Por Rodrigo Quesada Monge

Existen muchas formas de abordar el centenario del Primero de Mayo en un pequeño país centroamericano como Costa Rica, porque estas condiciones establecen una particularidad histórica que lo vuelven único, pero al mismo tiempo universal. Las efemérides pueden quedarse en eso solamente, en efemérides. También las iglesias y los estados, así como las burguesías en todas partes del mundo, tienen sus efemérides. Por eso una manifestación es algo tan diferente a una procesión. En la primera predomina el coraje y la rebeldía. En la segunda la sumisión y el ritual. Por eso hay que evitar que un centenario como éste, el del Primero de Mayo en Costa Rica, caiga en ese ritual anodino y casi siempre improductivo, a los que nos tienen acostumbrados las clases dominantes.

Hoy, como nunca antes, esta clase de celebraciones no deberían repetir la molienda en la que se han convertido las tantas veces manipuladas fiestas patrias. El Primero de Mayo lo recordamos no tanto porque sea eso, precisamente, una fiesta, sino, sobre todo, porque es una forma de reavivar la idea de que hay muchas cosas por hacer para las clases trabajadoras, los campesinos, las mujeres, los intelectuales y los artistas de todo el mundo, a fin de contener la abrasadora avalancha que se nos ha venido encima, luego de la tragedia que fue la derrota del socialismo real en 1989 y 1991. Una tragedia que jamás les dio la razón a los ideólogos y defensores del sistema económico, el cual cada vez más demuestra su gigantesca incapacidad para resolver los grandes problemas de la Humanidad, sino que más bien esta tragedia, produjo una desbandada triste y desencantada de algunos dirigentes de las clases trabajadoras, lejos de las posibilidades del socialismo en el largo plazo.

Aquellos otros que mantuvieron sus sueños, sus ilusiones, las utopías y las esperanzas de que un mundo diferente fuera posible, se quedaron con las manos llenas de anhelos, respecto a su capacidad para decidir entre socialismo o barbarie, como decía Rosa Luxemburgo. Recordar el centenario del Primero de Mayo es recordarnos a nosotros mismos que hay mucho por hacer, y realmente poco que celebrar. Porque el triunfalismo del sistema económico vigente, desde que se operara el repliegue histórico y estratégico de las luchas por construir un sistema económico alternativo y más humano, ha querido arrebatarnos a todos los hombres y mujeres de a pie, el derecho a soñar, a disponer de una vida más productiva, más feliz, más solidaria y desjerarquizada. Recordar el Primero de Mayo es recordar que todas estas tareas están pendientes, hoy más que nunca insistimos.

La conmemoración del Primero de Mayo está compuesta precisamente de eso, de recuperar la memoria con nuestros compañeros y amigos de clase, de una larga historia de luchas, derrotas sonadas, éxitos transitorios, y, sobre todo, de una extensa cadena de fracasos, encarcelamientos, asesinatos y persecuciones de nuestros hombres y mujeres más heroicos y decididos, que no podemos olvidar en ningún momento, pues su ejemplo

es una conminación ineludible a tomar consciencia de que las grandes tareas a favor de los humillados, los explotados, los oprimidos y los arrinconados todavía están pendientes.

El Primero de Mayo nos evoca que la clase trabajadora tiene historia. Que sus grandes y pequeños logros son el resultado de luchas feroces, sangrientas, y de unas tonalidades sacrificiales que los que se llaman a sí mismos historiadores, deberían estarnos recordando constantemente. El Primero de Mayo no se reduce a los bien conocidos tres ochos, de los que, hasta la misma burguesía habla con cínica alegría: ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, y ocho horas de ocio. Esta conmemoración va más allá, pues está compuesta también de una textura social y cultural, la cual los historiadores aún no logran retratar por completo. Tal cosa sucede porque la instalación de la fecha del Primero de Mayo como día internacional de los trabajadores en 1889, pudo verse como una feliz concesión por parte de la burguesía todopoderosa, que podía darse el lujo de legitimar la oposición a su institucionalidad.

Hoy, muchos siguen creyendo, en sus afanes maltrechos por borrar la historia de un plumazo, que el Primero de Mayo vino al mundo porque así lo decidió buenamente una burguesía segura de sí misma, que podía permitir la existencia de grupos, políticos e intelectuales férreamente opuestos a su visión del mundo, sin temer que sus instituciones se tambalearan. No olvidemos que la mayor parte de estos opositores, Marx, Lenin, Trotsky, Kropotkin, Emma Goldman, Rosa Luxemburgo, Carlos Luis Fallas, Carmen Lyra, y muchos otros, fueron perseguidos, encarcelados, exiliados, desnacionalizados y finalmente aniquilados, por esa misma burguesía que decía estar muy segura de su revolución industrial.

Las grandes conquistas de la clase trabajadora en Costa Rica, durante los años cuarenta del siglo veinte, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Código de Trabajo, los derechos sindicales, una jornada laboral más humana, las garantías sociales y muchos otros, no fueron jamás concesiones felices hechas por una burguesía cafetalera segura de que Costa Rica era una pequeña finca de su propiedad. Tampoco fueron logros

obtenidos por acuerdos políticos e ideológicos inter clasistas extemporáneos, como han sostenido algunos historiadores, tratando de vendernos la imagen de una Costa Rica, en la cual la lucha de clases jamás tendrá lugar. Si tal cosa hubiera sido cierta, la guerra civil de 1948 nunca hubiera pasado de ser una simple anécdota.

Es en esta dirección cuando adquiere sentido la conmemoración del Primero de Mayo, porque, la década de los años cuarenta del siglo veinte, sólo puede comprenderse a través del prisma de las organizaciones obreras y campesinas, que se asomaron al siglo desde 1913. Y por más aburrida que sea la historia sindical, como dice un historiador británico (David Cannadine), ella es un monumento, una masa gigantesca de logros y fracasos, de lo que han constituido las luchas de las clases trabajadoras a lo largo de la historia, en violento contraste con las supuestas concesiones hechas por las clases dominantes. Éstas conceden solamente lo que se les arranca a golpe y porrazo.

De tal forma que no es posible tener un retrato más o menos cierto de los avances hechos por los trabajadores en los años cuarenta en Costa Rica, sin comprender ampliamente que la segunda parte del siglo XIX prepara, arropa y augura esos logros.

Desde 1870, cuando la inserción de Costa Rica en el mercado mundial, anuncia la modernización de puertos, muelles y caminos, así como la construcción de ferrocarriles, y el consumo suntuario de jabones, perfumes y sombreros europeos (ingleses, alemanes, franceses y holandeses), las clases trabajadoras y los campesinos de este país, dibujan una consciencia de clase en la cual, cada vez con más vigor, cristaliza la diferencia de intereses, preocupaciones, identidades y aspiraciones.

En los valiosos trabajos de historiadores como Mario Oliva, Carlos Luis Fallas Monge, Vladimir de la Cruz y Marielos Aguilar se puede seguir, paso a paso, cómo evoluciona esa consciencia de clase. Los puntos de reunión, las lecturas, las formas de organización y lucha, así como los periódicos, revistas y panfletos que consume el trabajador costarricense, incluso sus dietas y vestidos, son magistralmente rescatados por dichos historiadores, permitiéndonos ver cómo las artesanías y las manufacturas del San José urbano, al lado de las primeras organizaciones sindicales en el agro nacional y aquel de propiedad extranjera, configuran una visión de mundo que tiene muy poco que ver con aquella que busca universalizar la clase dominante, aunque ello signifique manipular la historia de una gesta tan importante como la guerra patria de 1856, en la que los muertos los pusieron los pobres.

Es el grado de madurez de la consciencia de clase de los trabajadores y campesinos costarricenses, la que hizo posible fundar el Primero de Mayo de 1913, como una fecha decisiva en el calendario de su desarrollo. Y esa consciencia de clase, gravita beneficiosamente sobre las almas y los quehaceres de los luchadores y luchadoras de los años cuarenta del siglo veinte en Costa Rica. A pesar del supuesto colaboracionismo de clase que condujo hacia la guerra civil de 1948, de acuerdo con algunos historiadores costarricenses y norteamericanos. La radicalidad de consciencia de aquellos trabajadores que le dieron lugar a 1913, le metió presión social, y sustento histórico a los logros de los años cuarenta, y desnaturaliza la pretendida tibieza estratégica en que pudieran haber entrado los trabajadores organizados, en virtud de los torpes avances que hacía un capitalismo dependiente y sumiso, como el costarricense en aquellos momentos.

Era radical la nueva intelectualidad costarricense de finales del siglo XIX y de principios del XX, que vino al mundo cristalizando con una generación de hombres y mujeres dispuestos a pensar los asuntos sociales, económicos, políticos y culturales de otra forma, fuera del contexto establecido por una burguesía cafetalera que hacía todos los esfuerzos posibles por integrar a Costa Rica en el mercado mundial, pero entregando

la integridad, la independencia y la dignidad. Eran radicales los hombres y mujeres que trajeron libros extranjeros, ideas y preocupaciones de otras latitudes del mundo, donde los trabajadores hacían grandes avances a favor de sus sueños, aunque ello implicara sacrificios de proporciones históricas, como fue el caso de la Comuna de París en 1871.

Fueron radicales los trabajadores italianos, los españoles, los negros y los chinos que le brindaron a este pequeño país centroamericano, una nueva y agresiva idea de lo que significaba el internacionalismo, según lo habían imaginado los héroes y mártires de Chicago en 1886.

De tal forma que la radicalidad con la que debería ser pensada la conmemoración del Primero de Mayo en Costa Rica, debería recordarnos también que la cultura artesana y obrera, de profunda raíz urbana, convirtió a la consciencia de clase, en manos de los trabajadores y de los nuevos intelectuales surgidos a su calor, en una herramienta de gran poder para fomentar el buen criterio, la independencia, el orgullo de clase y una soberbia revolucionaria que demandaba y exigía lo que creía necesario y conveniente para enaltecer su dignidad como personas y como seres humanos en pleno desarrollo.

Son estos ingredientes los que vemos crecer con vigor y pujanza entre los años que van de 1913 a 1932. El 1 de Mayo no es una fecha conmemorativa, ni tampoco un aniversario, ni mucho menos una fiesta. El Primero de Mayo debe ser un símbolo y una esperanza, un porvenir y una realidad, decían los trabajadores costarricenses en 1916. Tal criterio, emitido en un período histórico abundante en problemas económicos, sociales y políticos, decanta con precisión una óptica desarrollada por los trabajadores con respecto a los cambios que estaba experimentando el capitalismo internacional. Durante los años veinte, la protesta popular urbana, todavía bajo la radical y romántica visión del precoz anarquismo costarricense, es el reflejo del fuerte impacto que iría a tener la depresión capitalista, en una economía pequeña como la costarricense, sujeta a los vaivenes del mercado internacional.

No está de más apuntar que, indistintamente de que la textura organizativa e ideológica del movimiento popular, durante estos años, sea diversa en función de parámetros geográficos, la radicalidad revolucionaria de la protesta popular no se agota en las tareas transitorias de la lucha sindical, como eran los salarios, los precios de los alimentos, de los servicios públicos, y de la jornada laboral. La lucha contra el sistema capitalista, iba más allá de la simple consigna callejera. Las huelgas de los años veinte, impulsadas por zapateros, sastres, linotipistas, panaderos y otros artesanos urbanos, indicaban que la clase trabajadora había encontrado medios y fines muy distintos a los promovidos por los sectores sociales dominantes. De inmediato, habría que apuntar que, mientras estos últimos se desgastaban tratando de encontrar la vía correcta para resolver sus problemas internos, a través de golpes de estado, cuartelazos y contubernios políticos que a duras penas amortiguaban el impacto que estaba teniendo la depresión capitalista internacional, los trabajadores en las regiones agrícolas y agro exportadoras más conflictivas, como las de producción bananera, le daban forma a una lucha sindical que se incrustaba en las lecciones históricas recibidas de las huelgas de los italianos a finales del siglo XIX.

Es esa radicalidad revolucionaria la que el Partido Comunista de Costa Rica, a partir de 1934, logró sistematizar e instrumentar de manera efectiva, dándole forma a una protesta popular que cada vez que recordaba al Primero de Mayo, lo hacía con la clara precisión de quien tenía bien perfilado al enemigo de clase. Para muchos que, por estos mismos años de la década de los treintas y cuarentas, creían ciertamente que en Costa

Rica no existían conflictos sociales, y que todo podía ser resuelto al calor de un café caliente y de una buena conversación, las ideas y prácticas de hombres como Carlos Luis Fallas, Carmen Lyra, Manuel Mora Valverde, Carlos Luis Sáenz, Luisa González, Arnoldo Ferreto, Humberto Vargas y muchos otros, resultaban inauditas y extemporáneas, porque habían introducido en la supuesta cultura democrática del costarricense promedio, nuevas nociones con las cuales la historia de Costa Rica podía ser reinterpretada de forma totalmente diferente. Eran la noción de conflicto, la noción de imperialismo, la noción de la lucha de clases, la noción de revolución, que el anarquismo, durante la segunda parte del siglo XIX y principios del XX, trató de impulsar con figuras del calibre de Joaquín García Monge, Omar Dengo y Roberto Brenes Mesén, solo para mencionar algunos de los más destacados.

Pero el Partido Comunista de Costa Rica, luego Vanguardia Popular, demostró que era posible celebrar el Primero de Mayo en la prisión, como lo haría su comisión política en 1948 en la Penitenciaría Central de San José. Le había llegado la hora al más feroz anti-comunismo de que se tenga memoria en la historia costarricense del siglo veinte.

Porque muchos de aquellos dirigentes comunistas, arriba mencionados, tuvieron que dejar el país, bajo amenaza de muerte, para nunca más volver. A partir de este momento, la textura de las celebraciones del Primero de Mayo, cambió sustancialmente, y se convirtió en un gesto de rebeldía que les estaría recordando a los costarricenses, que se había hecho una gran injusticia con hombres y mujeres talentosos, valientes y abnegados.

Era la hora de la ignominia. La hora en que se les prohibía a los comunistas expresarse libremente. Un período sombrío que se extendería hasta los años setenta del siglo anterior.

Serían los grandes acontecimientos que tuvieron lugar durante los años sesenta en la isla de Cuba, los que darían un nuevo impulso a la idea de la revolución en Costa Rica, y por supuesto al sindicalismo revolucionario costarricense, impulsado mayormente por los herederos de la tradición comunista en este país, que había sido mutilada después de la guerra civil de 1948. La revolución cubana de 1959, no sobra indicarlo, les devolvió a los latinoamericanos un sentido de la dignidad y de la independencia, que parecía haberse paralizado con la guerra de 1898. La revolución bolchevique de 1917, sobre la cual tantas y tan bellas cosas dijeran en su momento hombres como García Monge y Omar Dengo, y mujeres tan lúcidas como Carmen Lyra, encontró en las luchas sindicales, de contundente factura anti-imperialista, impulsadas por Carlos Luis Fallas en las fincas de la infame United Fruit Company, la lógica consecuencia de una manera de abordar la confrontación social que no tenía antecedentes en Costa Rica. Porque Fallas tenía perfectamente claro que la lucha sindical en las regiones del banano en el Caribe costarricense, centro y sudamericano era una lucha de dimensiones revolucionarias ineludibles, porque estaba de por medio la reforma agraria, algo de lo que, en América

Latina, rara vez se hablaba sin causar decenas de muertos.

