Por Orson Mojica

El ascenso de Evo Morales a la presidencia de Bolivia en el año 2006 fue un acontecimiento histórico, producto de largas luchas de los años anteriores. El primer presidente indígena en un país de amplia mayoría indígena.

El triunfo de Evo Morales fue parte del fenómeno político de surgimiento de gobiernos “progresistas” en América Latina, que tuvieron como sustento material el auge de los precios internacionales de materias primas, lo que les permitió consolidar por un corto espacio de tiempo una base social o clientela política, a través de los programas de asistencia social hacia los sectores más vulnerables.

Auge y agotamiento del modelo económico

En el caso de Bolivia, Evo Morales renacionalizó el petróleo, el gas, renegoció las concesiones mineras y últimamente la explotación del litio, obteniendo recursos económicos que utilizados de manera prudente permitieron dinamizar el mercado interno.

De esta manera, desde el Estado se impulsó el dinamismo económico que permitió a la economía boliviana crecer a una tasa promedio anual del 4,9%. Los resultados del largo periodo presidencial de Evo Morales fueron sorprendentes: la pobreza se redujo del 59% al 35%. En ese mismo periodo, el coeficiente de Gini de desigualdad bajó de 0,60 a 0,47.

No obstante, en el ultimo periodo, el modelo de desarrollo económico basado en el extractivismo y la venta de los recursos naturales, estaba dando síntomas de agotamiento, producto de la baja de los precios internacionales de las materias primas y del reinicio de la crisis económica internacional. Al entrar menos divisas, aumentó la deuda pública y el déficit fiscal. El mismo fenómeno que ocurrió en Venezuela, Argentina y Ecuador.

En los últimos cinco años (2014- 2019) la deuda pública -incluyendo la deuda con el sector público financiero- aumentó de 38% a cerca de 53% del PIB. Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia disminuyeron de US$15.1 mil millones (46% del PIB) en 2014 a cerca de US$8.0 mil millones (20% del PIB) a mediados de 2019. De igual manera, los depósitos del sector público cayeron de 24% a alrededor de 13%.

Los desbalances macroeconómicos encendieron las alarmas entre los grupos empresariales, pero Evo Morales decidió postergar los ajustes neoliberales hasta después de haber obtenido su cuarta reelección continua.

El régimen Bonapartista de Evo Morales

En las elecciones adelantadas del año 2005, el partido Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, obtuvo el 53,72 de los votos, obteniendo 72 diputados de los 130 que componen la asamblea legislativa, y 12 bancas de las 27 que componen el Senado. Con esta mayoría, Evo Morales convocó al año siguiente a una Asamblea Nacional Constituyente que redactó la nueva Constitución del año 2007 (la última había sido aprobada en 1944), la que fue ratificada mediante un referéndum que obtuvo la aprobación del 61% de los votantes, con una participación del 90% del padrón electoral. En el año 2009 fue reelegido con el 64,22% de lo votos, y en el año 2014 fue reelegido con el 63,3% de los votos.

Teniendo a su favor un contexto económico favorable, Evo Morales impuso en 2009 una Constitución a su medida que, conservando las formalidades de la democracia burguesa y la división de poderes, en realidad le permitió consolidar un régimen político bonapartista que lo convertido en el gran arbitro entre las clases sociales en pugna. Un fenómeno bastante parecido, pero mucho menor, al chavismo en Venezuela.

Con abundantes recursos económicos a su disposición, Evo Morales logró captar a la mayoría de la burocracia sindical de la legendaria Confederación Obrera Boliviana (COB), castigando y criminalizando a los opositores. En cierta medida, Evo Morales creo una especie de corporativismo, incorporando muchas centrales obreras, campesinas, organismos populares y movimientos sociales a las instancias del Estado burgues, pero sin que estos tuvieran capadicidad de decision, mas bien para disciplinarlos en relacion a las politicas oficiales. En este proceso de captacion y control sobre los organismos de masas, buena parte de la izquierda le claudicó y se supeditó a las politicas del MAS. Hubo intentos de crear un Partido de los Trabajadores (PT), independiente de las politicas de Evo Morales, pero este finalmente logró desarticularlo. Con ese manto de masas, pero teniendolas bajo su control, la hegemonía del MAS se impuso en casi todas las instituciones del Estado, la oposición en general estaba acorralada y con escasos márgenes de actuación.

Aunque Evo Morales impulsó el reconocimiento de los indígenas, también los reprimió. El caso mas emblemático de este enfrentamiento fue la represión contra la Gran Marcha por el respeto del derecho a la consulta y contra la imposición de la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Secure (TIPNIS), en agosto del 2011.

Los sucesivos gobiernos de Evo Morales se caracterizaron por reprimir la protesta social independiente, criminalizando a sus dirigentes, con duras penas de cárcel.

La relación de Evo Morales con las Fuerzas Armadas

Contra todo pronóstico, Evo Morales logró establecer, mediante una serie de movimientos, un acuerdo con la cúpula militar y policial, que en términos generales no cuestionó su bonapartismo, pero a cambio de enormes prebendas materiales.

Una de las primeras medidas de Evo Morales, para garantizarse la fidelidad del Ejercito, fue mandar a retiro a dos promociones del alto mando militar, promoviendo y ascendiendo a los oficiales de más baja graduación y que provienen de sectores plebeyos. Fue la mayor purga militar desde la revolución de 1952.

Además, Evo Morales, copiando los consejos de Hugo Chávez, incorporó a esta nueva cúpula militar a la administración de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), procurando despertar en ellos el olvidado postulado de “Revolución Militar Socialista”, que impulsaron los generales David Toro (1936-1937) y Germán Busch (1937-1939) después del golpe de Estado contra el gobierno de Daniel Salamanca Urey. Los generales Toro y Bush impulsaron importantes reformas sociales y económicas, como la ampliación de derechos sociales y la reversión al Estado de todos los bienes y concesiones otorgadas a la empresa petrolífera estadounidense Standard Oil, que finalizó precisamente con la fundación de YPFB.

