación de la reforma agraria iniciada por los gobiernos militares desarrollistas burgueses y la nacionalización de algunos proyectos de gas y minería como el de Camisea donde la ya mencionada Hunt Oil extrae gas. A la par de presentar  un programa reformista caracterizado como de capitalismo popular, buscando quedar en buenos términos con sectores de la burguesía.

Sin embargo el gobierno de Castillo generó desilusiones, a la arremetida de la derecha iniciando con el demagogo alegato de fraude de parte de la candidata Fujimori por medio de una campaña anticomunista. Y a en el gobierno,  el acoso de las bancadas primero de la extrema derecha y después de las otras facciones de la derecha intentándolo iniciar procesos de vacancias en dos ocasiones, a lo cual Castillo tuvo que cambiar cinco veces su gabinete,  teniendo con eso  mas de 100 ministros en breve tiempo. Recordemos que el sistema político peruano se caracteriza por que el parlamento tiene muchas potestades de control al ejecutivo,  al grado de existir la figura del primer ministro y que los gabinetes tienen que ser consensuados con las bancadas del Congreso.

La derecha afincada en el Congreso neutralizo a  Castillo cuando intentaba  iniciar un tercer proceso de vacancia, lo cual llevo a este a cerrarlo.  A esto se suma la división de la bancada de PL en tres mas, ademas de las diferencias con  otra de las fuerzas de izquierda que lo apoyo para la segunda vuelta Juntos por el Perú (JxP),  debido a viles disputa por la repartición del poder publico  y los supuestos casos de corrupción,  usados por la derecha para cercar su gobierno.

Las movilizaciones contra el golpe

La acción de Castillo no conto con  el apoyo del ejercito,  de las bancadas de izquierda, sin una plan de movilización popular,  ni del visto bueno del gobierno de Biden, donde el gobernante busco en todo momento quedar bien. Así las fuerzas reaccionarias y de la burguesía impusieron a la vicepresidente de este Dina Boluarte,  apresando a Castillo por delitos de traición.

Generando en todo el pais aunque con mas fuerza los departamentos del sur -población de  ascendencia indígena y  la de la  selva,  donde muestra los índices de marginalidad y pobreza mas fuertes- fuertes movilizaciones, con  concentraciones, tomas de carreteras  e intentos de tomar los principales aeropuertos del pais, que fue respondido violentamente por las fuerzas de seguridad publica.

Así hay relatos opuestos con respecto  a los hechos, por un lado el del intento de cierre del Congreso como una medida autoritaria -la verdad que mas allá de los vericuetos legales a los cuales Castillo no cumplió fue una medida defensiva pero sin previa preparación- promovido por la burguesía y por el otro, la versión real desde el punto de vista marxista que fue un golpe de Estado, provocando  movilizaciones de carácter casi insurreccional. A eso se suma de parte de parte de la derecha el estigma que los  protestantes son sectores que quieren desestabilizar el pais, desempolvando el discurso del terrorismo.

El imperialismo gringo rápidamente reconoció al nuevo gobierno impuesto,  pese a que por otro lado cuestionó la asonada fascista de los bolosonaristas en Brasilia, lamentable  fue la postura de los gobiernos progresistas de la región, haciendo gestos de reconocimiento al gobierno golpista. Es mas esta por celebrarse la reunión de CELAC en Buenos Aires y mientras que la derecha continental se rasga las vestiduras por la presencia de los “dictatoriales” gobiernos de Maduro, Ortega y Díaz Canel y el imperialismos progre de Biden junto los progres del sur  dirigen sus diatribas contra Bolsonaro y sus métodos trumpistas, el canciller del gobierno golpista peruano asistirá a la cumbre. Es mas la OEA por su parte,  no ha dicho tampoco nada y no hay vistos que se quiera implementar las Carta Democrática de las Américas.

