Por Armando Tezucún

El 14 de diciembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo, interpuesto el 6 de octubre, que buscaba dar fin a la incertidumbre sobre el relevo del mando presidencial a efectuarse el 14 de enero de 2024; esto en vista de los continuos ataques judiciales de parte del Ministerio Público (MP) y las cortes de justicia contra los resultados del proceso electoral. La resolución de la CC ordenó a los poderes legislativo y ejecutivo garantizar “…imperativamente la renovación de los integrantes del poder Legislativo, poder Ejecutivo y las municipalidades en la fecha prevista en la Constitución Política de la República … En caso de incumplimiento, los responsables incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes” (Prensa Libre 14/12/2023).

Con la decisión de los magistrados del alto tribunal, los diversos actores involucrados en el proceso electoral, incluida la comunidad internacional imperialista, respiraron aliviados, confiados en que la transición al nuevo gobierno estaría asegurada.

El statu quo maniobra para impedir que asuma el nuevo gobierno

Sin embargo, las estructuras corruptas de empresarios, militares, políticos y crimen organizado, hasta el último momento maniobraron para impedir que el binomio Arévalo-Herrera asumiera el poder.

Algunas de estas acciones se pueden considerar ataques vengativos contra funcionarios que se desligaron del llamado Pacto de Corruptos. Tal es el caso de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Irma Palencia, Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, a quienes el Congreso de la República despojó de su inmunidad el 30 de noviembre. Los cuatro magistrados solicitaron licencia para salir del país, sin que hasta el momento hayan regresado. La acusación contra los funcionarios electorales es por la compra sobrevalorada del sistema informático utilizado para la transmisión de los resultados electorales (TREP) utilizado en las votaciones de junio y agosto pasados. El 11 de enero se supo que, a petición del MP, un juzgado penal emitió sendas órdenes de captura contra los magistrados.

Sabemos, por fuentes internas del TSE, que efectivamente el sistema informático fue comprado con sobreprecio, y que además hubo un enorme despilfarro de fondos durante el proceso electoral, y utilización inapropiada de recursos de la institución. Aunque ahora los magistrados sean objeto de la ira del MP y sus intentos de descalificar el proceso electoral, no olvidemos que ellos fueron parte del proceso de control de las instancias del Estado por los poderes corruptos, y como vemos, no están exentos de malos manejos de los fondos públicos.

Otro caso de venganza e intención de dar un castigo ejemplar, fue la captura del exministro de Gobernación David Napoleón Barrientos el 11 de enero. Barrientos fue acusado por el MP y la Fiscalía de Delitos Administrativos, de incumplimiento de deberes, por no haber removido por la fuerza los bloqueos de vías públicas realizados por las comunidades indígenas y la población en octubre del año pasado. El 16 de octubre el MP solicitó la destitución de Barrientos por no utilizar la fuerza pública para liberar los bloqueos de carreteras, tal como ordenó la CC, ante lo cual éste presentó su renuncia. El exministro se defendió diciendo: “Si hubiéramos actuado con violencia, hubiéramos podido incendiar el país en un marco de violencia que hubiera sido tal vez imparable” (Prensa Libre 11/01/2024). El 16 de enero un juzgado de instancia penal dictaminó falta de mérito a favor de Barrientos, dejándolo en libertad.

Otros intentos de impedir la toma de posesión del binomio Arévalo-Herrera

Ante la creciente evidencia de que el relevo de mando del 14 de enero era inevitable, se dieron intentos desesperados de parte de individuos e instituciones del status quo por impedirlo.

El 5 de enero, el diputado por el Partido Humanista Rudio Lecsan Mérida interpuso ante la CC un amparo contra el Congreso y el TSE por el “riesgo y amenaza inminente de que se establezca, tome posesión y se instale un gobierno ilegítimo, antidemocrático y no representativo” (Prensa Libre 05/01/2024). Según el ahora exdiputado Mérida, el proceso electoral 2023 estuvo viciado y es objeto de una investigación penal, y esto lo invalidaría.

El mismo día, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, notificó por tercera vez al Congreso que el Movimiento Semilla, del presidente Arévalo, está suspendido provisionalmente por una orden de juez. Al amparo de esta suspensión, ya una vez la entonces Junta Directiva oficialista del Congreso había declarado como independientes a los diputados de Semilla, impidiéndoles ser parte de la Junta Directiva, dirigir comisiones y otras ventajas, pero la suspensión fue revertida por la CC. El 12 de enero la Comisión Permanente del Congreso declaró nuevamente independientes a los diputados de Semilla, disolviendo la bancada.

