Por Armando Tezucún                                      

La administración Biden ha dado un seguimiento muy cercano al proceso electoral 2023 en Guatemala, y a la grave crisis política generada por los reiterados intentos de las estructuras corruptas por alterar sus resultados, mediante el sabotaje al Movimiento Semilla y a sus candidatos electos a presidente y vicepresidente, Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Para el imperialismo estadounidense es fundamental garantizar la seguridad en sus fronteras, como parte esencial del resguardo de su seguridad nacional. Por ello no puede permitir que en uno de sus países vecinos y aliados se esté dando una situación de inestabilidad política y de amenazas al sistema democrático. Cualquier ruptura del orden constitucional que conduzca a estallidos sociales podría agravar el flujo migratorio y exacerbar un tema que es causa de polémicas entre demócratas y republicanos, sobre todo de cara al proceso electoral 2024 en Estados Unidos. Además, la estabilidad es esencial para el buen curso de los negocios entre ambos socios comerciales.

Por ello, no es de extrañar que en las últimas semanas se sucedan unas tras otras las visitas de funcionarios variopintos del gobierno de Biden, que se reúnen con los mismos actores políticos y enfatizan sobre los mismos temas.

La visita del subsecretario Fernández

Uno de los burócratas que recientemente estuvo en tierras guatemaltecas es José W. Fernández, Subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente. Estuvo en el país el 3 y 4 de diciembre, y un comunicado oficial enfatizó que llegó con la intención de “Subrayar la importancia de una transición democrática pacífica”, “fomentar la cooperación económica y fortalecer las alianzas estratégicas entre Estados Unidos y Guatemala” y “…promover un ambiente de negocios transparente, estable y próspero que beneficie al pueblo de Guatemala” (Prensa Libre 03/12/2023).

   

El subsecretario se reunió, en eventos separados, con el binomio electo, con el ministro de relaciones exteriores del gobierno saliente y con representantes de los empresarios, líderes indígenas, iglesias y de la academia.

La visión económica de Fernández

En una entrevista a los medios, Fernández dio sus impresiones sobre los encuentros que sostuvo. Enfatizó que fue muy “emocionante” la reunión con los dirigentes indígenas, en conjunto con cámaras de comercio, pues están de acuerdo en dialogar para contribuir al éxito del futuro gobierno. La visión que tiene el funcionario gringo es que “…si Guatemala hace las cosas bien, puede incorporarse más al mercado internacional para las exportaciones agrícolas, para buscar lo que están haciendo muchas compañías de establecerse más cerca de Estados Unidos para que su cadena de suministros esté más cerca de sus mercados” (Prensa Libre 05/12/2023), lo que en la jerga empresarial se llama nearshoring. Además, declaró: “Nos reunimos con varios sectores de la comunidad aquí en Guatemala y algo que me llevo es que hay una gran convergencia tanto el sector privado como las comunidades indígenas, cómo Cacif y otros ven grandes oportunidades de cooperar y de colaborar” (La Hora 05/12/2023).

No es de extrañar que Fernández se lleve esta impresión de los liderazgos indígenas, pues la composición social de éstos no es la de proletarios agrícolas ni trabajadores asalariados, sino de pequeños y medianos productores y comerciantes, que están llegando a acuerdos con las cámaras empresariales no solo para estabilizar políticamente el país respaldando al futuro gobierno de Arévalo, sino también para mejorar sus negocios. Para el subsecretario y la administración Biden, esta es la manera de “…mejorar las condiciones del ciudadano común y corriente que quiere empleo, quiere salud, quiere educación y quiere buscar la manera de tener su futuro y el futuro de sus hijos aquí en Guatemala” (Idem), en referencia a las causas del problema migratorio.

Este es un tema complejo, pues la solución a la creciente migración no es solo la creación de microempresas, como pretenden hacer los proyectos financiados y promovidos por la USAID, sino el mejoramiento de las condiciones de empleo. Y esta será una prueba de fuego para el futuro gobierno de Arévalo, cuando le toque decidir con la burguesía sobre los salarios mínimos, los salarios diferenciados, las circunscripciones económicas, los trabajos a tiempo parcial y todas las maniobras de los empresarios para explotar a su conveniencia a la mano de obra asalariada.

