Por Carlos A. Abarca Vásquez

INTRODUCCION

El desarrollo del capitalismo en Costa Rica ha suscitado reflexiones sobre sus particularidades. La conquista y colonia fueron condicionadas por la baja población, escasez de oro, destrucción de la agricultura y de los modos de vida en cacicazgos, y el desarraigo forzoso de los nativos para conquistar Centroamérica, extraer oro y plata en el Perú, y el comercio.

Las rebeliones indígenas en las tierras altas del Atlántico y el Pacífico retardaron la colonización. Las invasiones de piratas ingleses, zambos y mosquitos desactivaron la explotación de indios, negros y mestizos en los cacaotales de Matina. En el siglo XVIII las migraciones del este al oeste consolidaron aldeas en la meseta central. Surgió una agricultura de subsistencia y comercial  basada en chacras campesinas y haciendas de ganado, tabaco y azúcar que sirvieron de sustento a las futuras provincias. En Guanacaste y Puntarenas se impuso el latifundio ganadero.   

Temprano el siglo XIX, la expectativa de lucrar con el café generó expropiación de los pueblos de indios y cofradías, y la entrega gratuita de tierras. La hacienda cafetalera se afianzó a partir de la inversión inglesa, las ganancias de las exportaciones, la explotación solapada del agricultor y las transacciones de tierras. Surgió la concentración de la propiedad. Pero la entrega de las leguas de tierras municipales, el reparto de baldíos fuera del valle central y la mediación estatal en las querellas por derechos de uso de la tierra aminoraron el conflicto agrario y facilitaron el control  político. (Castro, S. 1990: 207-212).

La ley de baldíos de 1884 y el Código Fiscal de 1885 remozaron la avidez por la tierra. El Estado liberal dio cuantiosas regalías para la construcción del ferrocarril a Limón, producción de banano, caucho y maderas, extracción de oro y generación eléctrica. Campeó la inversión imperialista, inseparable del latifundio y de la expectación e intereses de la burguesía exportadora. Otras leyes acogieron con renovado énfasis colonialista la inmigración de los expulsados por las sociedades industriales. Se legisló con nuevo énfasis colonialista para obsequiar tierras libres, sin límite de extensión y al margen de derechos de posesión de los campesinos. En 1888 se creó el Registro de la Propiedad y los terratenientes inscribieron las demasías adquiridas con las leyes de baldíos.

Entre 1895 y 1930 afloró la violencia agraria en Guanacaste, la región minera Tilarán, Abangares, Montes del Aguacate; el sur de San José, Puriscal, Turrialba y el Atlántico. (Gudmundson, L. 1983: 177-192; De la Cruz, V. 1986: 319-328; Edelman, M. 1998: 138-175). El Estado toleró el uso privado de la represión, ejerció control institucional e impuso coacción policial. Pero entre 1904 y 1934 promulgó cuatro leyes de cabezas de familia que habilitaron la colonización interior del país, amortiguaron la presión sobre el latifundio, expandieron las relaciones capitalistas y afianzaron las funciones del Estado. En 1923 se instaló en Guanacaste una guarnición policial.

En ese desarrollo histórico y estructural ¿Cuál fue el efecto de las propuestas agrarias del Partido Comunista? La pregunta persigue los siguientes objetivos:

1.- Relacionar las propuestas de transformación agraria del Partido Comunista con la reproducción del capitalismo en Costa Rica. 

 

2.- Caracterizar la inserción del Partido Comunista en el movimiento de lucha por la tierra que surgió en el contexto de la crisis de la Segunda Guerra Mundial.

3.- Comprender las limitaciones del Partido Comunista para articular acciones de  interés político común, entre la clase obrera y el campesinado pobre.

II. LA PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA AGRARIO

La agricultura de subsistencia, los estímulos a la apropiación individual y familiar de la tierra, la extensión de la escolaridad por grados y programas desiguales en el campo o la ciudad, la función parroquial, y la literatura costumbrista conformistas y apaciguadores, idealizaron el modo de vida campesino, ocultaron la explotación y adormecieron las sensibilidades ante la situación social de los indígenas y los campesinos pobres.

En 1910 el dirigente obrero Juan Rafael Pérez reaccionó contra el acaparamiento de tierras “sin importar que el propietario sea extranjero o nacional… En este estado de cosas vendrán las subversiones agrarias con sus secuelas de asesinatos.” Once años más tarde, la Confederación General de Trabajadores se solidarizó con los campesinos que eran hostigados por terratenientes en Colorado de Abangares. “La CGT se opondrá a todo intento de despojo contra los pequeños trabajadores que ya han creado un derecho de propiedad desde el momento en que entrando a la montaña, creyéndola libre, han luchado contra la adversidad y la han vencido formando sus fincas… Es más legítimo propietario quien cultiva la tierra que quien la posee por especulación o por lujo”. (Citado por De la Cruz, V. 1986: 328 y 330).

Esas percepciones denuncian los abusos de los terratenientes, anuncian la violencia ocasionada por el despojo y la resistencia, legitiman la posesión de propiedad por el uso de la tierra, insinúan la indefensión, común a los trabajadores del campo, artesanos y asalariados de la ciudad. “Al iniciar el siglo XX el grado de ocupación de tierras privadas por campesinos se indica en un censo hecho en 1907 a once grandes propiedades, en el cual se hallaron 10.262 personas en asentamientos y pueblos aislados dentro de las fronteras del latifundio” (Edelman, M. 1988: 144). Entre 1920 y 1930 bajó la densidad y beligerancia de los conflictos agrarios (De la Cruz, V. 1986:331); pero el problema agrario suscitó el interés de los partidos políticos, contrapuesto a la  libre apropiación de baldíos que fomentada el Estado.  

Desde 1920 el Partido Agrícola representó a la mediana burguesía ligada al mercado interno. Una de sus propuestas fue crear la Escuela Nacional de Agricultura, aprobada por ley, en diciembre de 1926. www.historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/ensagra-na.htm. Más acorde con la proletarización del campesino, en 1923 el programa del Partido Reformista propuso la reforma agraria, formar  colonias agrícolas y cooperativas, y devolver baldíos al Estado. (Salazar M., 1981:47). El gobierno,  por su parte, creó en 1924 la Colonia Palmareña, en Los Ángeles de San Ramón.   

La crisis de 1929 contrajo la agricultura para consumo interno y la exportación. El desempleo y la emigración interna presionaron las tierras libres abandonadas y el latifundio. La UFCo inició la apropiación del litoral Pacífico Sur y hubo despojo contra indígenas y colonos en la cuenca del río Térraba. En las elecciones de 1929 el Partido Socialista propuso entregar tierras a los desocupados, crear granjas agrícolas,  abrir la Oficina de Catastro Público. Medianos propietarios se agruparon en la Cámara de Agricultores, la Sociedad Agrícola de Ahorro, la Asociación de Productores de Café y en cooperativas de café y banano. (De la Cruz, V. 1981: 225-226).

En esa campaña participó además el Partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales; síntesis de un movimiento social e ideológico disidente y diverso que se configuró desde 1926. La Alianza propuso a Joaquín García Monge, candidato a diputado, y en el programa apenas se menciona “el problema de la tierra”. No obstante, fue el primer intento por constituir en el país un bloque político con inquietudes sociales revolucionarias. (De la Cruz, V. 1981:232).

El historiador Daniel Kersffeld ha constatado que entre 1927 y 1931 hubo influencia importante  de la III Internacional Comunista en algunos círculos marxistas del país, por intermedio de la filial mexicana de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA), fundada en 1925. El repudio a la política exterior de Estados Unidos, la crítica a los monopolios y la divulgación de un ideario nacionalista y socialista por parte de la sección local de la Liga, animó la represión del Secretario de Gobernación Raúl Gurdián Rojas, en el gobierno de Cleto González Víquez (1928-1932). 