La intención de perjudicar al partido que llevó a la presidencia a Arévalo se evidencia por el hecho de que Semilla está suspendido provisionalmente, pero no ha sido cancelado, y otros partidos que fueron cancelados en el pasado, como el narcopartido Unión del Cambio Nacional, aliado de los corruptos, no vieron disuelta su bancada, e incluso sus diputados han integrado la Junta Directiva del Congreso. De cualquier manera, las maniobras para meter zancadilla a la bancada de Semilla no dieron resultado, pues los partidos de derecha del status quo no lograron controlar la nueva Junta Directiva del Congreso, la cual quedó conformada por diputados de pequeños partidos burgueses de centro, ahora aliados del nuevo oficialismo.

El grupo de ultraderecha Liga Pro Patria presentó el 9 de enero una acción de amparo ante la CC contra el Congreso, ante la “amenaza” de que éste diera juramentación y posesión del cargo al presidente y vicepresidente electos. Según esta liga, la juramentación y toma de posesión de Arévalo y Herrera no procedían porque la elección es “nula ipso jure” (La Hora 09/01/2024).

Estas acciones legales fueron rechazadas por la CC el 12 de enero, confirmando que el binomio podría asumir sus cargos el día 14.

La composicion social del frágil gabinete de gobierno de Arévalo

El 8 de enero el binomio electo presentó a la población el gabinete de ministros que le acompañarán en su gestión. Es una mezcla de tecnócratas, exfuncionarios de gobiernos anteriores, y personajes ligados a las organizaciones de la burguesía, en especial al Comité coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). El cuerpo de ministros refleja, por un lado, el acuerdo del nuevo gobierno con las organizaciones internacionales de los imperialismos estadounidense y europeo, sin cuyo apoyo no hubiera podido asumir; y por otro lado, los acuerdos con los empresarios, y autoridades indígenas logrados durante el mes de octubre, bajo el título de “Acción por la democracia”, cuyo primer resultado fue la suspensión de los bloqueos de carreteras, la acción de protesta popular que más ha impactado al país en lo últimos años.

Entre los nuevos ministros cabe destacar a: Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, quien tuvo el mismo cargo en el gobierno de Álvaro Colom (2008 – 2012); en 2012 fue señalado por la extinta Cicig por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad cuando fue parte del directorio del Registro Nacional de las Personas.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega; este es uno de los ministerios clave por los jugosos negocios que se juegan entre empresas constructoras y funcionarios. De la Vega ya tuvo un cargo en este ministerio durante el gobierno pro-oligárquico de Óscar Berger (2004-2008), siendo antes diputada por este partido; fue destituida de su cargo acusada de pedir Q 5 mil a las empresas interesadas en recoger las bases de licitación para la construcción de cárceles, para la compra de un vehículo que serviría para supervisar las obras. De la Vega sostiene que varias auditorías no hicieron reparos sobre su desempeño. Actualmente tiene vínculos con el Cacif, a través de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Ministerio de Energía y Minas, Anayté Guardado, quien dirigió la Asociación de Generadores de Energía Renovable. Esta asociación incluye a empresas hidroeléctricas que han tenido serios conflictos con comunidades indígenas a apropiarse de recursos hídricos. El 10 de enero, Guardado presentó su renuncia al cargo, debido a que fue víctima de una “campaña de desprestigio” en los medios sociales, aduciendo que ya no está agremiada a ninguna organización. Algunos medios incluso la vincularon a la persecución y encarcelamiento del líder comunitario Bernardo Caal, defensor de los recursos hídricos de su comunidad contra megaempresas hidroeléctricas. En su lugar fue nombrado Víctor Hugo Ruiz, ingeniero eléctrico con una larga trayectoria como técnico en instituciones internacionales y nacionales.

En conferencia de prensa el 8 de enero, Arévalo aseguró que nunca fue un eslogan de campaña de su partido Semilla “un futuro sin Cacif”, en el sentido de que su gobierno prescindiría a acuerdos y alianzas con las organizaciones de la burguesía. El nuevo presidente aseguró que su promesa era construir “un gabinete de unidad para gobernar este país en unidad” (La Hora 08/01/2024), es decir con una alianza interclasista que se empezó a perfilar en octubre del año pasado.

Nuestro llamado a las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, estudiantiles y populares es no dar su confianza a este pacto del nuevo gobierno con la burguesía, y estar alertas para defender nuestros derechos cuando Arévalo privilegie los intereses de los empresarios.      

Por Leonardo Ixim

Hasta el último momento, los elementos golpistas del bloque conservador en el poder intentaron evitar que Semilla asumiera la presidencia, y disminuir la capacidad de acción de esta bancada en la nueva legislatura 2024-2028, que inició el 14 de enero recién pasado.