No obstante, a pesar de la relación privilegiada de Evo Morales con los militares, en abril y mayo del 2014 se produjo una rebelión de suboficiales, precisamente porque los privilegios económicos quedaban en manos de la alta cúpula militar. El pastel era muy pequeño y no alcanzaba para todos. Ninguna de las jugosas concesiones materiales a la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, podían cambiar la naturaleza burguesa y reaccionaria del Ejército y la Policia, los mismos cuerpos represivos que instauraron varias dictaduras militares sangrientas y que en 1967 mataron al Che Guevara.

El referendo constitucional del 2016

Debido a que el artículo 169 de la Constitución del año 2009 establece la reelección presidencial continua solo por una ocasión, Evo Morales ya no podía postularse a la reelección para las elecciones del 2019. Incluso, logró burlar este articulo una primera vez, cuando en 2014 se presentó a una segunda reelección después de que el Tribunal Constitucional (TC) interpretó que el primer periodo presidencial comenzó después de la aprobación de la Constitución del 2009.

De esta manera, Evo Morales se presentó a las elecciones del 2014 y ganó con el 63% de los votos para el periodo 2015-2010. Pero este sería su último periodo presidencial.

Pero Evo Morales se aferró firmemente al poder. En septiembre de 2015, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros movimientos sociales impulsaron una reforma  constitucional para permitir otra reelección de Evo. Con 112 votos a favor y 41 en contra, Evo Morales hizo aprobar un proyecto de ley que modificaba el artículo 169 de la Constitución permitiendo dos reelecciones consecutivas.

Esta reforma constitucional fue sometida a referendo el 21 de febrero de 2016 y el resultado fue desfavorable para Evo Morales: el No ganó con el 51,30% y el Si obtuvo el 48,70%. Fue la primera elección perdida, que reflejaba el deterioro de la situación económica y su refracción en el plano político.

El MAS recurrió nuevamente ante la el TC, argumentando que se habían violentado los derechos constitucionales del presidente Evo Morales. El TC emitió una sentencia declarando inaplicables los artículos que impedían a Evo Morales presentarse a una nueva reelección.

Debido al control del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de casi todas las instituciones, con esa sentencia del TC Evo Morales se inscribió para una tercera reelección continua, su cuarto periodo presidencial.

El resultado preliminar y acusaciones de fraude electoral

Evo Morales fue a la batalla electoral desafiando la voluntad popular expresada en el referendo del 2016, que en su mayoría se pronuncio en contra de la reelección.

La campaña fue polarizada. Los principales grupos de oposición se aglutinaron en Comunidad Ciudadana (CC), jefeada por el expresidente Carlos  Meza.

El 20 de octubre, durante el conteo de votos y transmisión provisional de datos, con el 84% de los votos escrutados, los resultados arrojaban el 45,28% de los votos a favor de Evo Morales, frente al 38,16% de Mesa (38,16%), lo que anunciaba una segunda vuelta, pero la transmisión fue interrumpida repentinamente y las acusaciones de fraude electoral no se hicieron esperar.

El lunes 21 de octubre, se produjo un abrupto cambio en el conteo de los votos: con el 95,63% del escrutinio realizado, el TSE otorgó el 46,4% de los votos a Morales, contra 37,07% para Mesa. De esta manera, el resultado fue ajustado a una diferencia de 10 puntos entre el primero y segundo lugar, necesarios para ganar en primera ronda, conforme la Constitución.

Los resultados finales, le otorgaron el tercer lugar al ultraderechista Chi Hyun Chung, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el 8,78%, conocido como el Bolsonaro Boliviano. Óscar Ortiz, de la alianza Bolivia dice No con 4,24%; Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), 1,25%; Virginio Lema, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con 0,69%; Ruth Nina, del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN BOL), con 0,65%; Víctor Hugo Cárdenas, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), con 0,41% e Israel Rodríguez, del Frente Para la Victoria (FPB), con 0,38%.

Huelga General y levantamiento popular

Ese mismo día estallaron las primeras protestas popular con manifestaciones, bloqueo de calles y carreteras. Las acusaciones de fraude electoral metieron en aprietos a la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) la que al inicio fue muy prudente, sugiriendo la realización de una segunda vuelta electoral

El 23 de octubre, una reunión extraordinaria de la OEA, realizada en Washington, no se atrevió a avalar las denuncias de fraude electoral, sino que se limitó a recomendar que “Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta (…) Los resultados de una elección deben de ser creíbles y aceptables para toda la población no solo para un sector”.

Evo Morales respondió tomando el toro por los cuernos: “No comparto con la misión (...) Antes de que termine el cómputo oficial ya opinando, sugiriendo (…) Por encima del criterio de cualquier institución primero es su responsabilidad respetar nuestra Constitución", pero al final terminó aceptando “que (la OEA) haga auditoría a la votación, al sufragio, a los resultados porque dicen: hay fraude. Ahora que se demuestre el fraude".

La auditoría de la OEA fue aceptada por Evo Morales. Aparentemente había acuerdo, lo que presagiaba un posible reconocimiento de la presumible victoria electoral de Evo Morales, pero no fue así.

En el ínterin, los ánimos se caldearon, el rechazo a la tercera reelección continua de Evo Morales, plasmada en el resultado del referendo del 2016, se manifestó en las calles bajo la forma de una masiva protesta popular.

La Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE)

En Santa Cruz, se formó un Comité Cívico, dirigido por el derechista Luis Fernando Camacho. Otras ciudades como Chuquisaca, Tarija y Potosí, siguieron el ejemplo. De estos comités cívicos, surgió la Coordinadora de Defensa de la Democracia (CONADE) para reunir fuerzas y obligar al TSE a convocar a una segunda vuelta. Hasta ese momento, la consiga central de la oposición era forzar a una segunda vuelta.

