Por Armando Tezucún

El martes 29 de abril, como reacción a la captura de dos líderes indígenas, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, por parte del Ministerio Público (MP), el presidente Arévalo, su gabinete de gobierno y autoridades indígenas ancestrales, brindaron una conferencia de prensa.

La Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán se había alejado del gobierno, ausentándose de las reuniones de diálogo desde el año pasado, aduciendo que el gobierno de Arévalo ha incumplido sus promesas, criticando la falta de proyectos de infraestructura, salud y educación, el incremento de los precios de la canasta básica, y la gestión de la gobernadora departamental, miembro del partido oficial, Movimiento Semilla. Sin embargo, la persecución y criminalización de parte del MP contra los dirigentes indígenas, codujo a una nueva convergencia y diálogo el 28 de abril.

En la conferencia de prensa, el presidente denunció las acciones del MP y anunció que actuará en unidad con las dirigencias indígenas. “La criminalización de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, la criminalización de autoridades indígenas y la criminalización de cualquier persona que defiende la democracia, los derechos humanos y que combate la corrupción, es un ataque a todos los pueblos del país, a los cuatro pueblos de Guatemala” (Prensa Libre 29/04/2025); también anunció la presentación de una acción de amparo contra la fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras, que busca dar protección a los pueblos indígenas “ante la clara inobservancia del Ministerio Público de normas nacionales e internacionales que protegen las formas propias de organización social de los pueblos indígenas, lo que pone en riesgo la responsabilidad del Estado de Guatemala ante sus obligaciones internacionales” (Ídem). Este amparo fue presentado en conjunto desde la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra), y al mismo se sumaron autoridades ancestrales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas.

Además, anunció que insistirá ante el Congreso de la República para que reforme el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para que el ejecutivo pueda destituir a la fiscal general.

Una vez más, vemos que el presidente Arévalo se plantea tomar medidas legales para combatir a las mafias enquistadas en el MP, una maniobra en la que ya ha fracasado con anterioridad, pues el sistema de justicia (MP, Corte de Constitucionalidad, Cortes de Justicia y Apelaciones) está controlado por las mafias de empresarios, funcionarios, políticos y narcos que utilizan el Estado para beneficiar sus jugosos negocios. De hecho, ya ha presentado dos antejuicios contra la fiscal Porras, que fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia. Él mismo se amarra las manos al afirmar que no actuará fuera del marco de la ley ni se romperá el orden constitucional sobre la situación de la fiscal general (Idem), “¿Alguien me puede decir cuáles son los caminos legales que no estamos haciendo? Yo le puedo decir cuáles son los caminos ilegales que no vamos a hacer” (Ídem).

¿A qué se refiere Arévalo con “caminos ilegales” y “romper el orden constitucional”? Recordemos que, cuando las organizaciones indígenas y populares realizaron la oleada de protestas contra los intentos del MP de anular los resultados electorales en octubre de 2023, tomando carreteras, vías de comunicación, comunidades, en las mayores movilizaciones en años, Arévalo cedió a las presiones de la embajada de Estados Unidos y de los empresarios y pactó con las autoridades indígenas el retiro paulatino de los bloqueos, desmontando las grandiosas protestas, que fueron reducidas a un plantón frente a la sede principal del MP en la ciudad capital, que se mantuvo hasta enero de 2024, cuando el binomio presidencia asumió sus cargos.

Pensamos que de nuevo Arévalo está evitando por todos los medios una nueva oleada de protestas masivas contra las mafias del MP, y con ello él mismo se está poniendo el puñal en el cuello, pues es solo la movilización de las organizaciones populares en carreteras, calzadas y plazas la que puede poner en jaque a Porras y sus secuaces. El presidente prefiere privilegiar los acuerdos con sus amos de Estados Unidos y las oligarquías locales, y limitarse a poner recursos legales y esperar reformas de un Congreso en el que la oposición de derecha cada vez tiene más poder. Arévalo evade tomar medidas decisivas, sin duda con la esperanza de que la elección de nuevo/a fiscal general en 2026 le favorezca, algo que está en veremos.

La palabra la tienen las organizaciones populares. El 2 de mayo, más de 30 representantes de organizaciones indígenas, campesinas, sociales y urbanas de todo el país anunciaron la conformación de una Asamblea Permanente de Organizaciones Sociales, como una articulación a nivel nacional para fortalecer la defensa de la democracia, los territorios y la institucionalidad de los pueblos originarios; esta coordinadora se articulará con la Asamblea Permanente de Autoridades Ancestrales de los Pueblos Originarios. En una parte de su declaración manifestaron: “Como lo hemos hecho en las grandes movilizaciones de 2015, 2021 y 2023, continuamos ejerciendo nuestros derechos y obligaciones ciudadanas para la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción” (Prensa Comunitaria 02/05/2025).

