Por: Alberto Castro

Más de un año bajo el régimen de excepción deja un saldo de más de setenta mil capturados, la población carcelaria de por sí ya estaba saturada antes de esto, lo cual empeora un problema grande como lo es la sobrepoblación en las cárceles de El Salvador. Pero no esto es el meollo del asunto, lo que hay que ver es precisamente qué hacer con este número tan grande de capturados.

Lo preocupante es el problema del procedimiento judicial de todas estas personas, y, es aquí donde surge el verdadero problema. Tomando en consideración el contexto preelectoral, ante la sobrecarga del sistema judicial, y temiendo que los márgenes de error evidentes en cuanto a las capturas sean explotados mediáticamente, el Gobierno de Nayib Bukele ha decidido juzgar en masa a  todas las personas capturadas bajo el régimen de excepción. Esta medida es una solución para el gobierno pero es un atropello total a las personas, pues les imposibilita el tener un juicio justo.    
Más retrocesos en materia penal    
Con las reformas recientes a la Ley Contra el Crimen Organizado, una de las garantías penales que se ve constreñida es la jurisdiccional en cuanto al principio de legalidad. Si bien a los imputados  se les inicia un procedimiento legal bajo las formalidades judiciales, sin embargo el error tiene que ver en cuanto a la culpabilidad, pues se les priva de acceder  al debido proceso, pues no se siguen las formas para la determinación sobre la autoría o inocencia de la persona, al no individualizarse una acusación que contenga la investigación jurídica pertinente, en cambio al juzgarse colectivos de personas, se desnaturaliza la individualización en la responsabilidad penal de los individuos, dando como resultado que paguen justos por pecadores ya que esta medida tiene por delante un objetivo político claro definido por la dirección del bukelismo sobre el sistema judicial, éste es: lograr condenas masivas.

El Gobierno nunca aceptará el haber cometido graves errores, para el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reconocer la inocencia de 5,000 personas en mayo fue admitir errores. No se busca esclarecer responsabilidades penales, sino justificar las capturas en masas a través de condenas en masa, y otra de las violaciones al debido proceso se da en cuanto se retrocede precisamente en la responsabilidad penal de las personas sometidas al sistema judicial en este contexto del régimen de excepción, en lo que tiene que ver con el punto de partida de la determinación del delito. En nuestro sistema jurisdiccional penal, la responsabilidad penal inicia por la comisión u omisión de la persona de un presupuesto penal, quiere decir que se requiere de una acción dolosa (intencional) o culposa (por negligencia o descuido), de manera que no se permite la responsabilidad objetiva, lo cual está prohibido.

Con los juicios en masa se les atribuirá penas a las personas procesadas sin tomar en consideración si existe acción dolosa o culposa, sino que bastará con el resultado material con el que tengan vinculación causal o normativa, lo cual daña la dignidad humana de quienes sean sometidos e juicios en masas al hacerlos responsables por hechos que escapan de su voluntad.     
Es más preocupante de lo que creemos    
La clase trabajadora y pueblo salvadoreño ha sido embaucado en la retórica del bukelismo que dice que, se está ganando la guerra contra las pandillas y sus remanentes, y que esta medida es necesaria para lograrlo. Creer esto es tan abominable como ser participe que un crimen histórico. Esta forma procesal penal ahora aplicada a los capturados en el régimen de excepción, puede fácilmente aplicarse a cualquier colectivo de personas que le resulten incomodas al bukelismo, sindicatos, organizaciones estudiantiles, campesinas o pueblos originarios pueden ser sometidos bajo esta forma de condenar del Gobierno, por eso no debemos verlo como algo sin importancia e ignorarlo, es un ejercicio para tener preventivamente una medida procesal ante cualquier episodio de lucha popular.  

Por Aurora García

A través de medios de comunicación y vía redes sociales se han hecho público una serie de documentos de cuantiosos préstamos realizados  por  actual Junta Directiva, y Juntas Directivas anteriores del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS).