La inversión extranjera en el agro, la minería, la electricidad, los servicios públicos, y la voracidad aliada de los dueños del capital en Costa Rica, tienen una larga y triste historia que contar. Basta mencionar el contrato Soto-Keith de 1884 para recordarnos con pelos y señales, la enorme capacidad entreguista que ha desplegado siempre la clase dominante en Costa Rica. Pero ese ha sido el ejemplo dado por casi todos los países latinoamericanos. Dicho entreguismo ha sido puesto a prueba contra la evidencia de los hechos, cada vez que el imperialismo y sus agentes han tratado de violentar las instituciones de países donde, supuestamente, la democracia burguesa funciona más o menos bien, como era el caso de Costa Rica, al iniciarse los años setenta del siglo veinte.

Con las protestas populares que tuvieron lugar en 1970 en torno al inolvidable contrato minero de ALCOA, entró en Costa Rica una forma de rebelarse que dejaba atrás el viejo y malquistado criterio, de que toda manifestación debía ser una suerte de procesión. Se había hecho evidente que la violencia revolucionaria, la violencia popular, también era posible en la mortecina Costa Rica sindical de aquellos años.

Las décadas de los años setenta y ochenta estuvieron repletas de grandes derrotas del imperialismo en Asia y África, pero también en América Latina las derrotas y carnicerías sufridas por el movimiento popular, en todas sus distintas y variadas expresiones, fueron realmente escalofriantes. Las dictaduras militares se dedicaron sistemáticamente a liquidar al peor de todos sus enemigos de clase: al sindicalismo revolucionario. Entre 1973 y 1989 casi la quinta parte de todo el caudal sindical en países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil fue aniquilado. El genocidio adquirió proporciones bíblicas en América Central, donde los sindicatos fueron demolidos hasta sus cimientos.

En estos casos, las celebraciones del Primero de Mayo no pasaron de ser meramente actos de fuerza, casi de fe, en unas reivindicaciones que serían rápidamente engullidas por una legislación sindical lenta y engorrosa.

Para cerrar con broche de oro, la trágica pero largamente esperada caída del socialismo real, trajo consigo una epidemia de desencanto, agotamiento y auto-fobia, como la llama el historiador y filósofo italiano Doménico Losurdo, que ha producido una desbandada penosa de viejos y probados luchadores revolucionarios, hacia campos y territorios donde jamás serán bien recibidos, pues siempre serán vistos como arribistas inoportunos. Domenico Losurdo habla de auto-fobia ahí donde el viejo dirigente comunista, siente pena, culpa y remordimiento de una vida entregada a la lucha revolucionaria, y practica la autoinmolación en los altares de la burguesía para no languidecer política y existencialmente. Según Losurdo el canibalismo entre comunistas, al menos entre los europeos, ha llegado a ser realmente patético.

En el medio de semejante debacle, en el medio de una crisis económica del sistema capitalista que ha probado todo, menos sus posibilidades reales de ser superada en el corto plazo, pues ya lleva seis años y los trazos que da son más bien en el sentido contrario, de que está empeorando cada día, la reactivación de las discusiones sobre el pensamiento revolucionario clásico y moderno, es el aliento fresco y prometedor que estábamos esperando. Claro, estas discusiones se dan en otras latitudes, cercanas a Costa Rica, pero igualmente lejanas como en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Venezuela, Cuba y los Estados Unidos. En Costa Rica algunos desesperaron por sepultar al marxismo lo más pronto posible.

Es que, si Marx tenía razón, como dice el filósofo irlandés Terry Eagleton, ante la evidencia contundente de que el sistema capitalista se encuentra en colapso desde hace seis años, recordar el Primero de Mayo significa, ante todo, recordar que la agenda de problemas, aspiraciones y luchas por parte del movimiento de los trabajadores está tan vigente como nunca antes. Porque los defensores más entusiastas del sistema económico, sirviéndose de las recetas propuestas por el neoliberalismo, buscaban y continúan buscando evitar que aquel se les derrumbe por completo, haciéndoles creer a los trabajadores que hoy viven en el mejor de los mundos posibles. En este caso, según ellos, los poderosos, no son necesarios los sindicatos porque son elementos de fuerza y conflicto en un momento cuando la solidaridad es necesaria para salvar al sistema económico.

Dichosamente, en Costa Rica hay gente con visión política y decencia social, como para percatarse de que aquella patraña los trabajadores tienen siglos de estarla escuchando. Las luchas contra el Combo del ICE, contra el TLC, contra las concesiones de obra pública, contra todos los intentos por parte de los patronos, públicos y privados, por encontrar caminos para arrinconar al trabajador y estrujarle cada vez más su salario y sus conquistas histórica, configuran una cadena de eventos que indican a ciencia cierta la fuerza y las posibilidades que tiene el movimiento sindical en Costa Rica, sin el cual la historia laboral y social de este país sería muy diferente.

¡Qué viva el Primer de Mayo!

Celebración de la victoria en San José, mayo 1948

Por Juan del Llano

Treinta y cinco años después de que la Confederación General de Trabajadores celebrara por primera vez en Costa Rica el Día Internacional de la clase obrera, aquel 1 de mayo de 1913, la lucha de clases incubada en las contradicciones del capitalismo agrario, la dominación imperialista, las Guerras Mundiales y las crisis del mercado mundial, condujo de manera irreversible a la única Guerra Civil que el hermano país centroamericano hubo experimentado después de la lucha armada y las jornadas rebeldes de junio-agosto de 1919 que terminaron con la dictadura oligárquica de Federico Tinoco Granados.

El primero de mayo de 1948 no fue un día de fiesta para la clase trabajadora de Costa Rica. La mayoría de los dirigentes de los sindicatos de la manufactura, ferrocarriles, puertos, fincas bananeras, azucareras, campesinos y de las primeras asociaciones de empleados públicos que desde 1943 eran afiliados a la Confederación de Trabajadores, guardaban prisión en las celdas para criminales y delincuentes de la Penitenciaría Central. Pese a ello, incitados por el profesor Arnoldo Ferreto Segura y otros combativos trabajadores, en los muros y pasillos del fatídico penal se escucharon los versos y ritmos de la Internacional Comunista.

La Guerra Civil fue organizada por un desconocido empresario exilado en 1942 por el gobierno del Dr. Calderón Guardia. Entre 1943 y 1946 José Figueres Ferrer, el Partido Demócrata y el Centro Para el Estudio de los Problemas Nacionales lograron aglutinar a los sectores políticos opositores al gobierno republicano instaurado en 1940. Con el apoyo de exiliados liberal demócratas de Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana, y armados por el gobierno de Guatemala presidido por Jacobo Arbenz, crearon un cuerpo de milicianos anticomunista y conspirador contra los regímenes oligárquico-militares de la región, conocido como La Legión Caribe.

La Guerra Civil estalló en Costa Rica el 12 de marzo de 1948. Se prolongó cuarenta días y en ese breve tiempo dejó 2.000 muertos, muchos prisioneros y más de 7.000 exiliados. A mediados del mes de abril se abrió el escenario que venían preparando diversos representantes diplomáticos, políticos, empresariales y religiosos del país con el fin de propiciar negociaciones entre los máximos líderes militares y políticos de las fuerzas contendientes. Estas gestiones tomaron forma con la firma de tres pactos que fueron esbozados entre el 17 de abril y el 1 de mayo de 1948.

El día 17 a altas horas de la noche Manuel Mora Valverde, secretario general del Partido Vanguardia Popular (PVP) y José Figueres Ferrer, comandante de las fuerzas militares en estado de rebelión, y con presencia testimonial del Pbro. Benjamín Núñez Vargas, capellán del Ejército Figuerista y de Carlos Luis Fallas Sibaja, comandante de las Milicias Comunistas, se reunieron en el Alto de Ochomogo y convinieron en firmar el “Pacto de Ochomogo” que significó el desarme de los combatientes obreros, artesanos y campesinos vanguardistas a cambio de algunas garantías.

Entre ellas, el compromiso de José Figueres de preservar en el proyecto de nueva Constitución el Código de Trabajo y el sistema de seguridad social. Además, no ejecutar acciones represivas contra el Partido Vanguardia Popular, sus militantes, familias y organizaciones. La Junta de Gobierno y los miembros de la Asamblea Constituyente que aprobaron la actual Carta Magna, firmada el 7 de noviembre de 1949, incumplieron este acuerdo. El Segundo Párrafo del Art. 98 proscribió al Partido Comunista y la organización subsistió en la semiclandestinidad, hasta el proceso electoral de 1975.

En segundo lugar, el 19 de abril de 1948 se firmó el Pacto de la Embajada de México en presencia de varios diplomáticos y, por supuesto, del Embajador de los Estados Unidos. Ahí hubo acuerdos entre delegados del ejército de Figueres y el presidente de la República Teodoro Picado, electo en febrero de 1944 mediante una alianza entre el Partido Vanguardia y el Partido Republicano.

Otilio Ulate duranta la campaña electoral de 1948

En esas reuniones se acordó entregar provisionalmente la Presidencia de la República al Ing. Santos León Herrera, con el encargo de organizar el nuevo gobierno; llevar a cabo el retiro de las tropas del gobierno de los campos de combate; garantizar que los jefes militares y altos funcionarios pudieran abandonar el país; ordenar el cese de las acciones armadas de Figueres y permitirle su avance a la capital para ocupar nuevas posiciones. Se acordó también resguardar la vida, propiedades y bienes de todos los ciudadanos, el respeto a las garantías sociales e individuales e indemnizar a los afectados. Esos puntos sobre garantías individuales y sociales tampoco fueron respetados por la Junta de Gobierno; en particular, para quienes tenían vínculos con los Partidos Republicano y Vanguardia Popular.      

El 1 de mayo de 1948 se firmó el Pacto Figueres-Ulate. Este acuerdo legitimó la creación, sin proceso electoral alguno, de una Junta de Gobierno presidida por José Figueres para un período de año y medio. Al cabo de ese plazo podría prorrogar el gobierno dictatorial por seis meses, previa aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente. En otras palabras, el periodista Otilio Ulate Blanco, quien discutiblemente había sido el ganador de las elecciones de febrero del 1948, tendría acceso al Poder Ejecutivo a partir de diciembre de 1950. Con ello, La Junta reconocía el polémico resultado de las elecciones de febrero en favor de Otilio Ulate; acuerdo que sería ratificado por la Asamblea Constituyente. En las elecciones para nombrar a esos diputados hubo mayoría de representantes de la vieja oligarquía liberal, febril opositora de los gobiernos del Dr. Calderón Guardia (1940-1943) y del Bloque de Victoria o Alianza “caldero-comunista” que llevó al poder a Teodoro Picado M. para el gobierno de 1944 a1948.        

La Junta de Gobierno presidida por Figueres convocaría a elecciones para conformar la Asamblea Constituyente. En esa campaña una gran parte de ciudadanos simpatizantes del Partido Republicano (PR) y del Partido Vanguardia Popular (PVP) no participó, ni hizo uso del sufragio. Por otra parte, el Partido Socialdemócrata que había sido fundado en 1945 y organizó desde mediados del año siguiente los actos terroristas, la propaganda de prensa y radio, y la subversión llevada a cabo por empresarios, comerciantes, algunos educadores, médicos y otros grupos de clase media, logró elegir únicamente tres diputados. Y ello, a pesar de que el nombramiento del Tribunal Electoral fue potestad de la Junta de Gobierno.

En consecuencia, esa transición política de abril de 1948 a diciembre de 1949, evidenció cómo la vieja oligarquía logró recuperar un amplio margen de acción para reinsertarse en el poder tras el debilitamiento que había experimentado entre 1930 y 1948. Aunque, como bloque hegemónico, fue parcialmente afectada por algunos decretos de la Junta de Gobierno como la abolición constitucional del ejército, la nacionalización bancaria y de la producción hidroeléctrica, el impuesto del 15% al capital, la preservación y ampliación de las garantías sociales y laborales, y el debilitamiento del Poder Ejecutivo por medio de la creación de un sistema de Instituciones Autónomas.

Estos preceptos abrieron los tinglados del Estado a las fracciones de la burguesía agraria orientada al mercado interno y al empresariado urbano: las fuerzas que impulsaron un esquema alternativo de dominación política, liderado desde octubre de 1951 por el Partido Liberación Nacional. Figueres asumió por segunda vez el Poder Ejecutivo en las elecciones de febrero de 1953 y en los cuatro años de gobierno consolidó la legislación y las instituciones del moderno Estado burgués costarricense.

El PLN y el gobierno propiciaron la formación del sindicalismo “democrático”, las asociaciones de empleados públicos y del magisterio, la creación de las Juntas Progresistas, el cooperativismo y las organizaciones campesinas, cohesionándolas en buen grado con decretos y normas favorables al crédito agrícola, “salarios crecientes”, inversión en educación, vías de comunicación y la aprobación del aguinaldo, entre otras medidas. El cambio político derivado de la Guerra Civil de 1948 fue bastante exitoso hasta las crisis capitalistas de 1973-1975, 1979-1983 y la situación revolucionaria que creó en Centroamérica la insurrección popular nicaragüense y la toma del poder por el FSLN.

Pero a costa del desmembramiento de las organizaciones cívicas, campesinas, de género y de trabajadores asalariados que habían sido importantes actores políticos desde 1930. Además, en diciembre de 1949, a raíz de un intento fallido de los líderes republicanos por derrocar a Figueres con el apoyo del gobierno del General Somoza, cinco dirigentes sindicales del PVP que guardaban prisión en La Penitenciaría, fueron vilmente asesinados. No hubo proceso penal contra los autores del crimen

Asimismo, en 1951 fue ilegalizada la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR) y sólo después de agosto de 1953 nació otra organización sindical clasista: La Confederación General de Trabajadores (CGT).

En síntesis, entre el 12 de marzo y el 1 de mayo de 1948 la clase trabadora, el campesinado pobre y amplios sectores ciudadanos nacionalistas y antiimperialistas costarricenses vivieron la amarga experiencia de una coyuntura histórica, en la cual se fraguó y ejecutó su derrota sindical, partidista y militar; y el triunfo de la burguesía agraria y empresarial de reciente formación en alianza con mohosos intereses de la burguesía cafetalera y el imperialismo norteamericano.