Hacemos un llamado a estas compañeras y compañeros a mantener su independencia con respecto a las políticas del presidente Arévalo, que ha demostrado en los hechos una actitud pusilánime y timorata frente a las mafias enquistadas en el sistema de justicia. La nueva Asamblea Permanente debe basarse en acciones contundentes de movilización y presión para enfrentar a la fiscal Porras y su pandilla. Hacemos también un llamado al movimiento sindical a unirse a este grandioso esfuerzo unitario, sumando la formidable fuerza que demostró en la marcha del 1 de mayo.

Por Armando Tezucún

En una maniobra inesperada, el miércoles 23 de abril la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) capturó al expresidente de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, y al extesorero de ésta, Héctor Samuel Chaclán Batz. Otros tres exlíderes de la coordinadora indígena tienen orden de captura, y existe una solicitud para retirar la inmunidad a otro más. Pacheco es actualmente viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, y fue nombrado para el cargo en agosto de 2024.
El MP declaró el caso bajo reserva, reconociendo que existe una investigación en torno a las protestas realizadas por distintas organizaciones populares entre octubre de 2023 y enero de 2024.
En conferencia de prensa, personeros del MP aseguraron que la investigación se originó luego de que fuera presentada una denuncia por daños a la propiedad privada; los funcionarios aseguraron que durante las protestas se “vulneraron diversos bienes jurídicos tutelados”… “muchas personas se vieron afectadas al acceso a la justicia” … “Hubo personas sindicadas que tuvieron que registrar sus medidas sustitutivas, no lo hicieron tuvieron que contratar abogados…, es decir, incurrieron en gastos procesales, porque una institución tan importante como es el MP no podía cumplir a cabalidad esa función” (en referencia al plantón sostenido durante varias semanas por organizaciones populares frente a la sede del MP durante las protestas) (Soy502 23/04/2025).
Los acusados fueron imputados de cinco delitos: terrorismo, sedición, asociación ilícita, obstaculización a la justicia, obstaculización a la acción penal.
Recordemos que, en 2023, luego de los resultados de la primera vuelta electoral, las estructuras de poder corruptas empezaron a utilizar al MP para tratar de invalidar el proceso electoral, ante el inesperado ascenso del partido Semilla en la votación. El sabotaje del MP y el ataque contra la voluntad popular expresada en el voto democrático se intensificaron después de la segunda vuelta en que resultó ganador Semilla y el binomio Arévalo/Herrera. Fue entonces cuando la directiva de los 48 Cantones, bajo la presidencia de Pacheco, convocó a tomas de carreteras y bloqueos, por la defensa del voto democrático; la convocatoria derivó en una ola de protestas masivas en todo el país, como no se había visto en muchos años. Un punto central de las protestas fue el plantón permanente frente a la sede principal del MP en la ciudad capital, que se mantuvo hasta que el binomio electo asumió sus cargos en enero.
Como en su momento las mafias corruptas no lograron que las protestas populares fueran reprimidas violentamente, ahora inician su venganza, criminalizando a los que fueron dirigentes en ese momento (los 48 Cantones cambian directiva cada año). El viernes 25 Pacheco y Chaclán tuvieron audiencia en el Juzgado de Primera Instancia Penal, siendo ligados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal y trasladados a la cárcel de Mariscal Zavala; el MP tiene dos meses para la investigación del caso.
El ataque del MP y las mafias corruptas no es solamente contra Pacheco, Chaclán o los dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán. Es un intento de criminalizar y calificar como terrorista toda protesta popular. Es un ataque directo contra la libertad de manifestar, de protestar y de disentir. Ya varias organizaciones comunitarias, de vecinos, indígenas y de otra índole se han pronunciado en contra de la detención arbitraria de los compañeros. Para el lunes 28 el Comité de Desarrollo Campesino anunció una jornada de bloqueos y protestas.
Hacemos un vigoroso llamado a las organizaciones sindicales, indígenas, estudiantiles y populares a organizar acciones coordinadas contundentes para frenar las acciones criminales del MP y de las mafias corruptas que están atacando las libertades democráticas básicas.
¡LIBERTAD INMEDIATA PARA LUIS PACHECO Y HÉCTOR CHACLÁN!

