Por Leonardo Ixim

En una situación de total fragmentación al interior del Congreso de la República, las diversas bancadas legislativas se disputan el control de este órgano de Estado. Esta fragmentación ha afectado también a la bancada oficialista del Movimiento Semilla, que de por sí debido a lawfare que la extrema derecha le montó, quitándole la capacidad de influir directamente, la obligó hacer alianzas con otras bancadas.

Si bien las movidas de la oposición de derecha de desbancar a la Junta Directiva (JD) al frente del Congreso, encabezada por Nery Ramos y conformada por una serie de diputados de diversos partidos que son aliados al gobierno, y a Semilla, se mantiene lo que se ha denominado la alianza gris; las maniobras de Álvaro Arzú, del Partido Unionista, Héctor Aldana y Allan Rodríguez, del partido del expresidente Giammattei, Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS), están en suspenso debido al receso parlamentario de medio año; esto no quiere decir que no busquen defenestrar a la actual JD o controlar más directamente el quehacer parlamentario.

Tras una serie de acciones ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte de estos diputados, que buscaron bajo el pretexto de la vacancia dejada por Karina Paz, quien era primera secretaria de la JD electa por el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), y tras los conflictos con los otros tres diputados de ese partido – en total fueron electos cuatro –,  tras un fallo ante esa corte fue declarara independiente; la oposición de derecha aprovechó esta situación, buscando o cambiar esta  junta directiva o poner un alfil cercano a estos.

La situación de la diputada Paz es similar a la del partido Semilla, porque, tras reformas a la Ley Orgánica del Congreso de 2016 como una forma de reducir el transfuguismo, se penalizó a quien se declarara o lo declararan independiente de la bancada electa, vedándole el derecho a participar en comisiones ordinarias y extraordinarias de trabajo en este poder del Estado, y acceder a su órgano direccional. Esta situación viola el derecho a disentir al interior de las bancadas, y es usada como escarmiento en  las disputas al interior de las  diferentes fracciones; es más, por lo menos 12 de las 17 fracciones de la actual legislatura están divididas en dos o tres grupos, y, en algunos casos, ni siquiera llegan a cinco congresistas.

Fragmentación partidaria

Por ejemplo, VAMOS está fragmentado en tres pedazos, el de Allan Rodríguez con 23 parlamentarios, claramente quien abandera la oposición de derecha, así como los grupos de Napoleón Rojas con 9 y el de Thelma Ramírez con 6 diputados; quienes han oscilado en apoyar algunas medidas del gobierno. La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en tres también: el de Teresita de León con 12 personas, el de Adin Maldonado con 11, estos ligados a la ex candidata Sandra Torres, y opositores al gobierno, y otro más con 5 diputados que se han aliado al gobierno.

El partido Cabal, del ex candidato Edmundo Mulet en dos grupos: el de Luis Aguirre con 12 y el de Carlos López con 6 diputados, ambos grupos han formado a discreción de la alianza gris. Visión con Valor (VIVA) en tres pedazos: 5 congresistas ligados al ex candidato de ese partido Armando Castillo, parte de la oposición de derecha;  y dos grupos más, uno de cuatro congresistas, el de Jorge Castillo y otro de dos, que han conformado la alianza gris. Valor, de la ex candidata Zury Ríos, en dos grupos: uno de 0+8 congresistas dirigidos por Elmer Palencia, quien ha sido parte de la oposición y otro con 2 personas de Carlos Girón Rojas, parte de la alianza gris.

A su vez, bancadas como Compromiso, Renovación y Orden en dos también: dos con Cristian Álvarez y separado de ellos, Luis Contreras; estos han conformado la alianza gris. Lo mismo Victoria, que, de sus tres congresistas hay dos grupos, dos con Randy Coc y uno con uno de los fundadores de este partido Juan Carlos Rivera, ambos grupos han conformado el bloque de apoyo al gobierno.

Además, está la bancada del presidente del Congreso, llamada Azul, con dos diputados electos quien es parte de la alianza gris. El Partido Unionista de Álvaro Arzú quien abandera la oposición de derecha, el grupo Elefante con dos congresistas opositores también, el caso de VOS ya mencionado donde Paz ha sido parte de la alianza oficialista y los otros tres diputados dirigido por José Chic, quienes han generado una intento de independencia tanto de la alianza gris como de la derecha.