La CONADE llamó a una Huelga General que fue acatada en una buena parte del territorio boliviano, llegando a paralizar el comercio y circulación de vehículos. Los enfrentamientos callejeros entre simpatizantes del MAS y las masas populares que protestaban se generalizaron en todo el país. Dia a día, la situación se poniendo más tensa.

Abanderando la lucha contra el fraude electoral, la oposición burguesa y los sectores mas ultraderechistas se pusieron al frente de la movilización popular. Existe una contradicción de objetivos e intereses, entre la conducción derechista y las aspiraciones democráticas de las masas que salen a pelear contra el fraude electoral. Aparentemente estamos ante un fenómeno de derechización, pero en realidad no es así. No es un problema ideológico.

Es muy importante comprender este fenomeno para no sacar conclusiones erroneas. La ultraderecha terminó asaltando la conduccion del movimiento de masas contra el fraude electoral, debido a la ausencia de direcciones revolucionarias. Este vacio de dirección tiene su origen en que la mayor parte de las direcciones sindicales, incluida la poderosa COB, y casi la totalidad de la izquierda le claudicaron al discurso y las politicas de los sucesivos gobiernos de Evo Morales. Entonces, en esas circunstancias, quienes quedaron gritando contra el gobierno de Evo Morales fueron los grupos mas derechistas. La dinámica de la movilizacion callejera es más fuerte y tiende a romper en el corto plazo con el discurso y las políticas de las conducciones derechistas y reaccionarias. Será una experiencia muy rapida que augura una inevitable radicalizacion de las masas y el surgimiento de direcciones auténticamente revolucionarias.

Resultado de la auditoria de la OEA

Después de casi tres semanas de paro nacional parcial, de enfrentamientos callejeros, un hecho determinante en el rumbo de los acontecimientos fue la rebelión policial, que se negó a seguir reprimiendo a la población que salía masivamente a protestar a las calles.

La empresa Ethical Hacking, elegida por el TSE para realizar la auditoría del proceso electoral, dio un primer dictamen asegurando que "el proceso estuvo viciado de nulidad". Estas declaraciones fueron gasolina sobre el fuego.

El primer motín policial se produjo en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba, la tercera ciudad del país. Después, unos tras otros se fueron sumando los cuarteles policiales de las otras ciudades, incluso en La Paz donde el jefe policial se vio obligado a renunciar. La Policía se replegó a sus cuarteles, confraternizando en el camino con la gente que protestaba.

De pronto, Evo Morales no tenia fuerza policial para reprimir las protestas. Esta situación obligo a Evo Morales a cambiar el discurso ofreciendo dialogo a la oposición, incluso para discutir una posible segunda vuelta electoral.

El informe de la auditoria de la OEA propino el tiro de gracia: “Se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre pasado"

Pero, previendo las reacciones populares, el informe de la OEA alertó que “se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del presidente Evo Morales (…) la situación en el país exige a los actores gubernamentales (primordialmente) y políticos de las diferentes opciones, así como a todas las instituciones actuar con apego a la Constitución, responsabilidad y respeto por las vías pacíficas".

En pocas palabras, hasta el ultimo momento la OEA recomendó que Evo Morales terminara su mandato constitucional en el año 2020. Evo Morales convocó a un nuevo proceso electoral, pero ya era muy tarde.

Los militares guardan distancia y piden la renuncia

En un hecho sin precedentes, la cúpula militar que había sido mimada y premiada bajo los gobiernos de Evo Morales, tomó distancia y pidió su renuncia.

El general Williams Kaliman, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en conferencia de prensa declaró: "Luego de analizar la situación conflictiva interna, pedimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia".

Ese mismo día, el general Vladimir Yuri Calderón, comandante general de la Policía, declaró que “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia".

La suerte estaba echada. Aunque Evo Morales ya había cedido todo lo que la OEA y la oposición habían exigido, en torno a un nuevo proceso electoral, la decisión de las Fuerzas Armadas y de la Policía dejaba a Evo Morales colgando de un clavo ardiente mientras el levantamiento popular tomaba mas fuerza en las calles. Evo Morales no tuvo más remedio que renunciar.

¿Golpe de Estado?

Sin lugar a dudas estamos ante un golpe de Estado que las Fuerzas Armadas y la Policía han ejecutado, no tanto para liquidar a Evo Morales que ya había sido crucificado por la movilización contra el fraude electoral y la reeleccion, sino al levantamiento popular que se había generalizado en toda Bolivia. Es un golpe de Estado para contener al movimiento de masas, en una situación de caos social y radicalización política.

Con el fraude electoral cometido, Evo Morales desencadenó un poderoso movimiento de masas que desestabilizó el aparato del Estado que había remozado bajo sus gobiernos. La caja de Pandora está abierta.

Las fuerzas derechistas han aprovechado la situación para posicionarse en el reparto del poder que se avecina, pero las masas que salieron a la calle no son derechistas, sencillamente quieren democracia y solucionar sus problemas cotidianos.

Todavía no está claro si habrá una sucesión constitucional, si se convocaran a nuevas elecciones como debe ser, o si los militares resistirán la tentación de tomar directamente el poder en sus manos.

La crisis política apenas esta comenzando.

Por Juan Castel

Esta última semana los revolucionarios americanos hemos acudido a presenciar desde la distancia una extraordinaria movilización de masas en el aristocrático Chile. Como sostuvimos en el editorial 294 de nuestro órgano El Socialista Centroamericana: en “América Latina: Nuevamente soplan vientos de revolución”, esto ha quedado ratificado en la movilización de masas liderada por los indígenas en Ecuador, que han hecho retroceder el paquetazo de ajuste que el gobierno del derechista Lenin Moreno trato de implementar bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En Chile, el país más desarrollado de la región y quizá el único que plenamente podía llamarse del primer mundo desarrollado en Latinoamérica, la subida de 30 pesos en el costo del pasaje del privado servicio de metro en la capital Santiago, ha sido correspondió hábilmente por los estudiantes secundarios y los universitarios con una huelga de desobediencia civil que promovió hace ya más de una semana saltarse los molinetes para no pagar ese incremento.