Fernández enfatizó también que las recientes elecciones fueron democráticas, limpias, y que hay que asegurar una transmisión pacífica del mando. Aseguró que su gobierno comparte la agenda del futuro gobierno de Arévalo, y que el desafío es cómo mejorar la agricultura, crear más empleo, cómo beneficiar a los pueblos más marginales. Y su solución es ayudar a “…atraer empresas extranjeras a Guatemala a invertir y generar empleo acá” (Ïdem), promoviendo la existencia de un estado de derecho que atraiga a esas empresas. Pero sabemos de sobra que el gancho que promueven las organizaciones de la burguesía para atraer inversión extranjera no es la democracia, sino la precarización del trabajo asalariado, mediante la permanencia de bajos sueldos, del trabajo a tiempo parcial, de distintos salarios para distintas regiones del país, etc. ¿Enfrentará el futuro presidente Arévalo a la burguesía en estos temas? El mismo Fernández aseguró que “…sin el sector privado, y esto me lo ha confirmado el presidente electo, no se va a tener éxito … El sector privado en Guatemala es importantísimo, pero también es fundamental para el progreso…” (Ídem).

Al final de la entrevista, el funcionario resumió: “Con democracia, con estado de derecho y con proyectos económicos, con un énfasis en la creación de empleo, el tema migratorio se disminuiría” (Ídem), que es, a fin de cuentas, lo que le interesa a la administración Biden, controlar la migración ilegal.

Las anteriores visitas de funcionarios gringos

Con anterioridad al Subsecretario Fernández, visitaron el país en el mes anterior el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio Occidental, Brian Nichols, y el asesor de la vicepresidenta Kamala Harris, Philip Gordon. Este último arribó al país el 27 de noviembre, reuniéndose con el actual presidente Giammattei, a quien subrayó la necesidad de una transición pacífica de gobierno; con el binomio electo Arévalo-Herrera, a quienes recalcó el apoyo de Estados Unidos a la democracia en Guatemala y discutió la futura cooperación en temas de migración, desarrollo económico y anticorrupción; con líderes de las comunidades indígenas, quienes solicitaron que Estados Unidos imponga sanciones a actores corruptos; y con empresarios involucrados en el programa Centroamérica Adelante, impulsado por la vicepresidenta Harris (Prensa Libre 28/11/2023).

Llega una delegación de congresistas

La última delegación en llegar al país arribó el 8 de diciembre, liderada por el senador Tim Kaine, presidente del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental. Le acompaña una comitiva integrada por los senadores Dick Durbin, Jeff Merkley, Peter Welch y Laphonza Butler, y las representantes Norma Torres y Delia Ramírez, de origen guatemalteco. Al igual que los anteriores visitantes, vienen con la intención de reunirse con las autoridades electas, empresarios y miembros de la sociedad civil para hablar de democracia, estabilidad, migración, crecimiento económico y seguridad.

A esta comitiva le tocó estar en el país cuando el Ministerio Público expuso con detalle el caso que sigue contra el Movimiento Semilla, las autoridades electas y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, asegurando que las elecciones 2023 deberían ser anuladas, y que funcionarios extranjeros interfieren de forma abusiva en sus investigaciones. Kaine declaró que “no queremos tener ninguna consecuencia negativa porque estamos a favor de la democracia, nuestro deseo es el desarrollo de la economía y el bienestar de todos” (Prensa Libre 08/12/2023). Por su parte, la representante Delia Ramírez declaró: “…El pueblo habló directo en las elecciones y las cosas que están pasando aquí tienen un impacto muy grande y el pueblo guatemalteco quiere ver estabilidad, quiere ver un país seguro y un país que pueda tener la economía necesaria para que nuestra gente no sea forzada, como mis papás, a tener que cruzar la frontera” (Ídem), enfatizando una vez más la importancia vital del tema migratorio para su gobierno.

La administración demócrata de Biden tiene un especial interés en que Guatemala tenga estabilidad política, con un régimen de democracia burguesa, sobre todo porque esto ayudaría a controlar el dramático flujo migratorio de trabajadores guatemaltecos hacia Estados Unidos. En este interés coinciden el organismo imperialista Organización de Estados Americanos (OEA) y el imperialismo europeo. Algunos sectores en lucha contra las estructuras corruptas albergan esperanzas de que las acciones y sanciones impuestas por las entidades imperialistas a funcionarios e instituciones que a toda costa buscan mantener el status quo, logren lo que las movilizaciones populares están buscando con gran esfuerzo. Este es un grave error, porque lo que más quieren evitar los imperialismos gringo y europeo es evitar una movilización generalizada y combativa del pueblo guatemalteco por la defensa de la democracia y el voto emitido en las elecciones, pues pondría en peligro no solo el dominio de las estructuras corruptas, sino el de las clases dominantes y el propio imperialismo. Por ello debemos contar con nuestras propias fuerzas, y continuar desarrollando incansablemente nuestras formas independientes de lucha. 