En que se invirtieron los préstamos del STISSS

Según medio informativo el préstamo fue realizado a la  Cooperativa Financiera Segura de R. L. (COSTISSS) por un monto de   $245,400 el cual sería pagado en 45 meses por un monto de $7,901.72, mensuales, dicho préstamo está siendo  pagado con las cuotas de los afiliados  al STISSS, según documentos hechos públicos  en  julio el STISSS  recibió un monto de $54,402.42 en concepto de cuotas sindicales, de los cuales $7,901.72 fueron destinados para el pago de la cuota a la  COSTISSS. Así mismo de ese monto mensual fueron destinados $10,107.05 para el pago a   la cooperativa CACTIUSA DE R.L. por otro préstamo, el cual según miembros del sindicato fue realizado durante la gestión de Ricardo Monge (hijo).

Una pasada de factura

Como se puede apreciar los documentos de los préstamos no son nada nuevos, pero estos salen a luz pública en un contexto marcado por la lucha intestina de  Nuevas Ideas de cara a la coyuntura electoral, una arremetida gubernamental e instrumentalización de los pacientes contra los trabajadores de la salud y la aproximación a la nueva Negociación del Contrato Colectivo ISSS y el STISSS

 En dicho contexto el STISSS vía comunicado sale a la defensiva de los trabajadores del ISSS manifestando: “…COMUNICADO POR LA DEFENSA DE TODO EL PERSONAL Y TRABAJADORES DE LA SALUD EN GENERAL…Reconocemos el derecho a la Salud como Eje Universal de todo ser Humano…La relación del personal de Salud y Paciente, es la parte fundamental de cualquier sistema de salud en el Mundo y si esta relación se rompe o se fractura ningún sistema saldrá adelante o mejorará ya qué es pieza fundamental para el desarrollo de este. Ante la impotencia de los Gobiernos por mejorar el Sistema de Salud en General, recurren a la narrativa que el sistema de salud es malo porque sus Trabajadores son malos, maximizando la mala evolución de eventos aleatorios que cualquier sistema de Salud tiene, aún de primer mundo, minimizando todo aquello que demostraba la elevada calidad de la atención brindada por el personal la de salud, creando leyes populistas que no abonaron en nada a la calidad, algo que ha tomado mayor realce en estos tiempos por las redes sociales, youtubers, tuiteros y más expertos en la manipulación de la información, para querer convencer a nuestros pacientes que ya no somos más HEROES, como nos llamaron en la Pandemia COVID 19 cuando murieron miles de Trabajadores de la Salud por combatir de forma frontal la Pandemia y Salvar la Vida de muchos de sus familiares y hoy somos los villanos del Sistema de Salud…Exigimos a todos aquellos tuiteros, youtubers, y otros actores, a abstenerse de calumniar, y desprestigiar al personal de Salud y Médicos por medio de sus redes, porque nuestros equipos jurídicos están elaborando las respectivas demandas para aquellos que están procediendo al margen de la Ley pensando que alguna protección tiene y que les permite este mal actuar en contra de todo el Personal de la Salud. Como STISSS vamos a defender a todo el Sector Salud con toda nuestra fuerza…” la respuesta no espero mucho.

 Agregado a lo anterior la Junta del STISSS  cuestionó el régimen de excepción  manifestando: “…Pueden prolongar y escudarse en el Régimen de Excepción 1, 2, 3 años más… los que quieran…Pero no durará toda la vida, no hay mal que dure cien años, PRONTO CAERÁN…”.

Lo anterior no ha sido del agrado para sectores ligados al gobierno de Bukele, quienes han desatado toda su furia en contra del sindicato. Bukele aprovecha cualquier posible error (todavia no sabemos si la denuncia es cierta) para atacar a los sindicalistas que se le oponen. Los trabajadores debemos saber distinguir las intenciones reales de este tipo de denuncias

Por una comisión de investigación con delegados de base

Está claro: las juntas directivas del STISSS dirigidas inicialmente por Monge hijo y posteriormente por Monge padre  han llevado aún endeudamiento a la organización, lo cual es permitido siempre y cuando haya sido un Acuerdo de Asamblea General, donde las bases decidan sin presiones y con plena democracia sindical. La dirigencia debe informar con tiempo cual es el objetivo del endeudamiento, si es en beneficio del sindicato, y debe garantizar el manejo transparente de los fondos. Ningún dirigente puede usar el sindicato para beneficio personal.

La noticia de estos préstamos ha generado gran descontento en las bases del STISSS debido a que estos no se ven reflejados en proyectos que les estén beneficiando, en este caso corresponde a la Comisión de Hacienda y la Comisión de Honor y Justicia actuar, investigar y brindar una explicación de lo que está pasando, la cual no se ha pronunciado.