La reacción de la burguesía más “liberal” del continente

La represión no se hizo esperar por parte del reaccionario gobierno de Sebastián Piñera, que está ejerciendo su segundo mandato presidencial. Los desmanes cometidos por el infame cuerpo de carabineros, una suerte de Guardia Civil militarizada, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, fue contestado con una radicalización profunda de los estudiantes, que a inicios del pasado fin de semana se saldó con varias sedes gubernamentales y de los mayores consorcios privados que controlan los bienes de primeras necesidades, incendiadas y destruidas.

El gobierno acorralado ante la ola radical de descontento, sembrado en 30 años de modelo neoliberal heredado por la sanguinaria dictadura de Pinochet, decreto el Estado de excepción en la zona metropolitana de Santiago, extendiéndolo posteriormente a las ciudades más importantes, como Concepción y Valparaíso. 

Desde hace mucho tiempo el orden burgués neoliberal en Chile no mostraba una incapacidad tan grande, como la que lo ha hecho recular frente a la inmensa movilización de las masas del pueblo más pobre que ha sufrido el alto costo de la vida, la privatización salvaje de todos los servicios sociales que prestaba el Estado, la devaluación de las pensiones que tienen prácticamente en la indigencia a los jubilados, el incremento de las tasas para acceder a la educación y un modelo que ha promovido durante los últimos 30 años una de las desigualdades más profundas del continente.

 El antipopular cuerpo de carabineros, bastión del Estado de derecho burgués, heredado de la dictadura se vio sobrepasado por la rabia popular, lo que hizo al gobierno imponer el Estado de sitio y sacar al ejército de tierra y a la marina a las calles de las principales zonas del país. Buscando asegurar los bienes del gran capital ante la furia de las masas.

Piñera pensó que unas jornadas de represión harían menguar el movimiento, pero el tiro le ha salido por la culata, la represión, el abuso de carabineros y el desfilar de las fuerzas militares por las calles han hecho que los sectores de la población que no formaron parte de la inicial protesta de los estudiantes, se unieran en marchas, concentraciones y cacerolazos en una apoteósica muestra de fuerza ante los órganos represivos del Estado burgués chileno. El gobierno de Sebastián Piñera, como el de su par Lenin Moreno en Ecuador trato de recular, dando durante toda esta semana concesiones a las masas en lucha, para evitar que se profundice aún más la movilización que día con día desgrana a su gobierno. Esto le ha servido de poco, pues la población ya levanta de manera general consignas contra todo el modelo económico, los políticos y los empresarios que se benefician del cada vez más costoso nivel de vida en Chile.

No son 30 pesos, son 30 años

El gobierno trato de detener el auge de la lucha social, echando para atrás la subida de los 30 pesos en el servicio de metro Trans-Santiago, esto le sirvió de poco. Pues para ese momento las poblaciones a lo ancho y lo largo del país ya levantaban consignas contra el modelo económico neoliberal que desde la implantación de la brutal dictadura militar de Pinochet en 1973 ha ido encareciendo la vida, ha desarrollado las cuentas de los grandes banqueros, empresarios y políticos del país a costa de la pobreza material, el endeudamiento y la desesperanza de la gran mayoría. 

Los medios burgueses de prensa y noticias en un primer momento se prestaron a su tradicional labor de criminalizar la huelga estudiantil, el justo vandalismo que genero la rabia acumulada entre la juventud y las posteriores movilizaciones ya integradas por amplios sectores de la sociedad. Pero al ver la incuestionable marejada popular que se generó por la represión de carabineros y del ejército, decidió empezar a manejar una narrativa del protestante bueno y del malo. Tratando de engañar a la opinión de la población evitando que siguiera integrándose a la lucha, autorizando demagógicamente cuales son las formas adecuadas de protesta, que no incomoden al poder y al capital.

En ese marco se han instrumentalizado los saqueos a los medianos y grandes comercios en las principales zonas comerciales del país. SI bien es cierto que, en momento de efervescencia social, los sectores desclasados por la pobreza se prestan al saqueo, también lo es que muchos de los saqueos son promovidos por las propias fuerzas de seguridad, que con ellos buscan que la población se quede en casa o en sus pequeños negocios cuidando lo poco que tienen, para quitarle potencia a las movilizaciones sociales.

Se dan también fenómenos que reviven los organismos populares de los cordones industriales durante el gobierno del Frente Popular de Salvador Allende, pues muchos ciudadanos se organizan para cuidar sus barrios de los desmanes cometidos durante esta última semana. Lo inusual es el desarrollo de un fenómeno contradictorio, que es que grupos de la clase media urbana y de la pequeña burguesía comercial se organizan para defender los grandes locales y abarroterías de los multimillonarios chilenos. Incluso al punto de disparar contra los manifestantes, dejando ver el germen el primero de la revolución y este último, el de la contrarrevolución fascista, que tienen al igual que las tradiciones de lucha popular del pueblo chileno, también mucha historia de sangre tras de sí.