Por Leonardo Ixim

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) dirigido por el cuestionando Joviel Acevedo realizo una movilizaciones el 10 de abril en las calles de la Ciudad de Guatemala, como parte de un disputa por la negociación del pacto colectivo del magisterio con el Ministerio de Educación (MINEDUC)

El liderazgo de este sindicalistas es el buen ejemplo de un burócrata, que negocia ciertos derechos y beneficios para los maestros del sistema de educación pública a cambio de privilegios y prebendas para el y su grupo cercano. La práctica de este ha sido respaldar a los distintos gobiernos de turno de derecha, así cuando tiene criticas al interior del STEG este usa métodos matoniles para acallar tal critica y aunque se sigue auto nombrándose como sindicato mayoritario, lo cierto es que en los últimos años han aparecido una serie de pequeños sindicatos críticos al estilo de liderazgo. Sin embargo como se mostró en la recién marcha, el STEG tiene aun cierta capacidad de movilización, ademas llama la atención la disciplina cuasi militar de sus afiliados en torno al liderazgo de Acevedo

El gobierno de Semilla por su parte, le ha tocado negociar con este sindicato la renovación del pacto colectivo, instrumento de defensa de los derechos laborales que ya se venció. La ministra de educación Anabela Giraca se han enfrascado en una serie de y acusaciones mutuas con Acevedo, pero lo cierto es que siguen negociando en secreto el pacto colectivo, el cual esta contemplado en las clausulas del pacto aun vigente y se vuelve una forma de operar de Acevedo.

Las autoridades del MINEDUC se atienen a una resolución de la Corte de Constitucionalidad que le dan la razón de Acevedo, pero atrás quedo el ofrecimiento de la ministra ante otros sindicatos del ramo, de que la negociación debía ser pública. A lo sumo han circulado algunas memorias de puntos de la negociación, así se muestra los conflictos entre este líder sindical y el gobierno. La marcha fue entonces solo un pulso de parte del STEG para presionar puntos que este pretende que queden en el nuevo pacto colectivo y se anuncia nuevas acciones de parte de este sindicato tras acabar Semana Santa.

Mientras que Acevedo acusa a Giraca de querer atentar contra el sindicalismo y de oponerse a una mejora salarial, esta dice lo contrario y le contesta que el primero genera desinformación y que las autoridades han agilizando como ningún otro gobierno, el proceso de reclasificación de puestos sobre todo maestros, hacia plazas en reglón presupuestado 011

Por otro lado analistas vinculados a la burguesa como Empresarios por la Educación, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Fundesa o el Movimiento Cívico Nacional, atacan el secretismo de la negociación del pacto, pero lo que en el fondo buscan es desarticular el pacto; esto mientras que en el pasado coincidieron con la diligencia del STEG en algunas medidas neoliberal, tales como eliminar la carrera a nivel de educación media de magisterio y obligar a los estudiantes a no poder ejercer laboralmente hasta terminar una carrera universitaria de profesorado que se imparte en la Universidad de San Carlos, la cual esta muy cuestionada en torno a su calidad. Por cierto Arévalo ofreció derogar esta medida y reimplantar la carrera de magisterio a nivel medio y hasta el momento no lo ha hecho.

Dentro del actual equipo de cargos altos del MINEDUC existen funcionarios que son proclives a estas posturas pro empresariales y obviamente no buscan derogar esta reforma que ha generado un déficit en la cobertura para la ampliación de maestros, sobre todo a nivel medio donde el sistema publica es limitado.

Por otro lado los jerarcas de educación cuestionan que el verdadero motivo para que el sindicato de educación se movilizara fue que el gobierno se niega aceptar las pretensiones de este, para determinar cuantos maestros contratar y a quienes, así también que el sindicato sea parte de los jurados de evaluación de la carrera docente, lo cual es una práctica burocrática recurrente de la diligencia de este sindicato

Ante eso, Acevedo fue atacado públicamente, por que el y su diligencia tiene licencia sindical y por ende no labora dando clase sino haciendo activismo sindical, cuando esto está estipulado en el Código de Trabajo, en los acuerdos suscritos por el Estado ante la Organización Internacional del Trabajo y es parte de los derechos a la actividad sindical. El gobierno por su parte puso un amparo ante un juzgado dado a lugar para evitar que el STEG se movilizara, aduciendo violación a derechos como la educación o la libre movilidad un discurso usado por la burguesía, pero lo cual es una clara violación al derecho a la manifestación, igual así el STEG se movilizo.