Mas la única diputada de izquierda, Sonia Gutiérrez, quien entró de parte de una alianza entre el Movimiento Político Winaq (pueblo en maya-kiche) y la URNG, que es bueno aclarar, es una expresión más de la que firmó la paz en 1996; pero en los hechos Gutiérrez solo representa a Winaq, esta a su vez a pesar que en el primer año de la actual legislatura fue parte de la JD, posteriormente se distanció de la alianza gris y ha generado una oposición progresista.

En Guatemala entonces, es un sistema de partidos tan frágil y fragmentado, los llamados partidos políticos solo germinan como hongos en la época húmeda, aparecen solo para las elecciones, su vida orgánica se limita al quehacer legislativo y aun esto con muchas deficiencias. La cantidad de grupos parlamentarios es un indicador de esto; otro indicador, según palabras de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE),  es que  para las elecciones de 2027 se están conformado entre partidos legales y en proceso de formación, nada más y nada menos que cuarenta de esas agrupaciones, que han sido calificadas como marcas electorales.

Esto evidencia un régimen político con una fachada democrática y multipartidaria, que obedece a los intereses de grupos de presión ligados a fracciones emergentes o que buscan posicionarse dentro del Estado para enriquecerse y acumular desde este. Aunque esa ha sido una práctica de los distintos grupos de la burguesía desde la independencia, a partir de inicios del siglo actual evidencia una crisis de gobernabilidad no resuelta del régimen político.

La tendencia de por si en otro nivel del régimen era en los últimos gobiernos a ir cerrando los espacios democráticos ganados en luchas sociales desde la guerra interna, que a su vez, tras los Acuerdos de Paz, fue una forma de cooptar las expresiones de lucha social y de la izquierda ex insurgente aglutinada en su momento en la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG). La victoria del Movimiento Semilla despertó la ilusión de poner limite a ese proceso de autoritarismo en boga por lo menos en los tres últimos gobierno de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

Ahora Semilla

De igual forma, como ha sido normal en el régimen político guatemalteco y en su mal llamado sistema de partidos, ahora le pasa el partido gubernamental. En parte presionado por las acciones legales de parte de Curruchiche y Porras desde el Ministerio Público (MP) y sus movidas golpistas, un grupo de diputados y diputadas, entre los que sobre sale Samuel Pérez, Andrea Reyes y Andrea Villagrán entre otros, conforma un grupo parlamentario separado al de Semilla con 15 personas y anunciaron en una asamblea para conformar un comité pro formación de partido, la creación de Raíces. Se menciona que tendrían el visto bueno de la actual ministra de medio ambiente Patricia Orantes.

Dentro de Semilla quedan otros dos ocho congresistas, uno ligado al actual presidente y a los actuales ministros de desarrollo social Abelardo Pinto y a la ministra de educación Anabella Giracca, dirigido por José Carlos Sanabria y Olga Villalta; y otro de dos parlamentarios cercanos a la actual vicepresidente Karin Herrera, entre lo que sobresale Luis Ventura.

La jugada del ahora grupo pro formación de partido político Raíces sin duda fue una jugada audaz ante la situación legal de Semilla; está por verse si logran conformarse en partido. Mientras, los de la otra fracción de Sanabria y Villalta, tienen una lucha cuesta arriba, si logran recuperar la legalidad de Semilla, más si la espera del presidente es que a se le termine el mandato a los golpistas al frente del MP con el resultado que el lafware continúe con un reciclado de actores en ese organismo y en los juzgados. Ahora bien, podrían apostar a crear otro partido político, pero también los tiempos legales para eso están reduciendo.

Estos cuestionan al grupo de Pérez de oportunista y ambos se auto-representan como los que cuentan con el aval de las supuestas bases de Semilla, pero este partido al igual que otros partidos provenientes de la izquierda o del campo progresista carece de una militancia real más allá de los afiliados que la Ley Electoral y de Partidos Políticos exige. Oportunidad que la perdieron crear tras la segunda vuelta electoral en 2023 que una buena cantidad de personas se volcó como fiscales por ese partido y tras las movilizaciones de octubre de 2023 contra el intento de no dejar asumir al gobierno de Arévalo y Herrera.