 Por Carlos A. Abarca Vásquez

I. INTRODUCCION

La coyuntura histórica que viven hoy las sociedades Latinoamericanas suscita el escrutinio del legado de los sectores obreros, empleados públicos y otras capas sociales trabajadoras asalariadas que desde 1970 vienen rediseñando la agenda de sus ideales y nuevas formas de insertarse en las luchas políticas. En ese campo se ubica la evolución de los sindicatos del sector público estatal: Un tema que sociólogos y politólogos han abordado con denuedo, facilitando las reflexiones de otras disciplinas, especialmente, de los historiadores.

En el examen de la historia de los trabajadores del sector público como segmento de las llamadas “clases medias”, los olvidos y silencios advierten los riesgos de la improvisación y de la acción política espontánea, cuando se trata de calibrar el potencial revolucionario que portan. En particular, ahí donde el movimiento obrero y campesino ha sido desplazado de su papel protagónico por la evolución singular de estas sociedades; estrujadas como están, entre la incertidumbre de sus bienestares y la confusión ideológica sobre su identidad y futuro en relación con las clases populares.

Este ensayo quiere responder a esas preocupaciones, pensando en la formación y desarrollo del sindicalismo en el sector estatal. El tratamiento del tema es deudor en su contenido, de las hipótesis y conclusiones de otros estudios, compartidas de modo general por el autor. El texto tiene carácter de síntesis histórica, incluyendo algunas fuentes periodísticas y documentales no exploradas por otros estudios. El trabajo se enmarca en los siguientes objetivos.

1. Sistematizar los cambios estructurales y los procesos que determinaron la formación de los trabajadores del sector público estatal con sus propias herramientas de lucha sindical y política.
2. Relacionar variables de tipo económico y político, nacional e internacional, que justifican estudiar a los empleados públicos como parte de la sociedad y de la clase trabajadora del país.
3. Proveer información clasificada y valorada con criterios de la historiografía sobre el desarrollo del sindicalismo del sector público costarricense entre 1940 y 1980.

II. EL LEGADO LIBERAL

     Hacia 1914 los empleados públicos de Costa Rica debían pagar las deudas contraídas por los partidos políticos en las elecciones. Las maestras y secretarias también soportaban los rebajos de salarios, a pesar que no tenían derecho a votar. Para la campaña de 1924, Roberto Brenes Mesén y Miguel Obregón Lizano, elaboraron el precepto sobre neutralidad política del magisterio. (Monge A. y F. Rivas, 1980: 59). El Art. 72, inciso 1, de la Ley Orgánica Docente prohibió a los educadores hacer campaña electoral. La norma afectó a los empleados estatales.

El 8 de mayo de 1924 el Presidente Ricardo Jiménez sentenció: “Hay dos clases sociales a las que no se concede libre e irrestricta facultad de propaganda electoral: la de los funcionarios de justicia y la de los maestros de escuela, que ejercen también una magistratura social. Tanto los unos como los otros no deben tomar más parte en las elecciones que la de emitir su voto”. (Vargas, C. 1986: 341). Estaba fresco el recuerdo de las luchas de los maestros para derrocar la dictadura de los hermanos Tinoco en 1919.        

Esas regulaciones eran funcionales al concepto de Estado como “majestad” representante de los intereses de todos los ciudadanos y clases sociales. En tal caso, sus "funcionarios" deben ser un cuerpo de agentes cuya actividad está absorbida por los intereses generales del Estado, y las preocupaciones de las personas que trabajan en él deben "sublimarse" en provecho de todos; como en la construcción hegeliana que deifica al Estado, ante el cual, el individuo debe limitar la libertad en aras de la voluntad soberana que legitima aquella institución. ( http://www.nuso.org/upload/articulos/1139_1.pdf    

El encubrimiento de las relaciones de poder y dominación que evidencia ese concepto de Estado ya había entrado en contradicción con otras doctrinas políticas y, ante todo, con las primeras asociaciones y conflictos promovidos por los trabajadores del sector público al calor del nacimiento del movimiento obrero.

En 1907, en el discurso inaugural de la Biblioteca de Grecia, José María Zeledón expresó este pensamiento de hondura anarquista. “Pasó ya (…) la oscura época en que vivieron y crecieron robustos los prejuicios que circunscribían la ilustración y radicaban el talento en las llamadas clases altas; en que la ciencia era guardada en arca misteriosa, impenetrable a la mirada embrutecida de las multitudes que conforman su innata aspiración, al irritante yugo de una sabiduría providencial concedida únicamente a la casta olímpica de los iluminados. Hoy ya todos sabemos que la fuente del saber está en la tierra…” (En: Abarca V. 2003:79)

Por su parte, la investigación histórica ha rastreado el génesis de organización y huelgas en los servicios públicos. El 1 de junio de 1890 se creó la Sociedad de Ingenieros Costarricenses para impulsar estudios de matemáticas y sus aplicaciones. Entre 1867 y 1902 había al menos 70 profesionales en ese campo y la permanencia de la Sociedad coincidió con objetivos gubernamentales. El 3 de julio de 1903 el Presidente Ascensión Esquivel decretó la creación de la Facultad Técnica de la República. El número de ingenieros civiles, agrónomos, mecánicos y geómetras aumentó a un centenar en 1911 y al año siguiente la escuela técnica fue convertida en Facultad de Ingeniería.  

Hubo otros casos similares. Después de 20 años de prestación del servicio, el 29 de abril de 1891 se fundó la Sociedad de Socorros Mutuos de Empleados del Telégrafo Nacional. Los impresores crearon el 9 de setiembre del mismo año la Sociedad Tipográfica de Socorros Mutuos. Los cirujanos dentistas se agruparon en 1898 para promover la creación de la Facultad de Cirugía Dental. Un año después, en enero, se fundó el Sindicato de Periodistas. Otro gremio profesional era el de abogados. Formaron la primera asociación en 1881, en 1887 consiguieron que se promulgara la Ley Orgánica del Notariado y en junio de 1900 fundaron la Liga de Derecho, con la firma de 25 abogados. En 1901 un grupo de 53 maestros, el 34% mujeres, creó la Sociedad de Economías de los Maestros.

Los conflictos laborales no estuvieron ausentes. En 1883 fueron a la huelga 59 telegrafistas en demanda de alza de salarios. En abril de 1901 suspendieron labores los tipógrafos de la Imprenta a Vapor, en la cual se editaban La Prensa Libre, El Heraldo y El Día. (Fallas M. 1983: 185-311).

Después que se clausuró la Universidad de Santo Tomás en 1888, se mantuvieron –algunas por breve tiempo- las Facultades de Medicina (1895), las Escuelas de Derecho (1891), Bellas Artes (1897), Farmacia (1897), Obstetricia (1899), Ingeniería (1903) y Cirugía Dental (1915). En la década siguiente se abrieron La Escuela Normal (1914), Enfermería (1920) y Agricultura (1926). La Escuela de Comercio “Manuel Aragón” se estableció desde 1926, con una sede regional en Limón. En 1927, el Ministro de Educación Luis Dobles Segreda informó que la enseñanza privada se impartía en 39 colegios y escuelas particulares.  

Así, en el Censo de 1927 se registró el ejercicio profesional de 145 médicos, 160 ingenieros, 456 peritos y contadores mercantiles de los cuales 44 eran mujeres, y 289 tenedores de libros. La mayoría de esos oficios ya no eran “profesiones liberales” sino trabajos asalariados o a cuenta propia. El 68.1% se declaró empleado y el 16.7% administradores del Estado, incluyendo el 5.4% de directores de centros educativos.

La cifra de empleados públicos, educadores y profesionales aumentó del 2.7% de la población económica activa (PEA) en 1892, al 7.4% en 1927. El 4.8% trabajaban con el Gobierno, 1.2% profesionales y 1.4% educadores. Otra ocupación importante fue la administración. El 34.9% trabajaba en oficinas del Estado, 4% en actividades industriales y 2.6% en fincas y haciendas. El empleo público había aumentado entre 1864 y 1892, de 1.3 % al 2.7 % de la PEA. En 1927 sumó el 6.1 %.  http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/580/tesis%20completa.pdf?sequence=1 Según otra fuente, creció en cifras absolutas de 2.118 trabajadores en 1881, a 4.441 en 1905 y 7.173 en 1930. (Murillo, J. 1986:291)

El cambio en la conciencia social fue otro proceso relevante. Según Luis Felipe González, entre 1872 y 1883 florecieron 14 uniones de educadores y ciudadanos: “Sociedades cooperadoras de la educación y científico culturales”. Entre 1890 y 1905 unos 45 educadores y profesionales fundaron o dirigieron 36 periódicos y revistas. Expusieron con libertad ideas de contenido sociológico, de crítica al poder y a la política de oligarquías. Unos participaban en asociaciones y clubes de artesanos como el Club Juvenil “La Vanguardia”, abierto en 1908; el Centro de Estudios “Germinal” y El Ateneo de Costa Rica, en 1912. Fundaron o ingresaron en ligas nacionalistas opuestas a las inversiones de los monopolios norteamericanos en banano, minería, telegrafía, electricidad, ferrocarriles y puertos. Difundieron el ideario popular y romántico que legitimaba la lucha contra las monarquías europeas, o en torno a la revolución mexicana de 1910-1911. (Abarca C., 2005:29-33).      

En el decenio 1923-1933 hubo un ascenso del movimiento artesano y obrero: de las doctrinas anarquistas, socialistas, de izquierda liberal, católicas laboristas y comunistas. El asociacionismo mutualista retrocedió y creció el sindicalismo. Unas pocas organizaciones laborales iniciaron vínculos, aún débiles, con centrales internacionales de confederaciones sindicales, movimientos antiimperialistas, ligas obreras y con la Tercera Internacional Comunista.

Partidos políticos como el Socialista, de Aniceto Montero; el Progresista, de Vicente Sáenz; el Reformista, de Jorge Volio; el Bloque de Obreros, Campesinos e Intelectuales, de García Monge; el Partido Comunista, y el Partido Agrarista, de Alberto Echandi, recogieron y canalizaron electoralmente las molestias ciudadanas, de las clases sociales y organizaciones cívicas y antiimperialistas. Las nuevas protestas habían incubado en los ciclos de auge y crisis del capitalismo, la Primera Guerra Mundial, las intervenciones miliares del ejército de Estados Unidos, el triunfo del Fascismo y el Nazismo en Europa y su expansión en América Latina.

La crisis capitalista de 1929-1933 propició el despertar de la sociedad. Surgieron tres asociaciones de estudiantes, una de los maestros –la primera había sido fundada en 1917- y otra de las mujeres. Asimismo, la Cámara de Comercio y la de Agricultura, la Sociedad Agrícola de Ahorro, cooperativas de productores de banano y la Asociación de Productores de Café. Otras entidades agruparon a patentados de licores, dueños de jabonerías y de boticas, vendedores de refrescos y de automóviles. En esa efervescencia el gobierno creó las Secretarías de Trabajo (1928), Salud Pública, la Escuela de Agricultura y la Oficina Técnica de Conciliación de Conflictos.

Y en los altibajos de la economía, entre 1925 y 1940 se crearon instituciones promotoras de un fuerte sentimiento de identidad nacional cultivado por educadores, técnicos, académicos del arte, las letras, la música y la ciencia aplicada.

Es comprensible, entonces, que en 1933 el Ministro de Educación Teodoro Picado expresara a los diputados: “El magisterio nacional que hace 20 o 30 años apenas si se señalaba en la vida del país, tiene hoy día una influencia preponderante. Es más, es ya un gran poder contralor de la acción gubernativa y el apoyo que le preste, (es) el mejor aplauso a que pueden aspirar los gobernantes, en la seguridad de que el elogio se trocaría en valiente reproche el día en que fueran indignos de la confianza del país…” (Memoria Anual del MEP. 1933. Citado en Abarca V., 2003:78). Cuatro años después, el Prof. Isaac Felipe Azofeifa observó que la enseñanza secundaria pública y privada había sido impulsora de la formación de profesionales y técnicos que constituían “la clase directora” del país.              

No obstante, entre 1936 y 1946 se vivió una coyuntura de aguda lucha de clases, la cual se articuló estructuralmente con la crisis política de 1944-1947 y su explosión en Guerra Civil. En ese trance sobresale la constitución de 11 sindicatos de empleados públicos entre 1938 y 1947 en servicios de electricidad, transporte ferroviario al Pacífico, Fomento, Obras Públicas y centros hospitalarios. En el magisterio hubo varios intentos de asociación entre 1934 y 1939 que fueron reprimidos por el gobierno de León Cortés. En junio de 1941 se fundó la Asociación de Educadores Pensionados y a fines de 1942 la Asociación Nacional de Educadores. En 1944 surgió la Unión Médica Nacional

En segundo lugar, en la década 1937-1947 los empleados públicos declararon siete huelgas: 4 municipales, 2 hospitalarias y 1 en la Secretaría de Fomento, en San José. En 1946 los médicos promovieron una huelga en contra de la disposición del gobierno de ampliar a ¢ 1.000 el tope salarial del porcentaje de cotización para el seguro social. Al gremio se unieron los farmacéuticos, la Unión Odontológica Nacional, empleados del sistema bancario, del Instituto Nacional de Seguros y del Colegio de Abogados.    

Hay que agregar el nacimiento y las actividades de al menos 14 agrupaciones de ciudadanos con objetivos de lucha implícitos en sus denominaciones. Entre 1939 y 1943 surgieron: La Junta Pro Inquilinato de Limón, el Comité Cívico de Oposición a la Electric Bond and Share, la Junta Nacional de Defensa de la Electricidad; la Unión de Mujeres del Pueblo, la Alianza Femenina Costarricense y la Convención Femenina de la Nueva Costa Rica; el Frente Democrático del Magisterio, el Frente Juvenil Demócrata, la Juventud Vanguardista, la Junta de Defensa Civil, la Liga Nacional Antifascita, la Unión Nacional de Organizaciones Antitotalitarias y la Sociedad de Amigos de la URSS. (Trabajo: Varios periódicos: 1943-1947)

De igual modo, la aprobación de las Garantías Sociales entre 1941 y 1943. En el Código de Trabajo se reguló negativamente el derecho de huelga a los trabajadores del sector público e incluyeron con ese rango la producción hidroeléctrica, el transporte ferroviario, portuario y las actividades agrícolas de exportación. En segundo lugar, se amparó la figura del pluralismo ideológico sindical y el funcionamiento de una o más asociaciones, coaliciones de trabajadores y sindicatos en un mismo centro productivo. Esto último, unido a la ausencia de fueros para la dirigencia sindical, devino en limitación al derecho de negociación colectiva y de huelga. Los porcentajes de trabajadores estipulados para organizarse, litigar e ir a las huelgas dieron lugar a variedad de interpretaciones que, por jurisprudencia, han sido un obstáculo al uso colectivo de las leyes laborales.