Sin embargo las movilizaciones ponen en aprietos los planes de estabilización que pretende las clase dominante y el imperialismo en Perú, con la gran  cantidad de muertos registradas desde el inicio de las protestas. Como el incidente en el departamento de Ayacucho del 13 de diciembre pasado cuando los movilizados intentaron tomar el aeropuerto de esta ciudad y  la policía respondió asesinando a 10 personas, así como mas reciente los incidentes  por la toma de Lima.

Debido a esto,  el Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de Perú y organizaciones nacionales e internacionales de DDHH han denunciado la represión y exigieron al Estado  detenerlas. De tal forma que congresistas de la bancadas de izquierda PL y JxP y han iniciado una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Boluarte buscando también realizar un proceso de vacancia contra esta,  la Fiscalía General por su parte inició un proceso de investigación, pese a que este  órgano ha sido parte de la movida golpista

La reivindicación de la Marcha de los Cuatros Suyos que llego a Lima, nombre semejante al que se uso para derrocar a la dictadura de Alberto Fujimori en 2000 y que a diferencia de esta, fue  dirigida por fracciones de la burguesía que catapultaron a Alejandro Toledo a la presidencia;  la actual esta  dirigida por organizaciones populares. Y pese a que la Central General de Trabajadores Peruanos dirigidos por una burocracia de origen stalinista era renuente a dirigirla esta asumió, sumándose sectores de trabajadores y  generando con ello  algunos paros laborales,

De igual forma se han sumado la Central Única de Rondas Campesinas (expresión de juntas locales campesinas), el Frente de Defensa Popular conformado por organizaciones comunitarias rurales, la Asamblea Nacional de los Pueblos, el Frente Agrario y Rural de Perú, la Federación Nacional de Transportistas, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, el Frente de Defensa de los Asentamientos Humanos, la  Coalición Ciudadana, el  Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho,  el  Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y del Lago Titicaca,   y asociaciones y organizaciones estudiantiles universitarios y de educación media, faltando por ahora el  SUTEP.

Con la llegada de la Marcha de los Cuatro Suyos estableciéndose en el centro histórico de Lima se produjeron duros enfrentamientos en la céntrica Plaza San Martin, produciéndose incendios en algunos edificios aledaños. De igual forma fue repudiable la entrada por la fuerzas de elementos de la PNP a la UMSN por medio de tanquetas,  violando la autonomía de esta casa de estudios donde permanecían personas venidas de distintos puntos, con mas de 200 detenidos,  generando la condena de organizaciones estudiantiles del continente y del mundo. De igual forma se  amedrento con entrar de parte de la PNP,  la Universidad Nacional de Ingeniería también en Lima

Para el 19 de enero se convocó ademas a  un Paro Nacional registrándose concentraciones en las ciudades de  Cajamarca, La Libertad, Ancash, Ucayali, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Ica, Trujillo, Chilayo, Piura, Viru, Juliaca, y con  una serie de bloqueos en 127 puntos,  logrando el paro en el 38 % de las provincias, manteniéndose en algunos puntos.

También se han registrado demostraciones en Lima de sectores de extrema derecha del grupo denominado La Resistencia, conformada por elementos de los partidos ultra conservadores Fuerza Popular y Renovación Popular, realizando esporádicos enfrentamientos con manifestantes y con el contubernio policial. Así como pequeñas movilizaciones que piden paz como una forma de enmascarar una salida por derecha.

Por el derrocamiento de Boluarte.

Ante la tremenda crisis política que los factores de poder y el imperialismo no pueden detener, según el reconocido Instituto de Estudios Peruanos, el 60 % piensa que las protestas son justas (el 72 % entre los jóvenes), el 71 % desaprueba el gobierno golpista, el 81 % al Congreso y el 69 % estaría de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente; se pretende dar una salida institucional por medio de la convocatoria de nuevas elecciones, poniendo una urna adicional para preguntar si la población quiere una constituyente. Así como se baraja la posibilidad de hacer un recambio de Boluarte, de igual forma el Departamento de Estado asume una postura hipócrita pidiendo al gobierno que respete los derechos humanos de las y los manifestantes.