Por Marcos Galicia

Tras mantener el golpe de Estado técnico en curso, el régimen de Giammattei-Martínez prepara un golpe decisivo al solicitar el retiro de antejuicio al binomio electo del Movimiento Semilla y de las principales figuras del partido desde el Ministerio Público -MP- en el que también criminaliza a estudiantes, catedráticos, sindicalistas y miembros de la resistencia universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-.

Es propicio recordar que, en junio del presente año, la resistencia universitaria en el Campus Central de la USAC entregaba las instalaciones que fueron tomadas como medida de resistencia frente al fraude electoral en el que se eligió a Walter Mazariegos como rector de dicha casa de estudios. Ahí se generó una conferencia de prensa en donde llegaron algunos miembros del partido Semilla a mostrar apoyo a la digna resistencia universitaria.

La conferencia se transmitió en diferentes medios, principalmente en redes digitales; eso bastó al MP de Consuelo Porras para ligar a proceso penal a liderazgos de la resistencia universitaria y -de paso- inhabilitar a las principales figuras del partido Semilla. En noviembre del presente año vimos cómo se ordenó la aprehensión de alrededor de 30 personas por supuesta vulneración y violencia contra los bienes de la USAC cuando estaba tomada, concretándose 6 capturas. Mientras esto ocurre, Walter Mazariegos permitió que se eliminaran los murales históricos de las paredes de la USAC.

Este caso, como otro intento más de criminalizar a quienes denuncian la corrupción, despertó aún más el descontento de la ciudadanía, que nuevamente salió a las calles y se organizó para exigir el cese de la persecusión, que se respeten los resultados electorales y que se garantice la transición de poder el próximo 14 de enero, en donde el régimen actual debe abandonar el poder y Bernardo Arévalo y Karin Herrera deben asumir como presidente y vicepresidenta.

Asimismo, días después de que el MP anunciara esta oleada de órdenes de aprehensión, Phil Gordon, asesor de la vicepresidenta de los Estados Unidos -Kamala Harris- visita el país reuniéndose con el sector privado, sociedad civil, funcionarios gubernamentales y el presidente Giammattei y el presidente electo Arévalo. Esta visita podría interpretarse como otra señal del gobierno estadounidense en mostrar su interés en que se concrete la transición de poder en enero del próximo año.

Además, el caso de la USAC ha enfrentado varios reveses, uno de ellos fue cuando el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizó un peritaje lingüístico para corroborar que el binomio electo no hostigaba ni llamaba a delinquir a través de continuar la toma universitaria. El informe del INACIF comprende lo siguiente: “no se encontró evidencia concreta con características lingüísticas que connotaran o implicaran que las personas indicadas por la fiscalía indujeran directamente a estudiantes, trabajadores o personas que tienen y/o tenían tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala a continuar con la toma de dicho centro de estudios”.

Las seis personas vinculadas a este caso recobraron su libertad debido a que el juez a cargo dictó falta de mérito por los delitos de asociación ilícita y sedición a favor de los señalados. Aunque las y los acusados seguirán ligados a proceso penal por los delitos de usurpación y depredación del patrimonio cultural. Estos reveses evidencian aún más las intenciones del régimen de evitar que el binomio electo y su gabinete asuman el poder y también para desmovilizar a los movimientos de resistencia universitaria.

El régimen busca garantizar su impunidad y evitar a toda costa la transición de poder en enero. Es por ello que dentro de la propuesta de presupuesto general de la nación para el año 2024 se contempla un aumento significativo para el MP y la USAC. Estas últimas acciones son un punto de no retorno en donde hemos visto que el régimen ha sido y será capaz de hacer todo lo que sea necesario para mantener sus privilegios y la cooptación del Estado.

Si bien esta oleada de órdenes de aprehensión generó miedo y pánico en la población, también generó fuerte rechazo que fue visible en las calles en los recientes días. El golpe de Estado sigue su curso, ya no con bombas y ejércitos, sino con abogados, jueces, magistrados y fiscales.