Entre 1947 y 1949 los maestros y profesores se enfrentaron entre sí en una fase de radicalización política y subversión contra el gobierno de Teodoro Picado. La ANDE se escindió al calor de la protesta patronal conocida como “la huelga de brazos caídos” de 1947. Las diferencias ocupacionales, salariales, por niveles de enseñanza y las discrepancias ideológicas sobre fines y estrategias, dieron origen a la Unión Nacional de Educadores (UNE). En ella se agrupó el sector político afín al Partido Republicano y luego desapareció en la ola represiva de la Guerra Civil. Otro sector de la ANDE recuperó el nivel asociativo con apoyo de los Ministerios de Trabajo y Educación y se inscribió con ese nombre el 28 de octubre de 1952. En el lapso surgió la Caja de ANDE, creada en 1944.  http://www.apse.or.cr/webapse/01historia.htm

El 1949, el Estado empleaba 16.000 trabajadores. Al año siguiente 17.234, cifra que representa el 6.3% de la PEA, frente a un 5.5% de 1927. El segmento de maestros y profesores fue favorecido. El número de colegios pasó de 13 en 1930 a 18 en 1950 pues las administraciones de Calderón Guardia y Teodoro Picado abrieron varios liceos públicos y autorizaron colegios privados, especialmente de órdenes religiosas. En 1950, el 12.16% de la población urbana había aprobado la secundaria y la Universidad de Costa Rica cumplía una década de funcionamiento.  

El Censo de 1950 reflejó el crecimiento de profesionales y técnicos; con tendencia al aumento de las mujeres en el campo educativo y de salud. Mientras en 1927, el 68.1% de esa franja laboral declaró ser empleado, en 1950 el porcentaje ascendió al 87.8, la mayoría mujeres. Aumentó la cifra de ocupados en funciones gerenciales, administrativas y directivas, el 54 % de los cuales ejercían por cuenta propia. Algunos pagaban a trabajadoras no calificadas, en funciones administrativas como oficinistas, vendedoras, aseo, mensajería y en servicios domésticos.  http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/580/tesis%20completa.pdf?sequence=1

III. EMPLEADOS PUBLICOS Y ESTADO DESARROLLISTA

1. LA NUEVA FISONOMÍA DEL ESTADO

     El proyecto de dominación que irrumpe con la Guerra Civil de 1948 tuvo como eje la mayor autonomía del Estado con respecto a la sociedad civil y su intervención en todas las áreas de su competencia, en coincidencia con un concepto burgués de crecimiento económico y transformación de las relaciones sociales, propio de la postguerra mundial. En la fase de despegue la prioridad en los años de 1950 a 1970, consistió en diversificar las exportaciones agrícolas, fomentar la producción industrial y manufacturera, y ampliar el sistema educativo e institucional. El propósito de largo plazo, es inherente a la Constitución de 1949. Su contenido político define el acuerdo entre los terratenientes, los cafetaleros, la naciente clase empresarial y los intereses de los Estados Unidos en Centro América.

La Constitución estipuló, asimismo, los criterios de gestión gubernamental, en cuanto articuló las relaciones de poder con los objetivos y tareas de las instituciones. De ahí la instauración del criterio de autonomía en esas entidades, lo cual satisfizo un objetivo inmediato: abrir el aparato estatal para la participación de otras fracciones burguesas y grupos sociales intermedios, en detrimento de las herencias del régimen liberal presidencialista. En tercer lugar, se preservó el Capítulo sobre las Garantías Sociales. Con ello se avaló los rasgos “populistas” de los gobiernos republicanos y se dio nuevo sustento a los métodos consensuales como norma de relación entre gobernantes y gobernados; y sin entrar en contradicción con la estrategia de permanente acumulación de dinero, medios de riqueza y capitales, con carácter privado.

La evolución del “modelo” transcurrió con zigzagueos si se considera a los partidos, las fuerzas políticas protagonistas y los cambios en el mercado y la política mundiales. Hasta 1960 las interferencias de los Estados Unidos en materia de gobierno tuvieron relevancia periférica. Pero en la década siguiente, el modelo de relaciones internacionales y de soberanía interna incorporó las influencias ideológicas y políticas de la Revolución Cubana, el ascenso geopolítico de los Países No Alineados y la reacción de los gobiernos norteamericanos a esos procesos: militarización de Centroamérica, represión interna, inversión industrial a través del Mercado Común Regional, Alianza para el Progreso y control transnacional del movimiento obrero y sindical. En la década 70-80 se tuvo que enfrentar, además, las adversidades del mercado: inflación, crisis energética, y las depresiones de 1973-1975 y 1979-1983.

En ese contexto, desde 1950 se aplicó en Costa Rica la descentralización de las funciones del Estado mediante un tejido de instituciones autónomas. Ello supuso una administración pública amplia y diversa ante la demanda de nuevas necesidades, servicios comunes y de aplicaciones técnicas, administrativas y científicas. Eso sí “evitando el peligroso aumento de la autoridad política en el Poder Ejecutivo”. (Araya P. 1975: 11. Citado por Pérez, M.y Trejos, M. 1990:55).

El tránsito de la centralización del poder propio de los años 40, a la descentralización, se estudia en varias obras. Entre 1821 y 1950 se crearon 110 entidades públicas, pero entre 1950 y 1980 surgieron 216. (Castro V. C. 1995:15). De ellas, 28 entre 1949 y 1962 con objetivos explícitos de satisfacción de necesidades sociales y consenso político. (Carcedo, A. 1984: 161). Según la Contraloría de la República, entre 1960 y 1980 el número de empresas públicas e instituciones pasó de 49 a 87, y el de ministerios de 13 a 15. (Pérez y Trejos. 1990:56)

Algunas instituciones se crearon para facilitar la generalización de las relaciones mercantiles y la nueva acumulación de capital. Por ejemplo la nacionalización bancaria, la producción y distribución de electricidad y telefonía, el ordenamiento en el abastecimiento y consumo de agua, el abaratamiento del crédito, el fomento de las cooperativas, el mejoramiento de caminos, carreteras, ferrocarriles y puertos, reforestación de las cuencas acuíferas, el impulso a la apropiación y parcelación de la tierra y el debilitamiento de los intermediarios en el comercio de granos básicos y producción agrícola. En 1949 existían 40 expendios del Consejo Nacional de Producción (CNP) y la cifra subió a 115 en 1972. (Valverde R., J. 1993:54).

Otras, para atender la reproducción de la fuerza de trabajo, el progreso en los modos de vida urbano y algunas expectativas de los sectores medios. Esas funciones se asignaron a la ampliación del sistema educativo, el aprendizaje y calificación de los trabajadores y obreros, la creación de sedes regionales universitarias, becas, atención a la enfermedad y la salud, asistencia a la pobreza urbana, vivienda, urbanización y ejecución de una política general de alza de salarios. (Pérez y Trejos. 1990: 59-61)

Se crearon además instituciones para fomentar la reproducción de símbolos, valores e ideas elaboradas acerca del progreso burgués capitalista y de la identidad cultural nacional. Además del apoyo al sistema educativo general, se oficializó el catolicismo como credo religioso y se definieron los compromisos históricos entre Iglesia y Estado. La Constitución amplió la cobertura de la ciudadanía y los gobiernos propiciaron la integración social de las mujeres, juventudes, indígenas, afroamericanos y grupos étnicos. Adicional a las libertades de prensa, autonomía y expansión de la enseñanza universitaria, el Ministerio de Cultura devino ente oficial contralor de la producción artística, literaria, musical, deportiva y estética del país.

Sin embargo, el ajuste de las relaciones de poder no fue lineal, exento de contradicciones, conflictos y negociaciones con los gobiernos de los Estados Unidos, las fracciones burguesas, los campesinos, sectores medios y la clase obrera agrícola y manufacturera.

Hacia 1970 el PLN, “con un poder político más consolidado promovió leyes para ejercer, como gobierno, un mayor control del Estado, fortaleciendo al Poder Ejecutivo frente a las instituciones autónomas y generando un nuevo proceso de centralización del poder. En 1968 se limitó la autonomía de las instituciones al campo administrativo, más que de gobierno. En 1970 se aprobó la Ley 4-3 a favor de la mayor presencia en ellas, del PLN. En 1974 se facultó al Presidente para nombrar a los Presidentes Ejecutivos de las autónomas, y el mismo año, la Ley de Planificación Nacional No. 5525 del 2 de mayo, aumentó la injerencia de OFIPLAN –oficina dependiente del Poder Ejecutivo creada en 1963- en programas de inversión y crédito de las instituciones. En 1978, la Ley General de Administración Pública facultó al Consejo de Gobierno a remover a los directivos de instituciones que no siguieran las directrices del Poder Ejecutivo. (Pérez y Trejos. 1990-:57-58; Esquivel y Muñoz. 1984:167; Castro V. 1995: 12-15).

En palabras de un historiador: “La descentralización administrativa no fue tanto un proceso para lograr la “ley de pesos y contrapesos”, como sí el interés de los nuevos sectores ascendentes de pelearle el poder político y económico al viejo bloque de poder que se opuso en la Asamblea Constituyente a descentralizar las funciones del Poder Ejecutivo. Fue un proceso de lucha política y el deseo de ocupar puestos claves en la administración pública para desarrollar un nuevo Estado, el que determinó al final el esquema de descentralización y la creación de instituciones después de 1948”. (Murillo V. 1986: 283). Pero surgió una nueva concentración de poder que se “enmascaró” con la figura de “desconcentración geográfica”. En ésta se comprometieron los gobiernos de los partidos Liberación y la oposición republicana, entre 1966 a 1979, mediante la aprobación de sucesivas leyes de división regional del quehacer político institucional. (Pérez y Trejos. 1990:61).

En síntesis, “No se trataba de enfrentar dos fracciones del capital –agro versus industria- sino de fortalecer y diversificar el capital agroexportador y para el mercado interno, a fin de que generara un amplio excedente que se utilizaría como fuente financiera de las nuevas actividades productivas del naciente empresariado, de la misma oligarquía cafetalera y del capital transnacional”. (Esquivel y Muñoz. 1984:186). El crecimiento del Estado tuvo relevancia a partir de 1950-1960, mostró su fortaleza entre 1970-1974, a pesar de la crisis del Mercado Común a raíz de la “Guerra del Fútbol”, el alza mundial de los precios de hidrocarburos en 1971 y la depresión de 1973-1975. En consecuencia, fue cambiando su carácter, desde la creación de RECOPE en 1963, su consolidación en 1977, y su inserción en la estrategia de “Estado Empresario” en torno a la corporación estatal CODESA, definida y puesta en práctica por Daniel Oduber (1974-1978).

La transición de la economía agraria exportadora a la “industrialización por sustitución de importaciones” y del Estado liberal al Estado desarrollista, generó transformaciones sociales de diferente densidad en los campos, ciudades y regiones. Los más profundos fueron: la proletarización de los campesinos y pequeños agricultores, el crecimiento del proletariado industrial y agrícola, el aumento acentuado de los sectores medios. El desarrollismo como proceso histórico burgués con preeminencia política de la clase empresarial y el control imperialista sobre Centroamérica y el Caribe, fue visto “como suyo” por las clases medias y otros segmentos de población de la meseta y la periferia del Valle Central. Fue un cambio que sustentó el nuevo carácter de las luchas sociales y del sindicalismo, en particular, de los trabajadores del Estado.  

Abundan estudios sobre el empleo en el sector público. En 1950 trabajaban con el Estado 17.234 personas. (Esquivel y Muñoz.1980:186). Entre 1955 y 1975 las instituciones públicas generaron 21.752 puestos nuevos: Gobierno Central 137 (0.63%), entidades descentralizadas 21.615 (99.37%). El aumento del empleo total fue 23.195 en el gobierno central y en el descentralizado, de 32.845, para totalizar 56.040 puestos. El gobierno central pasó de 22.093 empleados en 1955 a 45.288 en 1975. En el descentralizado, de 2.780 en 1955 a 35.625; y el total de trabajadores públicos fue 24.873 en 1955, 81.913 en 1975 y 147.404 en diciembre de 1981. En suma, el incremento total entre 1955 y 1982 fue 122.531 puestos equivalente a un crecimiento de 492.6%. (Murillo V., 1986: 304-305).

La cifra de profesionales dependientes subió de 3.1% en 1950 a 8.1% en 1980. (Castro, V. 1995: 19). Ese número varió: en 1965 el sector de técnicos, profesionales y personal capacitado representaba el 35% del empleo en el sector público y en 1980 el 50%. Hasta fines del 70 eran mejor pagados que en las empresas privadas. (Pérez y Trejos. 1990:60). Los oficinistas, vendedores y similares aumentaron del 6.8% de la PEA en 1950 al 13.3% en 1980, debido al crecimiento los sectores terciarios y secundarios, los cuales en conjunto aumentaron del 15.8% de la PEA en 1950 a un 30.1% en 1980. El dato avala el aumento de las llamadas clases medias.

El aumento del número de empleados públicos facilitó otros objetivos políticos de beneficio común para los trabajadores y el Estado. Se abrieron fuentes al trabajo asalariado calificado o sin preparación; se reforzó el clientelismo electoral y la movilidad social. Las Autónomas atendieron las demandas populares y el Poder Ejecutivo dejó de intervenir directamente, sorteando así las presiones y las críticas. Los sectores populares definieron sus relaciones con las instituciones públicas. Directivos, funcionarios altos y empleados medios actuaron como intermediarios entre partidos políticos, gobernantes y gobernados. Los poderes centrales se concentraron en los fines del Estado, combinando la satisfacción parcial de los reclamos ciudadanos con la represión, la desarticulación y la cooptación de las organizaciones políticas disidentes. Dieron preferencia a las demandas de las Municipalidades, Cooperativas y Asociaciones de Desarrollo Domunal, constriñendo la influencia de los sindicatos y de otras fuerzas sociales en movimiento. (Pérez y Trejos. 1990:59-61; Esquivel y Muñoz. 1984: 180-181).

     Después de la Guerra Civil, la Junta de Gobierno ilegalizó la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR) y desaparecieron 10 sindicatos ubicados en Municipalidades, Muelles y Aduanas, Enfermería y Auxiliares Médicos, Fomento y Obras Públicas. Los empleados retomaron la organización mediante asociaciones de apoyo mutuo, ahorro y recreación. El sindicalismo despegó en la década 50-60 alentado desde 1945 por la Confederación de Trabajadores “Rerum Novarum” (CTRN). Los sindicatos de izquierda, ligados al Partido Vanguardia Popular pese e su funcionamiento en parte clandestino, logró reorganizarse en agosto de 1953 en la Confederación General de Trabajadores Costarricenses (CGTC).      