Pero la sorpresa fue que, con horas de atraso para instalar la nueva Junta Directiva del Congreso de la República, Semilla, negociando con diversos partidos, logró ganar su presidencia. Este hecho estuvo marcado por la presencia de la población, que, en las puertas del hemiciclo legislativo, tuvo altercados con el cuerpo de antimotines de la Policía Nacional Civil, al grado que estos fueron desarmados.

Días previos, los diputados de la Comisión Permanente de la saliente legislatura declararon que los diputados electos de Semilla tenían que asumir como independientes, aferrándose a una investigación abierta en el Tribunal Supremo Electoral sobre supuestas irregularidades, en la conformación de este partido en 2018. Una incongruencia, dado que ya había participado en las elecciones generales de 2019.

Esto implica, según las reformas a la Ley Orgánica del Congreso y las reformas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016, que aquellos declarados independientes no pueden asumir cargos en comisiones legislativas de trabajo ni conformar la Junta Directiva. Una reforma producto de las protestas de 2015 para evitar el transfuguismo, que se utilizó ahora para neutralizar a Semilla. Nos queda la duda, además, de la legalidad que puede tener una acción de una legislatura saliente sobre una nueva legislatura.

El mismo día de instalación de la nueva legislatura, la Comisión Permanente en mención intentó a última hora instalar una Comisión de Credenciales para decidir si los diputados electos por Semilla, aduciendo que eran independientes, podían asumir, pese a que la Corte de Constitucionalidad aceptó un amparo promovido por este partido, y resolvió que aquéllos pueden asumir su curul, aunque no conformarse como bancada. Al final los diputados electos de Semilla entraron a la fuerza al cuarto donde se recluyeron los diputados golpistas con su “comisión”, y fueron sacados por la fuerza por los semillistas.

Los golpistas quisieron alargar la instalación del pleno para conformar la nueva legislatura, elegir una nueva Junta Directiva y dar posesión a Arévalo y Herrera como jefes de Estado. Sin embargo, en horas de la tarde, Semilla (23 diputados) logró el apoyo de 92 diputados para conformar la JD, de un mínimo de 81 que necesitaba.

La nueva JD estará conformada por los siguientes diputados: Samuel Pérez del Movimiento Semilla como presidente; Ervin Adin Maldonado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como primer vicepresidente; Cesar Augusto Amézquita del partido Visión con Valores (VIVA) segundo vicepresidente; Nery Manfredo Rodas del partido Cabal como tercer vicepresidente; Andrea Beatriz Villagrán de Semilla como primer secretaria; Raúl Antonio Solórzano de la UNE en la segunda secretaría; Cesar Roberto Dávila del partido Bien, tercer secretaría; Julo Carlos Rivera del partido Victoria, cuarta secretaría; y Sonia Marina Gutiérrez del partido Winaq quinta secretaría (la única agrupación de izquierda en el Congreso).

Además de los votos de Semilla, esta JD fue votada por 23 diputados de la UNE; 11 Cabal; 11 de VIVA; 4 de Bien, 4 de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS); 3 de CREO; 3 de Victoria; 3 de Nosotros; 2 de Azul; y uno de cada uno de los siguientes partidos: Cambio, coalición Valor-Unionista, Todos, coalición Winaq-URNG, Valor y VAMOS. La derecha, con los partidos Valor, VAMOS, una minoría de la UNE, al igual que de Cabal y la mayoría de la coalición Valor-Unionista, presentaron una planilla dirigida por Sandra Jovel ex canciller del gobierno de Jimmy Morales y electa diputada por Valor.

Lo que podemos decir es que aplicaron una impecable negociación, rompiendo a bancadas como la UNE y el apoyo de partidos conservadores como CREO, Victoria, VIVA, la mayoría de Cabal, así como las mini bancadas de partidos ligados a personajes de la casta politiquera. Además de logra el apoyo de las dos bancadas de izquierda como VOS y Sonia Gutiérrez de Winaq-URNG.

¿Esto tendrá algún efecto en una agenda de carácter progresista y de lucha por los derechos de la clase trabajadora tomando en cuenta las negociaciones con partidos de centro derecha? Samuel Pérez dijo en algún momento que ellos gobernarán con el pueblo en las calles, entonces esto está por verse.

Por lo pronto, la derecha interpuso tres amparos ante la Corte de Constitucionalidad para revertir el resultado de la elección de JD del Congreso. La decisión preliminar de la CC, como siempre, fue “gallo-gallina” y abre las puertas a une nueva ofensiva de la derecha atrincherada dentro y fuera del Congreso.