Hacia 1929 surgen escisiones en LADLA y la sede aprobó una norma tendiente a proletarizar los cuadros dirigentes, “bajo el esquema del así llamado Tercer Período y de los lineamientos de clase contra clase…con base en preceptos obreristas”. La tesis fue acogida en Costa Rica en 1931 cuando se fundó la Sección de la Escuela de Derecho de LADLA, liderada por Manuel Mora Valverde. “En ese contexto, un grupo de militantes enrolados en ARCO contribuyeron el 6 de junio de 1931 a fundar el Partido Comunista de Costa Rica bajo influencia directa del Buró del Caribe, creado un año antes con sede en Nueva York… y con la primacía de cuadros provenientes de clases medias, sobre aquellos otros de extracción proletaria”. http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no22/ind22.html

La fundación del PCCR culmina el avance de una opción ideológica y política latente en sectores medios urbanos, artesanos y obreros de la manufactura como reacción al carácter oligárquico del régimen liberal y al desgaste paulatino de su hegemonía. La  tarea inicial del Partido consistió en inscribirse para las elecciones de 1932 y en ese ajetreo abrió secciones en Limón, Alajuela, Heredia y Cartago. Entre julio y octubre fue rechazada la inscripción electoral. Aunque las autoridades aceparon que participara en los comicios municipales, con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos. La denominación, empleada hasta 1942, recogió la experiencia electoral de 1929 y respondió a una táctica de los partidos comunistas, recomendada por la Internacional. (Gómez A., 1994:49).

El programa mínimo del PC se publicó en el periódico Trabajo, en marzo de 1932. El capítulo de política económica, artículo 13, propone legislar para eliminar el latifundio, expropiar las tierras no cultivadas y favorecer a los campesinos pobres con las tierras del Estado para trabajarlas en forma socializada. La propuesta está en relación con este enunciado: “todo el poder político para la clase trabajadora. Creación de Consejos de obreros y campesinos”. (Trabajo 13-3-1932:3).

Sin embargo, no se especificaron las condiciones de la alianza obrera y campesina; mientras que en varios textos perciben al campesinado como agente incapaz de realizar la revolución. (Gómez, A. 1994: 143 y 181). Con ello se anuló el concepto de lucha de clases como movimiento objetivo de las organizaciones populares, el cambio político y el desarrollo; omisión que contrasta con el estado de insurgencia de Augusto César Sandino y las revueltas campesinas en El Salvador. Si bien el PC no fue indiferente a aquellas luchas, tampoco mantuvo una actitud solidaria coherente y consecuente con los ideales revolucionarios.  

Por otra parte, en Costa Rica la crisis del 29 activó diversas modalidades de  lucha por la tierra y el salario agrícola; pequeños propietarios de café confrontaron entre 1932 y 1936 con industriales y exportadores en defensa de precios justos (Acuña, V. 1991: 161-176); otros agricultores creaban cooperativas, sociedades de ahorro, denunciaban y resistían la inversión imperialista en el agro y el uso del agua y los pequeños agricultores vieron comprometidas sus tierras hipotecadas. No obstante, el PC quedó a la zaga de esos conflictos y organizaciones.              

“El Partido Comunista dividía las clases sociales del campo en tres grupos: grandes propietarios o latifundistas, pequeños productores en tierra propia, arriendo o esquilme, y jornaleros”. (De la Cruz, 1986:352). El Secretario General, Manuel Mora Valverde distinguía en 1934 “la pequeña propiedad producto del trabajo personal y la propiedad capitalista producto del trabajo ajeno y la usurpación de la pequeña propiedad por los tagarotes… El comunismo va contra la propiedad capitalista y eso es lo que decimos en nuestros discursos de agitación”. (Gómez A. 1994:62) Ambas tipologías abstraen la apropiación de la tierra del carácter de las relaciones capitalistas y sus articulaciones con la inversión privada e imperialista, la competencia mercantil y la función  del Estado con respecto a la soberanía y el avance de las fuerzas productivas.    

Entre 1934 y 1943 el Partido priorizó la sindicalización de los obreros y los asalariados del sector agrícola. En el periódico Trabajo se constata la creación de cuatro federaciones de trabajadores agrícolas y 29 sindicatos: 5 de las plantaciones de banano y abacá en el Atlántico y el Pacífico, 3 en Turrialba, 7 en Alajuela, 7 en San José, 2 en Cartago, 2 en Heredia, 2 en Guanacaste y 1 en Esparza.  Por años: 4 en 1942, 16 en 1943, 18 en 1944, 1 en 1946 y 2 en 1947. Entre 1933 y 1943 el Partido tuvo presencia en al menos 12 huelgas en el sector agrícola: 6 en Turrialba, 1 en Limón, 2 en San José y 3 en la zona bananera del Pacífico. (Trabajo. Años mencionados).       

Esas cifras corroboran que en la óptica de la dirigencia comunista, la clase obrera de la ciudad y el campo era estimaba el sujeto y agente de la lucha social en proyección revolucionaria. Los sindicatos agrícolas se formaron con los jornaleros. Se organizaban por finca, plantación y por región y un Comité Central para todo el país. Las reivindicaciones planteaban alzas de salarios, apertura de fincas y hospitales en las fincas, pago de inhabilidad, abolición del pago con fichas y cupones, ajustes de precios en los comisariatos y creación de una Federación Costarricense de Trabajadores Agrícolas. (De la Cruz, V.1986:353).

El Partido se abocó a organizar a los obreros agrícolas, luego de la huelga bananera de 1934 y  más tarde apoyó las luchas por la tierra. Desde 1933 su periódico divulgó problemas de los trabajadores del campo y las crónicas despertaron sensibilidad por la situación de los peones y campesinos pobres. “En 1935  encargó la organización campesina a Guillermo Fernández y Jaime Cerdas Mora, en apoyo a los colonos”. Crearon ligas campesinas o agrupamientos de propietarios de pocas hectáreas, con objetivos como rebajas de impuestos, crédito bancario y ayuda técnica; incluso para financiar la instalación de beneficios de café. En 1937 funcionaban ligas en Purral e Ipís de Guadalupe. También impulsó una ley para que los finqueros dieran herramientas a los peones, pues debían comprarlas o soportar las rebajas de sus salarios, si eran del patrono. El proyecto no prosperó, a pesar de la firma de 827 personas. (De la Cruz, V. 1986:349-357).

Al parecer, el trabajo de apoyo a los colonos mostró al Partido que el campesinado no era una clase particular. Con frecuencia se dividían y aislaban de sus familias, en busca de trabajo. Los pequeños propietarios sufrían inestabilidad, se arruinaban y perdían parcelas, herramientas y animales. Los más pobres emigraban a la ciudad”. (De la Cruz, V. 1986: 354). Pero la crisis de la Segunda Guerra gestó otro movimiento espontáneo de migraciones campesinas y demandas de tierras baldías. El Partido sí se involucró en este movimiento por la colonización agrícola.

En el campo de las ideas, la situación no le favorecía. La iglesia católica cultivó el anticomunismo desde la Revolución Rusa. Durante la guerra civil española contra el gobierno del Frente Popular (1936-1939), la prensa del clero divulgó noticias y fotos alusivas “al exterminio” de curas por el ejército de liberales republicanos, comunistas, socialistas y anarquistas. El 19 de marzo de 1937 Pío XI publicó la Encíclica “Divini Redemptoris” que condenó la filosofía y doctrina del marxismo. También lo combatían el liberalismo político, los seguidores del reformismo “socialcristiano” y círculos sociales expresamente anticomunistas.             

Es comprensible, por ello, la fuerza de los prejuicios al comunismo. El 23 de abril de 1937 un campesino de Carrillo, Guanacaste, enfatizó su aversión a esa doctrina política, en una carta que envió al Presidente Cortés instándolo a ejecutar una ley de 1900 para expropiar una parte de la Hacienda El Viejo: “Considero del caso agregar que quien esto escribe detesta de las ideas de exterminio comunistas, pero no por ello puede comulgar con la desigualdad social que implica el problema de los latifundios incultos de la Provincia”. (Edelman, M. 1998:202).