El conglomerado de organizaciones sociales que ha asumido la protesta no deben quedar en una acción  contemplativa, un empate es un escenario que juega contra la movilización, a la exigencia de las protestas contra el Congreso, este se debe clausurar,  declarando convocada una Asamblea Constituyente de las y los Trabajadores y los Pueblos; y por medio de una Huelga Política y un paro general de labores, conducir la movilización de forma revolucionaria para el derrocamiento de Boluarte, es importante también conseguir que el ejercito  se quiebra con la masividad de las protestas. Esta constituyente popular a su vez,  se debe de  conformar con representaciones territoriales y sectoriales,  electos con delegados desde los centros de vivienda, estudio y trabajo.

Por Oliverio Mejía

La destitución de Pedro Castillo por parte de la Congreso con 101 votos de 81 que necesitaba controlado por fuerzas de derecha, por medio de un golpe de Estado oligárquico patronal y la imposición de la vicepresidente, ahora como jefe de Estado Dina Boluarte abre las posibilidades de la agudización de la lucha de clases.

Sin embargo las fuerzas conservadoras realizaron un mal calculo, pese a tener detenido a Castillo acusado de rebelión y conspiración, capturado cuando  se dirigía a la embajada de México, las protestas han asumido una crudeza insospechada, tomando por ejemplo el Aeropuerto Internacional de Lima, al momento de escribir esta nota van siete muertos y 200 heridos.

Ante esta situación el gobierno impuesto ha puesto un Estado de emergencia, reduciendo las garantías constitucionales por 30 días, medida que había sido puesta en algunas regiones donde la clase trabajadora esta demostrando más combatividad y que ahora se extiende a todo el país. La medida evidencia la complicidad de las fuerzas armadas junto a la policía en la maniobra golpista.

Por otro lado, la población insurreccionada (campesinos, trabajadores, estudiantes, pequeños empresarios, informales, etc.) piden en la calle la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, ya no el regreso de Castillo que tenía esto como una promesa de campaña y a la cual la fue dilatando, dándole pauta a que la derecha se cohesionara y lograra su destitución.

La crisis de fondo: El deformado parlamentarismo de la derecha

El derrocamiento de Castillo tiene como fondo un sistema político inestable, establecido tras la destitución de la dictadura de Alberto Fujimori en noviembre de 2000, debido al  fraude llevado a cabo por este en las elecciones de un año antes, siendo presidente. Importante factor papel para su destitución fue la Marcha de los Cuatros Suyos, convocada por el candidato opositor burgués en ese momento Alejandro Toledo y luego presidente del Perú, electo en 2001.

Una de las características que asume el sistema político peruano es que al excesivo presidencialismo dictatorial, se erigió un sistema semi parlamentario, donde el Congreso tiene muchas potestades de controlar el aparato gubernamental por medio del control de la acción ministerial, al grado de existir la figura del primer ministro algo que ningún país del continente existe,  designado con el visto bueno del legislativo.

En la primera década del siglo una serie de reformas a la Constitución fujimorista de 1993 se aprobaron, en línea de limitar el presidencialismo, fomentar la descentralización como el reconocimiento de las capacidades legislativas de los Consejos Regionales y ampliar el catálogo de libertades básicas y de reconocimiento constitucional de derechos. Sin embargo, la característica dependiente del modelo capitalista se acentuó, convirtiendo a Perú en un país exportador de materias primas siendo un paraíso para las mineras de capital, chino, canadiense y estadunidense que gozan de una serie de exenciones fiscales y son responsables de daños ambientales y sociales.