El 30 de mayo de 1953, la Ley No. 1581 creó el régimen de Servicio Civil. La norma no cubrió a funcionarios de confianza, el personal del servicio policial y de seguridad de Estado, los puestos de elección popular y el personal docente interino. Estableció la posibilidad de nombramientos sin oposición; un período de prueba de tres meses; definió un régimen de permutas y promociones según calidad y preparación profesional. Estableció prerrogativas para funcionarios del Poder Ejecutivo, parámetros salariales, creó la Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados Públicos y fijó las condiciones de sanciones y despidos. En otro orden, prohibió la propaganda político partidista a los funcionarios y trabajadores (www.tse.go.cr)

La instauración del nuevo proceso de acumulación capitalista a diferencia de la estrategia de salarios crecientes del Estado, permitió que los empresarios e industriales presionaran hacia una baja del salario real mediante la contención de los sueldos nominales y la elevación de los precios o inflación. El índice de precios para consumidores de ingresos medio y bajo del AMSJ muestra un aumento del 11.7% en 1973, 26.3% en 1974 y 24.76% en 1975. En contraste, en el lapso 70-72 aumentó a un promedio anual del 4.4% y en los años 60, el 1.9%. El resultado fue un descenso en el salario real del 4.3% promedio anual entre el 73 y 1975. Se recuperó entre 1976-77 por la bonanza cafetalera, la disminución de las importaciones y el aumento en la capacidad de lucha y negociación de los sindicatos de empleadospúblicos”. (Esquivel y Muñoz. 1984: 223-226).

En 1975 el promedio mensual de salarios en el sector público era ¢ 1.672.98 y en el privado ¢ 961.40. El ingreso por habitante creció de $ 350 en los años 50 a $ 437 en 1960, $ 805 en 1970 y tuvo su nivel más alto de $1.1910, en 1980. Hasta el 1 de abril de ese año hubo negociaciones anuales de salarios, pero el alza de los precios y el deterioro del salario real justificaron que el gobierno de Rodrigo Carazo aprobara dos revisiones anuales, (Cardoso, R., 1990: 29-32) en momentos que se avizoraba una crisis de hegemonía ante el auge de movimientos revolucionarios en Nicaragua, el Salvador y Guatemala.

En segundo lugar, la evolución del número de organizaciones tuvo el siguiente comportamiento. Entre 1950 y 1957 se crearon 25 sindicatos que fueron la base del Sindicato de Empleados Públicos, constituido el 19 de agosto de 1958 y presidido por Rafael A. Chinchilla Fallas, padre de la actual Presidenta de la República. El 12 de setiembre de 1961, ese organismo se convirtió en Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) presidida por Jorge Barquero Quirós.  http://anep.or.cr/abc-sindical-2 La política salarial del gobierno, favorable a estos trabajadores, facilitó su interlocución. Entre 1953 y 1956, a raíz de la aprobación del aguinaldo sólo para los empleados del Poder Ejecutivo, otros trabajadores se movilizaron y lograron que se generalizara.    

Los trabajadores de la educación también se reorganizaron luego de la Guerra Civil, pues la ANDE había sido creada el 24 de octubre de 1942 y fue reconocida por la Ley No. 254 del 28 de agosto de 1943. La nueva ANDE se inscribió el 28 de octubre de 1952. En 1957 tenía 6.000 afiliados de los 8.000 maestros y profesores activos. Dos años antes sufrió una escisión, como resultado de la huelga por alza de salarios que fue que rechazó el gobierno de Figueres. De ahí que un grupo de profesores se separó y creó la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) el 15 de julio de 1955, presidida por Bernardo Alfaro Sagot.  http://www.apse.or.cr/webapse/01historia.htm.

El SEC se formó en 1969 en representación de los educadores no titulados e interinos de las zonas rurales. Es el único sindicato. Al principio se afilió a la Confederación de Obreros y Campesinos Cristianos (COCC) luego a la Confederación Auténtica de Trabajadores Democrática (CATD), muy cercana al PLN, y afiliada a la ORIT. En los años 70 tomaron forma las primeras instancias unitarias. En 1978 en el Frente Magisterial integrado por SEC, APSE, ANDE y ADEM. En la Municipalidad de San José se crearon por esos años el Sindicato Municipal, el Sindicato Independiente de la Municipalidad de San José y la Unión Nacional de Empleados Municipales.

El número de sindicatos, federaciones y confederaciones tuvo en el período 1950-1980 un notable aumento.

“En la actualidad (1968) existen 210 sindicatos inscritos y activos en las diferentes centrales: CCTD, CGTC, Federación Regional Obrera del Pacífico, ANEP con 2.300 afiliados y la Unión de Empleados Hospitalarios y Afines con más de 1.700”. (Arias S. 1971: 68). En 1968 se formó el Frente Nacional de Servidores Públicos integrado por 17 organismos de profesionales y sindicatos para defender derechos adquiridos en los diferentes regímenes de pensiones. En 1971 la Unión de Taxistas Costarricenses se retiró de la CCRN y formaron la Confederación Auténtica de Trabajadores Democráticos (CATD) integrada por la Federación de Trabajadores de la Educación (FETEC), Federación Auténtica de Trabajadores de la Salud (FATS) y la Federación Nacional Campesina (FENAC). En 1975 varias organizaciones formaron la Federación Nacional de Trabajadores Públicos (FENATRAP) y en el 77 otro sector del sistema hospitalario creó la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD).

A mediados de 1960 resurgió el sindicalismo “socialcristiano”. En 1962 se formó el Frente de Obreros y Campesinos Cristianos (FOCC) y en los estatutos de mayo de 1964 se definen como a-partidistas y a-confesionales. Se afiliaron a la CLACC, Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos. En 1966 incorporaron a las Juventudes Obreras Católicas (JOC), en funciones desde 1938; pero en 1972 desistieron de los calificativos “cristianos” y “católicos” y se denominaron Central de Trabajadores Costarricenses CTC; presidida por Alsimiro Herrera y se afiliaron a la Confederación de Trabajadores de Centro América (CCAT) y a la Confederación Mundial de Trabajadores (CMT). (Donato y Rojas 1986:7-8)  

Entre 1963 y 1976 el sector sindical en los servicios estatales tuvo el mayor crecimiento: En 1963 existían 40 sindicatos con 5.082 afiliados y crecieron a 144 en 1976 con 31.263 afiliados. Hacia 1984 la FENATRAP agrupaba al 30% del total de sindicatos del país, después de la CGT, que afiliaba el 27% de los sindicatos del sector público. (Rojas, B. 1985:279). Según Estrella Díaz y Natacha Molina en 1976 había cuatro confederaciones: CCTD, CGTC, CTC y CATD. Además, LA FENTRAP Federación Nacional de Trabajadores Públicos.

A la CGT pertenecían el 27% de sindicatos y el 34% de afiliados. La CCTD el 28.4% de sindicatos y el 28% de afiliados. FENATRAP el 10% de sindicatos pero el 30% de afiliados. Durante los años 77-79 decayó el crecimiento de sindicatos en coincidencia con el descenso en la inflación y la mejoría de los salarios reales. Entre 1973 y 1975 la inflación anual promedio fue de 22.1% y entre el 80 y 82, del 56.2%. Contrario a otros años, entre el 80 y 83 el 62% de los sindicatos constituidos no se afilió a confederaciones. (Donato y Rojas 1986: 33-38)

En tercer lugar, tomó fisonomía el conflicto laboral. Entre 1950 y 1960 se suscitaron al menos 10 conflictos administrativos que trascendieron a la prensa. Afectaron a trabajadores de las empresas hidroeléctricas, ferrocarriles y muelles, sistema bancario, sector hospitalario, Universidad de Costa Rica y el magisterio. En la década posterior, el semanario Libertad informó con algún detalle de 31 situaciones de protesta laboral incluyendo 4 huelgas, 2 convenciones colectivas, 4 conflictos económico-sociales y conatos de huelga. Se presentaron en Obras Públicas, Educación, CCSS, Municipalidades y ferrocarriles, instancias del gobierno central. De modo que todavía las instituciones autónomas no eran focos de conflicto. (Libertad. 1963-1973).

Entre 1960 y 1968 hubo 15 huelgas: 5 de trabajadores de la salud, 1 de maestros, 3 de obreros portuarios. (Donato y Rojas. 1986:171). La beligerancia de los trabajadores del Estado aumentó en los años 70. Sólo entre febrero de 1972 y octubre de 1976 el Ministerio de Trabajo registró 39 huelgas de empleados públicos, distribuidas así: 3 en el sistema bancario, 4 en telégrafos y correos, 11 en la CCSS y Junta de Protección Social, 3 en el gobierno central, 3 en la UCR, 4 en JAPDEVA, 3 en el ICE, 3 en INFCOP, 2 en RECOPE, 1 en el INS 1 en el ITCO y 1 en el CNP. (MTPS. Oficina de Organizaciones Laborales. Mimeógrafo. San José. 1980) Entre 1972 y 1983 los trabajadores públicos declararon el 32.5% de 182 huelgas de esos años. (Donato y Rojas 1986: 53) Según la Ministra Estela Quesada, “de 1972 a agosto de 1978 se declararon 224 huelgas, el 8% por sindicatos de dirección comunista, el 10% por sindicatos democráticos y el 5% por sindicatos independientes. (Rojas B. 1985: 280)

Otro rasgo remite a la desunión sindical. Entre 1960 y 1969 se intentó configurar la unidad sindical a raíz del Congreso de la CGTC de 1965. Al año siguiente las Confederaciones participaron juntas en una marcha en demanda de la ley de fuero sindical. La iniciativa se retomó en 1969 y el Primero de Mayo fue un acto unitario, hasta 1973. Con ocasión de un conflicto de los operarios de telecomunicaciones del ICE, se formó el Comité de Unidad Sindical CUS el cual adquirió carácter de órgano unitario de las confederaciones. El CUS se extinguió a mediados de 1978. En los años 79 y 80 hubo otras experiencias de trabajo sindical unitarias, hasta la formación en 1980 de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y del Frente Democrático de los Trabajadores. (Donato y Rojas 1987: 12-13)

IV. LAS INFLUENCIAS POLÍTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

       Existen diversas relaciones entre estos cambios sindicales internos y aquellos que son generados por la evolución de los partidos políticos y por los controles que el imperialismo norteamericano estableció desde 1945 en el campo sindical internacional.

La crisis de hegemonía liberal de los años 30-45, estimulada por el surgimiento del nazismo y el fascismo, tuvo que resistir también el ascenso del reformismo capitalista, del socialismo “cristianismo”, la social democracia, el socialismo marxista-stalinista y el socialismo trotskista. Por otro lado, como resultado de la creación de la OIT en 1919, el Estado acogió al final de los años 40 varias normas internacionales de derecho laboral mediante la OIT. Entre ellas el Convenio No. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación; el Convenio No. 98 que excluyó a los funcionarios públicos del derecho a la negociación colectiva, y el Convenio No. 151de junio de 1978 sobre la protección del derecho de organización y empleo en la administración pública. ( http://www.nuso.org/upload/articulos/1139_1.pdf

Hasta el fin de la Segunda Guerra las relaciones internacionales de tipo sindical fueron débiles. Entre 1936-1946 nació y se desarrolló la Confederación de Trabajadores de América Latina, CTAL, única experiencia unidad laboral latinoamericana, la cual fracasó en 1947 por los efectos de la Guerra Fría. En adelante se extendió la presencia de otras centrales internacionales como la CIOSL-ORIT, la CMT-CLAT, la FSM y la CPUSTAL con definiciones ideológicas diversas: de tipo liberal, comunistas, socialdemócratas, trotskistas y socialcristianas -las tres primeras desde 1920.

En los primeros años del 50 el gobierno de Estados Unidos, la CIA y la American Federation of Labour (AFL), fundada en 1882, elaboraron planes conjuntos para eliminar o inhabilitar la influencia de los comunistas en las centrales sindicales de Europa, Asia, África y América Latina.En 1955 se fusionaron la AFL y la CIO para formar una alianza sindical anticomunista liderada por George Many hasta 1979, la cual ejecutó la estrategia intervencionista norteamericana. En América Latina su aliada fue la ORIT. La AFL y la CIA, por su parte, fundaron centros para reclutar sindicatos y asociaciones disidentes del bloque comunista-stalinista. Esas injerencias y espionaje sindical se reorganizaron en el gobierno Kennedy a través de la recién creada USA-AID. En 1960 crearon el Instituto para el Desarrollo del Sindicalismo Libre en América Latina, como complemento de los planes de la Alianza para el Progreso.  

Hostigar a la CTAL, fundada en 1938, fue el primer blanco del Departamento de Estado, hasta lograr su desaparición en 1964. Luego se organizó el intervencionismo de EEUU en Centroamérica a partir del golpe militar contra el gobierno progresista de Jacobo Arbenz, en 1954. Otra experiencia pionera fue administrar el Instituto de Investigaciones Laborales Internacionales, con sede en Nueva York. Bajo su tutela se impulsó la capacitación de líderes políticos y sindicales a través del Instituto de Educación Política, con sede en Costa Rica, dirigido por José Figueres y su ministro de trabajo. El Instituto se convirtió después en el Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDAL.

La estrategia antisindical contó con el consentimiento y colaboración de empresarios norteamericanos, entre ellas de la Fundación Rockefeller y las corporaciones transnacionales ITT, Kennecott, Coca Cola, IBM, Pfizer, Anaconda, UFCo., Standard Oil, Shell Petroleum, Pan American World Airways, W. Grace and Co; United Corporation, entonces la mayores titulares de grandes inversiones en América Latina. La filosofía de esa cruzada sindical anticomunista era la siguiente: “Todos los problemas de los trabajadores serán resueltos por un sistema de libre empresa, de cooperación de clases y de negociación colectiva; así como por la colaboración con los patronos y el gobierno en la lucha anticomunista”, tal como la sintetisa el analista William Blum.  http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/02/004_bozza.pdf (Morris, G. 1967: 84-92)

En Costa Rica, las confederaciones la CTCR creada en 1943 se vinculó por corto tiempo a la CTAL y a la FSM. La CCTRN, fundada en 1945, primero se adhirió a la iglesia católica pero tuvo escisiones en 1950 y 1966 derivadas de sus nexos tanto con la Iglesia como con el PLN. En 1966 se propuso desligarse de ambas tutelas y recuperar la autonomía. La Carta Ideológica definió sus fines en torno a la promoción del bienestar de la clase trabajadora dentro del sistema democrático y la concepción social demócrata. Con el nombre de CCTD se ligó a la ORIT, la CIOSL y el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL) (Donato y Rojas 1986:6). Fue activa promotora de la capacitación de dirigentes sindicales en la CEDAL.