Durante la campaña, Pérez se caracterizó por un discurso más hacia la izquierda, cuestionado la influencia del CACIF (la federación de cámaras empresariales) en distintas instituciones estatales y el control monopólico que tienen los grandes grupos de la burguesía en la economía, pero durante la legislación pasada, él y Semilla, que contaban con 8 diputados, tampoco realizaron acciones contra estas situaciones. Posteriormente a que asumiera como gobierno su partido, este y otros diputados que vienen de organizaciones de la sociedad civil bajaron su tono a las críticas.

En la actualidad, estos no han reprochado algunas acciones que el gobierno de Arévalo ha hecho, como el contubernio con estas cámaras empresariales y por lo menos con una serie de conglomerados de la burguesía que han respaldo al gobierno, por ejemplo, con la recién aprobada Ley de Infraestructura donde estos grupos empresariales buscan mantener el control del negocio de la construcción de carretearas. Mas recientemente con el acuerdo que firmó con el ejército de Estados Unidos, donde este se compromete a modernizar la principal terminal de contenedores  en el Océano Pacífico, el Puerto Quetzal, el cual el ejército gringo contratará con dinero del Estado guatemalteco a empresas estadounidenses para construir infraestructura, lo cual obviamente implica, mayor control de este país en la disputa geopolítica con China, lo cual va de la mano de revivir un proyecto que data del gobierno de Pérez Molina de un canal seco entre ambos océanos en el oriente del país fronterizo con Honduras y El Salvador; pues paralelamente china tiene interés en estos países y en Nicaragua de hacer lo mismo.

Por Vicente Toj

El lunes 26 de mayo se inició con la convocatoria de parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG) para presentarse al parque central de la ciudad de Guatemala con la intención de pernoctar. Previo a estas acciones, el sindicato blanco convocó a asambleas permanentes a nivel nacional. Estas acciones tienen como objetivo que el gobierno actual ajuste el 15% de aumento salarial; al principio, el sindicato había pedido el 3,5 por ciento, pero el Ministerio de Educación se adelantó a las exigencias de los sindicalistas, y decidió otorgar el 5% de aumento a todos los maestros.

Esta acción trajo consigo molestia de parte de la burocracia sindical, ya que considera que la han relegado en la toma de decisión. Ante eso, el Steg llamó a asambleas nacionales y plantea exigir al gobierno que se otorgue el 15% de aumento; sin embargo, estas asambleas una práctica que este sindicato no realizaba, solo fueron informativas, no deliberativas. Este sindicato no se caracteriza por métodos democráticos, pero presionado por la situación, se realizaron.

El Ministerio de Educación (Mineduc) realizó una jugada audaz; esta movida tiene como objetivo poner a la población en contra del STEG, dicha acción hace creer que el salario es suficiente. El objetivo es claro, poner a la población en contra de los maestros, a lo que se suma la imagen y las acciones del líder de ese sindicato, Joviel Acevedo, su vínculo con las mafias que han gobernado en los últimos veinte años, e imágenes más pedestres como la que los maestros son perezosos.

El sindicato arremetió nuevamente contra el Mineduc y saca a relucir que los libros de texto traen información sobre mal llamada ideología de género; esto hizo que sectores civiles de derecha apoyen los movimientos que realiza el sindicato. El texto que supuestamente se refiere a ese tema se encuentra en la página 40 del libro de comunicación y lenguaje de sexto primaria del año 2022.

El Mineduc publicó un comunicado y activó las redes sociales para desmentir las declaraciones del sindicato y sacó a relucir una información que parecía pasar por desapercibida: los libros de texto que, según los sindicalistas incluyen ese concepto manipulado de ideología de género fueron entregados durante el periodo del expresidente de derecha y aliado de Acevedo, Alejandro Giammattei.

Aclaramos que la mal llamada ideología de género es una forma peyorativa de conculcar los derechos sexuales y reproductivos de la clase trabajadora, entre ellos el respeto a la diversidad sexual, respecto a lo cual el papel del sindicalismo es promoverlo y respetarlo.

Lastimosamente, el papel del STEG y de Joviel Acevedo, que en su momento guardó silencio sobre los desmanes del derechista gobierno de Giammattei y sus pretensiones autoritarias de entronizarse en el poder, ha sido convertirse en una herramienta política para desestabilizar o apoyar a los gobiernos de turno. Por ejemplo, también guardó silencio cuando se destaparon las investigaciones sobre corrupción en el periodo de Otto Pérez Molina, y durante el periodo de Jimmy Morales, en el cual hubo un silencio total ante las investigaciones de la Cicig, la cual también alcanzó al mismo sindicato, llevando a cabo una serie de allanamientos a la Casa del Maestro, sede del sindicato, por malversación de fondos en la administración de ese recinto.