III. LA UNIÓN CAMPESINA DE LUCHA POR TIERRAS Y CRÉDITOS

En agosto y setiembre de 1940 un grupo de 500 campesinos de Barba de Heredia envió un memorial al Poder Ejecutivo. Solicitaron la acción del gobierno para enfrentar el desempleo y la carestía “considerando que hay miles de hectáreas de tierra sin cultivar”. El Dr. Rafael Ángel Calderón G., recién electo Presidente, respondió que enviaría a la Asamblea un proyecto de ley para repartir tierras. (Trabajo 21-9-1940: 1-4).  

La gestión de los campesinos inició un movimiento de organización. En los pliegos de peticiones indican que son afectados por la crisis del café. Los finqueros rebajan los salarios y despiden a los jornaleros a consecuencia del cierre del mercado europeo. Los peones y campesinos más pobres emigran a la zona bananera del Pacífico Sur, ocupan tierras baldías o predios sin cultivar por los grandes propietarios.

Al mes siguiente, campesinos de San Rafael de Heredia apoyaron las peticiones y a ellos se sumaron agricultores de Santo Domingo. En Santa Bárbara, en una reunión de 300 trabajadores se discutió la disponibilidad de tierras al norte de la provincia y enviaron otra petición al gobierno. El Presidente ofreció incluir la zona de Sarapiquí en el proyecto de ley agraria. Un requerimiento similar le mandó otro grupo de campesinos de San Juan de Tibás, en San José.  (Trabajo 12-10-1940: 2; 11-1940:2).

Estas acciones culminaron en una Asamblea Provincial de Campesinos que se celebró el 3 de octubre con presencia de 5 delegaciones de Heredia, 5 de Cartago, 5 de San José y 1 de Alajuela. Se acordó crear la Unión Campesina de Lucha por Tierras y Créditos y manifestarse ante “la aguda miseria que comparten los campesinos a consecuencia de la pérdida de parte de los mercados cafetaleros provocada por la guerra”. (2-11-1940:1-4).

Otra reunión que fue convocada por el Partido Comunista discutió las bases de la organización y las tareas implícitas en los pliegos de demandas. Asistieron 41 delegados: 12 de Cartago, 3 de Tres Ríos, 6 de San José, 6 de Alajuela y 14 de Heredia. Se decidió enviar al Presidente unas objeciones al proyecto de colonización. Organizar comités provinciales. Crear la Conferencia Nacional de Trabajadores Agrícolas. Promover manifiestos de campesinos. (2-11-1940:1-4)

En esa asamblea se estableció una línea de acción conjunta “tal como lo han hecho los cafetaleros a quienes el gobierno ya ha oído”. Tomaron en cuenta los memoriales firmados por  un millar de campesinos y enviaron las críticas al proyecto del Ejecutivo: 1) Se asigna un presupuesto escaso y no se señala las fuentes de crédito a bajo interés. Proponen aumentarlo de 5 a 10 millones y financiarlo en los bancos. 2) Sugieren nacionalizar las tierras incultas cuando los dueños posean más de 500 hectáreas. 3) Proponen que el gobierno asuma los pagos de honorarios de los denuncios. 4) Hacer un plan nacional de  colonización. (Trabajo 9-11-1940:5).     

Ocho días después se nombró el Consejo Nacional de la UCLTC. Se acordó financiarse con  cuotas no obligatorias y constituir Comités Regionales. (Trabajo 16-11-1940: 1-2). Entre noviembre y diciembre se crearon  comités en Turrialba -integrado por 500 campesinos- Orotina, Poró de Grecia, Sarchí y Liberia (Trabajo 30-11-1940:1; 7-12-1940: 2 y 21-12-1940: 1). A principios de 1941 se organizaron 121 campesinos de Goicoechea; otros en la Legua de Río Cuarto de Grecia, Tucurrique, Turrialba y Limón.  En San Gabriel de Aserrí, Salitral y Bajos del Jorco,  los campesinos acordaron, pedir que San Isidro de El General se incluyera como zona de reparto de tierras.

En febrero de 1941, en la reunión constitutiva de la Unión Campesina de Grecia, aprobaron las  siguientes consideraciones. “Existen las condiciones objetivas y subjetivas para formar un gran movimiento de masas en el campo que sea capaz de lograr una reforma agraria. Entre ellas: a) el absurdo de la reducida producción agrícola…b) el tener que importar artículos de primera necesidad…c) la deformación de la agricultura por el monocultivo…d) la guerra como causa de la creciente pauperización… f) el hecho de que el 90% de las tierras cultivables son terrenos ociosos… g) la total parálisis de la United Fruit Co. en el Atlántico y el Pacífico, provocando el éxodo campesino… i) Incorporar a los campesinos a la lucha por la tierra y ganar aliados en las ciudades, en el movimiento obrero y la pequeña burguesía”. (Trabajo 15-2-1941: 1-2).

Al mes siguiente el Concejo acordó “organizar una expedición a la región norte de Heredia para localizar tierras denunciables” con el objetivo de formar una colonia agrícola. Los acompañó el Ing. Enrique Góngora. En el informe al Poder Ejecutivo indican que La Unión es una de las primeras organizaciones campesinas del país. Estiman que la Guerra apenas comienza y las consecuencias se agravarán cuando Estados Unidos entre al conflicto. Proponen que el gobierno aumente la producción dotando tierras, construyendo caminos, abriendo créditos a bajo interés y por medio de la reforma agraria. Transcriben las propuestas que aprobó la Conferencia Nacional del 3 de octubre de 1940:

“1) Promulgar una ley que asegure derechos de propiedad a los llamados parásitos, dándoles escrituras e indemnizando a los dueños previa investigación del origen de la propiedad. 

2) Establecer un plan de créditos a bajo tipo de interés para la pequeña agricultura y modificar la Ley del Banco Nacional de modo que garantice las cosechas, más que la propiedad.

3) Modificar el Art. 29 de la Ley de Baldíos que obliga a los denunciantes a pagar honorarios para medir y levantar planos; razón por la cual los campesinos no completan el trámite de denuncios. Tales gastos los debe pagar el Estado o contratar esos servicios.

4) Enviar a la Asamblea un proyecto de ley de Colonización Agrícola para reformar la propuesta que existe, incluyendo: a) financiamiento por medio de las reservas bancarias y los depósitos del BNCR; b) regionalización de la colonización en tres áreas: Sarapiquí-Santa Clara-Heredia; San Carlos- Río Cuarto en Alajuela; Valle de El General y Cartago. Comenzar el reparto de tierras en cualquiera de las zonas.   

5) Destinar 3.000 Has para formar colonias en cada zona, con parcelas de 40 has por familias y trabajar en cooperativas dotándolas de vivienda y asistencia médica mínima.     

6) Crear una Junta de Colonización con técnicos agrarios, como organismo autónomo del Estado y con presupuesto propio para independizarla de los partidos políticos.  

7) Usar las reservas de tierras del BNCR,  de los baldíos, de las leguas municipales y las áreas no cultivadas por latifundistas o acaparadas por títulos de propiedad dudosos o falsos, los cuales deben expropiarse con indemnización. (Trabajo 8-2-1941:1-2).

Concluyen brindando apoyo a los colonos de San Joaquín para que adquieran derechos sobre parcelas denunciadas. Solicitan que se cree una colonia en las tierras aún libres de la Legua de Santo Domingo, o las que sean baldías o mal habidas. Solicitan que se construya un camino público en San Joaquín, tal como lo ofreció el Presidente Cortés Castro. (Trabajo 2-3-1941:1-4 y 19-4-1941:1-4).

Poco después, el regidor comunista Arnoldo Ferreto presentó mocionó en el Consejo Municipal de Heredia para ofrecer al Poder Ejecutivo las tierras de la legua, formar una colonia agrícola, e instar a la Municipalidad de Alajuela a pronunciarse en el mismo sentido sobre las tierras de la legua de San Carlos. (Trabajo 10-5-1941: 1). 