Por otra parte, en la década 60-70 surgieron las vertientes sindicales influidas por el pensamiento de izquierda que se desarrolló al calor de la Revolución China, la Revolución Cubana y, en menor grado, del socialismo árabe. Ese contexto afectó en primer lugar los vínculos entre sindicalismo y los partidos Liberación Nacional y Vanguardia Popular. Este último se reinsertó legalmente en la organización sindical una vez que se eliminó el párrafo constitucional que lo inhibía de participar en las luchas electorales, en 1975. En una segunda fase, entre el sindicalismo, el Partido Socialista (PS) fundado en 1972, el Frente Popular Costarricense (FPCR) en 1975, el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) en 1970, y la Organización Socialista de los Trabajadores (OST). Todas esas organizaciones desarrollaron nexos con las Internacionales socialdemócratas y socialistas marxistas.

En tercer lugar, entre 1949 y 1957 tomó forma el movimiento solidarista. En ese lapso nacieron 40 asociaciones. El 22 de marzo de 1954 se creó la Unión Solidarista Costarricense y en 1956 la Corporación Solidarista, para darle el soporte financiero. Entre 1957 y 1961 superaron en número a los sindicatos; decaen entre 1959 y 1963, año en que el sacerdote Claudio Solano Cerdas al mando de la Escuela Social Juan XXIII y con el apoyo de Asociación de Empresarios Pro Justicia y Paz creada un año antes, asume el proyecto solidarista como parte del objetivo del Obispo de San José, Carlos Humberto Rodríguez de “recristianizar” a la clase obrera. El Partido Unidad (Republicano) con una orientación socialcristiana catapultó al solidarismo como movimiento de los trabajadores y empresarios, a partir del gobierno de Rodrigo Carazo (1979-1983). Blanco G. y O. Navarro. 1984: 27-95)  

V. CONSIDERACIONES FINALES

     Comparto con las investigadoras Marian Pérez y María Eugenia Trejos: “La unidad de las clases populares debe darse a partir de organismos que, por su ubicación y dimensiones, permitan a dichas clases participar en las decisiones, solidarizarse y crear una voluntad colectiva; ejercer control sobre lo actuado, y desarrollar el nivel de comprensión necesario para plantearse la necesidad de construir su propia hegemonía”. (1990:61)

Las transformaciones de las estructuras de producción y del Estado en Centroamérica; en conexión con el mercado mundial capitalista y la ostentación imperialista de los Estados Unidos, en ancas del aparato militar y de sus monopolios transnacionales, configuró en Costa Rica, desde 1950, un nuevo segmento social. Por razones de extracción social, movilidad ascendente, estabilidad laboral, niveles de consumo y protección en la vida adulta las llamadas clases medias son diferentes a otras clases de la sociedad. Aunque comparten con los trabajadores directos su condición de asalariados.

Desde mediados de 1960 “los empleados públicos” hicieron suyos, en buen grado, los legados de las luchas de las clases inferiores; recrearon las conquistas de derecho laboral y la seguridad social. Con sus organizaciones sindicales se plantaron durante más de 60 años ante las fuerzas del mercado y del poder político que dilapidan las fuerzas sociales productivas. Sus luchas fueron exitosas hasta mediados de 1980 en medio de huelgas, conciliaciones jurídicas, administrativas, nuevas leyes laborales y consensos partidistas.  

Pero fueron víctimas, igual que el movimiento obrero, de divisiones internas; de la cooptación cultivada sin tregua por el gran capital, la iglesia y el imperialismo; y de miopía política para hacer de sus sindicatos “los organizadores de la clase obrera”. Sobre todo, una vez que los trabajadores obreros lograron “enviar hombres de su propia clase a los Parlamentos” según se expresaba el empresario industrial y teórico del socialismo, Federico Engels.

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http://www.tse.go.cr

 http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/02/004_bozza.pdf

Por Carlos A. Abarca Vásquez

I.            INTRODUCCION

La imagen de Centroamérica como una suma de “repúblicas bananeras”, fue elaborada a finales del siglo XIX por la mentalidad neocolonial norteamericana y en estos países solo ha tenido históricamente un contestatario consecuente: el movimiento obrero y campesino de los litorales plataneros del Istmo. La apariencia de las zonas bananeras como áreas culturales silvestres, civilizadas por “la ayuda” del capital monopólico y el progreso burgués capitalista, fue reafirmada cuando emergieron unos cuantos productores de la fruta paradisíaca al alero de las corporaciones multinacionales.

Este artículo retoma el filón de los conflictos entre el capital extranjero y nacional, y el trabajador de la región bananera atlántica de Costa Rica. Realza la formación y desarrollo de un frente de lucha obrera y proletaria en esas plantaciones y fincas privadas, entre 1960 y 1980. Acentúa el relieve de esas luchas en la reconfiguración del movimiento obrero y popular. En el nivel regional, después de la gran huelga bananera de 1934. En el ámbito nacional, luego de la ilegalización de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, como parte de la estrategia de dominación de los triunfadores en la Guerra Civil de 1948.

El texto persigue los siguientes objetivos.

1.- Conocer la instalación y las estrategias productivas de las compañías bananeras multinacionales en la región atlántica para apreciar la historia de luchas del movimiento obrero costarricense.

2.- Explicar el renacer del sindicalismo bananero en relación con los conflictos obrero-patronales y sus desenlaces en la forma de diversas protestas y nuevas normas laborales.

3.- Ordenar hechos y acontecimientos de la historia de los trabajadores bananeros para comprender el desarrollo desigual, regional y nacional, de la sociedad costarricense.

II.         EL RETORNO DE LAS TRANSNACIONALES BANANERAS

Unos años antes del vencimiento del Contrato Soto-Keith de 1884, la United Fruit Co. (UFCo), firmó con el Poder Ejecutivo tres nuevos convenios que le facilitaron invertir ventajosamente en el Pacífico Sur entre 1930 y 1938. La transnacional mantuvo el cultivo de cacao en Limón y fincas de banano en Valle la Estrella y Sixaola. Controlaba también la Northern Railway Co. y el muelle, e inversiones en el comercio, la banca y los servicios.    

Su mayor competidora, Standard Fruit Co., (SFCO) estaba radicada en Honduras desde 1899 e inició operaciones en 1907. Un año antes firmó otro acuerdo con el gobierno de Nicaragua por medio de la subsidiaria Bluefields Stemship Co., y debido a la crisis política de 1909 y la intervención de los marines  norteamericanos, se trasladó a las cercanías de Puerto Cabezas. En esas plantaciones explotó hombres, tierras, aguas y bosques, hasta 1935. En 1940 compró a la UFCo, en Costa Rica, 3.000 Has en el Valle la Estrella y 1.400 en Línea Vieja. (Viales, R. 1998:139).

La reapertura del mercado europeo y la nueva configuración empresarial burguesa de los Estados en Centroamérica después de la guerra mundial, favorecieron la reactivación de la producción bananera en las regiones atlánticas del Istmo. El 26 de julio de 1956 se aprobó en Costa Rica la ley No. 2038 para   fomentar las inversiones extranjeras y el 19 de agosto la SFCo expuso al gobierno la intención de invertir en Limón. Poco antes había comprado tierras a la Northern Raiway Co., negoció la reparación de las líneas del ferrocarril abandonadas y construyó otros ramales con cargo financiero a la cuenta de fletes por pagar a la empresa ferroviaria.

La SFCo innovó en dos áreas. Cultivó semilleros de la variedad de banano Giant Cavendish, resistente al “Mal de Panamá”, en terrenos de la empresa Sasso-Pirie, en Santa Clara. En 1963 diseñó el empaque de fruta en cajas de cartón para  40 libras e instaló la fábrica en las plantaciones. Con ello revolucionó el transporte y mercadeo, extendió el consumo por varios países y la técnica de empaque se generalizó. www.flacso.org.ec/biblio/shared/exist_view.php?bibid.En tercer término, la SFCo inició operaciones mediante la firma de contratos de compra de banano a medianos finqueros. Esa práctica ya existía. En 1932 unos 2.000 productores del Atlántico le vendían fruta a la UFCo., sin contratos fijos. La cifra bajó desde que “la Yunai” se trasladó al Pacífico Sur. http://163.178.170.74/wp-content/revistas/19-20/valverde.pdf

El retorno de las multinacionales se produjo como parte de los procesos de concentración y fusión de capitales en el mercado de la postguerra. Entre 1964 y 1968 Standard Fruit Co. se convirtió en filial de la Castle and Cooke Inc.: una corporación establecida en Hawai desde 1894, que opera en 30 países y en 1978 tenía el control del 39% del comercio mundial de banano. En los años ochenta,  SFCo tenía en Costa Rica 20 empresas bananeras subsidiarias, otras en textiles, finanzas y fumigación aérea. En 1966 produjo bananos en 2.168 has y compraba lo que cultivaban particulares en otras 2.252 Has. En esos contratos, mantuvo el 80 o 90% de las acciones de capital.

Poco después compró tierras al noroeste de Limón, en Guapiles. Hacia 1967 abrió semilleros en Finca 7  de Río Frío, Horquetas de Sarapiquí, e inició los cultivos en Finca 4 en 1969. Al año siguiente tenía cultivadas 4.700 Has y compraba la fruta de finqueros locales, en otras 5.000 Has. (Ellis, F. 1983:119) El 17 de abril del 2002,  SFCo. cédula jurídica No. 3-101-105-181, inscribió 52.753.285 has en el Distrito 3 Horquetas, Cantón 10 de Sarapiquí por un valor fiscal de ¢ 300.867.384 millones, según Registro Público N. 501-04-952. Por esos años a lo sumo tenía cultivadas 4.000 hectáreas.    

Además de la SFCo. hacia 1965 confluyeron en la región atlántica otras compañías transnacionales.

1.- La corporación Del Monte, una firma californiana dedicada a inversiones en frutas frescas con énfasis en piña. En 1967 entró al negocio bananero, al absorber a la West Indies Co. de Mami y su filial  BANDECO que operaba en Guápiles y Siquirres. Dos años después, la Del Monte le vendió BANDECO a la UFCo. En 1978 R.J. Reynolds Industries Inc compró Del Monte en $ 621 millones.

2.- La United Brands se constituyó en 1969 por la fusión de la UFCo., conocida como la Compañía Bananera de Costa Rica desde 1930 y la Cía. Bananera Atlántica (COBAL), propiedad de la  Afrikanische Frucht-Compagnie Laeisz. Sólo la UFCo. comercializó en el nivel mundial el 33% del banano en 1977. Esa suma significó para la U.B. el 30% de $ 2 billones de ingresos por ventas y el 70% de las ganancias totales. http://163.178.170.74/wp-content/revistas/19-20/valverde.pdf ; (Ellis, F. 1983:120)

BANDECO y COBAL se instalaron en CR en el apogeo del Mercado Común Centroamericano. En la misma perspectiva agroindustrial, los empresarios Edmundo Taylor y Carlos M. Rojas abrieron en 1963 las fincas “Vesta” y “Bremen” respectivamente. Su éxito hasta 1969, despertó una “fiebre bananera”. El Banco Central de Costa Rica financió a los nuevos productores la preparación de terrenos, siembra de semillas, gastos operativos y control de enfermedades. Las transnacionales por su parte, les compraban la fruta y les vendían asistencia técnica. En 1970, las exportaciones de banano rebasaron las ventas de café.

Pero los bananeros entraron en crisis financiera en 1969-70. En seis años de operación no pudieron pagar las deudas bancarias, al parecer, porque trabajaban con grandes deficiencias técnicas: “Sistemas de cable vía mal diseñados o deteriorados, empacadoras en pésimas condiciones, deficiencias en los sistemas de  de agua y patios de fruta, drenajes mal construidos, deplorables plantas eléctricas, bombas de agua y vehículos de transporte, y carencia de viviendas y local administrativo. En esas condiciones, formaron la Cámara Nacional de Bananeros, integrada además con las transnacionales SFCo. BANDECO y COBAL”. www.flacso.org.ec/biblio/shared/exist_view.php?bibid...tab

En 1971, la Cámara propuso a la Asamblea Legislativa la creación de la Asociación Nacional de Bananeros, ASBANA. En las gestiones parlamentarias concurrieron el Ministro de Agricultura y empresario bananero, Claudio Alpízar Vargas y los diputados –productores de banano- Teodorico Quirós y Moisés Soto. En las discusiones de la Comisión de Asuntos Económicos participaron los inversionistas bananeros Fernando Batalla Esquive y Rodolfo Gurdián Montealegre, El proyecto fue defendido con ardor por el diputado Luis Alberto Monge Álvarez, en abierta confrontación con el Presidente de la Comisión y copartidario, Genaro Valverde Marín. El 26 de octubre de 1971 se aprobó la ley 4895 que creó ASBANA y  en 1974 se emitió la Ley de Fomento Bananero para financiar las siembras de los empresarios nacionales. (Asamblea Legislativa. Expediente No. 4677. En: Abarca V., 2005: 98-102).

En 1971 surgió una tercera compañía exportadora, la Tica Bananera S.A. TICABAN. Funcionó de manera  independiente hasta 1973, año en que BANDECO le compró toda la producción y expandió los contratos con los finqueros bananeros. Pero en 1974 redujo las compras a los productores de Pococí y Siquirres, y amplió sus propios cultivos. En 1976  “eran cultivadas 3.211 has por 17 productores en fincas de 265 has promedio, pero la corporación poseía 9 propiedades y solo una medía 959 Has. (Ellis, 1983:125)  

Esa generación de productores criollos formó un empresariado agrícola capitalista por el tipo de inversión, organización técnica, administrativa y división del trabajo. Empleaban gerentes, abogados, jefaturas de operaciones, capataces y gran cantidad de fuerza asalariada. El 93.6% estaba en el Atlántico y el 6.4% en el Pacífico Sur. Entre 1972 y 1977 participaron con el 40% de las exportaciones de banano, a través de las transnacionales. La cifra bajó al 17% en 1976 y al 11.3% en 1977.  De los 47 productores, 13 vendían la fruta a BANDECO, 16 a SFCo. 15 a COBAL y 3 a UFCO. La mayoría poseía fincas entre 50 y 500 has. 

Según ASBANA, en 1978 el área plantada en el país era 25.213 hectáreas y el 40% representaba a los productores locales. Pero la SFCo tenía 10.000 Has. en descanso, mientras que los finqueros particulares utilizaban al máximo el área con altos costos y bajos rendimientos. La reserva de tierras de BANDECO era de 3.000 has. La UFCO poseía 67.712 has. en 1974 y sembraba con banano unas 6.800 has. El número de productores pasó de 61 en 1974, a 47 en 1978. “En 1983 existen 57 empresas de ASBANA que acaparan 40.704 Has pero siembran alrededor de 18.000 y emplean más de 15.000 trabajadores”, publicó el abogado Arturo Fournier en la Revista Trabajo No. 17 de ese año. (Bermúdez, G. 2000:27).   