Es importante denunciar que la burocracia sindical no accionó cuando se le necesitó durante la reforma y el cierre de la carrera de Magisterio por parte del Mineduc en el gobierno de Pérez Molina. Esta fue una reforma al pensum de estudio de la carrera de magisterio que terminó con la misma, convirtiéndola en un bachillerato en enseñanza de dos años y un profesorado de enseñanza primaria de tres años en la Universidad de San Carlos; ello sin que esta universidad tenga la capacidad logística, al grado que hoy en día siguen sin tener instalaciones para el estudio de esa carrera, los maestros que siguen en esa profesionalización reciben cursos en escuela públicas.

Denunciamos que la pugna por tener el control entre el sindicato y el ministerio va más allá de lo que se ve superficialmente, ya que el Mineduc está dando golpes con guante blanco, habilitando un número de teléfono para denunciar a maestros que no lleguen a sus centros educativos. Esto trae consigo una serie de trampas ya que, aunque se sabe que en todo lugar hay trabajadores irresponsables, se está exponiendo a otros maestros que no lo son.

¿Pero de qué manera se les expone? Si las llamadas son anónimas y no se tiene certeza de lo que la denuncia expone, el Ministerio de Educación inicia con el proceso de destitución del docente y el afectado queda sin una defensa, además, no se tiene conocimiento de maestros que siendo inocentes hayan sido restituidos. Las acciones represivas del Mineduc contra los maestros que han obedecido al llamado del sindicato son un mal precedente, ya se volverán a ser aplicadas cuando el magisterio realice una lucha justa bajo dirigentes probos y honestos

Por otro lado, sí se tiene conocimiento de maestros que fueron destituidos, como el caso de los maestros que mantuvieron la resistencia en las escuelas Normales durante el periodo de Otto Pérez Molina. Algunos de ellos fueron encarcelados y llevados a proceso, y no regresaron a su trabajo.

Hay una frase que se dice muy seguido, “Divide y vencerás”; el magisterio se encuentra dividido por la mala gestión de un sindicato corrupto que se encuentra a disposición al mejor postor y un Ministerio de Educación que empieza a dar golpes ciegos.

Las cuestiones que son de emergencias educativas quedan en segundo plano, ya que lo que se libra es la lucha por el control de una cartera bastante cuestionada.

Durante los periodos anteriores de gobierno también se conoció que las contrataciones de personal 021 pasaban por el sindicato, quienes colocaban y sugerían a qué personal se podía contratar; también se sabe que los puestos administrativos eran colocados por influencia de la burocracia para apoyar a políticos locales durante las campañas electorales. Así, todo personal administrativo debía ser afín a quienes en ese momento administraban dichas direcciones de educación.

Todo lo antes mencionado es un círculo vicioso de corrupción en el cual los mas afectados en dicha pugna de poder son los estudiantes, maestros y sociedad en general, dejando por un lado las necesidades reales de las comunidades.

Se conoce de comunidades en las cuales no hay agua potable, no hay luz, las escuelas no tienen techo, es más, hay lugares en los cuales no existe escuela físicamente, solo se tiene el nombre y el terreno, aun en la ciudad hay escuelas con deterioro muy avanzados.  

Estas son las necesidades que los maestros exponen y que son necesarias: aumento a la refacción (merienda) estudiantil, escuelas en buen estado, construcción de nuevas escuelas en el interior del país, ya que hay comunidades que aun reciben clases al aire libre, contratar personal para la elaboración de merienda estudiantil, construir áreas exclusivas para la elaboración de la alimentación, plazas para maestros de educación media, primaria, preprimaria y maestros de educación física. Pero la pugna entre los jerarcas del ministerio y la burocracia sindical es manejarlo entre estos y no democráticamente con maestros, padres y alumnos. De por sí el sistema capitalista y el empresariado que lo dirige no tienen el menor interés en que tengamos un sistema educativo público de primera calidad y con una administración democrática, y encima las burocracias que dirigen el Steg y el Mineduc dificultan aún más que alcancemos esa meta.