Ante lo anterior y en función del fortalecimiento sindical lo que procede según estatutos es la pronta convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria y la conformación de una Comisión de investigación, integrada por representantes de todos los colectivos internos del STISSS para que investigue los hechos y determine en que han sido invertidos los préstamos y si estos no han tenido un buen uso. En caso contrario, correspondería la aplicación de medidas disciplinarias según Estatutos y la separación de sus cargos según proceda.

Corresponde a una Asamblea General decidir si los actuales directivos han incurrido en anomalías, por eso lo primero debe ser conformar esa Comisión de Investigación.  No se debe caer en la trampa gubernamental de desprestigio y descabezamiento de los sindicatos gubernamentales so pretexto de lucha contra la corrupción deben ser los trabajadores quienes decidan el rumbo de sus organizaciones.

Por Aurora García

El 2020 la pandemia por el COVID-19 golpeó al pueblo Salvadoreño y dejo al descubierto el deficiente sistema salvadoreño de atención médico-hospitalaria en ese momento los trabajadores de salud fueron llamados héroes por el gobierno de Bukele y el pueblo ahora  el gobierno,  ha levantado toda una compaña  de persecución y acoso contra los trabajadores de salud aprovechando hasta el mínimo detalle para desacreditar a los trabajadores profesionales y no profesionales de la salud.

Arremetidas contra los trabajadores de salud

Los trabajadores y sindicatos de las dependencias estatales y autónomas   de salud  y educación han sido los más combativos posterior a los Acuerdos de Paz, esto ha permitido qué los trabajadores gocen de ciertas prestaciones laborales y económicos y han evitado la privatización total de dichos servicios esenciales qué otorga el estado a los trabajadores y al pueblo Salvadoreño. Pero si han sido privatizados los servicios de limpieza, vigilancia, alimentación, etc. en dichas instituciones.

En los gobiernos de ARENA, buscaron privatizar los servicios brindados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) lo cual fue derrotado mediante las marchas blancas, esta lucha debilitó al gobierno de ARENA. En los  gobiernos  del FMLN  el gobierno del FMLN realizo una serie de ataques contra los trabajadores y sindicatos de salud, una de estas fue la eliminación de incentivos económicos como era el escalafón, nuevamente los trabajadores junto a los Sindicatos salieron a las calles a luchar.

Casos mediáticos

 El sábado 20 de mayo en el Estadio Cuscatlán, durante el partido entre Alianza FC y Club Deportivo FAS se dio una tragedia qué causo muertos y una gran cantidad de heridos los cuales fueron trasladados a los diferentes centros de atención médica, en ese contexto médicos residentes expresaron vía twitter   quejas por la saturación, lo cual no debió hacerse, pero tampoco es  causa de disminución y de retiro del ejercicio de su profesión ya  que en ningún momento se negaron a atender a las víctimas. Con el despido de los profesionales  el ministro de salud y la Directora del ISSS, esconden las deficiencias en materia de salud, desviando así la opinión pública contraria al gobierno.

Ante el despido de las médicos,  los médicos  residentes del Hospital Rosales se manifestaron para exigir el reinstalo de las dos  médicos despedidos por sus comentarios, la respuesta de las autoridades de salud fue también el despido de los médicos que se manifestaron solidariamente.

Otro caso emblemático fue un posible caso de mala praxis cometido por un médico residente quien al momento de realizar la cesárea a una paciente le perforó el intestino causándole días después la  muerte, posterior a un posteo en redes sociales realizado por familiares, las autoridades de seguridad inmediatamente procedieron a capturarlo. Cualquier hecho que atente contra la vida es condenable venga de donde venga, pero antes de condenar al médico se debió realizar una investigación imparcial y por personas con conocimientos del tema.

El sistema de salud está enfermo

Además de los sindicatos, el Colegio Médico  se ha caracterizado por señalarle al gobierno de Bukele las diferentes deficiencias: falta de medicamentos e insumos, falta de médicos especialistas, sobrecarga laboral, etc. Mediante comunicado manifestó:  "El gremio médico de El Salvador está siendo agredido por las autoridades de Salud al tomar acciones que violentan los derechos humanos, laborales y de educación del personal". La   agresión de las autoridades del MINSAL y del ISSS no solo es contra los médicos, sino contra todos los trabajadores de salud, lo cual ha alimentado una persecución e intimidación de los pacientes, hacia los trabajadores de salud.

