Por: Salvador Belloso
El 15 de septiembre del año pasado, Nayib Bukele, anunció lo que a voces se sabía; su candidatura de cara a las elecciones presidenciales del 2024. A pesar del impase constitucional logró sobre pasar tal obstáculo mediante un fallo de la Sala de lo Constitucional un año anterior, tomando en consideración que al asumir sus funciones, la Asamblea Legislativa 2021-2014  con las bancadas de Nuevas Ideas y GANA quienes juntos hacen mayoría absoluta, el bukelismo destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y en su lugar eligió magistrados que respondieran a sus intereses, lo mismo sucedió con el Fiscal General de la República.

Con los magistrados de la Sala de lo Constitucional a su favor Bukele evita tener los obstáculos que en sus diez años tuvo el FMLN, así puede reelegirse sin inconvenientes legales además de realizar cualquier política sin tener consecuencias en contra por la vía constitucional.       
Preparar el derecho a la insurrección  
Desde el mismo instante que Bukele anunció su reelección la oposición saltó en rechazo por contradecir a la Constitución, ante la opinión pública se ha argüido la reelección como sinónimo de anticonstitucionalidad y como una muestra de las intenciones de perpetuarse en el poder. Las críticas han sido acompañadas con denuncias públicas, y dentro de las observaciones realizadas aparece la insurrección como indicativo de solución ante las flagrantes violaciones a la Constitución.

El artículo 87 Cn establece el Derecho a la Insurrección con el propósito de restablecer el orden alterado y, valga la redundancia volver al estado anterior. Es de tomar en consideración que la Constitución vigente data desde 1983, redactada en plena guerra civil, echada andar sobre un Estado que se planteaba su propia sobrevivencia, por ello en las llamadas clausulas pétreas (arts. 83 al 89 Cn), se fijaron la reglas del juego donde se  bloqueó la posibilidad que por la vía democrática ascendieran dictadores al poder, y cuando se inobserven estas cláusulas y se violente el orden constitucional establecido, como consecuencia legal se faculta la insurrección para detener las causas que le alteran e imponer el orden utilizando medidas coercitivas para ello, es decir, esto se refiere a la facultad para imponer golpes de Estado, pero para volver a poner las reglas del juego en un sitio supremo, como un pacto entre partidos y facciones de clase burguesa. La palabra pueblo en el texto indicado es una estrategia discursiva que disfraza su significado real, porque en cambio al pueblo propiamente dicho, no se le permite revelarse organizadamente ante el poder político, y en caso de hacerlo a ese acto se le denomina ya sea  rebelión o sedición, si este es el caso lejos de un reconocimiento positivo se castiga duramente tal acto.

La oposición parlamentaria se pierde y naufraga en el discurso sobre la insurrección como si se tratase de un simple llamado a deponer la alteración actual, esta oposición carece de control militar y no tiene la fuerza social necesaria como para presionar a las Fuerza Armada de El salvador (FAES), a dar golpe de Estado. La realidad es distinta: el bukelismo tiene buena relación tanto con la FAES y   con la Policía Nacional Civil (son instrumentos de terror), y se encamina a ganar las próximas elecciones sin ningún impedimento, mientras la oposición pierde cada vez más su credibilidad pues al final la intención verdadera es acumular fuerza electoral.        
Que solo nuestras propias fuerzas nos representen
La clase trabajadora y pueblo salvadoreño no deben dejarse embaucar con la propuesta que desde el bukelismo se plantea, donde si no apoya a Bukele pertenece la oposición formal (ARENA-FMLN), tampoco dejarse cobijar por esta oposición que no tiene más propósitos que resurgir como alternativas electorales. Debemos plantearnos emplear resistencia contra la dictadura e ir por auténticas y legitimas sendas revolucionarias, porque aquí no tienen cabida aquellos intereses ajenos a las clases subalternas. Confiemos en nuestras propias fuerzas y en nuestra capacidad organizativa para afrontar los desafíos que supone luchar por la conquista del poder.