Posteriormente se dieron elecciones en 2006 donde el expresidente Alan García resulto electo con su desprestigiado partido político el APRA, un representante de la partidocracia corrupta. En 2011 llega al gobierno Ollanta Humana quien había sido segundo en 2006, un ex militar y que fue protagonista de un levantamiento militar contra Fujimori que abanderó un discurso nacionalista pero ya en el gobierno fue continuador del programa neoliberal.

En 2016 llega al gobierno Pedro Pablo Kuczynski un tecnócrata al servicio de ciertas facciones de la burguesía que no termino su gobierno por las maniobras de Keiko Fujimori, asumiendo provisionalmente Martin Vizcara, este gobierno que conto primero con el respaldo de la bancada fujimorista de Fuerza Popular (FP) pero posteriormente se fue desmarcando de esta. Este gobierno intento realizar algunas reformas a la superestructura estatal modificando la Constitución transformado el órgano que designa magistrados judiciales y presionando al Congreso para la aprobación de reformas en la Ley de Partidos Políticos en materia de financiamiento ilicitico, prohibir la reelección, eliminación de la inmunidad, retornar al sistema bicameral, mayor democratización de los partidos; realizando un referéndum el 9 de diciembre de 2018 donde se votó a favor de estas reformas, llevando con eso un  alejamiento  de la partidocracia.

Tales fuerzas contratacaron ante el anuncio de Vizcarra y el partido que llevo a su antecesor al gobierno  con respaldo de parlamentarios de izquierda reformista de Juntos por el Perú  (JxP) adelantar las elecciones, lo cual fue rechazado por la mayoría del Congreso e iniciaron un proceso de vacancia presidencial, a lo cual Vizcarra reacciono cerrando el Congreso EN septiembre de 2019 medida que contó con el apoyo de la población y las fuerzas armadas, logrando imponerse y convocando a una elección de un Congreso provisional para el 26 de enero de 2020,  donde los partidos de la derecha clásica como Acción Popular (AP) tuvo mayoría. Por su parte plena pandemia Vizcarra da un giro populista ante las exigencias de la población permitiendo que los aportantes pudieran sacar hasta el 25 % de los fondos privados de pensiones entre otras medidas, asi como el aumento de las pensiones a  los pensionistas del sistema público.

Un segundo proceso de vacancia presidencial con este nuevo Congreso contra Vizcarra si tuvo éxito el 20 de octubre de 2020, con el argumento que recibió pagos ilícitos de empresas de construcción; así después de tiras y encojes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso este destituyo a Vizcarra nombrando como presidente provisional a Manuel Merino el 10 de noviembre, quien recibió rápido reconocimiento del imperialismo pero durando solo cinco días, ante las movilizaciones populares contra esa maniobra parlamentarias que arrojaron varios muertos.

De tal forma que el 17 de noviembre es elegido de forma provisional Francisco Sagasti quien tuvo el apoyo de la mayoría de las bancadas del Congreso y de los factores de poder burgués para estabilizar el país y convocar  a las elecciones del 12 de abril de 2021 donde gana Castillo, logrando cierto respaldo de la población por el aumento vertiginoso de la vacunación contra el COVID-19 y manteniendo las medidas que aplico Vizcarra en materia de pensiones.

Toda esta situación refleja otro complejidad del sistema político del país, la fragmentación partidaria reflejo de las disputas interbuerguesas y el papel traslucido que ha jugado las distintas expresiones de izquierda como Frente Amplio (FA), JxP, Perú Libre (PL), Nuevo Peru (NP); en  no generar una expresión independiente de la fracciones burguesas.

La reñida elección de Castillo

Pedro Castillo antiguo líder sindical del Sindicato Único de Trabajadores de Perú quien protagonizo una huelga magisterial contra la política de ajuste de Kuczynski pese al intento de la burocracia del Partido Comunista Patria Roja (PR) de aceptar tal política, es electo presidente el 28 de julio de 2021. En la primera vuelta logra 18.92 % de los votos entre una serie de partidos conservadores y de reformistas de izquierda nominado por el partido PL de Vladimir Cerrón, polémico ex gobernador de la región de Junin. Este partido que se denomina marxista leninista, pero no responde a los trabajadores sino a sectores de la pequeña burguesía indígena y rural. 