 Está claro que la atención médica hospitalaria no es la que el pueblo salvadoreño merece, y el pueblo y la clase trabajadora está en el derecho y deber de exigirla, pero debe ser al gobierno de Bukele a quien se le exija, quien  hábilmente desvía la atención trasladando la responsabilidad a los trabajadores.

Unidad y movilización

Todos los trabajadores de salud  y el sistema de salud mismo del MINSAL y del ISSS están  amenazados con  la recién aprobada  Ley Especial de Contratación de Obra con Financiamiento Incluido, la cual  permite a todo el Estado adquirir servicios esenciales a partir de los criterios de las autoridades. Unidos todos los trabajadores de salud y el pueblo salvadoreño deben luchar por un sistema de atención médica hospitalaria oportuno y de calidad, así mismo contra el autoritarismo  y el acoso laboral hacia los trabajadores de salud.

Por Francisco Morales

El 2024 es un año electoral para El Salvador, según calendario del Tribunal Supremo Electoral  (TSE) máximo organismo en materia electoral surgido de los Acuerdos de Paz, para este 2024 está  programado realizar la elección presidencial para el día domingo 4 de febrero de 2024, ese mismo día estarían realizándose la elecciones Legislativas en la cuales serán electos los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa.  Para el caso de las  elecciones Municipales para elegir los nuevos alcaldes y concejos municipales serán el  3 de marzo de 2024, además ese mismo día serán electos los Diputados que integraran el Parlamento Centroamericano.

 El próximo año es crucial para los  grupos económicos emergentes ligados al gobierno de Bukele, quienes necesitan retener a cualquier forma la administración del estado para poder consolidarse como un núcleo con hegemonía económica y política, en función de ello es que el Presidente Bukele como representante de ese grupo económico ha realizado una serie de maniobras irrespetando el mismo estado democrático de Derecho y el sistema  jurado burgués, etc. Pero no para beneficio del pueblo salvadoreño.

La entrada: toma de Asamblea Legislativa y resultados electorales 2021

La antesala de lo que sería la forma de gobierno o del régimen bajo el cual gobernaría Bukele, fue el 9 de febrero del 2020 (9F) con la toma militar de la Asamblea Legislativa,  usando como pretexto la aprobación por parte de la  Asamblea Legislativa de un préstamo de $109 millones para el financiamiento de la fase tres del Plan Control Territorial a lo cual se negaron los Diputados del FMLN y de ARENA. Con esta acción  oficialmente el autoritarismo  reaparecía echando mano del aparato militar y dejaba claro que el gobierno se financiera vía préstamos.  En su momento el Partido Socialista Centroamericano, (PSOCA) alertó al pueblo salvadoreño que de Nayib Bukele está instaurando en los hechos un régimen bonapartista que puede terminar restableciendo un régimen dictatorial, como las dictaduras militares del siglo XX.

Los resultados de las elecciones legislativas del 2021  vinieron a fortalecer los planes del Presidente, ya que le permitieron hacerse   del control total de la Asamblea Legislativa   por el hecho de tener  mayoría de Diputados de Nuevas Ideas, lo cual no se había visto después de los Acuerdos de Paz. Con sus 56 Diputados de Nuevas Ideas (NI) Bukele obtuvo el número exacto de Diputados qué le daban la mayoría calificada, no así la mayoría especial que son 64 Diputados para lo cual estableció alianzas con otros partidos como GANA, PCN y PDC, integrando así un bloque oficialista de 64 Diputados,  con lo cual ha hecho sus antojadizos deseos.

Golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional

Con el Bloque oficialista de 64 Diputados Bukele, tiene la llave para hacer legalmente lo que se le antojara, pero respetando el Estado de Derecho burgués, lo cual está bajo la  vigilancia del poder judicial específicamente la  Sala de lo Constitucional, siendo este además del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el principal  obstáculo por superar de cara a su reelección; de haberse apegado al  Estado de Derecho burgués y   tener la Constitución en su contra también estaba el tiempo, ya que legalmente dicho magistrados que fueron removidos no  habían  terminado el tiempo para el cual fueron electos quienes ya habían resuelto contra las acciones realizadas por Bukele contra el poder legislativo. La Sala de lo Constitucional  era el baluarte que quedaba del sistema democrático burgueses, por lo tanto era un enemigo fundamental para el régimen de Bukele. Fue  por ello que decidió  ir por encima de las Leyes e ilegalidades, no para garantizar el bienestar de la clase trabajadora y del pueblo, sino para intereses económicos y políticos de los grupos económicos qué representa.

El 1 de mayo 2021, al tomar posesión la nueva legislatura 2021-2024 a pocas horas de su mandato de forma obediente e irrespetando el mismo estado de Derecho, los Diputados oficialistas   destituyeron de su cargo a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y sus suplentes, lo cual puede considerarse un golpe de estado ya estos todavía no habían terminado su periodo para el cual habían sido electos.

Al dar dicho golpe la nueva Asamblea Legislativa impuso sus propias magistradas para asegurar que no habría sentencias de inconstitucionalidad o fallos  en contra del actuar del Ejecutivo y el mismo Legislativo. Luego de ese golpe al poder Judicial vendría otro como fue la   remoción de  los jueces del sistema judicial mayores de 60 años o con más de 30 años  en funciones.

La reelección presidencial objetivo principal

De esta forma el gobierno de Bukele tiene  a su servicio  los tres poderes del Estado, pero la Constitución política de El Salvador prohíbe la reelección inmediata, por lo cual la misión fundamental de la Sala Constitucional  impuesta el 1 de mayo del 2021  fue asegurarle al presidente Bukele su reelección,   fue así que la Sala impuesta  haciendo un análisis y partiendo  argumentos según sus propios intereses,  el  día 3 de septiembre del 2022, emitió una resolución qué le faculta al presidente Bukele poder competir nuevamente por la presidencia de la Republica.

Los magistrados de dicha sala consideran que es el pueblo salvadoreño  quien debe decidir si el presidente continúa o no, lo cual es buen postulado siempre y cuando se hubiesen asegurado condiciones democráticas para preguntarle al pueblo mediante un Referéndum si estaban de acuerdo a que el presidente Bukele participara nuevamente, en realidad la decisión tomada solo por los magistrados nombrados ilegalmente.

Fue hasta   del 15 de septiembre que  Bukele expreso … Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia del 2024,…Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado; el camino que, por primera vez en la historia, hemos demostrado que es el correcto.

Sistema político electoral, TSE y reelección

Sin ánimos de apoyar el discurso del Bukelismo, se puede decir que el sistema político electoral salvadoreño es antidemocrático, los partidos de ARENA y del FMLN durante sus gobiernos se encargaron de cerrar los espacios de participación de las grandes mayorías con la finalidad de mantener su status quo. La dirección del FMLN no aprovecho los Acuerdos de Paz y los momentos que fueron gobierno para cimentar  las bases de la democracia,  ahora viene Bukele y con su medicina amarga busca eliminar ese  embrión democrático.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) e es una institución surgida a partir de los Acuerdos de Paz, dicha institución es un órgano colegiado integrado por cinco  Magistrados nombrados por la Asamblea Legislativa,  han sido nombrados para el período del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2024.  Entre una de sus obligaciones esta…Velar por el fiel cumplimiento de la Constitución y Leyes que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos y Partidos Políticos.

Cuando la Sala avalo la reelección mediante comunicado  el TSE organismos colegiado expreso:  TSE acatara resolución de la sala de la Consititucional : “...Ante la resolución emanada por la Sala de lo Constitucional sobre la opción de inscripción al Presidente de la República como candidato para un segundo mandato, dará cumplimiento…”   para dicho comunicado según el Magistrado Julio Olivo, el órgano colegiado no se reunió.

Ahora la última palabra la tiene el TSE, pero este en su mayoría esta integradas por personas afines al bloque de Diputados oficialista.

Leyes y reformas para favorecer al partido de gobierno

Todo pareciera que los planes de Bukele van más allá de un próximo periodo presidencial, ahora que tiene a sus servicios el  poder Legislativo estos han aprobado una serie de resoluciones y de leyes con el fin de asegurar la concentración y permanencia en el poder, y a la vez sacar ventajas políticas electorales a su beneficio así podemos mencionar:

Derogación del  artículo 291-A del Código Electoral que prohibía que se hicieran cambios a las reglas electorales un año antes de realizarse las elecciones.