Por Enrique Sánchez

Producto de discusiones virtuales y de una visita realizada por una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre el 30 de enero al 8 de febrero del presente año, dicho organismo emitió una declaración el 10 de febrero en la cual dicta al gobierno de Bukele una serie de insistentes recomendaciones las cuales son contrarias a los intereses de la clase trabajadora que labora en las diferentes instituciones del gobierno central, autónomas y municipales y demás trabajadores.

FMI un organismo intervencionista

El Fondo Monetario Internacional (FMI), es un organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas (UN), es la institución central del sistema monetario internacional, creado en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, y entro en funcionamiento en 1945, el FMI  promueve la estabilidad financiera internacional acosta del bienestar de las mayorías mediante la supervisión, asistencia financiera y asistencia técnica y capacitación para ayudar a los gobiernos.

Parte de la asistencia financiera  son los préstamos otorgados al gobierno como ejemplo los US$389 millones aprobados al gobierno de Bukele en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido para enfrentar la pandemia del coronavirus. Como parte de la supervisión realizan la visita anual para realizar una evaluación de las condiciones económicas y recomendar  políticas económicas.

El FMI es un organismo que si bien otorga financiamiento al gobierno este tiene que cumplir ciertas condiciones, una de ellas es la implementación o ejecución de sus recomendaciones, las cuales están orientadas a mantener el crecimiento económico y la estabilidad financiera, recargándola a la clase trabajadora.

Crecimiento económico versus Inflación

En el  informe, el FMI sobre sale el crecimiento del 2.8 por ciento del 2022, lo cual ha estado influenciado por la implementación del Plan Control  territorial, aumento considerables de los ingresos por el envió de las remesas y por la diversificación de la economía mediante el turismo. Al respecto dicho informe señala que “…Se están implementando reformas para subir el crecimiento potencial dirigidas a la mejora de la seguridad (Plan Control Territorial), la diversificación de la economía (por ejemplo, mediante la promoción del turismo a través de Surf City), la reducción de los costos del comercio y la disminución del tiempo necesario para realizar trámites administrativos.… la economía salvadoreña creció a un ritmo robusto el año pasado… Desde marzo de 2022, la reducción sin precedentes de la delincuencia y los fuertes ingresos por remesas y turismo han contribuido a la robusta dinámica de la actividad y la inversión. Entre tanto, la inflación anual promedio alcanzó el 7.2% el año pasado…”

A pesar del  crecimiento económico mencionado por el FMI, para el 2022 la  inflación anual promedio alcanzó el 7.2%, mientras se habla de crecimiento el pueblo salvadoreño sufre los efectos de dicha  inflación, en ese mismo la año el pueblo salvadoreño ha tenido que pagar más por los productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)  según la  la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) “…la CBA cerró el 2022 con un precio de $240.37 para las familias que viven en la zona urbana, y $181.54 para las que viven en la zona rural…” (EDH. 16/01/2023). Lo significa que el pueblo salvadoreño a tenido que pagar más por sus alimentos, situación que se agudiza cada día más.

Perspectivas económicas,  mejoría en la seguridad y régimen de excepción

Según informe…”Se prevé que el PIB real crezca un 2.4 por ciento en 2023, por arriba de su promedio histórico, impulsado por el consumo privado, la inversión pública y el turismo, con una inflación anual promedio moderándose hasta el 4.1 por ciento,…En un escenario base sin acceso al mercado, se prevé un aumento de la deuda pública de corto plazo, impidiendo el restablecimiento de colchones de reservas adecuados… desaceleración marcada en Estados Unidos podría perjudicar las exportaciones y las remesas, especialmente si se ralentiza el mercado laboral estadounidense…En el plano interno, las desviaciones sobre las políticas públicas podrían debilitar la confianza de los inversores y choques de liquidez podrían frenar el crédito al sector privado y el crecimiento. No pueden descartarse choques debidos al cambio climático y a otras catástrofes naturales”.