Los suelos se agotaron y las tierras fueron vendidas a las corporaciones. Las ganancias acumuladas las trasladaron a inversiones inmobiliarias urbanas y la compra de tierras de valor turístico potencial. http://www.solidarismoenaccion.com/libros/Bananeros1.pdf  Durante quince años estos productores se habían desarrollado en relaciones de dependencia con las multinacionales. En particular, no establecieron vínculos directos con el mercado mundial debido a su funcionamiento monopolista. En consecuencia, fueron forzados a vender la fruta a esas empresas y a comprarles tecnología mediante contratos que les restaron toda autonomía empresarial.

No podían vender las tierras, sembrar otras variedades, ni extender el área cultivada, hasta ciertos topes. No se les permitía usar las empacadoras para fines distintos al quehacer bananero, ni usar la semilla a su conveniencia. Eran objeto de inspección técnica y la empresa extranjera tenía acceso a sus medios de comunicación, incluso en sus mismas oficinas. Si abrían fincas, debían dar exclusividad de compra a la corporación, la cual se reservó el criterio de rechazar o adquirir todo o parte de la fruta de la nueva área. Estaban obligados jurídicamente a que el Estado exonerara de impuestos los insumos para bajar los costos de producción, con lo cual las multinacionales maniobraban para bajar los precios de compra de la fruta. Debían usar los medios de transporte y de estiba de esas empresas. http://163.178.170.74/wp-content/revistas/19-20/valverde.pdf

III.      LAS RELACIONES LABORALES

El futuro económico de la región atlántica se percibía muy sombrío entre 1940 y 1955. El cierre del ciclo bananero que explotó la UFCo. de 1890 a 1938 trajo desocupación, abandono de fincas, cierre de  comisariatos, dispensarios médicos, fondas y líneas ferroviarias; contracción de las importaciones y de la producción e intercambios locales que dependían del enclave. El cacao, hule y abacá tuvieron dinamismo en la Segunda Guerra Mundial. El cacao subsistió, igual que el latifundio ganadero. La producción mercantil campesina se generalizó con la abras de inmigrantes que poblaron tierras baldías u ocuparon en precario partes de las propiedades desasistidas por la empresa monopólica.  

El 26 de julio de 1956 la Asamblea aprobó la Ley No. 2038 para fomentar las inversiones extranjeras. Exoneró de impuestos y otorgó concesiones cambiarias a las operaciones internacionales en dólares. Al poco tiempo nuevos capitales norteamericanos propusieron renovar la producción de banano, la actividad ferroviaria y portuaria. En 1963 el Estado creó la Junta Administradora y Portuaria de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA. Conjuntamente con los asentamientos agrarios del Instituto de Tierras y Colonización ITCO y el ingreso del país al Mercado Común Centroamericano, se logró que la región experimentara una activa reproducción del capitalismo. En 1965 en Valle la Estrella había más un millar de trabajadores. (Libertad, 20-11-1965:7). Ocho años después, “la Unión General de Trabajadores de Limón, UTRAL, estimó en más de 30.000 la cifra de asalariados en las plantaciones del Atlántico”. (Aguilar, M. 1989:158)

Pero los rasgos dominantes eran la inestabilidad y cesantía. El riesgo de despido dependía de caprichosas decisiones de mandadores, capataces y contratistas. Los superintendentes y gerentes estaban atentos al clima de simpatías unionistas y a los indicios de organización sindical. El despido aumentaba en relación con los pliegos de demandas, o los trámites legales para abrir un conflicto colectivo, realizar una huelga o firmar una convención colectiva de trabajo. El desempleo asomaba con crudeza al cierre de las fincas bananeras o cuando la empresa consideraba necesario bajar los enganches. La tecnificación tuvo poca incidencia en la demanda de fuerza de trabajo. No así el clima de lucha laboral, ni las políticas económicas de Estado.      

Entre el 5 y el 8 de marzo de 1974 los gobiernos de Panamá, Honduras y Costa Rica impulsaron la  Unión de Países Exportadores de Banano. El convenio entró en vigencia al adherirse Ecuador y Nicaragua. Se trataba de resarcir el descenso en los términos de intercambio, originado en el alza en los precios del petróleo y la crisis de 1973, mediante la aplicación de un impuesto de $ 1.00 por caja de exportación. En Costa Rica el tributo se aprobó por Ley No. 5515 de 1974.

Las transnacionales reaccionaron. Declararon una guerra de producción y precios: una forma de combate contra el proteccionismo económico como recurso del Estado. La ofensiva de los monopolios apuntó directo a la autonomía de las naciones y al dogma y los valores asociados con la “libre competencia”. En Río Frío, Valle la Estrella y Siquirres, la SFCo. y BANDECO inyectaron tóxicos a las plantas, botaron matas en estado de maduración, suspendieron fumigaciones y rebajaron las cuotas y precios de compra de fruta a los proveedores criollos. (Libertad 22-6-1974: 2 y 17-8-1974:1)         

Y ello, en coyuntura de crisis en la reproducción del capital. La tasa de desempleo pasó de 7.2% en 1963 - agravada por las erupciones del volcán Irazú- a 8% entre 1973-1975.  Ascendió al 9% en la depresión siguiente, de 1979-1983. (Donato y Rojas 18). El desempleo repercutió en el precio de la fuerza de trabajo. Los salarios se congelaron o descendieron. Pero el administrador del comisariato, la fonda, la cantina y el lupanar, tanto como el usurero, eran insensibles a los ritmos de la devaluación, el empleo y los salarios.          

Diez años después de la huelga de 1934, el Código de Trabajo había establecido dos formas de convenir los salarios en tareas colectivas: el Arreglo Directo y el Conflicto Económico Social. El primero no requiere que haya sindicatos. El segundo, sí. Además, en 1964 se incluyó en el Código la figura de la Convención Colectiva. En ésta se reconoce al sindicato como único interlocutor con personería jurídica para plantear  demandas laborales, y los acuerdos entre empresa y sindicato se acogen con carácter de ley laboral.  

Algunos gobiernos levantaron censos de salarios y precios en las zonas bananeras. En Costa Rica se creó el Consejo Nacional de Salarios en 1949 y el contrato bananero de ese año, estableció que los salarios se fijarían según los índices de precios, pero sin tomar en cuenta los climas o las diferencias regionales que repercuten en los trabajos y el nivel de vida. No obstante, como logro de la huelga bananera del Pacífico Sur de 1953, el Presidente Figueres Ferrer decretó que los salarios pagados en la UFCo serían superiores en un 50% a los precios que fijara el Consejo. No hay certeza de que ese criterio se aplicara en la década del sesenta en las bananeras del Atlántico.  

El periódico Libertad ofrece retratos y escenas discontinuas de las condiciones de trabajo en las empresas fruteras. La ausencia de sindicatos en casi todo el decenio 55-65, mantuvo indefensos a los trabajadores en áreas sensibles como el tiempo y los salarios según la variedad de ocupaciones y faenas agrícolas o industriales. El salario mínimo era más la excepción que lo habitual. Había retrasos. Era obligaba  trabajar a precios normales, los domingos y feriados; los contratistas ofrecían pago por horas pero lo hacían efectivo por pieza. No había pago de vacaciones, ni de aguinaldos.

Lo ilustra esta gacetilla. “En Finca la Fortuna, ramal de la Estrella, los trabajadores se desgastan para ganar entre ¢ 3.00 y ¢ 5.00 por día. El trabajo de corta comienza a las 5 a.m. y concluye a las 6 p.m. Si la Standard pagara legalmente el salario mínimo, debería hacerlo a ¢ 28.90. Pero la represión de la empresa impide la organización sindical”. (Libertad 8-7-1962:3). Y los capataces controlaban los rendimientos por hora. “…En la tarea “carguero de banano” se arrastra hasta 25 racimos en rodillos jalados por medio de una cincha atada al pecho a través de grandes distancias y si el obrero no da rendimiento se le despide. (Libertad 10-4-1962:4)

En las bananeras el alojamiento de los trabajadores fue un problema durante todo el período. En  Valle la Estrella, la Standard adquirió viejos barracones de la UFCo. y en los cuadrantes de las fincas usó los baches colectivos y viviendas en casos de trabajadores con esposa e hijos. Pocas familias tenían ese hospedaje. En los barracones las condiciones sanitarias e higiénicas eran de mínima calidad. Los obreros dormían sobre camalotes en habitaciones estrechas compartidas hasta por 8 trabajadores en unos pabellones llamados baches, habitados por 20 o más obreros. El suministro de luz eléctrica y agua era racionado porque estaban conectados al sistema de tuberías y cables de la finca y las empacadoras. Los obreros no podían convivir libremente con mujeres de la zona en las propiedades de la empresa. Los días de pago llegaban a los bananales hasta 200 mujeres que trabajaban como prostitutas en lupanares o “donde hubiera lugar”.  http://www.solidarismoenaccion.com/libros/Bananeros1.pdf

En los agudos inviernos con ciclos de inundaciones en los cuadrantes, en las fincas se vivían días y noches de angustias y zozobra. “En el Valle de la Estrella, en Fortuna de Limón, los bananales se llenaron de agua, los caseríos se inundaron en todas las fincas sin excepción y los trabajadores y sus familias no tienen donde refugiarse. Faltó el agua de las cañerías y no había ni para cocinar. En el Valle no hay sitios en donde la gente pueda refugiarse. Los  jefes de la Standard viven en La Loma, en Pandora este. Están a salvo de las llenas, mientras que los obreros y sus hijos no tienen protección alguna”. Esa situación afectó ese año a más de 500 trabajadores. (Libertad 17-1-1970:10)

Las condiciones de trabajo en las fincas de los productores del país eran peores. Carecían de  vivienda fija o no había suficientes habitaciones, no los cubría el seguro de accidentes de trabajo, tampoco recibían aguinaldo completo, ni asistencia médica permanente. Los salarios eran más bajos que los pagados por las transnacionales. Los despidos eran frecuentes cuando se abrían procesos de negociación y conflictos económico-sociales. La oferta de brazos era pues muy inestable. (Aguilar, M. 1989:67)

El contrato bananero según el Decreto No. 30 del 15 de diciembre de 1934 estableció que la UFCo. debía rebajar el 1% del valor de las compras de banano a finqueros particulares para depositarlo al Estado y destinarlo a atención hospitalaria. Pero no había centros médicos estatales y la empresa deducía a los trabajadores ese porcentaje para dar atención en sus dispensarios. (La Voz del Atlántico 2-2-1935:1). En febrero de 1964 se inauguró en Pandora, ramal del Valle la Estrella, el  primer hospital de la CCSS. Los sindicatos apreciaron la obra,  porque “las empresas se despreocupan por la salud de los trabajadores que dejan su juventud en los bananales. Aunque sólo hay un médico que no da abasto ni para la población en edad infantil”.   

Desde 1970 aumentó el número de médicos y con ese criterio se repartían 30 citas por cada uno, cada 15 días. “Gran cantidad de personas y trabajadores llegan a los dispensarios después de recorrer kilómetros, con fuertes gastos por transporte y alimentación, y no son atendidos porque el médico ya cumplió la cuota de servicio”. El STAPPG logró que los accidentes cubiertos por pólizas del INS, éste pagara hospedaje, pasaje y alimentación en San José; pero los dineros no se depositaban oportunamente.

En setiembre de 1981, el SITAGAH denunció que médicos de la CCSS y del INS escamoteaban el seguro de riesgos profesionales. “Las incapacidades por accidentes menores no se extienden, o postergan, y los obreros las necesitan para pedir a la empresa que los reubiquen en otras tareas. Ha habido casos en que la empresa fuerza la renuncia del trabajador, con pérdida de derechos laborales”. (Libertad 28-9-1981:6)

En julio de 1981 un centenar de obreros del Valle la Estrella firmaron una carta para que se destituyera a una doctora.  “En actitud servil con la Standard, se niega a dar incapacidades, presta mala atención y trata de que los obreros no abandonen el trabajo por razones de salud. Tampoco ha tomado las medidas necesarias en relación a hechos deshonestos que el personal a su cargo comete contra las esposas e hijas de los trabajadores”. La profesional rehusó dialogar con los sindicatos y el memorial fue enviado al Director de la CCSS.

Desde 1978 comenzaron las quejas por las intoxicaciones y supuesta esterilidad que provocaban unos productos químicos usados en sanidad vegetal. En 1979 el Ministerio de Salud prohibió el “Nemagón” utilizado para fumigar. La empresa se negó a referir a los afectados a exámenes médicos. “Algunos trabajadores reaccionaron con la amenaza de no salir a fumigar. Denunciaron el efecto tóxico sobre la fauna y el sindicato solicitó la intervención del Dpto. de Sanidad del Ministerio de Agricultura. (Libertad 5-6-1981:6; 16-7-1981:5) 

La Compañía siguió usando los tóxicos. Amenazó con despedir a los se negaran a fumigar e influyó en el personal médico y sanitario para desestimar incapacidades por supuesta intoxicación. “Son muchos los trabajadores que afrontan enfermedades como alergias, dolores estomacales y náuseas. A todo eso contribuye el riego aéreo para controlar la sigatoka y otras plagas. Fumigan sobre los cuadrantes donde viven trabajadores y familias”. (Bermúdez, U. 2000:85) El Sindicato incluyó la demanda en el trámite de la V Convención Colectiva.

El NEMAGON causó estragos. El 5 de noviembre de 2007 un jurado de Los Ángeles condenó a la SFCo.    

(Dole Fresh Fruit Co.) a pagar altas sumas por indemnización a trabajadores esterilizados por el uso del nematicida DBCP. Después de la sentencia los sindicatos costarricenses tramitaron alrededor de 2.300 denuncias en el Bufete Provost & Umphrey, California. http://tlc-no.blogspot.com/2007/11/triunfo-histrico-de-los-afectados-de.htm  Según trabajadores de Río Frío, la cifra de los afectados es superior a los 15.000 hombres.

IV.        CONFLICTIVIDAD Y NUEVAS NORMAS DE TRABAJO

El 23 de agosto de 1934 el periódico La Información de Bluefield denunció que 45 trabajadores nicaragüenses fueron expulsados desde Costa Rica en una acción dirigida por el Coronel Ricardo Monge, al mando de 200 militares. Los rechazados vivían en la zona varios años atrás, algunos eran hijos de madres costarricenses y padres nicas, otros nacieron en Guanacaste y emigraron a la zona bananera. Los militares llegaron a La Línea para proteger la propiedad, amenazada por una “turba de huelguistas”. Se les acusó de incitar a la revuelta y de destruir propiedades. (La Voz del Atlántico 5-11-1934:1-5). La mayoría de esos trabajadores habían sido liberados de la prisión por gestiones del PCCR. (Trabajo 7-10-1934:1)

Al mes siguiente se formó el Partido Anticomunista de Limón, según manifiesto del grupo firmado por 101 ciudadanos. Tenían 22 miembros en el Comité de Guápiles y 36 en el de Siquirres. (La Voz del Atlántico 15-9-1934:1-5). En San José se formó la Liga Anticomunista con las secciones conocidas como “Los Vigilantes”. Se  dedicaban a espiar los movimientos de los dirigentes comunistas. Estaba dirigido por Jorge y Roberto Zeledón, Ramón Madrigal, Víctor Guardia Quirós, Lucas Raúl Chacón y un sujeto de apellidos Albertazzi Avendaño. (Trabajo 14-10-1934:1). Esas condiciones no favorecían la reorganización sindical después que el gobierno reprimió la huelga de 1934.  