Reformas al Código Penal para castigar con cárcel a quienes obstaculicen la inscripción de candidatos, con esto se blinda para evitar que TSE se oponga a su ilegal postulación.

Inclusión de  la fotografía y nombre del candidato en la papeleta de elección de Presidente de la República y que sea contado como voto válido la marca sobre la fotografía.

Ya sea fuera o dentro del territorio salvadoreño todos tenemos el Derecho al Sufragio, pero existen condiciones para poder ejercer dicho según el TSE una de ellas es que Documento Único de Identidad (DUI), este vigente, pero una maniobra del actual gobierno ha sido permitir los salvadoreños en el exterior  voten con DUI y pasaporte  vencido. A junio del 2023 el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) tiene registrados a  840,000 salvadoreños en el exterior con DUI; mientras el TSE según registro a junio del 2023 son 665,932 extiendo una diferencia entre los datos del TSE y el RNPN quien ha autorizado a que   150,000 que tienen el DUI vencido puedan votar.

Según la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero aprobada el 26 de octubre del 2022 en lo relacionado a la asignación del voto señala que “…Los salvadoreños que residen en el extranjero y cuyo domicilio según Documento Único de Identidad sea fuera del territorio nacional, asignarán su voto a la circunscripción de San Salvador… Los salvadoreños que ejerzan su voto usando su pasaporte, ya sea éste emitido dentro o fuera del territorio nacional, asignarán su voto en el departamento de San Salvador.”  Con esto lo que el oficialismo  es asignarse mayor número de Diputados por el Departamento de San Salvador que es el departamento que mayor número tiene asignados según la nueva reforma.

Según la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero en lo referente a modalidad de votación en el exterior señala dos el Voto Remoto por Internet el cual “…el cual no requiere la concurrencia del elector a un centro de votación, quedando a discrecionalidad del elector la determinación del equipo y lugar de emisión de su voto…”  y el Voto Electrónico Presencial, “…el cual requiere la concurrencia del elector a un centro de votación…”  si partimos de los datos del TSE 665,932 salvadoreños en el exterior podrían hacer uso  de estos mecanismo y según datos del RNPN serian 840,000. En el caso del Voto Remoto por Internet no existen las mayores garantías que transparenten el proceso.

Concentración del poder Legislativo y del poder local

Además de la anteriores el oficialismo también a recurrido a la reducción del número de diputados, modificación de la fórmula de los escaños legislativos y la reducción de municipios.

Disminución del número de Diputados en la Asamblea Legislativa, pasando de 84 a 60, “…Estos estarán distribuidos basados en el sistema D´Hondt, que es un método electoral donde el cálculo proporcional se divide entre el número de votos emitidos y el número de cargos que hay con los que queda cada circunscripción.” Los 60 diputados estarían distribuidos así:  San   Salvador (16), Santa Ana  (5) San Miguel (5), La Libertad (7), Sonsonate(5), Usulután (4), Ahuachapán (3),  La Paz (3), La Unión (2), Cuscatlán (2), Chalatenango (2),  Morazán (2), San Vicente(2),  Cabañas(2).

Con dicha reducción el oficialismo pretende acumular mayor números de Diputados, limita el pluralismo de partidos y la representación. Busca pasar del bipartidismo ARENA-FMLN a sistema de partido único, con partidos floreros.

Cambio de la división política administrativa lo que implica la reducción de Municipios de 262 a distritos lo que implica que solo habrá 44 municipios y se contará con igual número de Alcaldes y Concejos Municipales. Con dicha reforma la distribución de los concejales serian de dos Concejales para los municipios que tengan hasta 200 mil habitantes, seis concejales los que tenga más de esa cifra hasta los 400 mil habitantes y  ocho en los municipios que tengan más de 400 mil habitantes a partir de lo habrían  40 concejos con 10 miembros; dos con 14 miembros y dos concejos, ubicados en el departamento de San Salvador, con 16 miembros.  El poder local se concentraría en pocas manos debido a que  los funcionarios municipales  electos  por el pueblo  se reducirían de un aproximado de tres mil que son actualmente a  460  (44 alcaldes, 44 síndicos, 372 concejales). 