El 19 de mayo el Presidente Calderón recibió al Consejo Nacional y el plan de peticiones del 12 de mayo de 1941. Informó el envió de un proyecto de ley que daría derecho de propiedad a los poseedores en precario. Consideró viable disponer de las reservas de tierras del BNCR para aplicarlas a la agricultura y se comprometió a enviar el proyecto de ley respectivo. (Trabajo 17-5-1941: 1). 

La Unión Nacional Campesina organizó mítines y divulgó el pliego de demandas, convertido en plataforma de lucha. Hubo reuniones en Turrialba, Santa Bárbara de Heredia, San Juan de Tibás, Rosario de Desamparados, Río Segundo de Alajuela y San Ramón. En este cantón, uno 400 campesinos el Consejo local.

En Heredia, el Consejo Campesino pidió al Presidente que enviara al Congreso un proyecto  presentado el año anterior por el diputado Mora Valverde a solicitud de la Unión de Grecia, para ampliar la cobertura de la Ley de Accidentes de Trabajo y proteger a los trabajadores del campo (Trabajo 5-7-41:3). En 1941 presentaron a la Asamblea otro proyecto para que el gobierno asumiera los costos de levantado topográfico. (Trabajo 26-7-41:4). En Limón, la Unión Campesina envió carta al mandatario solicitando financiamiento y un proyecto de ley para repartir las tierras de la legua municipal de Matina, en lugar de subastarlas. (Trabajo 10-1-1942:2). 

Las expediciones para localizar baldíos continuaron en 1942, esta vez a las montañas de Dota, al sur de San José. En Turrialba, recorrieron la finca Pavones, propiedad de la firma Niehaus y Co. y pidieron al Ejecutivo que expropiara el área no cultivada y la otorgara en parcelas. (Trabajo 21-3-42:2). En mayo, el Consejo Nacional preparó otros dos proyectos: uno para traspasar al Estado las tierras incultas mayores de 100 hectáreas. El segundo para adjudicar el derecho de propiedad a los poseedores de parcelas adquiridas de hecho. (Trabajo 16-5- 1942: 2).

En Santa Teresita de Peralta, Cartago, 30 peones de la finca del BNCR solicitaron que les   eliminaran el esquilme y convertir la hacienda en una colonia agrícola. (Trabajo 1-8- 1942: 2). La Unión Campesina de Alajuela retomó la idea. Pidió al Ejecutivo una ley “para que no sea facultad del dueño de la tierra el cobro del esquilme y se fije en 1/5 de la cosecha y no el 50%”. (Trabajo 17-10- 1942: 1).

En concierto con esas movilizaciones y gestiones, el Comité Central del PC abrió una oficina para  tramitar denuncios y encargó la asesoría legal a Manuel Mora y Jaime Cerdas. Se consideró que “La Unión Nacional Campesina tiene un programa agrario que recoge la tesis del partido respecto a que en Costa Rica cabe en este momento la creación de la pequeña propiedad e impulsar su explotación en cooperativas”. La oficina se abrió el 19 de marzo y hasta el 4 de noviembre tramitó 46 inscripciones de denuncios. (Trabajo 21-11-42:2).

IV. LA LEY DE OCUPANTES EN PRECARIO

En el gobierno de León Cortés (1936-40) se emitió la Ley de Terrenos Baldíos, No.13 del 10 de enero de 1939. La norma definió los terrenos baldíos, exigió posesión legal, permitió adjudicar  denuncios de hasta 30 hectáreas con la condición de trazar carriles, cultivar el 30% y se prohibió  enajenarlas durante diez años.  www.pgr.go.cr/scij//nrm_texto_completo.asp?param2

El 14 de julio de 1941, la Ley de Informaciones Posesorias reguló el procedimiento para inscribir  los terrenos no registrados en posesión de hecho durante 10 años. La  ley evidenció que muy pocos colonizadores procedían a titular las tierras conforme al Código Fiscal de 1885, las leyes de Cabezas de Familia y de Baldíos. Además, que las prohibiciones de vender los derechos de posesión eran inaplicadas, había especulación y concentración de tierra.  www.iij.ucr.ac.cr/download/file/fid/170

El principal logro de las luchas de las Uniones Campesinas, fue la promulgación de la Ley No. 88 del 14 de julio de 1942, conocida como “Ley de Ocupantes en Precario”. El Dr. Calderón Guardia expresó: “….Otro de los proyectos de mi gobierno se dirige a una liberación económica de aquellos campesinos que, por su laboriosidad, merezcan el estímulo del Estado mediante donaciones de tierras que les permitan convertirse en pequeños productores y propietarios… Me ha preocupado la situación de los mal llamados "parásitos" que cultivan la tierra sin preguntar de quién es, porque ellos viven la ley de la montaña, la ley de la naturaleza que sólo se rinde al que lucha contra ella y la vence…” (Calderón G., R. 1942: 276).  

Esa Ley reconoce y legitima la posesión de tierra en precario en terrenos privados y del Estado. Establece un procedimiento de indemnización para legalizar la propiedad que consiste en que “se podrá promover arreglo con el dueño a fin de que las tierras ocupadas le sean cambiadas por baldíos nacionales”. La cantidad de terreno que le corresponde la establece un Juzgado con aval técnico y la aprobación de la Secretaría de Fomento.

El juzgado protocoliza las tierras de los ocupantes, previa inscripción en el Registro. Los campesinos que ocuparan tierras con anterioridad, tendrán derecho a que se les adjudiquen. Contra ellos no proceden acciones de desahucio, restitución, ni reivindicación. Será rechazada toda denuncia por usurpación o daños en terrenos sin deslindar. Si la denuncia fuere admitida, no habrá detención, ni prisión preventiva, mientras no se demuestre que el ocupante invadió la propiedad ajena…Si esa intención no apareciere manifiesta por ignorancia del ocupante, se sobreseerá en la causa. http://www.pgr.go.cr/scij//TextoCompleto.Norma=37473&n

Al año siguiente la Oficina de Colonización de Tierras de la Secretaría de Fomento informó haber tramitado 1.466 solicitudes distribuidas así: 276 en San José, 450 en Limón, 334 en Cartago, 66 en Alajuela, 60 en Guanacaste, 10 en Puntarenas y 270 en Turrialba. En Limón y Cartago muchas fincas eran abandonadas y los precaristas las trabajaron, convirtiéndose en “parásitos”… El Estado ha comprado 1.939 Has y necesita unas 20.000 para atender solicitudes, a un promedio de 10 Has por persona.

Mandaron solicitudes de tierras o de derechos de posesión, campesinos de las fincas Germania, Guácimo, Cairo, Parismina, Herediana en Linea Vieja; Beverley, Penshurts, Westfalia en Limón; Bajos de Humo, Peralta y Pascua, en Cartago; Puerto Cortés, Parrita y San Juan de León en Puntarenas; Pital, Florencia, Villa Quesada y Venecia en San Carlos, y otros lugares de Heredia y San José. Todas ocupadas por “parásitos”.  

En el Pacífico y el Valle Central había 1.590 precaristas en 3.796 Has. En la Finca Pabellones de Escazú un solo “parásito” tiene 30 hectáreas. En fincas del Estado de esas zonas había 2.232 has y 55 colonos que cultivan el 64% en promedio de 47 hectáreas. En Higuito de San Mateo, una finca no reunía condiciones para colonia, igual que otra en Pavones.

Dos fincas particulares, en San Carlos, tenía 324 “parásitos” en un 600 Has. En la región se formó la Colonia Agrícola Toro Amarillo, al norte del Volcán Poás, dividida en 97 lotes. En San Miguel de Sarapiquí funcionaba la Colonia Carvajal, dividida en 140 lotes. De las 1.580 Has de extensión de las 79 parcelas, solo se trabajaban 139,25 y el 5,26 % tenían cultivos. Ahí entregaron 80 escrituras sin cumplir con los requisitos de la ley que creó la Colonia.  