La conflictividad y organización sindical en el Atlántico descendió entre 1935 y 1939. Durante la crisis de la Segunda Guerra Mundial el desempleo, escases, especulación y alza en el precio de artículos importados y de consumo interno; así como la aprobación del Código de Trabajo en 1943, estimularon el clima pasivo y consensual que promovió en aquellos años el Partido Comunista. De 1940 a 1947 se organizaron 13 sindicatos en Limón: 4 en fincas bananeras, 1 en plantaciones de abacá y 2 federaciones. Actuaban  en el sector de Guácimo, Siquirres, Pococí. En Siquirres el sindicato tenía representantes de las fincas bananeras San Alberto, Canadá, La Esperanza, Cultivés (abacá) y Las Indias. (Libertad. Varios números)      

El evento relevante fue la creación de la Federación de Trabajadores de Limón, FETRAL, el 2 de octubre de 1944, presidida por el Secretario General, Joaquín Hernández P. y afiliada a la CTCR. En ella figuraban los dirigentes Federico Picado Sáenz e Isaías Marchena Moraga. Picado fue vilmente asesinado en diciembre de 1949 junto a otros cuatro dirigentes del Partido Vanguardia Popular. El suceso es recordado con referencia a “los mártires de Codo del Diablo”. Isaías Marchena fue otro gran dirigente que dedicó su vida al movimiento obrero del Pacífico Sur. (Trabajo 7-10-1944:1). La FETRAL fue disuelta de hecho al fragor de la crisis política y militar de 1948.      

Al año de la Guerra Civil se creó la Comisión Obrera Sindical COS. Nació con el objetivo de presionar para que las Garantías Sociales fueran incluidas en la Asamblea Constituyente “dado que no se contemplan” en el proyecto. La COS reorganizó 29 sindicatos entre 1949 y 1952. En ellos, el Sindicato de Trabajadores del Cacao de Sixaola. Además, de 1950 a 1962 se involucró en cuatro huelgas en la región atlántica, 2 de obreros ferroviarios y dos en fincas de cacao y abacá. En enero y agosto de 1956 hubo dos paros parciales de bananeros, y otro en junio del 57.   Se paralizaron 4 fincas de la UFCo., en Sixaola.     

Otras dos huelgas ocurrieron en diciembre de 1958. Una en la Northern Railway Co. y otra en las fincas de la UFCo. La huelga de los trabajadores de cacao fue dirigida por la CCTRN y surgió por la negativa de la empresa a discutir un conflicto colectivo económico-social. Las demandas cubrían las fincas San Alberto, Indiana  2 y 3, Brand Star, Bees Line, Bristol, Zent, Búfalo, Strafford, Liverpool y el Toro. El “sindicato democrático” planteó alza de salarios, reducción de jornadas, eliminar el destajo en el riego de “spray”, aumentar y mejorar los baches y viviendas, aumentar el fluido eléctrico, dar mantenimiento a servicios sanitarios y garantías sindicales.  Participaron 550 trabajadores. El conflicto tuvo apoyo de 334, el 62% del total de empleados; pero los jueces negaron el derecho de huelga. Durante la huelga de hecho, los trabajadores se organizaron en comisiones de vigilancia, financiamiento y alimentación. Resistieron 12 días. (Abarca, 1978:129)

La UTRAL convocó a un mini congreso de trabajadores bananeros en diciembre de 1964,  con el objetivo de “luchar por el restablecimiento de las libertades sindicales”. El 10 de octubre de 1965 la CGTC realizó una concentración de trabajadores en la Finca “Ley River”, en Fortuna de Limón. Poco después hubo otro mitin en el sector de Atalanta bajo resolución del Juez Penal, indicando a los personeros de Standard y a la policía que era ilegal obstaculizar el libre tránsito de los trabajadores por las fincas y propiedades.  (Libertad 6-11-1965:5) A pesar de eso fueron detenidos varios dirigentes sindicales de UTRAL y de la  FUNATRAFOPA. El acto represivo acicateó la voluntad de lucha y organización. El 26 de octubre de 1966 se realizó la Asamblea General de UTRAL en Fca. La Fortuna a pesar de que la empresa boicoteó con un campeonato relámpago de futbol.

La SFCo. tuvo éxito en neutralizar e impedir la afiliación sindical, entre 1962 y 1968 la SFCo.  Tenía el apoyo de los agentes de policía quienes impedían que los trabajadores se movilizaran entre los bananales para asistir a las actividades sindicales. En 1962 fue arrestado el activista de la CGTC, Rodrigo Paniagua. En 1964 fueron apresados cinco trabajadores nicaragüenses con el cargo de estar ilegales en el país. Los jueces denegaron un recurso de Hábeas Corpus que se interpuso con el criterio de que tenían cónyuges e hijos costarricenses. (Libertad 29-3-1964:6). Pasado un tiempo, hubo sentencia judicial contra la norma de la empresa que prohibía el uso público de las trochas y veredas de sus propiedades.  En noviembre de 1965 fueron detenidos los sindicalistas Juan Rafael Solís Barboza, Rodrigo Paniagua y Wright Lindo. Estuvieron 10 días en la cárcel de Finca 6 de Río Frío (Libertad 25-12-1965:5)

“El sindicato llegó entre el 68 y el 69. Le decían a uno que la Compañía tenía que hacerle unos papeles para tener derechos. Llegaban de noche y le dejaban un papelito para que lo estudiara; o el sábado que uno andaba en la calle o en los “refuegos”, llegaban y debajo de la puerta del bache le metían un papelito y cuando uno abría se encontraba con ese papel diciéndole lo que tenía que hacer y dándole valor, que no tuviera miedo, porque si la Compañía se daba cuenta que uno leía eso lo votaban. La Compañía no quería al sindicato porque sabía que iban a pedir muchas cosas para el trabajador, cómo le dijera, derechos. Los del sindicato nos decían estudien, analicen entre los mismos compañeros y el día que dicen me quiero afiliar, que nos afiliemos toda una finca y casi toda la gente de otra finca para que cuando la Compañía quiera votar a un trabajador, que le digan no, tiene que votarnos a todos porque ya todos estamos afiliados. Bueno. Así se comenzó.

El sindicato entró más de lleno, más en lleno y de un pronto a otro había de cada finca más o menos el 80% ya afiliado. Uno pagaba a escondidas un tiquetillo. Era poco lo que pagaba… La Compañía creía que eran comunistas. Pero ellos no le hablaban a uno de comunismo, sino nada más de los derechos que uno tenía como trabajador. Era nada más para que uno, pues, se defendiera. Mucha gente se sindicalizó y un día se paró la Compañía. ¡Juepuña! ¡Los trabajadores la paramos! Yo duré como tres años ahí. Me vine para Guápiles al final del 69, trabajando siempre en banano en el mismo Standard, pero en Santa Clara de Guápiles, una finca de otra persona pero que era como de la Standard”. (Flores V. Manuel. Entrevista.)       

Las actividades con miras a la Primera Convención Colectiva de Trabajo a La SFCO, desplegaron a partir de abril de 1969. El 19 hubo un mitin en Finca 5 del Valle la Estrella con asistencia de 300 obreros.  Se entregó a la empresa un pliego de peticiones y el gerente lo rechazó. Con ello abrió la vía conciliatoria administrativa, previa acción judicial.  

Entre 1965 y 1981 los sindicatos recurrieron en 27 ocasiones, en situación de conflicto, a diversos trámites y  procesos administrativos o jurídicos de conciliación laboral con la Standard. En tres de ellas mediaron representantes de instancias como el ICE, CNP y el MEP. En casos de quejas y memoriales el MTSS actuaba de interlocutor. La UTRAL y SITAGAH dirigieron 25 de esas acciones y actuaron en forma unitaria a partir de 1972.  

Entre 1965 y 1969 los sindicatos litigaron tres Conflictos Colectivos y un Arreglo Directo. De 1970 a 1981 firmaron cinco Convenciones Colectivas, únicamente con SFCo. “En el sector bananero, sólo en 1971 los trabajadores plantearon 9 de las 15 Convenciones tramitadas”. (Donato E, y M. Rojas 1987:53). Durante los plazos de aceptación o no de las convenciones entre octubre de 1969 y noviembre de 1980, se realizaron 50 gestiones administrativas y/o jurídicas: 14 Conflictos Colectivos, 21 Convenciones Colectivas en fincas de productores del país, un Arreglo Directo y 14 resoluciones administrativas    

Esos procesos fueron precedidos de diálogos tripartitos: empresa, sindicatos y  Ministerio de Trabajo. Se planteaban en torno a pliegos de demandas acerca de condiciones laborales, quejas por incumplimiento de acuerdos, querellas sobre relaciones interpersonales o para convenir en temas como salarios, despidos u obstrucción de la labor sindical. Pero no siempre hubo conciliación entre las partes. Tampoco la mediación política del Estado logró impedir las huelgas.   

Sólo en la SFCo., en Valle de la Estrella y/o Río Frío, entre 1969 y 1981 se produjeron 12 huelgas y paros de corta duración; cifra que representa el 31% en un total de 39 movimientos que ocurrieron esos años en la región bananera. De las restantes 27 huelgas o paros, 2 se suscitaron contra la Northern Raiway Co. y 25 en las fincas de los productores del país. La cifra total de 39 protestas se distribuye por años, así: 10 entre 1950-1969, 20 de 1970 a 1979, 9 entre 1980-1981. Pero sólo en la década 71-81, hubo 17 huelgas y 9 paros en las fincas de BANDECO y de los empresarios criollos las cuales surgieron en el trámite de negociaciones de Conflictos Colectivos y Convenciones de Trabajo.    

En síntesis, en las plantaciones de banano del Atlántico propiedades de SFCo., BANDECO y COBAL, y de  empresarios del país, se presentaron 37 huelgas y/o paros de corta duración, 17 Conflictos Colectivos Económicos Sociales, 2 Arreglos Directos 25 Convenciones Colectivas y 41 gestiones administrativas sindicales.  

La primera huelga contra SFCo ocurrió en mayo de 1969. Durante tres días, en la zona bananera atlántica hubo un ambiente tirante, de demostración de fuerza. Los trabajadores lograron que se reconociera la personería jurídica de UTRAL como entidad interlocutora. Aumento general de salarios, estabilidad para los huelguistas, reducción de la jornada a 7 horas, mejoras en los baches y construcción de más viviendas familiares. En febrero de 1970 se produjo la segunda huelga realizada por más de 2.000 obreros. La causa fue el incumplimiento del convenio que puso fin a la huelga del 69. Duró 9 días y la empresa aceptó la primera Convención Colectiva, firmada en octubre de ese año.

A calor de estas luchas se fundó el Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones de Siquirres, SITRAP, y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de las Plantaciones de Pococí y Guápiles, STAPPG. El Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas, Ganaderos y Anexos de Heredia, SITAGAH logró mayor libertad de acción. Esas instituciones de los trabajadores retomaron la lucha por firmar convenciones colectivas. ”A principios de los años 70, de las 57 fincas que había en la zona Atlántica, en 53 de ellas las relaciones obrero patronales se regulaban por convenciones colectivas que fueron logradas mediante paros y huelgas sucesivas”. (Aguilar H., 1989:158-159)

Otra huelga de mucho impacto, estalló en las plantaciones ASBANA-BANDECO en 1978. Los sindicatos pedían 40% de alza salarial. No tuvieron éxito, pues “significó la disolución del sindicato con pérdidas registradas en 39 fincas”. La huelga de agosto de 1979 contra varias fincas privadas fue dirigida por la recién creada FETRAL. “Desarrolló amplia solidaridad en el frente comunal y sindical bananero; legitimó la solidaridad en el Valle Central. Soportó alto grado de represión y coacción y por ello los sindicatos no lograron hacer cumplir posteriormente los acuerdos. La huelga contra la SFCo., de diciembre 1979-enero 1980, suscitó gran apoyo entre los trabajadores de las fincas particulares y hubo huelgas de solidaridad en Guápiles, Siquirres, Bataán, Valle la Estrella y Río Frío. En ella participaron SITAGAH, UTRAL, STAPPG Y SITRAP. (Smith y Rivera. 1988:53) 

V.           COMPLEMENTO FINAL 

El aspecto sistémico, multisectorial y multifacético que mostró la crisis capitalista de 1979-1983, animó la transición del capitalismo industrial de la postguerra a un modo de dominación planetario e imperialista. En América Latina, las agencias financieras internacionales exigieron, no sólo el pago de la deuda externa; también, el desmantelamiento de las bases sociales que indujeron desde 1930 un período de desarrollo con alguna dosis de estatismo, reformas sociales, avances en las libertades y auge de la democracia burguesa representativa.

La historia del movimiento obrero y popular; de las luchas gremiales, sindicales, cívicas y comunales que se forjaron en Centroamérica y el Caribe entre 1960 y 1980, exhibe al menos dos aristas. Por un lado la renuencia de las clases asalariadas a soportar pacientes un modelo desenfrenado de acumulación de la riqueza y de disfrute del  progreso cultural, alcanzados por el desarrollo de las fuerzas sociales productivas. Por otra parte, excitó el rencoroso enfrentamiento del capital y de sus expresiones estatales contra el avance de las libertades. En  particular, contra el derecho de las clases asalariadas y sectores medios a organizarse para luchar, en el marco de la legislación laboral, por la defensa de sus condiciones de trabajo y un nivel mejor de vida.

Dos décadas de lucha del proletariado y la clase obrera bananera, culminaron en Costa Rica en la derrota política de las organizaciones sindicales de las regiones bananeras en el Pacífico Sur y el Atlántico. En esta zona “desde 1980 hasta 1990, solamente quedó en funcionando un sindicato bananero”, según el dirigente Gilberth Bermúdez. Al anularse las convenciones colectivas, las corporaciones transnacionales y los empresarios agrícolas amparados por el Estado y la dirigencia de Iglesia Católica, retrocedieron a la figura jurídica de los Arreglos Directos. En las fincas y plantaciones, las coaliciones de trabajadores y las Asociaciones Solidaristas sustituyeron a los sindicatos, desde 1983. Eran los tiempos del “consenso de Washington” y el “Plan para la Cuenca del Caribe” orquestados por la diplomacia y el garrote anglosajón.  

1. VI.        BIBLIOGRAFÍA    

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Entrevista.   Flores Valverde, Manuel. Huetares, Horquetas, Sarapiquí. 18 de julio 2007.