Por Marcos Galicia

El pasado viernes 8 de diciembre el Ministerio Público -MP- de Consuelo Porras presentó en conferencia de prensa más “evidencia” y hallazgos del caso “Corrupción Semilla” (Prensa Libre 08/12/2023). Según el MP, estos hallazgos pueden invalidar las elecciones generales celebradas en Guatemala durante este año y con ello Bernardo Arévalo y Karin Herrera -binomio electo- no pueden asumir como Presidente y Vicepresidenta el próximo 14 de enero de 2024.

La reacción ciudadana al día siguiente se compuso de una conferencia de prensa por parte del sector de mujeres, comunicados de prensa de distintas organizaciones y reacciones frente a las acciones del MP en redes digitales. Pero lo que más resaltó ese día fue la reunión del binomio electo y su equipo con senadores y congresistas de los Estados Unidos en donde dialogaron acerca de la situación democrática de Guatemala ante la amenaza del impedimento de la transición de poder el próximo año.

La ausencia de acciones fuertes y articuladas por parte de la sociedad civil frente al golpe de Estado técnico dirigido por el régimen de Giammattei podría ser un indicador de que las personas están cansadas y que probablemente aún no existe una articulación real entre los distintos sectores de la sociedad. Con dicha conferencia de prensa, el MP asesta sus últimos golpes para evitar la transición de poder y con ello mantener a flote al régimen político de corrupción e impunidad que tiene sometido al país en la pobreza y violencia.

A dos meses de las jornadas de manifestaciones de octubre, ya no se percibió la misma fuerza ciudadana y los bloqueos se acabaron. Ya se han cumplido más de 70 días del plantón establecido a las afueras del MP y la cantidad de personas presentes ha disminuido, y el plantón frente al congreso fue levantado. Pero también seguimos viendo manifestaciones convocadas por dirigentes indígenas, como la del 4 de diciembre; y la del 7 de diciembre convocada por el presidente electo Arévalo, que contó con la presencia de las autoridades indígenas y políticos burgueses de oposición que aprovecharon para hacer imagen. Y la “quema del diablo” que se celebra cada 7 de diciembre y que en esta ocasión los diablos representaron a integrantes del pacto de corruptos y la alianza criminal del régimen de Giammattei.

Pese a las manifestaciones desde octubre del presente año, no hemos visto la renuncia de ninguno de los actores clave del golpe de Estado ni tampoco que retrocedan en sus acciones. Entonces es necesario cuestionar qué otras acciones son y serán necesarias para expulsar al régimen actual, recuperar la institucionalidad pública -que ha sido secuestrada por una mafia criminal- y llevar ante la justicia a los oligarcas atrincherados en el CACIF.

El binomio electo ha recurrido a la comunidad internacional -principalmente Estados Unidos EEUU y la Unión Europea UE- para hacer presión al régimen de Giammattei y garantizar la transición de poder. Los estadounidenses han retirado la visa a distintos actores y actoras del golpe de Estado, desde integrantes del MP, Congreso, Universidad de San Carlos de Guatemala -Walter Mazariegos- y finalmente a Miguel Martínez “Miguelito” hombre de confianza y pareja sentimental del actual presidente a quien también se le aplicó la ley Magnitsky.

El partido Semilla -al cual pertenece el binomio electo- ha demostrado reposar su confianza en la UE y los EEUU. Pero al analizar la real politik podemos comprender que los estadounidenses ya no tienen la misma fuerza e influencia que tenían en América Latina décadas atrás. La fuerza e imagen de ambos poderes se ha visto cuestionada y debilitada debido a grandes fracasos como lo han sido Afganistán, Ucrania y que no han logrado contener a su vecino incómodo Nicaragua.

Tanto la UE como EEUU han demostrado que no pueden garantizar la estabilidad y seguridad para sus socios y aliados, así que no hay ninguna garantía de que la transición de poder en Guatemala sea exitosa. El país centroamericano está al borde del abismo, en donde se terminará de instaurar algo muy parecido a las autocracias y dictaduras del siglo veintiuno y que muy probablemente Bernardo y Karin no tomarán posesión si las fuerzas sociales y ciudadanas no se articulan y continúan relegando sus luchas a operadores en el extranjero.