En las próximas semanas podríamos ver otra oleada de órdenes de aprehensión relacionadas a la toma de la USAC y también la “urgente” aprobación del presupuesto 2024 -que buscaría reducir la lucha contra la corrupción durante el gobierno de Semilla. Aun así, las fuerzas en las calles se mantienen fuertes -pese a que en ocasiones decrecen en número de participantes- y vemos cómo el régimen se comienza a quedar solo esperando la inevitable justicia.

 

Por Armando Tezucún

Las estructuras de empresarios, narcos, militares y políticos que han copado las instituciones del Estado para beneficiar sus negocios, están haciendo hasta lo imposible para evitar que el binomio democráticamente electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, tome posesión el próximo 14 de enero de 2024. En la movida más reciente, se han sacado de la manga un caso denominado por el Ministerio Público “Usac: Botín político”, mediante el cual acusan al binomio y a diputados del Movimiento Semilla y del partido Vos, de promover la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos en 2022 para beneficiar a sus respectivos partidos. Arévalo, Herrera y los diputados tienen solicitud de antejuicio, y fueron capturadas seis personas que fueron acusadas por dos delitos y recibieron arresto domiciliario.

Paralelamente, hay un proceso de antejuicio contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral por la compra supuestamente anómala del sistema informático que sirvió para transmitir los datos de la votación en el reciente proceso electoral. La intención sería anular el resultado de las elecciones y llevar a juicio a magistrados y autoridades electas, para que en enero asuma un gobierno afín a las redes de corrupción. Este es un camino riesgoso para quienes pretenden preservar el status quo, porque provocaría un movimiento de protesta popular más fuerte que las movilizaciones de octubre, y llevaría a un enfrentamiento directo con los gobiernos imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero no descartamos que se de esta posibilidad, en vista de la poca sensatez demostrada y las burdas maniobras a que estos personajes han recurrido.

Hay un plan B que ya está en curso: atar de pies y manos al futuro gobierno de Arévalo, a través del presupuesto de gastos del Estado para 2024.

El 1 de septiembre, el ministro de Finanzas Públicas presentó al Congreso de la República para su discusión y aprobación, el presupuesto gubernamental para el próximo año, por la suma de Q 124 mil 880 millones. El proyecto pasó a discusión en el seno de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. El 19 de septiembre, delegados de Semilla solicitaron que el monto del presupuesto sea aumentado a Q 127 mil 680 millones, Q 2 mil 800 millones más; la razón de la solicitud es que haya fondos disponibles para cubrir los planes del futuro gobierno en temas de salud, educación, seguridad e infraestructura. En posteriores reuniones con la comisión, los representantes del futuro gobierno redujeron el incremento solicitado a Q 1 mil 800 millones, para un total de Q 126 mil 680 millones.

El 23 de octubre la Comisión de Finanzas emitió su dictamen favorable al proyecto de presupuesto, omitiendo la solicitud hecha por los representantes del gobierno electo. Sin embargo, el monto original de Q 124 mil 880 millones fue reajustado para beneficiar a instituciones del Estado que han sido claves en el intento del oficialismo de frenar el resultado del proceso electoral. Así, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el Organismo Judicial, la Procuraduría General de la Nación, y otras instancias fueron favorecidas con incrementos en su presupuesto; este aumento salió de los recortes hechos a ministerios de beneficio social, como salud, agricultura, gobernación, desarrollo social, cultura y otros.

Además, se agregó la propuesta de que cuando el gobierno necesite colocar los bonos contemplados en el presupuesto, podrá hacerlo solo si el Congreso lo autoriza, algo que nunca se habría aplicado a los anteriores gobiernos. Esto deja al futuro gobierno sujeto al capricho de las bancadas de oposición.

Teniendo como fecha límite para aprobar el proyecto de presupuesto el 30 de noviembre, el Congreso le dio trámite en primera lectura el día 23. Aún hay una posibilidad de que el plan de gastos no sea aprobado, lo que dejaría vigente el presupuesto de 2023, mucho menor de lo que requeriría el gobierno de Arévalo, pero sin la necesidad de que el Congreso apruebe la asignación de bonos del tesoro.