Posteriormente en segunda vuelta es electo con el 50.13 % apoyado por otras fuerzas de izquierda como NP, JxP, FA, los dos partidos postestalinistas (PR y el comunista), Democracia Directa y Humanista. Contra la candidata de la extrema derecha Keiko Fujimori que no quiso aceptar los resultados e inicio serie de acciones legales sin resultado favorable a ella,  después de una campaña electoral  ideológica “anticomunista” para la segunda vuelta. Pese a quedar con una leve mayoría de diputados del PL, la suma de los partidos de derecha FP, AP, Alianza para el Progreso,  el ultra conservador Renovación Popular (RP) junto a otros menores, lograron la mayoría dentro del Congreso del Perú.

Durante la campaña Castillo ofreció emprender algunas reformas de carácter estructural como continuar con la reforma agraria iniciada por la Junta Militar Revolucionaria en la década de los setenta, revisar los contratos de explotación minera, aumentar los salarios y el poder adquisitivo de la población, etc.

Sin embargo, estas reformas se fueron quedando en el tintero y el gobierno de Castillo se fue vinculando con la politiquería, es decir  con algunos partidos de derecha, entrando en una disputa por cargos en la estructura estatal con el PL y otros partidos de la coalición que lo llevo a ganar las elecciones. Esto llevo a que una fracción se distanciara de PL, separando parte de la bancada de ese partido formando el Polo Democrático.

Al igual se enmarco en el  ofrecimiento de obras de construcción a empresas ligadas a miembros de su entorno familiar y de diversos partidos, situación usada por la  extrema derecha especialmente RP y FP para intentar tres mociones de censura que fracasaron,  la última en noviembre pasado a  cual la mayoría de parlamentarios de PL votaron nuevamente en  favor de neutralizar esta medida.

Otras medidas usadas por la extrema derecha ha sido el bloqueo constante en la designación de ministerios y de la figura del premier,  logrando al final que estos no asumieran políticas distributivas más radicales. También se generaron roces en la estructura policial y militar por el ascenso de militares no comprometidos con la ideología anti comunista.

Todos esto fue crispando a sectores organizados del pueblo que pedían radicalizar las medidas del gobierno, el fin de los contratos mineros y la convocatoria a una Constituyente popular y realizando acciones de protesta. Sin embargo no se reflejó en un apoyo a los partidos de izquierda reformista, el dos de octubre de 2022 se realizan elecciones municipales, logrando la mayoría  de prefecturas expresiones de derecha como la demócrata-cristiana Somos Perú, Alianza para el Progreso procedente de la derecha tradicional, la conservadora Avanza País, mientras que la capital es conquistada por RP y su líder, Rafael López Arriaga, un reaccionario, machista y racista, como  prefecto de Lima.

El Ministerio Publico por su parte abrió una investigación al presidente por tráfico de influencias y lavado de dinero, así como contra personajes del entorno de Castillo y algunos prefectos. El 20 de octubre se convoca por los partidos NP y la PR así como la principal central sindical la CGTP a la toma de Lima, explícitamente para apoyar a Castillo alegando que esas denuncias de corrupción son falsas. El 27 de noviembre el Poder Judicial detiene a Jose Fernández Latorre director de la Dirección Nacional de Inteligencia,  quien sostenía la relación entre Castillo y el Ejército,  en una investigación por compra irregular de biodiesel de parte de la estatal Petroperu.

