Por Armando Tezucún
A inicios del mes de mayo, el presidente Bernardo Arévalo realizó un nuevo intento de remover de su cargo a la nefasta fiscal general del Ministerio Público (MP) María Consuelo Porras. Como es sabido, la fiscal Porras, al frente del MP, trató, en los últimos cinco meses del año pasado, de impedir la toma de posesión del binomio presidencial electo Arévalo/Herrera, mediante una serie de subterfugios legales, que de paso generaron una de las más importantes oleadas de protestas populares de los últimos años, en defensa de la democracia y de los resultados electorales. Los esfuerzos de Porras no lograron frenar el arribo del nuevo gobierno, aunque consiguieron la suspensión de la personería jurídica del partido oficial Movimiento Semilla, lo que le ha ocasionado a la nueva administración dificultades a nivel del Poder Legislativo.
La nueva maniobra de Arévalo
El domingo 5 de mayo, en cadena nacional, el presidente Arévalo anunció que presentaría al Congreso de la República una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del MP, de modo que pueda contar con los recursos legales para destituir a la fiscal general. En el año 2016, el Congreso reformó, con 140 votos a favor y 2 en contra, el Artículo 14 de la referida ley, para limitar los motivos por los cuales el presidente de la república puede relevar de su cargo al jefe del MP. Esto se hizo para proteger a la entonces fiscal general, Thelma Aldana, con un historial de acciones anticorrupción, de cualquier ataque de parte del presidente corrupto de ese momento, Jimmy Morales. De acuerdo al cambio decidido, el mandatario de turno puede remover de su cargo al fiscal general solamente en caso de que exista una sentencia firme en su contra por un delito. A finales del año pasado fueron presentados varios recursos de inconstitucionalidad contra este artículo, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) los rechazó. Paradójicamente, la maniobra que en aquel entonces protegió a la fiscal anticorrupción Aldana, ahora está protegiendo a la fiscal Porras, fiel aliada e instrumento de las estructuras de corrupción.
En su alocución, Arévalo anunció: “He decidido presentar al Congreso una iniciativa para reformar la ley orgánica del MP, la cual abrirá el camino para que la fiscal rinda cuentas y sea removida en el marco de la ley” … Esta reforma busca “reestablecer los parámetros de la institución como fueron establecidos en la constitución, además de preservar su autonomía y asegurar un mecanismo efectivo de rendición de cuentas” (Prensa Libre 05/05/2024). El mandatario instó a los diputados del Congreso a dar su aprobación a la reforma; previo a la cadena nacional, Arévalo sostuvo reuniones con varios jefes de bloques parlamentarios para cabildear por la reforma.
Habiéndose enterado con anticipación de las intenciones del Ejecutivo, el MP presentó, antes de la cadena nacional, una acción de amparo ante la CC, calificando las acciones de la presidencia como una “amenaza real, cierta e inminente” que “pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida tanto de la fiscal general, Consuelo Porras y otros funcionarios”; la intención del amparo es que se “ordene al presidente de la República de que se abstenga de adoptar medidas de las cuales pretenda tomar control del Ministerio Público” (Idem). La CC decidió dar trámite al amparo, y el 13 de mayo lo otorgó en definitiva.
Según la propuesta del gobierno, el artículo 14 establecería que el presidente de la República puede remover al fiscal general por dos causales: a) la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de función, y b) por falta de capacidad, idoneidad u honradez sobrevenida, debidamente comprobada, en el ejercicio de sus funciones.
El presidente presenta al Congreso la propuesta de reforma
El lunes 6 de mayo Arévalo protagonizó una caminata desde el Palacio Nacional de la Cultura hacia el Congreso de la República para presentar oficialmente la iniciativa que modificaría la Ley Orgánica del MP, iniciativa 6391. Le acompañaron en el recorrido su gabinete de gobierno y la bancada completa del Movimiento Semilla.
Desde ese día se notó incertidumbre en el Congreso sobre el trámite de la iniciativa. Si el oficialismo pretende que los cambios se aprueben de urgencia nacional, se necesitan al menos 107 votos de los 160 que integran el legislativo, y algunos diputados solicitaron tiempo para analizar la propuesta. El presidente del Congreso, Nery Ramos, hizo ver que hay otros proyectos de ley que ingresaron antes, e incluso ya hay cinco propuestas más para cambiar la ley del MP. Otra polémica que surgió es sobre si en caso de que se realizara la reforma, aplicaría el principio de no retroactividad de la ley, quedando Porras libre de cualquier efecto.
Lo cierto es que la propuesta que busca quitar del camino a uno de los más grandes obstáculos que enfrenta el gobierno, llegó al Legislativo en un momento en que la alianza que logró el oficialismo en enero no tiene la misma fuerza y cohesión de ese momento. A pesar de que hubo reuniones previas, el lunes 6 no existía ninguna seguridad de que la iniciativa fuera aprobada de urgencia nacional, y todo indicaba que tendría que hacer el trámite ordinario de pasar a comisión y ser aprobada en el pleno en tres lecturas. La percepción era que, pese a que para el oficialismo la remoción de Porras es prioridad, para muchos diputados, incluso de los partidos aliados, la iniciativa debe ser sometida a un análisis detallado.