El crecimiento económico podría ser influenciado por la…”mejora de la situación de seguridad lo cual…podría dar un impulso mayor de lo previsto a la inversión privada y al crecimiento, reducir la emigración y fomentar el retorno de migrantes.  Vale señalar que la principal herramienta con que cuenta el gobierno de Bukele como parte  del plan de seguridad  y de la guerra contra las pandillas es el régimen de excepción el cual fue inicialmente aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 y ha sido  aprobado por undécima vez el 15 de febrero del 2023, producto de dicho régimen de excepción según el gobierno le “…ha permitido la captura de más de 64,111 terroristas. Al mismo tiempo, se ha logrado traer paz, tranquilidad y libertad de circulación a las personas, llevar la tasa de homicidios del país a la más baja de Latinoamérica…” (https://www.asamblea.gob.sv/node/12667)

Además de lo anterior el régimen de excepción le ha permitido al gobierno de Bukele en unidad con la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa la  suspensión de  Derechos Humanos Fundamentales y garantías constitucionales, falta de transparencia en el manejo de fondos públicos, falta de acceso a la información. A medida que pasa el tiempo el régimen de excepción está siendo utilizado por el gobierno para callar y aterrorizar toda voz disidente dentro del oficialismo, a la oposición política y las organizaciones sindicales. Poco a poco El Salvador se acerca a una Dictadura pero esto no parece importarle  el FMI, lo que le importa es quien ejecute sus recomendaciones y asegure sus políticas económicas, pues se puede constatar en los elogios realizados a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

Disminución de la deuda pública y  la de los bonos FOP

Respecto a la deuda el FMI señala que la...deuda pública ha descendido hasta el 77 por ciento del PIB en 2022, pero sigue siendo elevada y se encuentra en una senda insostenible…”  Este descenso de la deuda ha sido producto de la aprobación en diciembre del 2022 de la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones y la consiguiente aprobación de la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) y la disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).

Respecto a la reforma de pensiones el FMI considera que “…el aumento del 30 por ciento de los derechos de pensión acelerará las disminuciones de fondos de las cuentas de capitalización y, probablemente, se traducirá en mayores pasivos del gobierno a mediano plazo. Del mismo modo, aunque el canje de deuda propuesto entre los antiguos bonos emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Provisionales (FOP) y los nuevos bonos emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) podría proporcionar cierto alivio temporal de caja al gobierno, reduciría los fondos disponibles para la inversión privada y acentuaría la concentración de fondos en títulos del sector público…”

En otros términos la reforma al sistema de pensiones ha sido una maniobra debido a que la deuda contraída por el estado    con el sistema previsional adquirida mediante el FOP la cual a noviembre del 2022 rondaba los  $6,089.2 millones fue eliminada de la deuda pública  y  además le permite al gobierno  echar manos de los fondos de las pensiones de los trabajadores de forma ilimitada, es más lo mismo que hicieron los anteriores gobiernos. Al FMI no es que le preocupe que el gobierno tome los fondos de los trabajadores o que los trabajadores tengan una pensión digna, sino que el gobierno tenga como pagarle la deuda para así poder continuar prestándole.

Dicha reforma al sistema de pensiones si bien significo un incremento del 30% de la pensión, este ha sido limitado y ha terminado beneficiando más a las Administradoras de Fondos de Pensiones. El problema de las pensiones no ha sido resuelto.

Dictados contra empleados públicos y el pueblo

Además del tema de pensiones el FMI aborda otros temas de cuales emite otros dictados así en materia Ingresos tributarios, refiere que…debería considerarse el aumento de la tasa de impuestos sobre el consumo, esto implicaría un aumento del IVA.

Respecto a las Remuneraciones públicas. Señala que “… A pesar de algunos esfuerzos por contener el gasto salarial en el presupuesto de 2023, se prevé que el gasto en remuneraciones siga superando el 11 por ciento del PIB. Por ello, debería considerarse la derogación de los mecanismos especiales de indexación salarial y una reforma del servicio civil que refuerce el vínculo entre cualificaciones y retribuciones, así como el redimensionamiento del empleo público. Lo anterior significa un congelamiento del aumento de los salarios, reducción del aparato del estado, ataques directos a los trabajadores públicos.

En materia de Subsidios energéticos hace el llamado al gobierno a eliminarlos y mejorar la focalización señalando “…Aunque se han dado pasos positivos para poner fin a la congelación de los precios de la gasolina y el diésel en 2022…, debería considerarse la eliminación del subsidio universal al GLP (Fondo de estabilización) y mejorar la focalización del subsidio al GLP basada en una tarjeta (Tarjeta Solidaria)…”  Este es un claro golpe a los sectores medios.