Destitución y suave golpe de Estado

Así un nuevo intento de censura para Castillo y  declarar vacante la presidencia se estaba preparando. Adelantándose a  esa jugada,  el 7 de diciembre Castillo anuncia la conformación de un “gobierno de excepción”, con la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Publico, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional y la convocatoria a elecciones para elegir un nuevo Congreso. Intenta realizar movimientos en la estructura castrense pero son resistidos por la jerarquía militar y varios de sus  ministros renuncian. Esto provoca la alineación de los órganos del Estado burgués, y sin apoyo militar,  el Congreso se reúne para destituir a Castillo y detenerlo; a nivel internacional los gobiernos México, Colombia y Bolivia respaldaron a Castillo.

La prensa burguesa califica de autogolpe la medida de Castillo, pero lo cierto que según el artículo 134 de la Constitución del Perú para lograr la disolución del Congreso, este necesitaba que el Legislativo hubiera censurado en dos ocasiones al Consejo de Ministros en pleno. Los diputados se cuidaron de no hacerlo.  Pero mas allá de estas veleidades legales lo cierto es que Castillo perdió la oportunidad, al inicio de su mandato, de convocar a una Constituyente que le hubiera generado respaldo. En sentido contrario, buscó infructuosamente acuerdos con la oposición moderada dentro del Congreso, lo que condujo a una prolongada tercia por su destitución. 

Superar la dispersión con la Huelga General

Una vez proclamada Boluarte como presidenta, anuncio nuevas elecciones, pero hasta el 2024, después por la presión de las protestas populares ofreció realizarlas el 2023, pero al final tuvo que decretar el Estado de Emergencia, primero en algunas localidades, después en todo el Perú. Boluarte intentó calmar a la población, pero continuaron las manifestaciones masivas, paro de labores en algunos sectores, bloqueo de carreteras, sobre todo en los departamentos de Apurimac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Ica, La Libertad, Puno, conformado por un sinfín de organizaciones sociales, cuya demanda de una nueva Constituyente genera cohesión social, sobre todo en las áreas mas pobres de Perú.

Hasta el momento las protestas populares contra el nuevo gobierno golpista continúan creciendo, pero de manera dispersa, sin una coordinación nacional. La huelga nacional de educadores es parte de este proceso. Es urgente centralizar las protestas por medio de una Huelga General para tumbar el gobierno de Boluarte, que estas organizaciones sindicales y populares se constituyan en gobierno provisional, que disuelva el Congreso, libere a Castillo, y convoque a nuevas elecciones generales, para iniciar el cumplimiento de las reivindicaciones sociales  de la mayoría de las masas peruanas. La lucha apenas está comenzando.

Por Leonardo Ixim

Con una alta participación se realizó la segunda vuelta electoral en Brasil, entre el actual presidente Jair Bolsonaro e Ignacio Lula Da Silva, en la que ha sido catalogada como una de las elecciones más reñidas en la historia política del gigante sudamericano.

El criminal gobierno del ex capitán del ejército y ex diputado Bolsonaro se caracterizó por una inflación alta, donde los precios al consumidor subieron un 8.3 por ciento en 2021 y mas de la mitad de los brasileños (125,2 millones) viven con algún tipo de inseguridad alimentaria y 33 millones enfrentan una inseguridad alimentaria severa; así como el crecimiento de los índices de pobreza y extrema pobreza.

 Pese a eso, el bolsonarismo muestra un apoyo considerable en parte de iglesias evangélicas pentecostales y, con ello, el fortalecimiento de una ideología conservadora a nivel de las capas populares, así como la influencia del lobby de la agro industria, lo cual se refleja en una fuerte bancada en el Congreso que representa los intereses de la industria agro exportadora de cereales y alimentos; estos generan en diversos territorios rurales hegemonía sobre diversas capas de la población.

Pero también muestra el apoyo de algunos sectores populares, pero sobre todo en las capas medias y la pequeña burguesía que en algún momento apoyaron al PT y quedaron defraudados por ciertas políticas de estos gobiernos. Con la pandemia, pese al negacionismo, Bolsonaro se dedicó a brindar medidas asistenciales como Auxilio Brasil, la Bolsa Caminhonero, el Vale Taxi, generando esa clientela; logró mantener estable el precio de los combustibles y otras medidas, usándolas como estrategia electoral.