En síntesis, en 1943 el gobierno registró 1.970 precaristas y 144 colonos. Los primeros ocupaban 4.426 hectáreas en fincas de particulares y 3.812 del Estatal, sin incluir la colonia Toro Amarillo. http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_43-colonizacion-tierras.pdf

Después de la Guerra Civil, la Junta de Gobierno recibió el siguiente informe. “Hoy tenemos gran cantidad de leyes sobre distribución de tierras: la Ley sobre Terrenos Baldíos, la Ley de Informaciones Posesorias, la Ley de Ocupantes en Precario, la Ley de Esquilme y leyes sobre compra de fincas por el Estado. Según la oficina de colonización, más o menos desde 1909 el Estado adquirió 199 fincas con 190.000 Has para resolver problemas de tierras, en propiedad de  de unos 4.000 ocupantes. Con la Ley de Ocupantes en Precario, el Estado recibió 47.800 Has. y hay 9 fincas más, tomadas por precaristas. http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_49-III-agrario.pd  

Veinte años después se promulgó la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 del 14 de octubre de 1961 y al año siguiente se creó el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO). Eran los tiempos de la Revolución Cubana.    

V. CONCLUSIONES

En Costa Rica, la estructura de tenencia de la tierra con base en el latifundio y la mediana propiedad se gestó como herencia colonial, la formación de la hacienda cafetalera, la inversión imperialista y la apropiación de baldíos. Esa estructura la dinamizaron los ciclos de producción para la exportación y el mercado local, expuestos a los cambios en el capitalismo mundial, la competencia y las protecciones del Estado liberal. Prevaleció una distribución desigual de la tierra que, ligada a la mayor población y su asentamiento en el Valle Central, generó migraciones al interior del país y distintas modalidades de colonización. El fenómeno reforzó la propiedad privada individual y reprodujo las relaciones capitalistas de producción.

Las luchas sociales gestaron desde fines del XIX ideas, organizaciones y disensos políticos. A partir de 1931 el Partido Comunista avizoró y luchó por transformar el modo de producción capitalista, influido por la revolución rusa, sus afanes de internacionalismo proletario y sus controversiales zigzagueos ideológicos y alianzas políticas. Los vaivenes de la coyuntura económica y política mundial entre 1920 y 1948 forjaron los dilemas políticos que, en el campo agrario, los comunistas costarricenses resolvieron en perspectiva del capitalismo y, por ello, sin posibilidades de forjar alianzas revolucionarias con el movimiento obrero y la burguesía ligada al mercado interno.           

VI. BIBLIOGRAFÍA CITADA

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Trabajo 1939-1945

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Por Carlos A. Abarca Vásquez

I. INTRODUCCIÓN

En 1939 el dirigente obrero Rodolfo Guzmán esbozó tres períodos del movimiento sindical. Primero, el desplazamiento de los dirigentes ligados con el reformismo y  surgimiento de los cuadros comunistas. Segundo, el cambio de criterio y orientación de las clases gobernantes sobre las causas de la combatividad de la clase obrera; los comienzos de la legislación social y el crecimiento de los sindicatos en la sociedad. Tercero, el sindicalismo comienza a adquirir un papel activo en la vida nacional, ligado al desarrollo de la economía y la política. El cuarto momento debía culminar en la creación de una confederación obrera. (Trabajo 13-5-1939: 5-6).

Esta construcción exalta la ideología de los dirigentes y obreros sindicalizados, el cambio de actitud en   los gobernantes acerca del conflicto obrero patronal en tanto dato objetivo de las relaciones sociales y en consecuencia, sus apelaciones al Derecho, a  medidas de control social y a la búsqueda de consenso ciudadano. Por último, la relación entre sindicalismo, desarrollo económico y las formas de ejercer el poder. Según esta percepción para comprender el significado social e histórico del sindicalismo no basta con conocer sus fines, objetivos, funciones y estructura. Es necesario, además, insertarlo en la dinámica de los conflictos sociales, la dominación ideológica y el ejercicio democrático burgués del poder estatal.  

El dirigente del Sindicato Nacional de Zapateros no hace cronología del movimiento. Los estudios del historiador Vladimir de la Cruz, permiten afirmar que la primera fase coincide con el decenio 1913-1923, años de actividad de la Confederación General de Trabajadores y su disolución para fundar el Partido Reformista que lideró el exsacerdote Jorge Volio. 

El segundo período se ubica entre 1923 y 1933. El 9 de abril de 1923 varios sindicatos y un sector de la CGT que no siguieron al Partido Reformista, se agruparon en una Federación Obrera, editaron el boletín La Lucha e impulsaron una nueva Confederación Obrera. Entre 1927 y 1928 los trabajadores asalariados declararon varias huelgas, nacieron 15 sindicatos y hubo 10 conflictos de tierras. (De la Cruz, 1981:222). Al año siguiente el capitalismo entró en una profunda depresión y en esa coyuntura se formó otro frente sindical: La Unión General de Trabajadores. Entre 1931 y 1933 esta agrupación se sumó a la CGT y a la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros -creada en 1919- y le dieron forma y contenido al proceso de sindicalización que surgió como respuesta a los abusos de los patronos, el  desempleo, la contracción salarial, el alza en el costo de vida y la devaluación monetaria, derivadas de la crisis económica.

El tercer período remite a los años 1934-1943 y se puede ampliar como objeto de observación y análisis hasta la Guerra civil del 48 para incluir la fundación, auge y disolución de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, CTCR, con los siguientes objetivos.     

1) Relacionar la protesta laboral y otros conflictos entre trabajadores y patronos, con la continuidad de las luchas sindicales y el crecimiento de este tipo de organizaciones de obreros ligados con el Partido Comunista entre 1934 y 1943.

2) Comprender la constitución y el funcionamiento de la CTCR en el contexto de las alianzas políticas ante la crisis del Estado liberal que culminó en la reforma constitucional y la adopción de un Estado de derechos y garantías sociales.

3) Conocer acontecimientos de la historia del movimiento obrero internacional y de la historia del Partido Comunista que influyeron en el nacimiento y los primeros años de actividad de la CTCR, hasta la Guerra Civil de 1948.

II.   CONTEXTO PRODUCTIVO Y ORGANIZACIÓN SINDICAL

Entre 1890 y 1940 la economía nacional quedó delimitada en los cultivos de exportación localizados en el Valle Central, el Atlántico, Guanacaste y el Pacífico Sur. Los trabajadores, empresarios y comerciantes de café dinamizaron las estadísticas del crecimiento, pues el enclave bananero casi no favoreció la acumulación interna de capital, ni la distribución de riqueza. Ambos cultivos resintieron la contracción de la producción, comercio e inversiones a raíz de la Primera Guerra Mundial y la depresión de 1929-1933.       

Esa coyuntura afectó en menor grado la producción de cacao; no así al ciclo agrícola e industrial del azúcar y destilación de licores. La producción de fibras y caucho se activó con las guerras mundiales. La ganadería transitó del engorde, a la empresa de cría y pasteurización de leche y el comercio de grasas y cueros. La explotación de  bosques y canteras fluviales complementó la extracción e industria maderera y de construcción urbana. La crisis del 29 paralizó la minería de plata y oro. Desde 1936 una amplia red de caminos lastrados y una faja más angosta de carreteras asfaltadas transitadas por unos pocos camiones y vehículos, delinearon la ruta del comercio y consumo de importaciones, provenientes ahora del mercado norteamericano.

Casi todo el territorio era área de bosques, montañas o baldíos denunciados como propiedad privada, pero aún sin cultivar. La población, con tasas ascendentes, siguió  arraigada al Valle Central. En 1896 culminó una fase de regalías de tierras ganaderas, bananeras, auríferas y forestales que consolidaron la tenencia latifundista. Entre 1909 y 1934 la presión sobre las tierras cafetaleras y las crisis alimentarias justificaron el reparto de tierras a las municipalidades y las leyes de cabezas de familia. Pero en 1939 se reglamentó la apropiación de baldíos y al calor de la Segunda Guerra se generó una ola de migraciones de campesinos al interior del país que hizo aflorar la ocupación ilegal de parcelas y fundos bajo la forma de tenencia precarista de la tierra. El proceso gestó la Unión Campesina de Lucha por Tierras y Créditos, creada en 1942 y al año siguiente “la Ley de Parásitos” para legalizar las ocupaciones de hecho.