La iniciativa de ley fracasa en el Congreso
Contrario a lo que esperaba el oficialismo, la iniciativa 6391 fracasó en su primer día en el pleno del Congreso, 7 de mayo. No solo no hubo 107 votos a favor de la propuesta, sino que la sesión tuvo que ser suspendida por falta de cuórum, con no más de 50 diputados presentes.
Según el líder de los diputados oficialistas, Samuel Pérez, varias docenas de diputados de diferentes bancadas aliadas fueron amenazados para que no votaran a favor de la propuesta: “Las ausencias que hemos visto es completamente fuera de lugar, hay factores externos. Hemos tenido información que varios diputados han recibido amenazas de muerte, amenazas de investigaciones en donde les van a solicitar retiro de antejuicio” (Prensa Libre 07/05/2024).
El jueves 9 de mayo se dio la misma situación, cuando fue cancelada la sesión plenaria debido a que solo 43 diputados se hicieron presentes; con el agravante de que la derecha movilizó a expatrulleros colaboradores del ejército durante el conflicto armado interno, para que bloquearan los ingresos al edificio legislativo. El 13 de mayo no se realizó la reunión habitual de jefes de bloques para definir la agenda de la plenaria del día 14, pues los representantes de las bancadas no se hicieron presentes. El 15 de mayo finalizó el primer período de sesiones ordinarias del Congreso, por lo que el gobierno tendrá que esperar hasta agosto, cuando se retomen las sesiones, para que sea planteada en el pleno su propuesta de reforma a la ley del MP.
La endeble alianza del oficialismo
El fracaso del partido oficial al no haber logrado cuórum en las dos sesiones legislativas, puso al descubierto las dificultades por las que pasa la alianza que logró con otras bancadas en enero, cuando asumió la nueva Junta Directiva del Congreso. Pese a que el domingo 5 Arévalo se reunió con varios diputados aliados para consensuar el respaldo a la iniciativa, la propuesta no logró convencer. El propio presidente de la Junta Directiva, el diputado Nery Ramos, resumió el sentir de muchos de esos legisladores: “La iniciativa presentada fue sorpresiva para todos y una reforma de esta naturaleza exige un análisis de altura, detallado con el tiempo necesario para asumir una postura. De un día para otro resulta muy aventurado” (Prensa Libre 09/05/2024).
Muchos de los diputados que no se presentaron a las sesiones pertenecen a las bancadas aliadas del oficialismo, y más allá de la versión del diputado Pérez de Semilla, en el sentido que existieron presiones y amenazas, hay serias molestias de parte de los aliados hacia Semilla y el presidente Arévalo. Algunos de estos diputados hablan de errores políticos cometidos por el oficialismo, como la exigencia de que la iniciativa fuera agendada por urgencia nacional, sin un examen técnico, lo cual se percibió como un intento de imposición. Otra fuente de molestias ha sido el proceso de elección de gobernadores departamentales, proceso en el cual aparentemente Semilla no cumplió acuerdos. La diputada Evelyn Morataya, del partido Viva, declaró que el domingo cinco de mayo a los diputados aliados se les dijo “Esto es lo que tienen que aprobar en el Congreso”, y todos se quedaron sorprendidos, pues no se les permitió conocer la iniciativa, “No estamos en contra de ninguna reforma, pero sí necesitamos consensuar para conocer en qué términos se aprobaría…” (Soy502 19/05/2024).
Hacia un callejón sin salida
La cruzada anticorrupción del presidente Arévalo y su partido cada vez encuentra más obstáculos, no solo porque tiene en su contra a las instituciones de justicia (MP, CC, CSJ), contraladas por las estructuras corruptas, sino porque sus propios aliados le reclaman ahora el incumplimiento de componendas y acuerdos alcanzados.
Pero, más aún, Arévalo no comprende que la corrupción es inherente al sistema capitalista. Los negocios en el capitalismo no funcionan sin el manoseo de las instituciones del Estado mediante coimas, privilegios, sobornos, y tráfico de favores. Esto es más cierto en un país como Guatemala, con un puñado de familias que controlan la riqueza, y donde las oportunidades para los medianos empresarios y empresarios emergentes dependen de los manejos sucios bajo la mesa que logren hacer con las instituciones estatales. La verdadera salida a la corrupción es un cambio radical liderado por las masas trabajadoras movilizadas en lucha para romper con el capitalismo e iniciar la transición al socialismo. Arévalo es incapaz de ver esto porque tiene la idea ilusoria de lograr un capitalismo sin corrupción y con democracia, y tiene terror a las masas movilizadas, al igual que sus aliados imperialistas de Estados Unidos y Europa, y la burguesía local, con la que comparte inaugurando proyectos de inversión y planes de alianzas público-privadas. A mediano plazo, el ejecutivo corre el riesgo de quedarse aislado, sin aliados de derecha ni de izquierda.