El enorme descontento social se dirigió entonces a la casta política de los diferentes partidos, ante los privilegios de estos operadores del poder burgués que han sacado los beneficios a costa de la cada vez más endeble economía de los chilenos de a pie. Los grupos burgueses ante la incapacidad de sus representantes Sebastián Piñera en el Estado; se han prestado a infinidad de ruedas de prensa y comunicados donde hablan de incrementar el salario mínimo de sus trabajadores en las compañías de sus consorcios. Esto es solo la representación del miedo que corre adentro de toda la clase burguesa chilena, miedo a que la lucha social contra el ajuste neoliberal se trasforme en una lucha generalizada contra el sistema capitalista chileno, la división de clases en la que ellos están bien posicionados desde la dictadura de Pinochet y a la que le deben estas tres décadas de auge económico, el llamado milagro económico chileno esta ahora pasando por su crisis más profunda, ante el irreductible despertar de la población que ve día con día desintegrarse su nivel de vida y menguar su poder adquisitivo frente a los servicios privados y monopólicos en Chile. 

Los partidos de la izquierda tradicional están a la derecha de las masas

Ante este heroico estallido de la movilización social que ya ha dejado tras de sí una veintena de muertos, cientos de heridos, más de mil presos, casos de violaciones sexuales de manifestantes a manos de carabineros y de los militares. Los partidos de la izquierda tradicional en Chile han sido nuevamente incapaces de levantar un plan conjunto de lucha que logre sacar la potente fuerza del pueblo del impase en el que se encuentra.

Recordemos que la población no puede luchar para siempre, a diferencia del gobierno que con la represión de carabineros, militares y marina solo busca tiempo para maniobrar ante la tormenta popular que amenaza con derrocarle, la población cada día que pasa va gastando no solo su fuerza vital, sino la capacidad motriz de acertarle golpes al enemigo, con el tiempo se abre la difícil situación de que las masas pierdan la iniciativa. Los partidos de izquierda, el poderoso Partido Socialista de Chile (PS), que hizo gobierno durante los dos mandatos de Michelle Bachelet en 2006-2010 y en 2014-2018, mandatos que le costaron popularmente por su servilismo a los organismos de control imperialistas como el FMI, fue remplazada en las dos ocasiones por Sebastián Piñera.

Tanto el PS, que hoy está más a la derecha que durante el gobierno de Bachelet, como el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile (PC) con su reducida representación en el parlamento chileno, han optado por colocarse de manera timorata del lado de las masas en lucha. Tratando con esta posición rencauzar la rabia social de los chilenos que hoy luchan en la calle, en una virtual elección adelantada ante el colapso del gobierno de Piñera.

Piñera que es uno de los hombres más ricos de Chile, según Forbes tiene una fortuna de 2700 millones de dólares, trato de embaucar en las maniobras para engañar a las masas al PS, pero la mayoría de los partidos de la oposición se negaron en asistir a la reunión donde se buscaba que todos los actores políticos del parlamento cerraran frente de cara a la rabia de la población.

Abajo Piñera: por una Asamblea Nacional Constituyente

En Chile continua vigente de la Constitución de 1980, la que fue aprobada por la dictadura de Pinochet. Gran parte de los problemas de Chile es que el aparato represivo y el modelo económico de la dictadura de Pinochet, están intactos. Hay que demolerlos.

Secundamos el llamado a la Huelga General hecho por varios sindicatos, y los llamados a que las poblaciones sigan organizándose, promoviendo la creación de organismos de doble poder, como fueron los Cordones Industriales antes del golpe de Estado de 1973, para que los trabajadores y sectores populares resuelvan los problemas que el capitalismo neoliberal ha impuesto en Chile.

La lucha no debe detenerse hasta que Piñera, el máximo representante de la clase burguesa chilena, salga del poder. La lucha transitoria debe ser por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que trasforme al país en beneficio de las clases oprimidas y olvidas por el capitalismo y sus agentes, en favor de los trabajadores, los estudiantes y el pueblo chileno pobre.

¡Movilización popular hasta derrocar a Piñera y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en favor de los trabajadores, los estudiantes y el pueblo chileno pobre!

Por Orson Mojica

Ecuador ha sido un país excepcional en América Latina. Las movilizaciones populares tumbaron sucesivamente varios gobiernos en la década que va de 1996 al año 2005, abriendo un periodo de enorme inestabilidad política

Abdalá Bucaram duró solo 7 meses en el poder (1996-1997), después de un periodo de turbulencia el gobierno de Jamil Mahuad Witt (1998-2000) duró apenas año y medio. Este gobierno cedió a Estados Unidos el control de las instalaciones aéreas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en la ciudad costera de Manta, conocida actualmente como base Eloy Alfaro.

El gobierno de Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003) duro apenas tres años en el poder, producto de un golpe de Estado. Le sucedió el gobierno militar de la Junta de Salvación Nacional, presidido por Lucio Gutierrez Borbúa quien fue derrocado dos años después, siendo sustituido por Alfredo Palacio Gonzalez, quien duro otros dos años en el poder.

Crisis fiscal, inflación y dolarización

Una de las causas de la efervescencia política era la decadencia económica, la crisis fiscal y la incontrolable inflación. Por ello, en 1999, aquejado por la crisis económica, el gobierno de Mahuad inició el proceso de sustitución del sucre, como moneda oficial, por el dólar norteamericano. Este cambio de moneda se combinó con una gigantes devaluación del sucre, aunque estabilizó las finanzas públicas, causó una mayor conmoción social, arruinando a los pequeños propietarios y a la clase media

Ecuador experimentó, en el periodo entre 1995 y el año 2000, el empobrecimiento más acelerado en la historia de América Latina: el número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones, en términos porcentuales de 34% al 71%; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones, el salto fue de 12% a un 31%.

Se produjo una mayor concentración de la riqueza. En 1990 el 20% más pobre recibía el 4,6% de los ingresos, para el año 2000 captaba menos de 2,5%. El 20% más rico incrementó su participación del 52% a más del 61%.  Mas de medio millón de ecuatorianos han migrado hacia otros países (más de un 10% de la PEA).

La revolución ciudadana de Rafael Correa

La dolarización terminó estabilizando las finanzas públicas del sistema capitalista semicolonial, con un enorme costo social. Evidentemente, esta situación de caos económico produjo algún grado de radicalización política.