A comienzos del siglo XX se acentuó la transición de la artesanía a la manufactura. También el paso de la vida aldeana al ajetreo y “la aglomeración” citadina. En 1907 operaban 46 empresas que requerían 744 obreros productores de bienes de consumo no duradero, alimentos y artículos de uso doméstico. En 1927 la población censal ocupada era 150.000. El sector absorbía el 14% de la ocupación y los asalariados representaron del 40% al 72% entre 1927 y 1950. La ley de protección industrial de 1940 exoneró de impuestos la importación de materias primas y bienes de capital. Ese año había 1112 industrias, el 43% para producir alimentos y bebidas. En 1943 se fundó la Cámara de Industrias con 370 empresarios afiliados y el ramo ocupó el 8.5% del PIB entre 1946 y 1950.                  

Las inversiones del Estado priorizaron la enseñanza primaria, saneamiento de ciudades, organización del espacio urbano, regulación policial del orden público y más atención a las demandas de pobladores del Valle Central que a las necesidades de los habitantes del campo. Los puntos de fricción entre el interés público y los afanes de lucro privado tuvieron matices álgidos en los campos de la explotación hidráulica, dominio de las aguas, contratos eléctricos, los convenios bananeros en el Pacífico, transporte ferroviario y explotación minera. Desde 1928 la Liga Cívica Juan Rafael Mora izó otra bandera de soberanía y dignidad nacional con la noción de  antiimperialismo. (Abarca et al. 2009: 107-121).

En ese entramado, el legado histórico de disidencia política y lucha social recreó la tesitura del movimiento obrero y popular. Entre 1934 y 1947 los obreros de empresas  manufacturas y agrícolas y trabajadores del Estado realizaron 72 huelgas, el 69.4% hasta 1943. En 1934 se presentó la mayor densidad de conflictos debido a las huelgas de los zapateros. Diez protestas ocurrieron en la agricultura del café, caña, banano y la minería; ocho en transporte y servicios del Estado; 2 en el comercio de carnes y 50 en talleres y empresas de manufacturas. De éstas 34 ocurrieron en zapaterías, 6 en panaderías, 4 en tipografías  y 2 en fábricas textiles. Las restantes en labores como ebanistería, electricidad, marineros, metalúrgicos, cremación, bebidas y alimentos, y en San José hubo una huelga comunal de no pago de tarifas de agua  El 1 de mayo de 1937 varias organizaciones firmaron un pliego de 22 demandas sobre las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores que fue presentado a la Asamblea Legislativa. (Trabajo. Varios números. 1934-1947)

Esas protestas no siempre fueron propiciadas y dirigidas, previa organización sindical. Conjugaron diversas experiencias de lucha comandadas por asociaciones, uniones y coaliciones de trabajadores; aunque en 1930 existía un número respetable de sindicatos, tres federaciones y una confederación. De manera que el impacto de la crisis económica en los salarios, ocupación, escasez y alza en el costo de la vida no cayó en un ambiente social de pasividad, ni de incapacidad de los trabajadores para responder a las condiciones de explotación, agravadas por la depresión económica y la  crisis de la Segunda Guerra Mundial.   

Asimismo, la conciencia de clase y de identidad social de los asalariados obreros, artesanos y empleados, contrapuesta a la situación de los patronos y de las clases adineradas, se cultivaba con intensidad desde 1890. Periódicos liberales, anarquistas, católicos, hojas y boletines gremiales y sindicales, bibliotecas privadas y públicas, textos de Derecho y literatura para la enseñanza en los liceos retroalimentaban nuevas visiones de sociedad. Se divulgaba sin mucha censura las proposiciones generales de las doctrinas de la Iglesia Católica, el anarquismo, el socialismo, el reformismo liberal y el comunismo; éste último en las experiencias de los partidos de Europa, México, Centroamérica y  América Latina. Ante todo, acerca del antiimperialismo; en la versión de repudio a las invasiones de las tropas norteamericanas y su apoyo a sangrientas dictaduras o contra las inversiones en ferrocarriles, electricidad, muelles, minería y plantaciones, las cuales constreñían el mercado interno.  

Hasta 1943 la constitución de organizaciones sociales y laborales tenía sustento en el Código Civil.  Pero los sindicatos defendían el salario mínimo, las condiciones de trabajo, el respeto a la dignidad y buen trato en el empleo, la resistencia a la cesantía forzosa, y la libertad de asociación y de crítica a la dominación ideológica y al régimen político. El movimiento irrumpió ascendente desde 1920 y recibió influencia ideológica marxista desde instancias como el Grupo Germinal, la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, el Bloque de Obreros, Campesinos e Intelectuales, creado en 1929, la Liga Cívica “Juan Rafael Mora”, las lecciones de la Universidad Popular y la agitación del Partido Comunista, fundado el 6 de junio de 1931. La organización sindical que realizaban sus militantes y dirigentes la divulgó el semanario Trabajo desde 1931 con marcado acento de beligerancia y confrontación de clases, hasta 1941.    

Según ese periódico entre 1934 y 1947 se crearon 128 organizaciones, el 69% después de 1943. Estuvieron activos 106 sindicatos, 3 uniones, 5 asociaciones, 4 federaciones, 5 secciones del Comité de Enlace Sindical y 5 secciones de la Unión Campesina de Lucha por Tierra y Crédito. De 114 organismos de base 39 sindicatos se ubican en la manufactura, 25 en agricultura, 3 en minería, 5 en plantaciones bananeras, 5 en plantas eléctricas, 10 en construcción y afines, 5 en explotación y aserrío de maderas, 7 en labores ferroviarias y transporte marítimo, 6 en comercio, 3 en oficios varios y 6 en instituciones estatales.       

La efervescencia social influyó en la percepción, actitudes y leyes específicas que emitieron los gobiernos liberales. Hasta 1943 las relaciones de trabajo se definían como contratos de servicios, según los Art. 1169 al 1174 del Código Civil. Las leyes laborales surgieron de manera dispersa entre 1900 y 1920 y algunas sugieren resabios de relaciones señoriales. Por ejemplo, la Ley No. 81 del 20 de agosto de 1902 penaba las deudas por trabajo y el patrono podía retener hasta un 1/3 del jornal; había multas y arrestos por no prestación de servicios y los días de incapacidad se pagaban con deudas. La Ley No. 61 del 12 de agosto de 1912 estableció el salario en dinero pues se usaba el sistema de vales y cupones. La Ley No. 51 del 28 de octubre de 1922 autorizó al Poder Ejecutivo para reclutar trabajadores fuera del país y previó la repatriación forzosa por razones socioculturales o políticas.   

Tales condiciones de trabajo fueron cambiando desde la constitución de la OIT en 1919. En Costa Rica, la huelga de 1920 conquistó la jornada de 8 horas en talleres, fincas y empresas según la  Ley No. 100 del 9 de diciembre; no así en el comercio, que dejó la jornada en 10 horas. La Ley No. 51 del 24 de febrero de 1924 prohibió el empleo de mujeres y niños en sitios insalubres y en el manejo de máquinas. El Art. 74 obligó al patrono a tener médicos o pagar hospital a los obreros. En 1925 el Partido Reformista logró la Ley de Accidentes de Trabajo No. 53 del 31 de enero. Pero excluyó al servicio doméstico, agricultura, ganadería, transporte y las empresas agroindustriales que contrataban menos de 5 obreros o que no usaban maquinaria.