El STEG se define el sindicato mayoritario en el magisterio, sin existir un padrón real del numero de afiliados.  La falta de democracia interna por el control autoritario de Acevedo y su burocracia, que aplican métodos matoniles a quienes disienten, ha generado apatía gremial, falta de vocación en la actividad profesional y enseñanza de valores democráticos; así como una fragmentación con el aparecimiento de sindicatos pequeños sin mucha influencia.

Cabe mencionar que, ante el cuestionamiento al supuesto sindicato mayoritario, se necesita de nuevos representantes sindicales que le hagan frente a la constante intención que busca la privatización de los últimos beneficios públicos como los son Educación y salud.

Lo mismo con la discusión del Pacto Colectivo y el aumento salarial que debe ser superior a la Canasta Básica Ampliada, toda discusión debe ser pública y discutida en las bases, junto a padres y alumnos.

La pugna por el control de la cartera educativa ha trascendido de manera nacional, ya que la lucha ha pasado a las cortes de justica, corte de constitucionalidad. Ambas partes dicen tener amparos que las respaldan, pero hasta ahora solo se ha visto las sugerencias solicitadas por la PGN. Esta lucha va mas allá de un incremento salarial, es una lucha por dominar una de las carteras más grandes del país.

Por Marcos Galicia 

A tres años de que la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) haya sido secuestrada por estructuras criminales vinculadas a Consuelo Porras (actual fiscal general del Ministerio Público -MP y sancionada por corrupción en más de 42 países), y en donde Walter Ramiro Mazariegos Biolis se impuso como rector a través de un proceso electoral manipulado en 2022, se han instalado CIACS que son los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, en la universidad y sus centros regionales.

Estos CIACS han cometido acciones ilegales para afectar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de la comunidad universitaria. Esto incluye la comisión de delitos que atentan contra los derechos humanos fundamentales de los universitarios, como la libertad de expresión y asociación. Estos delitos quedaron demostrados en la última agresión de estos grupos en contra de un periodista, comunicadores y dos diputados que realizaban una fiscalización en el Campus Central (un comunicador tuvo que ser hospitalizado), el 28 de mayo.

Estos CIACS están vinculados directamente con agentes del Ministerio Público, Congreso de la República y el Organismo Judicial, lo que les permite generar impunidad para sus acciones ilícitas. ¿Su misión? Mantener a flote al régimen de Walter Mazariegos (sancionado por la Lista Engel por antidemocrático). Esta alianza criminal tiene un objetivo muy claro: evitar que Consuelo Porras sea enviada a prisión. La seguridad de la USAC se encuentra a cargo de estructuras paramilitares que sembraron el terror urbano en la ciudad durante el conflicto armado interno.

La USAC, a través del Consejo Superior Universitario (CSU), propondrá a un candidato/a para ser magistrado/a de la Corte de Constitucionalidad el próximo año. Consuelo Porras será la candidata del CSU, para que conserve su inmunidad otros 5 años más y así no pueda ser investigada por los delitos que ha cometido. Ese convenio explica por qué el MP no investiga el fraude electoral de Walter ni toca al CSU que, 37 de sus 41 miembros tienen licencia vencida en sus cargos, por lo que urge que hayan elecciones para evitar que el actual CSU vote por Porras.

Los CIACS se han dedicado a hostigar, acosar y amedrentar a la resistencia universitaria que está en contra del fraude electoral. Después de las agresiones a comunicadores y diputados, el MP guardó un rotundo silencio, pese a que existen pruebas en fotografías y videos de las acciones violentas de estos grupos. 

Todo esto ocurre mientras el CSU expulsa ilegalmente a 10 estudiantes que se opusieron al fraude electoral del 2022. Un día después de esta decisión, la comunidad universitaria convocó a un plantón para exigir la renuncia de Walter y su régimen, la reinstalación del estudiantado que había sido expulsado ilegítimamente, entre otras demandas. Ese mismo día, drones sobrevolaron el área, la administración llevó maquinaria para entorpecer la actividad con su ruido y hasta cerraron el Campus para secuestrar a quienes protestaban adentro. Afortunadamente la resistencia logró abrir una de las entradas.

Al día siguiente, el MP ya se encontraba en la USAC “investigando” aunque sus casos son fabricados y carecen de legitimidad; esto demuestra que buscan arrasar con cualquier indicio de resistencia y oposición para que Consuelo Porras camine sobre la alfombra roja directamente hacia la máxima corte del país. Las elecciones para rector/a son el próximo año y también las elecciones de fiscal general. Solamente le queda un año a Walter y a Porras en el poder, pero usarán este año para poner en marcha toda su maquinaria de criminalización para aferrarse al poder y evitar tocar la cárcel. Ambos cuentan con el respaldo de exmilitares vinculados a masacres cometidas durante el conflicto armado interno, y también les respalda la élite empresarial del país.