Gran parte de estos dictados también fueron realizados a los gobiernos de ARENA  y del FMLN quienes los obedecieron de igual manera el gobierno de Bukele en la práctica ya los está implementando aprovechando el mismo régimen de excepción contra los trabajadores y los sindicatos.

Por: Alberto Castro

’’El policía es un juez en la calle que tiene criterios para poder, identificar e individualizar a cualquier persona’’, esto fue lo que dijo el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, durante la solicitud para otra prorroga más del régimen de excepción, posteriormente este mismo extracto del discurso fue replicado en un tuit por la misma PNC, como una forma de robustecer lo expresado por el titular de dicha institución, ante una inminente avalancha de reacciones que ineludiblemente habría de provocar.

Profesionales del Derecho, representantes de organizaciones que velan por los derechos Humanos y hasta el máximo representante del Movimiento de los Trabajadores de la Policía MTP, Marvin reyes, han rechazado tal aseveración haciendo mostrar las diferencia en funciones que existen entre policías y jueces, dadas a partir de preceptos legales. Más allá de las críticas basadas en el ordenamiento jurídico que correctamente conducen a mostrar lo equivocado que está Arriaza Chicas, en sus declaraciones, pero más atención merece la declaración de intenciones que están por encima y, es ahí donde debemos centrarnos.

Dimensionando las palabras de Arriaza Chicas       

Lo que el director de la PNC dijo no debe medirse únicamente bajo el marco normativo, sino más bien por lo que de facto se le ha atribuido a la PNC desde el inicio del régimen de excepción, porque es a partir de ahí que ha sido develado con más descaro su naturaleza como cuerpo represivo, además se puede ver la orientación clasista bajo la cual actúa junto a la Fuerza Armada de El salvador (FFAA), enfocados de manera enfática sobre las áreas territoriales donde las organizaciones pandilleriles ejercían, hasta hace unos meses atrás control de territorios, de modo que las operaciones represivas, que son ejercidas con métodos de guerra civil se están desarrollando donde viven la clase trabajadora y los sectores populares, la guerra contra las pandillas es al fondo una violencia política orgánica, donde se exime de ella a la clase media y burguesía. Todo el que viva donde antes controlaban las maras y pandillas son objeto de sospecha, al mismo tiempo preventivamente se ha disminuido la posibilidad de respuesta ante tal acecho.

Prestemos atención al hecho que el bukelismo reprime mediante el encarcelamiento/asesinato de líderes y dirigentes sindicales y populares,  pero es indemne a respuestas, esto porque con su propaganda ha convencido incluso a sus propias víctimas que su proceder es necesario, se apoya en la muestra de las estadísticas de homicidios y en la evidente desaparición física de las organizaciones pandilleriles en las calles, por tranquilidad  se ha concedido la tolerancia  a los abusos del Estado, pero esta tranquilidad no es duradera y con el tiempo conoceremos que no ha sido una solución real, es otro problema que toca cuanto antes tratar. Entre tanto los agentes de la policía tienen la carta blanca para reprimir y ejercer violencia sin ninguna consecuencia legal, de modo que tienen impunidad, la que es garantizada por el bukelismo.

La seguridad es una artimaña que esconde el verdadero mal

Las palabras del director de la PNC son declaración de intenciones, las debemos dimensionar al nivel mismo de la amenaza que encierran, porque es de prestar cuidado al peligro que envuelve el que, elementos de la PNC tengan amplias facultades para actuar con  criterios no determinados por razonamientos ajustados al ordenamiento jurídico, en su lugar se dejen guiar por la simple libertad de actuar según se les antoje; ser juez y parte ante cualquier circunstancias que se les presente.

  La libertad discrecional quedaría relevada por  la arbitrariedad dictada por el capricho o la voluntad del agente policial que podría ser racional o no irracional. Esto es un retroceso el cual se supone había sido superado, donde los cuerpos represivos persiguen y juzgan sin las garantías ni el debido proceso, por tanto la clase trabajadora que ha sufrido durante décadas el accionar de las pandillas, y ahora ha sido cubierta por la falsa idea que se debe apoyar el régimen de excepción, pues todos los atropellos por parte del Estado son necesarios y convenientes, es momento de rechazar tal farsa y combatirla. 