La  creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por Ley No. 33 del 2 de julio de 1928 acentuó la mediación del Estado en materia ocupacional e higiene laboral. En 1929 la jornada de 8 horas se extendió a otros oficios. La norma No. 14 del 22 de noviembre de 1933 creó el Consejo Obrero Patronal para fijar los salarios; estableció el jornal mínimo en 1 colón y creó la Oficina Técnica de Trabajo encargada de arbitrar los conflictos laborales. En 1934 se crearon Comisiones Cantonales de Salarios, presididas por los Jefes Políticos. La Ley No. 157 del 21 de agosto de 1935 fijó en 0.25 por hora el salario en fincas de café, azúcar y tabaco, y 0.50 en labores bananeras. (Avilés, 1973: 51-69).   

En síntesis, en la década 1929-1939 se fue forjando otra realidad económica y aspiraciones subjetivas en la clase trabajadora, no sólo para desarrollar el movimiento obrero y popular, sino también para legitimar la fundación del Partido Comunista. Las funciones ideológicas, de agitación social y control político, parlamentario y municipal que desplegaron los dirigentes comunistas, estimularon las protestas reivindicativas de obreros, campesinos e intelectuales. Esta vez, en bastante sincronía con la crisis del régimen liberal incubada en el advenimiento del totalitarismo nazi, fascista y falangista, y el comienzo de La Segunda Guerra Mundial.     

III. LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COSTA RICA

La huelga general de zapateros de 1934, más que la huelga bananera de ese año, generó un proceso de organización y aglutinación de los sindicatos manufactureros y agrícolas. Entre 1935 y 1939 los sindicatos del calzado fueron el frente laboral más combativo para que los patronos aceptaran las leyes de salario mínimo, la libertad de organización, los comités de empresa y el saneamiento de talleres y fábricas. Entre julio y octubre de 1939 celebraron tres Conferencias Nacionales. Fundaron el Sindicato Nacional de Zapateros y un Comité Nacional para impulsar una Federación Obrera. Reactivaron un Comité de Enlace Sindical (CNE) creado en 1938 y convocaron al Congreso Obrero Nacional que se celebró del 1 al 4 de noviembre  de 1942. (Abarca, 2012. En http://www.monografias.com/trabajos94/)

El CES creado en abril de 1941 lo integraron Rodolfo Guzmán, Secretario General, por el SNTC; José Gutiérrez, finanzas, por los trabadores de la Harina; Miguel A. Guevara, Actas, del Sindicato de Artes Gráficas y Francisco Brizuela, Fiscal, por la Asociación de Empleados Eléctricos. El Comité se propuso unir y coordinar las luchas en el nivel nacional. Hacer efectiva la solidaridad de los sindicatos entre sí y con los actos de apoyo al gobierno o a particulares que obliguen al respaldo del movimiento obrero. Intensificar la organización sindical. Crear la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR) (Trabajo 23-5-1941: 4). Entre enero y octubre de 1942 se integraron las secciones de los CES en Puntarenas, Limón, Heredia, Alajuela y Cartago. Convocaron a dos conferencias provinciales con asistencia de 63 organismos y a dos asambleas nacionales, previo el congreso que creó la Confederación, en setiembre de 1943. Los CES no desaparecieron con la fundación de la CTCR.

El Congreso sesionó en el Estadio Mendoza con delegados de 96 sindicatos y federaciones que tenían 3.000 afiliados. Vicente Lombardo Toledano (1894-1968) vino al país en noviembre de 1942 y presidio la inauguración. En otro discurso, Rodolfo Guzmán estimó el evento, “un paso hacia la unidad de la clase trabajadora” y la Confederación, “una instancia para defender la democracia con contenido económico y la política social del Dr. Calderón Guardia”. Nombraron Presidente Honorario al Dr. Calderón Guardia. Acordaron enviar un saludo a Winston Churchill, José Stalin y Teodoro Roosevelt. Dar un voto de simpatía al Arzobispo Sanabria. Pedir relaciones diplomáticas con La URSS. (Trabajo 18-9-1943: 1-2 y 9-10-1943:1-4)  

Esos acuerdos denotan la orientación ideológica, sindical y de política internacional y electoral que entonces propiciaba el Partido Comunista al cabo de siete años de adhesión a la Tercera Internacional, durante el período de Stalin. El PCCR ingresó a ese organismo en 1935 y ese año el VII Congreso de la Internacional aprobó las tesis sobre la alianza de la clase obrera con el proletariado y las clases medias no comunistas, antifascistas y democráticas, conocida como los frentes populares. La solidaridad con los republicanos en la Guerra Civil Española (1936-1938) y la primera fase de la Guerra Mundial, entre 1939 y julio de 1941, fortalecieron los objetivos antifascistas y el acercamiento entre partidos y movimientos políticos, antes divorciados por la oposición a la URSS y a la ideología comunista. Pero también propiciaron el surgimiento desde 1938, del movimiento comunista inspirado y dirigido por León Trotsky (1879-1940), el cual reivindicó la tradición revolucionaria de las Internacionales Comunistas, hasta 1935.

Después de los ataques de Hitler a la URSS y a Pearl Harbour, en la mayoría de los países occidentales, las alianzas políticas democrático-burguesas derivaron, en el plano de la lucha social y nacional, hacia la colaboración de la clase obrera con los capitalistas y la tolerancia con la política imperialista de las potencias del eje antifascismo. Los partidos comunistas acogieron con gozo los acuerdos de la Carta del Atlántico del 14 de setiembre de 1941, en la cual, Roosevelt y Churchill firmaron un acuerdo de respeto a la autodeterminación de los pueblos, libre comercio y colaboración entre las naciones con los países de menor desarrollo.

Por su parte, el PCUSA dirigido por Earl Browder (1891-1973) proclamó en 1942 el fin de la era del imperialismo y el despertar mundial de la democracia. Al año siguiente, el inicio de la Conferencia de Teherán el 28 de noviembre de 1943 formalizó la alianza de Inglaterra, La URSS y Estados Unidos para enfrentar conjuntamente al totalitarismo alemán, italiano y japonés. Producto de estas coincidencias ideológicas y de las luchas internas que despertó en Costa Rica la aprobación de las Garantías Sociales, el PC se disolvió en setiembre de 1943 y surgió el Partido Vanguardia Popular (PVP) para darle forma al Bloque de la Victoria; alianza que facilitó al Partido Republicano la Presidencia del Lic. Teodoro Picado en 1944. (Cerdas y Contreras, 1988: 44-107).

El cambio ideológico y el enfoque político de unidad nacional del PCCR, permeó a la dirigencia sindical desde octubre de 1942. En la Asamblea constitutiva del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Siquirres, representantes de las fincas bananeras San Alberto, Canadá, Esperanza, Cultivés y Las Indias aprobaron la moción de Arnoldo Ferreto, Secretario de Organización del PC y Regidor por Heredia, tendiente “a no apelar a la huelga ni a métodos que interrumpan el trabajo y la producción, dado que el cultivo de caucho y abacá es necesario para abastecer necesidades de la Segunda Guerra, en la cual se resuelve el porvenir del país” (sic). (Trabajo 3-10-1942:2). En la Conferencia Nacional de Sindicatos del 18 de octubre, 63 organizaciones acordaron renunciar a la huelga, tramitar los conflictos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, previo dictamen de la Oficina Técnica del Trabajo creada en 1936, y centralizar la dirección en el CNSE. (Trabajo 24-10-1942:2-4).