Pero lo cierto que este burócrata se ha entendido con los gobiernos de derecha a lo cual les ha servido, así estaba asustando que Semilla iba a introducir en el Currículum Nacional base la denominada ideología de género, lo cual es una forma descalificar los derechos sexuales y reproductivos de la clase trabajadora sobre todo de mujeres obreras de parte de sectores conservadores a nivel mundial. Cuando la agenda de Semilla es muy tímida en ese sentido.

También otra postura de este líder sindical lo cual ha sido lamentable, es que haya defendido un seguro medico privado para alumnos de la educación publica, un negocio armado entre Acevedo y el anterior gobierno de Giammattei; el cual el actual gobierno lo derogo. Que como bien lo califico un viceministro del ramo, es paradójico que un líder sindical haga una defensa oficiosa de un seguro privado y no a que el Estado asuma esto.

En el fondo lo que están negociando secretamente el gobierno y el STEG, es el nombramiento de funcionarios medios a nivel departamental en las áreas de educación tal como negocian con Luis Alpirez del Sindicato Nacional de Salud de Guatemala el cual tienen los mismos métodos de Acevedo sobre la lucha legitima del Sindicato Nacional San Juan de Dios en salud pública. Así aunque puede ser genuino de parte de los funcionarios de cuestionar el papel impositivo de la burocracia de este sindicato en el nombramiento de puestos de dirección, en muchos niveles de este cartera las mismas autoridades actuales se hacen la vista gorda hacia estructuras ligadas a este sindicato y anteriores gobiernos, como lo han como han denunciado otros sindicatos de educación.

Nosotros consideramos en lo que respecta a las negociaciones de pactos colectivos en el Estado y sobre todo hacia los sindicatos que se auto proclaman como mayoritarios; que toda negociación y discusión con los jerarcas gubernamentales se haga público y se discutan con las bases en asambleas. Además de que es importante que los padres y alumnos sean informados y se conformen comités conjuntos entre estos actores y los sindicatos.

Por Leonardo Ixim

Otra semana de movilizaciones se realizaron en Guatemala, esta vez fueron los trabajadores salubristas del sistema de salud pública adscritos al Ministerio de Salud Pública Asistencia Social (MSPAS).

En las últimas semanas el Sindicato Nacional San Juan de Dios (SNSJD) había manifestado su rechazo a las postura del los jerarcas del MSPAS de no ejecutar lo acordado tras la aprobación de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2025, sobre todo a lo referente a el artículo 140 que obligaba a las autoridades de ese ministerio a continuar el proceso de incorporación y reclasificación de plazas hacia el renglón 011 (de carácter presupuestado, que genera estabilidad laboral y prestaciones sociales); también otorga bonificaciones salarial que aumentan los ingresos de las y los trabajadores y por ultimo, un aumento salarial para estudiantes de medicina que realizan el Ejercicio Profesional Supervisado práctica realizada por estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Ademas diputados del oficialismo se sumaron a las negativa de las autoridades de salud de para proceder en las demandas de los y las sindicalistas de salud, aprovechado eso por congresistas opositores, que demagógicamente criticaron al gobierno de Bernardo Arévalo, cuando estos tampoco representan los intereses de la clase trabajadora.

Por otro lado medios de comunicación como el vespertino Diario La Hora de una orientación supuestamente democrática se presentó como vocero gubernamental calificando de manipulación por parte de congresistas de oposición las movilizaciones cuando fueron los mismos oficialistas, junto a la alianza gris de diputados aliados al gobierno y también la oposición de derecha que aprobaron esta demanda incorporando el articulo 140. Esta justa exigencia fue debido a las movilizaciones de este sindicato, mas el Sindicato Nacional de Enfermería de Guatemala para que quedara en el Presupuesto para 2025.

La argumentación de las autoridades del MSPAS primero fue, que no había disponibilidad financiera para efectuar el aumento, cuando hay una partida aprobada para eso, también que no hay prioridades técnicas en la estructura de puestos al interior del ministerio, para realizar la reclasificación de plazas una verdadera burla, cuando la existencia de plazas no presupuestado es una violación a los derechos laborales; en ese sentido el mismo SNSJD ha presentado para realizar tal proceso escalonadamente.

La manipulación vino del ministro de salud Joaquín Barnoya cuando después de negar la posibilidad de cumplir las demandas, se reunió con el Luis Alpirez secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Salud de Guatemala (SNTSG) después de un día de bloqueos de parte de miembros de tal sindicato y prácticamente le dio la razón a este líder sindical señalado de corrupción. En el transcurso este sindicato modifico su discurso, de exigir que se cumpliera un pacto colectivo que negocio está organización y que aún no ha vencido, a levantar las mismas demandas del Sindicato del San Juan de Dios.