Si Arévalo y Herrera asumen el gobierno, se avecina un agudo enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo, además de que las cortes de justicia y el Ministerio Público estarán en su contra. Insistimos en que las organizaciones populares deben conservar su independencia política con respecto a Arévalo y la alianza que ya forjó con sectores de la burguesía, en la que incorporó a la dirigencia de las comunidades indígenas. Debemos prepararnos para defender las libertades democráticas en la próxima coyuntura, elaborando un programa de lucha independiente que nos permita exigir al gobierno de Arévalo cumplir con las necesidades populares, y romper el pacto con la burguesía.  

Por Armando Tezucún

Los días 3 y 4 de noviembre tuvieron lugar en Guatemala importantes manifestaciones y concentraciones, en protesta contra los intentos de los grupos de poder corruptos de burlar la voluntad popular expresada en el proceso electoral 2023.

La realización de estas movilizaciones es parte de la nueva táctica de lucha decidida por las autoridades indígenas ancestrales, luego de los acuerdos a que llegaron con el presidente electo Bernardo Arévalo y organizaciones de la burguesía. Se decidió suspender los bloqueos de carreteras y vías de comunicación que se llevaron a cabo durante casi tres semanas, que tuvieron un gran impacto en el país. Solo la Alcaldía Indígena de Sololá decidió continuar con bloqueos en ese departamento a partir del 24 de octubre, aunque fueron levantados el 27 a solicitud de la comunidad, pues los pequeños comercios de que se sostiene gran parte de la población indígena de la localidad estaban al borde del colapso.

Las autoridades indígenas convocaron a sus comunidades a acudir a la capital para participar en marchas masivas para protestar contra las maniobras del MP y exigir la renuncia de la fiscal general Porras, el fiscal Curruchiche y el juez Orellana. A las marchas se unieron estudiantes universitarios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones barriales y ciudadanos en general. El viernes 3 los manifestantes se concentraron en cuatro puntos, El Guarda, la Calzada Aguilar Batres, El Anillo Periférico y la ruta al Atlántico, marchando, una parte hacia la Plaza de la Constitución, y otra parte hacia la sede del MP. Ese día los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, solicitando a los magistrados que resuelvan un recurso que los dirigentes presentaron el 18 de septiembre, en el que señalan al Ministerio Público de rompimiento constitucional al haber secuestrado actas electorales durante un allanamiento al Tribunal Supremo Electoral.

El sábado 4 se realizaron dos grandes concentraciones, una en la Plaza Central y otra frente a la sede del MP. En la Plaza, Arévalo subió a la tarima donde pronunció un discurso. Los líderes indígenas aprovecharon para hacerle tres peticiones: la creación de un ministerio de los pueblos indígenas, practicar auditorías a los 14 ministerios y hacer una reevaluación de las obras públicas.

Los bloqueos de carreteras y vías de comunicación iniciados el 2 de octubre tuvieron un significativo impacto en todo el país; si se decidió reemplazarlos por manifestaciones, éstas, para tener la misma eficacia, deberían tener continuidad, no dejar pasar una semana o dos entre cada convocatoria, de lo contrario, corremos el riesgo de que se de un fatal retroceso en impulso de las luchas, perdiendo fuerza el movimiento en su conjunto.

 

 

 

Por Marcos Galicia “Chicharrón”

Imágenes de multitudes protestando en las carreteras del país encabezaron los principales titulares de muchos medios de información y en las redes digitales de Guatemala y el mundo. Ante el avance de un golpe de Estado orquestado por los tres poderes del Estado: organismo ejecutivo, judicial y legislativo -usando como punta de lanza a las instituciones de justicia e investigación como el Ministerio Público- la población guatemalteca se pronunció en contra de la corrupción que impera en la institucionalidad pública y por el respeto a los resultados electorales.

En las recientes elecciones generales atestiguamos cómo el partido político Movimiento Semilla ganó las elecciones a la presidencia, vicepresidencia y cómo logró convertirse en la tercera bancada más grande en el congreso. Esto no fue bien recibido por la clase corrupta que está parasitando las instituciones de gobierno al servicio de las élites económicas y el narcotráfico. Inmediatamente desde el Ministerio Público -MP- dirigido por Consuelo Porras -a quien se le acusa de plagiar sus tesis y no ser apta para el cargo- comenzó una persecución judicial en contra de Semilla.