Por: Alberto Castro

En El salvador tanto el Gobierno, algunos gobiernos municipales y la empresa privada se están dando un festín de la clase trabajadora salvadoreña, por un lado el Gobierno de Bukele-Gana-NI, logró imponer  la continuación del neoliberalismo en el sistema de pensiones; la reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), no ha resuelto para la clase trabajadora el problema de jubilación e invalidez, en cambio le ha permitido oxigenar al Gobierno con dichos fondos quien ha utilizado el régimen de excepción para disolver las protestas e impedir la continuidad de las luchas, encarcelando y asesinando dirigentes sindicales.        

Algunas alcaldías como las de Mejicanos, San salvador y Soyapango han sido noticias por violentar derechos laborales,  lo que evidencia un problema de fondo, el cual es efecto subsecuente de arremetidas sistemáticas por parte del Gobierno central, donde incide de manera directa la centralización, destino de los fondos y gastos de las alcaldías del país, aunque esto no exime de ninguna responsabilidad a los ediles.

La empresa privada se favorece de la dispersión y poca coordinación de las organizaciones sindicales para violar Derechos laborales, según el Observatorio de Derechos Laborales del  Servicio Social Pasionista, en cuanto a la juventud comprendida entre los 18-29 años sufren de violaciones como: salarios injustos que no se ajustan al Salario Mínimo Vigente; tampoco se respetan las horas laboradas comprendidas en el Código de Trabajo; sin prestaciones de ley, pero eso sí, allí sobran irregularidades con la seguridad ocupacional.

Pese a estas acometidas sufridas por la clase trabajadora, el movimiento sindical no responde adecuadamente a las circunstancias, y es aquí donde surge la necesidad de encontrar soluciones. los sectores populares están siendo víctima de una política fascista enfocada volcada contra los sectores populares.

Autonomía e independencia de clase

En la década de los Gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hubo un sindicalismo apéndice a dicho partido, el sindicalismo independiente fue menor en cuanto a lo cuantitativo en este periodo de tiempo. Con el cambio de Gobierno en 2019 a la fecha esto no ha cambiado en cuanto a su esquema, muy por el contrario, se ha degenerado en algo más perverso donde el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, tiene un rol determinante.

Con la entrada de la dictadura se abrió paso más allá de la influencia del Ejecutivo, siendo posible su injerencia descarada dentro de algunas organizaciones sindicales, esto ha sido posible mediante la colaboración de sus dirigentes, estos son los mismos que están a la cabeza de la Unidad Sindical Salvadoreña y de Poder popular, espacios donde se aglutina buena parte del movimiento sindical salvadoreño. Al otro extremo tenemos organizaciones sindicales independientes respecto a la dictadura, pero que sin embargo políticamente sufren la influencia de la oposición del bukelismo, en un claro ejemplo podemos contemplar cómo a la Alianza Nacional por un El salvador en Paz, como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, no debemos desechar que aquí es donde se ha aglutinado resistencia contra la dictadura, y donde se están realizando esfuerzos unitarios al punto de coordinar las reivindicaciones generales (por ejemplo las pensiones), y muestras de solidaridad con las víctimas de la dictadura, sin embargo con el propósito de fortalecer la independencia y unidad de clase dentro de estos espacios, es oportuno advertir que al carecer de política de clase e independencia como tal, caen en el error de retomar la política reformista y burocrática de la oposición oficial, que no es más que otra variante burguesa. 

Organicémonos contra la dictadura

Es importante dar saltos de calidad en cada uno de los esfuerzos unitarios actuales, para ello debemos imponer la necesidad de organizar la lucha contra la dictadura, a través de la coordinación dentro de una planificación operativa, para lo cual se requiere del cambio del modo actual de organización, que deje atrás el burocratismo de los directorios y acuerdos entre direcciones alejadas de las bases, por juntas sectoriales donde se discuta y se definan acciones concretas.