Queda un año para evitar que su plan se concrete; el gobierno de Semilla se fractura y existe la posibilidad de una verdadera articulación del movimiento estudiantil universitario con sectores históricos como los sindicatos y los pueblos indígenas. El otro año también hay elecciones de magistrados/as para el Tribunal Supremo Electoral y Contraloría General de Cuentas. La lucha no es solo por la USAC, es por el país para que la universidad vuelva a ser del pueblo y de la clase trabajadora.

Por Leonardo Ixim

Una nueva movilización del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por el cuestionado líder sindical Joviel Acevedo, recorrió las calles de la Ciudad de Guatemala, el lunes 12 de mayo.

Como toda movilización de este sindicato, se hace encuadrada por una disciplina militarista; esta vez cambió la ruta habitual, y, sin una discusión democrática con sus bases, se dirigió hacia el Centro Histórico de la ciudad a la sede del gobierno, rechazando el aumento del 5 por ciento al salario base ofrecido por el presidente Arévalo, el que el sindicato calificara de unilateral por no realizarlo dentro del Pacto Colectivo y exigiendo un aumento del 15%.

Las autoridades gubernamentales han denunciado que Acevedo obliga a los maestros a salir a manifestarse, al grado que pusieron una línea telefónica para denunciar el hecho. Si bien el liderazgo de este burócrata ha sido cuestionado, y es dudoso que sea aun el sindicato mayoritario, hay sectores del magisterio que lo siguen apoyando porque ha sido un buen negociador, al conquistar demandas económicas justas a cambio de prebendas e influencias en la estructura administrativa del Ministerio de Educación (Mineduc) para él y sus allegados en el STEG.

En ese sentido, la ministra Anabella Giracca interpuso un amparo a la Corte de Constitucionalidad  en lo tocante a las funciones de rectoría, esto porque ha trascendido (debido a la secretividad en la negociación del pacto) que las negociaciones se han estancado porque, más que el aumento al salario base (de hecho, el viceministro Francisco Cabrera señaló que con el anterior gobierno, el STEG aceptó un mísero 3% sobre bonos), el verdadero hecho es que la directiva del sindicato quiere seguir influyendo en los procesos de capacitación.

Pero la cuestión que no mencionan ni la burocracia sindical ni la jerarquía ministerial es que sí han negociado la designación de encargados de las áreas departamentales y municipales de educación; al igual que en salud, donde  las autoridades de ese ministerio negocian con el Sindicato Nacional de Salud de Guatemala de Luis Alpirrez.

Sin embargo, en este tema las negociaciones han sido duras, y las estructuras que negoció Acevedo con el anterior gobierno, la administración de Arévalo las ha buscado controlar. Pero la postura abiertamente derechista de este líder sindical, como mantener el seguro médico privado para estudiantes, negociado con el gobierno de Giammattei, que este gobierno eliminó, con el que estos burócratas sindicales ganaban económicamente, y las declaraciones claramente golpistas en alianza con factores conservadores, no está llevando a acuerdos.

Por otro lado, otros puntos conflictivos son que procesos como la reclasificación de puestos hacia renglón 011, es decir plazas con estabilidad laboral, el otorgamiento de refacción (merienda escolar) y útiles para el estudiantado o el monto de aumento a la alimentación, pasen por la burocracia del STEG, como quiere Acevedo. Todos estos procesos, así como los de capacitación de maestros ya mencionados, y la compra de alimentos en las escuelas, donde participan las organización de padres de familias e interviene el STEG, debe pasar a través toda la comunidad educativa.

Por último, con respecto al aumento del 5% decretado por el gobierno, es una jugada para quitarle apoyo a Acevedo en el magisterio y una forma de evitar que sus seguidores se sumen a las maniobras golpistas. Si bien las negociaciones deben estar en el marco del pacto colectivo, éste debe ser público, algo a lo que la burocracia sindical se niega, y el equipo de Giracca aduce que es un impedimento legal. Además, que el aumento al salario base y no solo vía bonos, debe ser acorde al costo de la vida para la clase trabajadora.