Los resultados electorales

Estuvieron convocados para estas elecciones de segunda vuelta 124,252,796 votantes, participando 118,552,353 el 79.41 por ciento, casi el mismo número de votantes en la primera; los votos nulos ascendieron a 3,930,765 una cantidad levemente superior que en la primera vuelta y los votos en blanco fueron 1,769,678, un poco menos que en la primera vuelta.

El ex sindicalista y dos veces presidente, de la coalición Brasil de la Esperanza y del Partido de los Trabajadores (PT) y su candidato a vicepresidente, Gerardo Alkim, del Partido Socialista Brasileño (PSB) ex gobernador del estado de Sao Paulo, obtuvo 60,345,999 de votos, el 50.90 %, un poco más de dos millones de votos que en la primera vuelta. Mientras Bolsonaro  y su candidato a vicepresidente, el militar Walter Braga Netto, por la coalición Por el Bien de Brasil y su Partido Liberal (PL) obtuvieron 58,206,354, el 49.10 %, ocho millones de votos más que en la primera vuelta electoral.

Por otro lado, se disputó segundas vueltas en varias gubernaturas estaduales; de un total de los 26 estados en que se divide esta república federal, se celebraron elecciones en nueve entidades, de los cuales siete se disputaron en la segunda vuelta.

En el estado de Distrito Federal el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) se llevó la gubernatura; en Minas Gerais, por su parte, el partido Novo obtuvo la gobernación en la primera vuelta, quien se alió al lulismo para la segunda vuelta.

En Amazonia la disputa fue entre la coalición lulista y bolsonarista, llevándose el partido Uniao, de la segunda coalición, la gobernación. En Bahía, al noreste, también hubo una disputa entre ambas coaliciones, donde el candidato del PT obtuvo la gubernatura; en Mato Graso do Sul, situado al centro, la disputa fue entre el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), histórico partido vinculado a los grupos de la burguesía y otro partido afín al bolsonarismo, llevándose la gubernatura el primer partido.

Otro estado fue Rio de Janeiro uno de los más populosos, entre un candidato del partido de Bolsonaro, el PL, y el PSB de la coalición lulista, obteniendo el triunfo el candidato del bolsonarismo. En Rio Grande do Sul la disputa fue entre un candidato del PSDB y otro del PL (bolsonarista), llevándose la gubernatura el primero. En Sao Paulo, el estado más poblado de la federación, la disputa se llevó entre un candidato bolsonarista del partido Republicanos, y ex candidato presidencial del PT en la elección pasada, Fernando Haddad, logrando el triunfo el primero. Y para terminar, en el sureño estado de Santa Catalina, la disputa fue nuevamente entre un candidato bolsonarista del PL contra otro del PT, logrando el triunfo el primero.

Es decir, en el encuentro de la amplia coalición de centro derecha que se formó en torno a Lula para la segunda vuelta contra la extrema derecha bolsonarista, esta última se llevó cuatro gubernaturas mientras que la primera se llevó cinco gubernaturas, pero por lo menos tres son de partidos (PSDB, MDB y Uniao) burgueses que hicieron frente común contra el bolsonarismo.

Mientras que, a nivel del Congreso, el PL es mayoría en el Senado (14) y en diputados (99) a lo cual se suman los congresistas aliados. El PT en el Senado obtuvo 9 escaños y en la Cámara de Diputados 68 curules. A su vez, los partidos del llamado centrao, encabezados por el MDB y la derecha clásica PSDB y otros afines, serán la balanza del poder.