En las elecciones del año 2006, la alianza de partidos de izquierda denominada movimiento “País” presentó la candidatura del catedrático Rafael Correa, quien con el 56% de los votos derrotó en una segunda vuelta al banquero Alvaro Noboa, quien obtuvo el 43% de los votos.

Utilizando un discurso populista de izquierda, en momentos en que se producía el auge del nacionalismo burgués en América Latina, el gobierno de Rafael Correa pretendió modernizar el capitalismo ecuatoriano, pero no corrió largo, porque las bases económicas eran las mismas: intensificación del extractivismo y la agroindustria.

Muchas de las nuevas concesiones fueron otorgadas a empresas de China, Canadá y Brasil, especialmente. Para obtener recursos económicos y alimentar a su base social clientelista, Correa amplió la frontera petrolera con la licitación de la XI Ronda Petrolera en la Amazonía centro sur (región que no había sido explotada por los gobiernos neoliberales) y el inicio de la megaminería en manos de multinacionales chinas y canadienses.

El conflicto de Correa con los indígenas

En términos generales, la matriz productiva se mantuvo intacta. La reforma agraria impulsada por el correísmo, fue un rotundo fracaso: la concentración de la producción y la venta, de la tenencia de la tierra y el monopolio del agua no fueron modificados.

La ampliación de la frontera petrolera y las concesiones mineras y de otros recursos naturales en territorios de campesinos e indígenas, provocó muchas luchas sociales que fueron reprimidas, criminalizadas y judicializadas. Los indígenas fueron quienes mas se opusieron a la entrega de sus territorios.

Estabilidad relativa y reelección

Este modelo económico, continuación de los gobiernos neoliberales que le antecedieron, logró aprovechar el boom de los precios de las materias primas de la década pasada, pero no cambió las bases de la economía ecuatoriana.

La relativa estabilidad de la economía le permitió a Correa obtener recursos para invertir en infraestructura y gasto social. El resultado político fue que pudo reelegirse en dos ocasiones (2009 y 2013), siendo el único presidente ecuatoriano que ha podido hacerlo.

Endeudamiento constante

Para el año 2006, la deuda externa de Ecuador era apenas de 10.328,3 millones de dólares, equivalentes a 25,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, bajo el gobierno de Correa, muchos de los gastos sociales se financiaron mediante deuda pública, con la emisión de bonos del Estado, que se vendían en el mercado internacional y cuyos jugosos intereses constituían un festín para los banqueros y financistas internacionales. Correa terminó su segunda reelección con una elevada deuda externa, fuertes signos de crisis económica y agotamiento del modelo extractivista.

Sin lugar a dudas, el gobierno de Lenin Moreno representa una ruptura con las políticas económicas de Correa, un retroceso hacia las viejas políticas neoliberales. Ecuador no logró salir del circulo vicioso.

Debido a la crisis económica mundial, las fuentes de financiamiento se han secado, acorralando al débil gobierno de Lenin Moreno. Solo en el año 2018, la deuda externa aumentó 6,000 millones de dólares, cerrando en 49.429 millones de dólares. El gobierno de Lenin Moreno acudió ante el Banco de Desarrollo de China (CDB) y el EXIMBANK a solicitar nuevos préstamos internacionales.

Para junio del 2019, la deuda pública de Ecuador subió a $ 55.605,7 millones de dólares, equivalentes al 49,17% del Producto Interno Bruto (PIB).

El acuerdo SAF con el FMI

Ante la asfixia financiera de una economía dolarizada, el gobierno de Lenin Moreno recurrió en marzo del 2019 al Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener un préstamo en el marco del Servicio Ampliado (SAF), por un monto de USD 4.200 millones de dólares.

Un comunicado del FMI, con fecha del 11 de marzo del 2019, señalaba que el objetivo del SAF era “reducir la relación deuda / PIB a través de una combinación de un reequilibrio de la masa salarial, una optimización cuidadosa y gradual de los subsidios a los combustibles, una re priorización del gasto de capital y bienes y servicios, y una reforma fiscal”.

La segunda revisión del SAF se realizó en agosto del 2019. En esa ocasión, la misión técnica del FMI declaró “(…) se evidencian mejoras en las condiciones fiscales del país, así como en el fortalecimiento de sus reservas internacionales. (…) Se espera que las reformas estructurales previstas dentro del programa se envíen a la Asamblea Nacional en las próximas semanas”.

El Decreto No 883

Estimulado por los comentarios elogiosos del FMI, Lenin Moreno dictó el Decreto No 883, con fecha 1 de octubre del 2019, el cual ponía fin al subsidio estatal a los combustibles. En el mercado internacional, el precio promedio del galón de gasolina es de 2,22 dólares, pero en Ecuador vale solo 1,85 porque el Estado subsidia 0,37 centavos dólar. El precio del galón de diésel en el mercado internacional es de 2,11 dólares, pero en Ecuador de vende a 1.03 porque el Estado asume un subsidio de 1,07 dólares.

El Decreto No 883 tenia, como contrapartida, algunas pequeñas concesiones fiscales a los sectores populares, como el no pago de impuestos de celulares o el aumento en 15 dólares de algunos Bonos, pero estos caramelos no engañaron a la gente.

El paquete de medidas económicas que debió conocer la Asamblea Nacional no llegó a su destino, porque el Decreto No 883 provocó un enorme estallido social. El paquete de medidas económicas contemplaba la reducción del 20% de los salarios de los nuevos empleados públicos, incluido el beneficio de las vacaciones, contratarlos de manera temporal, etc.  Las organizaciones indígenas fueron la columna vertebral de la protesta y del levantamiento popular.