Recientemente EEUU retiró visas a más de 100 diputados del congreso, ¿será eso suficiente para contrarrestar el golpe de Estado? Hasta ahora con todas las sanciones pareciera que el régimen de corrupción no dará marcha atrás. ¿Serán la UE y los EEUU capaces de aplicar sanciones más severas si se consolida el golpe de Estado? Lo averiguaremos en los próximos meses. En Gaza, Taiwán y -quizás- Ucrania podría darse un golpe al tablero geopolítico mundial que podría cambiar las relaciones de poder en el mundo y salpicar a Guatemala.

Por Leonardo Ixim

Las más recientes acusaciones de parte del Ministerio Público (MP), que piden la invalidación del proceso electoral en el cual se coronó al Movimiento Semilla como el ganador de la elección presidencial y lo ubicó como tercera bancada en el Congreso de la República, han revelado las verdaderas intenciones de las estructuras corruptas que se aferran al status quo.

Esto ha provocado un remezón en el bloque de poder y en las diversas fracciones de la burguesía. Si bien los mas recalcitrantes monopolios oligarcas han respaldado las acciones golpistas de Giammattei, Consuelo Porras y Rafael Curruchiche desde el MP para invalidar las elecciones, ya se están empezando a desligar de estas maniobras que buscan romper el orden constitucional. Esto se debe en gran parte al rechazo a estas acciones por parte de los imperialismos estadunidense y europeo, la mayoría de gobiernos del continente y la Organización de los Estados Americanos, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pese a eso, el pasado 8 de diciembre el MP ha lanzado un nuevo manotazo. Es el cuarto caso contra el Movimiento Semilla y se presenta a partir del anterior, que buscaba vincular las movilizaciones contra el fraude para elegir rector en 2022 en la Universidad San Carlos, aduciendo que el partido Semilla había usado ese movimiento como trampolín político, que implica la criminalización de varios liderazgos universitarios. Sin embargo, ese argumento estúpido se les cae, primero por un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que consideró inexistente ese supuesto trampolín político de Semilla, y posteriormente por el hecho de que se anularon las órdenes de captura solicitadas por el MP.

Esta vez es la guinda en el pastel, evidenciando el plan de anular las elecciones. Bajo el nombre de Semilla y Corrupción, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dirigida por Curruchiche, califica que hubo una alteración en las actas número cuatro que emitieron la Juntas Receptoras de Votos (JRV), donde se califica los resultados de cada mesa, tanto de la primera vuelta como de la segunda, que le dio el triunfo a Semilla.

A finales de septiembre, el MP secuestró del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tanto las actas de las JRV como las mismas boletas electorales, algo totalmente prohibido. Recientemente ha girado órdenes de captura a miembros de las juntas y ha pedido retirar la inmunidad a Bernardo Arévalo, presidente electo, y los diputados de Semilla Samuel Pérez y Ligia Hernández.

Por otra parte, las presiones de los golpistas contra los magistrados del TSE han hecho mella, logrando que se autorice el proceso de antejuicio a cuatro magistrados después de que, por mayoría en el Congreso, con 108 votos de la alianza oficialista, se les levantó la inmunidad. Esta es una venganza contra las autoridades del árbitro electoral, porque refrendaron el legítimo triunfo de Semilla, después del giro que tuvieron al no permitir tres candidaturas, vedando por primera desde 1996 a una de izquierda, lo que parecía un alineamiento del partido oficial VAMOS, con el cual los magistrados del TSE posteriormente rompieron.

Esta situación obligó a los cuatro magistrados a salir del país, manteniéndose solo la actual magistrada presidente Blanca Alfaro, quedando la institución acéfala, con una magistrada titular y tres suplentes. Esto afecta al organismo electoral en un momento en que, según las reformas electorales de 2016, se tiene que instalar una mesa para actualizar la Ley Orgánica y de Partidos Políticos.

La acción del MP de pedir la anulación de las elecciones generales es espuria, y aunque algún juez corrupto pueda darle eco y resuelva semejante acción, es un claro rompimiento de la misma legalidad burguesa. Aunque la magistrada Alfaro mencionó que es la Corte de Constitucionalidad la única quien podría dictaminar sobre esa situación, este hecho, sin embargo, violaría la misma Constitución Política, porque es el TSE la única instancia en reconocer o anular elecciones.

Nosotros alertamos que la nueva acción del MP es la consumación del golpe final de los grupos corruptos contra la voluntad popular manifestada en el proceso electoral. Llamamos a articular un frente unido de organizaciones populares para hacerle frente a esas acciones que atentan contra nuestros derechos democráticos. Llamamos a la huelga general en los centros de trabajo y el paro de labores en los pequeños y medianos comercios y mercados. Exijamos la destitución de los fiscales y funcionarios golpistas, demandamos la renuncia del presidente Giammattei, que veladamente está orquestando este atentado contra la voluntad popular.