Reacomodos políticos

 Sobre el famoso centrao, ya lo mencionamos en el anterior artículo, caracterizado por la reproducción del caciquismo, y el clientelismo el MDB es el mejor ejemplo de esto. Este partido proviene de la lucha contra la dictadura y fue fundamental para lograr la llamada gobernabilidad a favor de los gobiernos del PT, hasta que el vicepresidente de Dilma Russef –en su segundo gobierno-, de ese partido, Michel Temer, se prestó a la destitución de ésta, y ahora en la segunda vuelta muestra su apoyo nuevamente Lula.

De hecho, el centrao está haciendo guiños a Lula; el actual presidente de la Cámara de Diputados saliente, Arthur Lira, del Partido Progresista (un reciclaje de políticos con origen en la dictadura militar), que en la primera vuelta apoyó a la coalición bolsonarista, mostró su apoyo al gobierno electo en aras de la gobernabilidad de la burguesía y hay un acercamiento con gobernadores, incluso que apoyaron a Bolsonaro, como el de Sao Paulo.

El lulismo y el bolsonarismo

El retorno de Lula a la presidencia en una amplia coalición donde sobresalen fuerzas políticas burguesas y el apoyo de sectores empresariales descontentos con Bolsonaro, es la reedición de las políticas de conciliación de clases promovidas por el PT -partido formado desde el sindicalismo combativo contra la dictadura- que desde finales de los ochenta fue moderando su programa, y cuando asumió por primera vez la presidencia en 2003, con la llamada Carta al Pueblo Brasileño mostró el compromiso con el gran capital.

Si bien los gobiernos del PT, sobre todo en el segundo gobierno de Lula, impulsaron una serie de medidas de bienestar social, como la mejora de los ingresos, el fomento al crédito a partir de una banca pública, una amplia reducción de la pobreza con programas asistenciales, garantizaron los intereses de los grandes monopolios como la agro-industria, la construcción y la industria, impulsando una política de reducción de las pensiones; y aunque no continuó con la privatización en la producción de petróleo, hierro, bienes de capital, etc., tampoco las revirtió.

Durante el primer gobierno de Dilma Russef, con la caída de los precios de los commodities y al calor de las grandes obras para los Juegos Olímpicos de Rio y el Campeonato Mundial de Fútbol en 2013, se realizaron fuertes protestas contra la poca inversión en infraestructura pública, sobre todo en la ampliación de las redes de salud y educación, en contraste con las obras para eventos deportivos.

Ante la falta de conducción de estas protestas por la izquierda, y el desprecio de las principales organizaciones de masas ligadas al PT como -la Central Unitaria de Trabajadores, el Movimiento de los Sem Tierra, la Unión Nacional de Estudiantes y otras- emergieron corrientes conservadores que se sumaron a las acciones contra la corrupción desde el Poder Judicial (impregnado por factores conservadores), que salpicó a los principales partidos, entre ellos al PT y al propio Lula, de lo cual demagógicamente Bolsonaro, en ese entonces diputado, se mostró como un abanderado. A la par de esto, se realizó la destitución de Russef en su segundo gobierno, por una coalición de fuerzas de los partidos del centrao; así como de la mayoría de fracciones de la burguesía que ahora se suman nuevamente al carro lulista. La apuesta de estos sectores era fortalecer al PSDB, pero el vendaval que reflejó Bolsonaro los obligó a mostrar su apoyo a éste.

El bolsonarismo como movimiento mostró su músculo desconociendo los resultados electorales, realizando tranques en las carreteras que contaron con el apoyo de las fuerzas policiales; posteriormente el mismo Bolsonaro pidió desmontarlos. Sin embargo, los hechos durante la campaña, con agresiones a simpatizantes de Lula, muestran que este movimiento reaccionario no puede ser detenido solo en las urnas. Durante la campaña, el PT y las organizaciones de masas afines impidieron la creación de un movimiento revolucionario.  Le corresponde al Polo Socialista, a partidos de izquierda como el PSTU, el PCB, UP, a diversas corrientes del PSOL, junto a las organizaciones de base populares y sindicales como Conlutas, el fortalecimiento de un movimiento antifascista y de independencia de clase.