Paro Nacional e insurrección popular

Inmediatamente, varias centrales obreras y campesinas, y organismos populares, el Frente Unido de Trabajadores (FUT), la Federación de Transporte Urbano del Ecuador (FENATU) y la Confederación Nacional Indígena de Ecuador (CONAIE), comenzaron las protestas las que se convirtieron rápidamente en un paro nacional insurreccional.

La protesta y el bloqueo de carreteras se generalizaron en todo el país. La CONAIE organizó una marcha hacia Quito, donde se produjeron múltiples enfrentamientos callejero con la Policía y el Ejercito. El gobierno de Moreno tuvo que huir a Guayaquil, ante el caos revolucionario reinante en la capital. Posteriormente decretó el Estado de Sitio para contener el empuje revolucionario de las masas.

En las barricadas de podían leer pancartas exigiendo la renuncia de Lenin Moreno. La situación revolucionaria estaba el rojo vivo, con dualidad de poderes en las calles. Las organizaciones sindicales y populares eran un verdadero poder ante el decadente gobierno de Lenin Moreno.

Otra vez el engaño del “Dialogo Nacional”

Completamente acorralado y debilitado por el empuje de las masas en lucha, Lenin Moreno hizo desesperados llamados a favor del Dialogo Nacional. Para que su propuesta de dialogo fuera aceptada, tuvo que retroceder y derogar el Decreto No 883. Después de algunas vacilaciones, la dirección de la CONAIE, terminó aceptando la propuesta de dialogo, y las masas retrocedieron.

Aunque haya amainado la ola revolucionaria, con la ilusión que el dialogo puede resolver los problemas económicos, la crisis política continuará porque el sistema capitalista ecuatoriano se encuentra en un callejón sin salida: elevada deuda externa, bajos precios internacionales de los metales y petróleo, una economía sin perspectiva.

Solo las organizaciones de trabajadores, sectores populares e indígenas pueden sacar a Ecuador del laberinto en que se encuentra, pero para lograrlo necesitan romper las ilusiones en el Dialogo Nacional y tomar el control del Estado en sus propias manos.

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Por Orson Mojica

El ascenso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México, después de tres fallidos intentos, ha despertado muchas expectativas en Centroamérica. AMLO y su partido Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) son considerados erróneamente como una nueva fuerza de izquierda, cuando en realidad representan un intento tardío de revitalizar el viejo nacionalismo heredado de la revolución mexicana, en una coyuntura en que la administración Trump arrincona a México. Por ello es importante entender el significado de su política exterior, que no es otra cosa que la refracción de su política interna.

La tolerante política migratoria de México

Antes de tomar posesión como nuevo presidente de México, el 1 de diciembre del 2018, AMLO dio a conocer a la prensa, sin el menor rubor, que negociaba con la administración de Donald Trump una especie de Plan Marshall para contener a las masivas caravanas de migrantes centroamericanos que transitan por México, con el objetivo de cruzar la frontera norte e ingresar a Estados Unidos.

Este posible acuerdo entre México y Estados Unidos para contener la migración ilegal de centroamericanos y de otras nacionalidades, debería estar concluido para el mes de mayo del 2019. Este proyecto de Plan Marshall, como muchos otros anteriores (Plan Frontera Sur, Iniciativa Mérida, CARSI, Alianza para la Prosperidad, etc), pretende crear empleos en el sur de México, la zona más pobre de ese país, pero que tiene enormes vasos comunicantes con Centroamérica. Muchos de estos planes han fracasado por falta de fondos o por que las transnacionales no están interesadas en invertir en proyectos de amortiguación social. Nunca se logra crear el desarrollo económico, solución de todos los males.

La migración masiva de campesinos mexicanos hacia Estados Unidos es un fenómeno histórico. Desde inicios del siglo XX, una parte de la población mexicana cruza la frontera para trabajar en Estados Unidos. Estos migrantes entran y salen constantemente

Se calcula que aproximadamente 12 millones de mexicanos viven o residen legalmente en Estados Unidos, mas unos 5,4 millones que no tienen papeles. DE toda la población migrante en Estados Unidos, el 25% son mexicanos.

La masiva inmigración mexicana a Estados Unidos ha provocado una escasez de mano de obra en México, sobre todo en el área de la construcción e infraestructuras. Este problema particular de México (migración masiva y escasez de mano de obra), contradictoriamente, ha permitido un acercamiento, a pesar de los constantes roces, con Donald Trump. Es que en el problema migratorio hay intereses comunes.

El Plan de AMLO es que los 200,000 migrantes centroamericanos que pasan cada año por su país ya no ingresen ilegalmente a Estados Unidos, sino que se queden trabajando en obras de infraestructura en México, con salarios bajos, pero relativamente más altos que los que pueden ganar en Centroamérica. Al otorgarle visas temporales de trabajo y la opción de resolver un problema económico, el resultado debe ser empantanar la migración ilegal dentro de México.

La renegociación del NAFTA o TLCAN, bajo las presiones de Trump, condujo a la aprobación de un nuevo tratado de libre comercio conocido como United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) que, aunque todavía no ha sido ratificado, colocó a México en abierta desventaja, obligando a la burguesía mexicana a redefinir sus objetivos para compensar sus tasas de ganancias. Dentro de esta redefinición economica, la administración de AMLO con su discurso desarrollista, de ampliación del mercado interno y de conquistar nuevos mercados, cae como anillo al dedo.

Dentro de los planes de AMLO esta la creación de “cortinas de desarrollo” en el sur de México y la creación del “tren maya”. Estos mega proyectos pretende revitalizar el abandonado proyecto conocido como Plan Puebla-Panamá (PPP), que no era más que la expansión de las empresas mexicanas para conquistar y apoderarse del debilitado mercado centroamericano.

Entonces, las bondades aparentes de la nueva política de tolerancia a los migrantes centroamericanos, lo que encierra en realidad son los planes de expansión y colonizaje del capitalismo mexicano sobre Centroamérica, una zona donde en los últimos años se ha debilitado la tradicional influencia de México, ante la competencia creada por las empresas colombianas.