Esto desató una serie de protestas en todo el país, principalmente desde las áreas rurales en donde los liderazgos indígenas tuvieron un rol protagónico. Sin embargo, la clase política dirigida por el mismo presidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez, retorcieron la legalidad y poca institucionalidad que quedaba, luego de años de cooptación de las instituciones del Estado para debilitar la lucha contra la corrupción, uno de los logros del ex mandatario Jimmy Morales durante su nefasta gestión.

En octubre del presente año, vimos cómo el Ministerio Público secuestró documentación de los resultados electorales, desatando una de las olas de protestas más grandes que ha visto el país. Es de recordar que solo el Tribunal Supremo Electoral puede resguardar la documentación pertinente a las elecciones bajo la mirada jurídica y legal, sin embargo, esto fue transgredido por esta clase política corrupta. Durante las primeras semanas de octubre presenciamos más de 100 expresiones de resistencia en el país.

Lo que más resaltó -y que más controversia generó- fue la manifestación que consiste en bloquear carreteras. Esto es con el objetivo de paralizar el sistema económico y que la oligarquía guatemalteca -la clase dominante- preste atención y escuche las demandas de la población -pues ellos fundaron el Estado criollo a su servicio- y paradójicamente, las demandas por el respeto a la democracia fueron lideradas por los pueblos originarios y ellos han sido excluidos históricamente de la fachada de democracia que existe en el país.

A 36 días del comienzo de esta oleada de protestas -que no habíamos visto en la historia reciente del país- vemos cómo las exigencias de la renuncia de quienes están dirigiendo el golpe de Estado no han tenido el objetivo deseado y cómo estos funcionarios -incluyendo al presidente- no han renunciado ni han dado marcha atrás a sus acciones. El presidente saliente y su régimen deben asegurarse impunidad cuando dejen sus cargos, es por ello que el éxito de Semilla no garantiza que se libren de la justicia por los actos de corrupción durante su gestión.

La guerra judicial lleva años en curso, no es nueva, porque hemos visto la persecución en contra de periodistas, líderes campesinos, estudiantes, ex fiscales anticorrupción y organizaciones interreligiosas. Con el objetivo de infundir terror, la maquinaria judicial utiliza una receta que le ha resultado muy efectiva para neutralizar a todo aquel que se pronuncia en contra de la corrupción. Si no logran asesinar a quienes lideran las luchas sociales proceden a perseguirles penalmente y curiosamente utilizan una misma receta que incluye atribuirles los delitos como:  invasión y daños a la propiedad privada, instigación a delinquir y falsedad ideológica.

La cancelación de la personería jurídica de Semilla es solo un paso pequeño de esta maquinaria de corrupción. Desde el Partido Socialista Centroamericano -PSOCA- no desestimamos la posibilidad de que giren órdenes de captura en contra del binomio electo -Bernardo Arévalo y Karin Herrera- y las principales figuras del partido y de los liderazgos indígenas. La posibilidad se hace más latente, pues las manifestaciones disminuyeron considerablemente y quienes están en los alrededores del MP sufren un desgaste el cual es bastante notorio.

A eso debemos agregar que no todos los intentos de alianzas y articulaciones por parte de las organizaciones indígenas y sociales han tenido éxito. Hemos presenciado cómo algunos liderazgos -por diversas razones- no logran ponerse de acuerdo y no se comprometen a la unidad para vencer a este régimen que nos llevará a una dictadura -al ritmo actual-. La desconfianza por los “infiltrados” que informan al régimen de las acciones ha crecido y ha afectado la capacidad de confiar en otros.

Muy pocas veces hemos visto -entre las demandas recientes- el giro hacia un sistema económico y social distinto, mucho ha girado en torno a la democracia, y poco se ha planteado de la posibilidad de construir el socialismo o de las propuestas de Estado Plurinacional. El imperio estadounidense y los europeos se han pronunciado en contra de las acciones del régimen de Giammattei pero a estos parece no importarles en absoluto. Pues las sanciones estadounidenses no generan el efecto deseado en la clase corrupta.

La batalla por un futuro más digno se definirá en las próximas semanas. Con el diagnóstico actual prevemos que el régimen de corrupción saldrá triunfante y con ello comenzarán periodos de persecución aún mayores. Pero el diagnóstico no es pronóstico, resguardamos la esperanza de que derrotaremos a este régimen y lograremos ponernos de acuerdo para construir un país libre de pobreza, corrupción y colonialismo.

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