Los miembros de este último han denunciado que el SNTSG no es representativo del gremio de salubristas, que dicho pacto colectivo pese a tener conquistas laborales otorga prebendas a los dirigentes de tal sindicato y que estos negocian puestos medios en las direcciones de salud departamental, una costumbre corrupta que ha continuado este gobierno. El mismo ministro por su parte ha presionado para desarticular al San Juan de Dios y otros sindicatos críticos al primero.

El tema de la representatividad aparece por que el SNTSG se nombra como sindicato mayoritario, un forma que en Guatemala ha sido usado para descalificar y no reconocer tanto a sindicatos independientes como en efecto a más pequeños. En el caso de salud publica, este supuesta condición mayoritaria es una farsa, porque se usa un padrón de 2012 donde este sindicato tenía 30 mil afiliados pero de ahí mucho ha cambiado.

Recordemos que en su origen este sindicato asumió una práctica clasista. En la primer década del siglo formó el Frente Nacional de Lucha que fue un conglomerado de organizaciones populares, que se opusieron a la aplicación de medidas neoliberales, tal organismo ademas estaba vinculado al partido izquierda URNG; pero tras la muerte de su líder histórico Luis Lara, ya durante el gobierno de Otto Pérez Molina, los líderes del SNTSG especialmente Alpirez empezaron a negociar privilegios con las distintas autoridades de turno.

Esto es similar al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala de Joviel Acevedo que se califica así mismo como mayoritario, cuyo líder negocia prebendas con los gobiernos de turno, que anunció movilizaciones para la segunda semana de abril y negocia en secreto con las autoridades respectivas un pacto colectivo. Entonces tras el descalabro del antipopular gobierno del desparecido Partido Patriota el SNTSG quedo mal parado, muchos trabajadores se fueron desafiliando creciendo varios sindicatos entre ellos SNSJD.

El SNSJD por su parte durante la pandemia se caracterizó por salir a las calles para exigir equipos de protección para el personal de salud que le hizo frente a la infección del Covid19 y pedir condiciones dignas para trabajadoras embarazadas de salud en un ambiente peligroso por contagios dentro del sistema de salud.

Retornando al presente, pese al intento de desmovilizar la acciones el Sindicato del San Juan de Dios se movilizó aunque no realizo bloqueos tras un fallo de un juez contra la interrupción del tráfico destinado al otro sindicato. El mismo presidente tuvo que reconocer que estas acciones eran legítimas, a diferencia de otras que se realizaron en las primeras dos semanas de marzo.

Por su parte las autoridades del MSPAS han emprendido una mesa de dialogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala pero no con el Sindicato Nacional San Juan de Dios que esperaban respuesta para el lunes 08 de abril pero aun no la han dado. Por otro otro lado al cierre de esta nota el Sindicato de Profesionales Universitarios de las Ciencias de la Salud Afines y Colaterales también conformados por medios, psicólogos y demás especialistas manifestaron ante un medio de prensa que ellos exigen también ser tomados en cuenta, cuestionado la actitud gubernamental de solo negociar con Alpirez del SNTSG; este sindicato de especialistas por su parte dice representar a 10 mil 700 afiliados, a su vez dicen tener el respaldo de el Colegio de Médicos de Guatemala

A su vez mencionan que es necesario una resignación de puestos, porque existe persona que ocupan plazas como paramedico pero cuentan con créditos académicos de licenciatura, aduciendo que a este universo de trabajadores de la salud, deberían ascenderlos, haciéndolo conforme acredite una especialización.

Desde el Socialista Centroamericano planteamos que todo acuerdo en las negociaciones entre autoridades y sindicatos debe ser discutido en asambleas por los trabajadores y empleados de salid y de todas las instituciones estatales y gubernamentales, donde se esten discutiendo cuestiones que afectan la estabilidad y los derechos laborales; ademas es importante que desde las bases se discutan la unidad de acción y cuestionar las negociaciones secretas de algunos lideres.

Por otro lado un llamado a la Asociación de Estudiantes de Medicina de la USAC y a los estudiantes de esta carrera, a los de psicología de esta universidad y de las universidades privadas donde se den tales carreras, a la incorporación de estas lucha porque se vincula con su quehacer profesional

Al final consideramos que para garantizar el derecho a la salud de toda la clase trabajadora guatemalteca es importante mantener y establecer derechos laborales y condiciones salariales optimas al persona de salud publica.