En el tema migratorio, pareciera que existe una repartición de áreas de influencia: Estados Unidos terminará tolerando y hasta legalizando la migración de origen mexicano, a cambio que México contenga el incesante flujo de migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades. Con el nuevo tratado comercial USMCA, Estados Unidos reafirma y consolida su dominio económico sobre México, pero a cambio este país consolidaría su dominio sobre Centroamérica y el Caribe.

Los cambios en la política exterior de México

Durante décadas, la diplomacia mexicana se basó en las tradiciones de la revolución mexicana, que proclamaba la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Pero esto en realidad fue un mito. México siempre ayudó activamente a los liberales centroamericanos en sus constantes guerras civiles, intervino bajo diferentes formas en la guerra civil española, al lado de la república. Con los años, en la medida que el bonapartismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se volvía cada vez más reaccionario, la diplomacia mexicana fue cambiando lentamente, aliándose a Estados Unidos, aunque México nunca rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Cuando la voracidad de Anastacio Somoza Debayle impidió que las empresas mexicanas reconstruyeran Managua, después del terremoto de 1972, el gobierno de López Portillo, junto a Panamá y Venezuela, apoyó abiertamente a la guerrilla del FSLN.

Cuando se produjo el auge de las guerrillas en Centroamérica, México impulsó la creación del Grupo de Contadora, como una instancia de negociación diplomática, alejándose un poco de la retórica de la administración Reagan.

La diplomacia mexicana ha sido siempre una fiel refracción de los intereses económicos de las grandes empresas mexicanas. El ascenso de AMLO al poder, refleja un reagrupamiento de los principales grupos económicos en torno a un proyecto de expansión capitalista ante las constantes agresiones y limitaciones que le impone su vecino Estados Unidos. El discurso de AMLO refleja la necesidad de aplicar un modelo desarrollista, reformista, concentrado en recuperar espacios económicos en Centroamérica y el resto de América Latina, para compensar el saqueo permanente de las transnacionales en México. Al parecer, México tiene nuevos roles que jugar en la economía y la política mundiales.

Contrario a lo que se podía suponer, las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, a pesar de las tensiones por la migración y el nuevo tratado económico, parecen marchar a las mil maravillas.

Distanciamiento del Grupo de Lima

Recientemente, el Grupo de Lima compuesto por 13 países de América Latina emitió una Declaración por medio de la cual desconocen el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro. El subsecretario mexicano, Maximiliano Reyes, rompió filas y no firmó dicha Declaración, aclarando que "México decidió mantenerse como miembro del Grupo de Lima, pero explicó que no puede unirse a la declaración en aplicación del principio de no intervención" (AFP 04/01/2019).

Más adelante, la embajadora de México ante la OEA, Mariana Olivera declaró que

México apuesta “por la diplomacia, pues es la única vía para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta Venezuela (…) hacemos un llamado a todos los actores involucrados, principalmente al gobierno de Nicolás Maduro, a crear un entorno favorable al establecimiento de un diálogo genuino. Esto a fin de promover el acercamiento y la construcción de acuerdos reales que a su vez permitan la recuperación de la tranquilidad de todos los venezolanos” (La Jornada 10/01/2019)

No cabe la menor duda que AMLO pretende convertir a México en una potencia regional, convirtiéndose en el adalid de una salida negociada no solo en Venezuela sino también en Nicaragua.

Mediador en Nicaragua

En una comparecencia ante el Senado mexicano, Maximiliano Reyes informo que “México estaría en disposición de participar, a invitación de Nicaragua, en todo mecanismo de facilitación y mediación del diálogo que permita el acercamiento de las partes en conflicto, con pleno respeto a sus asuntos internos y a su autodeterminación” (AFP 16/01/2019)

La dictadura nicaragüense respondió con el silencio, pero envió al canciller Denis Moncada Colindres a México, a entrevistarse con las autoridades.

Conciliando con las dictaduras de Venezuela y Nicaragua

El ocaso de los gobiernos reformistas y nacionalistas en América Latina, ha tenido desenlaces diferentes. EL moderado gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) terminó con la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula.  El gobierno de Ecuador terminó con un giró a la derecha y la persecución contra Rafael Correa. El gobierno de Evo Morales en Bolivia, aunque aspira a una nueva reelección presidencial, camina de puntillas para evitar su caída.

Los regímenes bonapartistas de Venezuela y Nicaragua, evolucionaron rápidamente a dictaduras cívico-militares y se sostienen en el poder desatando una terrible represión contra los opositores.

La propuesta de AMLO en el sentido que el gobierno de México pude actuar como intermediario en un proceso de diálogo y negociación política en las crisis de Venezuela y Nicaragua, pretende devolverle a la diplomacia mexicana nuevos brillos, establecer alianzas para resistir las redobladas presiones de la administración Trump.

Las posibilidades de lograr una salida negociada en Venezuela son mínimos dado el nivel de polarización política y el alto grado de desintegración social. La riqueza petrolera y minera de Venezuela es un botín demasiado codiciado por Estados Unidos, China y Rusia.

En el caso de Nicaragua, la situación puede ser diferente. Desde la época del PRI, los comandantes sandinistas mantuvieron buenas relaciones y el régimen bonapartista mexicano siempre fue para ellos el gran ejemplo a seguir. AMLO perteneció al ala izquierda del viejo PRI, la cual ingresó en cuerpo y alma primero en el PRD y despues en el partido MORENA. Pero lo que puede permitir un descongelamiento del Diálogo Nacional en Nicaragua no son las viejas amistades, sino el alto grado de inversión mexicana en ese país.

Para impulsar su proyecto desarrollista, AMLO ha optado por navegar en aguas turbulentas.