El plan orquestado desde que inició su gestión queda descubierto;  hacer entrar en crisis a los gobiernos locales,  para legitimar la  concentración del poder político local mediante la reducción de los municipios y tener el control de los recursos financieros de las Alcaldías para  hacer negocios con dichos fondos adjudicando proyectos a empresas privadas afines a su gobierno. Para ello se apropió de los fondos FODES y posteriormente derogó  la ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES)  y la  sustituyo por  la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), la cual  es la  responsable de calificar, aprobar, contratar y ejecutar los proyectos de inversión, financiados con recursos provenientes de los fondos asignados en su presupuesto y con otras fuentes de financiamiento. Dicha institución es una dependencia directa del gobierno ya que la personas que integran la junta Directiva son nombradas por el Presidente  y el ministerio de Hacienda y Ministro de Desarrollo Local.

El circo  electoral ha iniciado

A junio del 2023 el TSE registra 6,182,225 personas aptas para emitir el sufragio en los próximos eventos electorales, de esto 665,932 corresponden a Salvadoreños que residen en el exterior concentrándose principalmente en Estados Unidos (650,768), Italia (5,481) y Canadá (4,875). Los rangos de edades en donde más se concentran son en primer lugar  entre los 40 a 59 años  (femeninas: 1,119,098 y masculinos: 1,010,678) y en segundo lugar entre los  30 a 39 (femenino: 654,354 y masculino: 633,648) .

Son 13 los  partidos políticos electorales que participaran en el próximas elecciones del 2024  entre los cuales están: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Cambio Democrático (CD),  Democracia Salvadoreña (DS), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Fuerza Solidaria (FS), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Nuestro Tiempo (NT), Nuevas Ideas (N), Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) y Partido VAMOS.  De estos existen variadas posiciones políticas desde la izquierda  del FMLN hasta la ultraderecha de GANA.  La mayoría de estos paridos ya realizaron sus  internas para elegir sus candidatos con los cuales participaran en las próximas elecciones del 2024.

 Por  Nuevas Ideas la fórmula es Bukele-Ulloa la cual a la  fecha es apoyada por GANA, PDC, PCN, CD, a la cual más tarde podrían sumárseles otros partidos sobre todo los recién aprobados.

Por el FMLN Juan Manuel Flores (Biólogo) Y el sindicalista Werner Marroquín Chavarría,  por ARENA los empresarios  Joel Humberto Sánchez y Hilcia Bonilla Vásquez, por Nuestro Tiempo Luis Alberto Parada (Abogado)  y Celia Yaneth Medrano (Periodista), y por Fuerza Solidaria el doctor en medicina  José Javier Renderos y el Ingeniero agrónomo el Rafael Montalvo.  Vale señalar que aun en las mismas bases oficiales de estos partidos políticos existe una  apatía y desencanto debido a la falta de democracia interna  ello fue notorio en la participación de las bases en dichas elecciones internas como ejemplo Nuevas Ideas.

Oposición electoral:  oportunismo, falta de unidad e ingenuidad

Bajo las condiciones creadas a su favor por el oficualismo, los partidos opositores se preparan para disputarle los cargos de eleccion Popular, deben saber que las condiciones bajo las cuales se realizaran las elecciones no son las mismas en las cuales se realizaban después de los Acuerdos de Paz. Hasta el momento Bukele no ha realizado ninguna acción directa contra de gran envergadura contra los dientes de la “oposición” electoral por considerar que tiene el control del sistema electoral  a su favor, ante una masa electoral desilusionada con los procesos electorales,. En el momento que Bukele  sienta amenazada su hegemonía  sacara las garras.

El oportunismo y los intereses particulares, no han permitido  a las cúpulas de los partidos de oposición tomar Acuerdos  para evitar que la dictadura se consolide.

Por otra parte los partidos de oposición buscan atraer al Movimiento social y sindical opositor al gobierno, desviando el descontento  contra el gobierno hacia las urnas.

Es momento de discutir una política electoral

Las organizaciones  políticas  de izquierda, organizaciones sindicales, estudiantiles, indígenas y populares opositoras al gobierno no pueden cerrar los ojos ante los procesos electorales qué se avecinan, más aún cuando se está ante un recorte de las libertades democráticas y la amenaza de una dictadura, por ello  es necesario la Unidad de las  mismas y la discusión de una política de cara a las elecciones y ante todo apelar a los legítimos métodos  de  lucha propios de la clase trabajadora y del pueblo Salvadoreño.

Por: Alberto Castro

Algo que caracteriza al Gobierno de Nayib Bukele es que todo lo hace bajo arbitrariedades, opacidad y falta de acceso a la información pública. Al final de esta cadena de artimañas está la corrupción, la que lejos de ser combatida a gran escala, tal y como él lo dijo durante su campaña electoral, inicios de su Gobierno y que aún sostiene en sus post publicitarios, pero lo cierto es que la ha legitimado a través de instrumentos legales, al punto de estructurarla institucionalmente, pero esta corrupción al ser disfrazada no se reconoce como tal. Se trata de mecanismos donde se organiza el ejercicio de las obras y servicios públicos bajo premisas establecidas por los hilos del oficialismo, por eso es entendible el porqué de, que si estos mismos ejercicios y prácticas suceden fuera de  las vías de autorización entonces el resultado es sencillamente corrupción, sancionable bajo tipificación penal.

Eso explica por qué ha caído alguno que otro funcionario o empleado público, mientras que en otros casos que han sido expuestos por los medios de comunicación siguen sin sancionarse (aunque también mucho tiene que ver la dirección política que tiene la Fiscalía General de la República (FGR)). El bukelismo previendo los impactos negativos que esto podría repercutir en la campaña electoral y viéndose vencedor en las próximas elecciones, desde ya toma medidas de cara al futuro. Para no tener que lidiar más con este inconveniente, ha trazado el terreno para que la corrupción se vuelva casi invisible e indetectable, fue así que recientemente la Asamblea Legislativa aprobó unas reformas a la Ley Especial de Contratación de Obra con financiamiento Incluido, veamos de qué va esto.

Una reforma para beneficiar a la DOM

La Ley Especial de Contratación de Obra con financiamiento Incluido, fue aprobada en el 2022, siendo su ámbito de aplicación en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esta Ley vino a ser la reglamentación de una maniobra que el Gobierno realizó ante la falta de financiamiento que presentó el MOP teniendo los XIV Juegos Centroamericanos y del caribe a la vuelta de la esquina, la cual le permitió tener garantía que las obras se realizarían, pese a no contar al momento de contratación de la obra pública, con el financiamiento respectivo. La forma de ejercicio era la siguiente: luego de terminada la obra por la empresa privada el Estado contrae la obligación del pago que costó dicha obra. Además, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), con esta Ley se ha beneficiado al ejecutar las obras con las reservas de información en la ejecución de la infraestructura que realiza,          sobre todo posterior a la reforma que esta tuvo a partir de la cual puede realizar transferencias a las sociedades mercantiles, evadiendo el control del gasto público y de las auditorias de la Corte de Cuentas de la República, lo que significa CORRUPCIÖN.

La reforma de la Ley Especial de Contratación de Obra con financiamiento Incluido, obtuvo 66 votos a favor y nueve en contra, parte con la ampliación en los alcances de esta ley especial, extendiendo su ámbito de aplicación a todas las esferas del Estado, instituciones autónomas y alcaldías, lo que implica que en lo medular la forma de contratación de obras y compras de lo que en abstracto la Ley llama servicios esenciales, fue esto último lo que generó inquietudes incluso entre los aliados de la bancara cyan, pues la Ley no determina que se entiende por servicios esenciales, siendo una ambigüedad que deja a criterio a la dirección de los ministerios, instituciones y alcaldías fijar cuales son los servicios esenciales, de modo que  esto no es más que la autorización legal para que se realicen arbitrariedades en el ejercicio de contratación de servicios y obras públicas.

La corrupción como bandera de lucha   

En este artículo hemos abordado un experimento de colusión que realiza el bukelismo, similar a la experiencia china en lo que se refiere a la interferencia en la esfera pública y privada a través de los vínculos entre ciertos sectores empresariales con el grupo político ligado al poder. La lucha contra la corrupción en El Salvador es un desgastado discurso de demagogos,

por lo que la clase trabajadora debe combatirla teniendo como objetivo superar al sistema capitalista.

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