Por ello la CTCR se abocó a organizar el trabajo burocrático, ahora como requisito contemplado en el Código laboral y privilegió la conciliación laboral. En enero de 1944 informó la apertura de una oficina para cada una de las 7 secretarías. Tramitó 27 demandas individuales de trabajo y 17 colectivas, 14 denuncias a la Inspección General de Trabajo y había pendientes 36 quejas individuales, 3 colectivas y 4 en fase de Inspección. Tenía inscritos 91 sindicatos y participaba en la Comisión Mixta de Salarios y el Consejo Nacional de la Producción.  (Trabajo 22-1-1944: 1-4 y 29 1-1944:1-4) En el primer congreso realizado los días 8 y 9 de julio estaban afiliadas a la CTCR 135 organizaciones. (Trabajo 15 julio de 1944: 2-4). Otro informe del mes de octubre, indica que envió 67 comunicados a los patronos por demandas de trabajadores, tramitó 66 denuncias ante la Inspección de Trabajo y 43 arreglos extrajudiciales con empresas. En un año habían tramitado 300 denuncias contra empresas industriales, entre ellas 90 conflictos colectivos. (Trabajo 20-1-1945:11)

La euforia por las tesis de política reformadora y los métodos conciliatorios de trabajo sindical, se vivió en los años 1944-45. En febrero de 1944 el directorio de la CTCR y los secretarios de los CES acordaron “realizar una labor conjunta con la Confederación de Trabajadores “Rerum Novarum”, brazo sindical del Partido Demócrata constituido en 1943, para “garantizar de manera efectiva el derecho de organización”. (Trabajo 11-3-1944:3). En otro ángulo, el primer Consejo Nacional de la CTCR reunido el 8 y 9 de julio, acordó defender los precios del café en el mercado norteamericano por medio de la Confederación de Trabajadores de América Latina, CTAL, creada en 1938, y editar el boletín sindical Combate. (Trabajo 8-7-1944:2)

El 2 de octubre de 1944 el congreso constitutivo de la Federación de Trabajadores de Limón (FETRAL) acordó “cooperar con todas las fuerzas progresistas de la provincia y del país, de todas las clases sociales y de todas las razas, a fin de que se resuelvan los problemas más urgentes. Procurar un acercamiento cordial y sincero entre ésta y la UFCo para que en un ambiente conciliatorio se atiendan todos los conflictos obrero patronales e igualmente con la Northern Railway Co.” Firma, Joaquín Hernández P. Secretario General. (Trabajo 7-10-1944:1).

Ese mismo mes, el Congreso Extraordinario del PVP trazó línea al movimiento obrero. El Partido “debe procurar que los conflictos entre el capital y los trabajadores se resuelvan pacíficamente, pero en un plano de justicia para los trabajadores… Los dirigentes sindicales afiliados al Partido deben encontrar la forma de entenderse cordialmente con las compañías norteamericanas y los capitalistas nacionales… en vista de la nueva política de las potencias democráticas en Teherán… Se trata de llegar a un entendimiento… mediante el cual se mejoren las condiciones de vida de las masas y se dé garantía al capital para trabajar sin los choques violentos de clases”. (Trabajo 7-10-1944:1). En noviembre, hubo varias reformas al Código de Trabajo, aprobado en agosto de 1943, una de las cuales eliminó el derecho a la huelga a los trabajadores del transporte público, café, banano, ganadería y actividades del Estado. (Trabajo 11-11-1944:1-3).

En enero de 1945 la Federación de Trabajadores de Turrialba divulgó la actitud colaboradora de los empresarios Herzog, dueños de la Hacienda Atirro. (Trabajo 20-1-1945: 11) Ese Primero de Mayo los sindicatos desfilaron con la consigna: “Por la colaboración entre las clases y la defensa económica de la República”. El Pleno del Comité Central del PC, de febrero del mismo año, reiteró: “que se haga toda clase de esfuerzos para evitar que los conflictos entre el capital y el trabajo tengan que resolverse por la vía de la violencia”. (Trabajo 17-3-1945:3-6) El Partido tenía 2.535 militantes (Trabajo 27-1-1945:3).

A raíz de una campaña contra el sindicalismo, ese año Rodolfo Guzmán salió en defensa de la Confederación, a través de la emisora la Voz de la Víctor. “La CTCR es un hecho social más que una institución legal, cuyo origen fue el proyecto de enviar a la Asamblea Legislativa la reforma constitucional para incluir las Garantías Sociales y el Código de Trabajo”. (Trabajo 20-1-1945: 11). En esas circunstancias, los días 15 y 16 de junio de 1946, después de dos años y medio de haber sido aprobado el Código, la CTCR convocó al Congreso para elegir al Comité Nacional Ejecutivo, al cual asistieron 150 delegados. El Dr. Calderón Guardia fue nombrado de nuevo Presidente Honorario. El Comité Ejecutivo quedó integrado por 13 secretarías: 4 representantes de sindicatos zapateros, 4 del sector de construcción, 1 tipógrafo, 1 mecánico, 1 abogado y 2 estudiantes de leyes.  (Trabajo 22-6-1946:2). 

La Confederación quedó inscrita en el libro de organizaciones sindicales de la Secretaría de Trabajo en el Tomo IV, Folios 241-250 y Tomo V, Folios 6 y 7 del 20 de setiembre de  1946. En el Acta protocolar del 12 de agosto firmaron 34 delegados: 9 zapateros, 4 sastres, 2 ebanistas, 3 tipógrafos, 2 estibadores, 3 jornaleros, 1 agricultor, 2 misceláneos, 2 comerciantes, un representante de oficinistas, obreros bananeros, marineros y 2 no especificados. De ellos 15 casados, 15 solteros, 1 viudo, 1 divorciado y 2 sin especificar. La Federación de Trabajadores de San José tuvo 12 delegados, 5 las de Alajuela y Cartago, 4 por Puntarenas y 3 de Limón. El acta de 43 artículos indica las jerarquías: el Congreso Nacional, el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. Se definieron las funciones de cada órgano y su dinámica interna: quórum, sesiones ordinarias y extraordinarias, criterios de votación, etc.

El Art. 30, incisos 9-10 centralizó las decisiones sobre el ejercicio del derecho a la huelga.  Estableció que las organizaciones quedaban obligadas a “informar previamente al Comité Nacional Ejecutivo de cualquier huelga parcial que se pretenda llevar a cabo” y a “no celebrar pactos o convenios con otras organizaciones no confederadas o de otra índole, sin la aprobación del Comité Ejecutivo”. El Art. 31 establece como derecho de los afiliados, “solicitar y obtener intervención del CNES en los conflictos que se presenten entre los gremios o de tipo obrero patronal”. Se estableció la cuota de 2% del dinero efectivo disponible por la organización al momento de ingresar a la confederación; 20% de la cuota ordinaria del sindicato o federación y el 40% de los ingresos, en el caso de sindicatos no federados.

La Confederación convocó al Primer Consejo Nacional para los días 22 y 23 de abril de 1944. Editó el segundo número del boletín Combate e inauguró los planes de estudio del programa de Universidad Popular; cursos que impartían Carlos Luis Fallas, Enrique Benavides y Carlos Luis Sáenz. (Trabajo 11-3-1844:3) La escuela universitaria comenzó lecciones el 16 de julio con 125 estudiantes. Simultáneamente la CTCR inició una campaña económica para financiar una imprenta. (Trabajo 8-7-1944:2)

La Segunda Guerra Mundial entró en fase final en mayo de 1945. Entre abril y mayo de 1946 los jefes de Estado de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la URSS reunidos en la Conferencia de París, definieron el futuro mapa político de Europa de la postguerra. La alianza antifascista de las potencias quedó sin efecto desde la Conferencia de Yalta de febrero de 1945 y al año siguiente, Inglaterra y Estados Unidos firmaron la alianza preventiva contra la presencia del Ejército Rojo en Europa. Con ello se inició “la Guerra Fría”.   

En ese contexto la CTCR participó en el Congreso de la CTAL que se realizó en Costa Rica en noviembre de 1946. Se discutió la nueva coyuntura de confrontación y división sindical entre la Federación Americana del Trabajo (AFL) y la CTAL, ahora censurada por sus nexos con los partidos comunistas y con la URSS. Se analizó el Plan militar del Presidente Trumann sobre América Latina que originó el TIAR, y el Plan Clyton relacionado con la protección a los monopolios norteamericanos en un sistema de libre comercio internacional. (Trabajo 16-11-1946:1)

En concordancia, los dirigentes sindicales redefinieron el alcance del imperialismo. “Se puede afirmar que la causa de la emancipación económica de nuestros pueblos, de su desarrollo industrial, de la solución de su problema agrario, de su educación y de su cultura, desde México hasta Argentina y Chile, está indisolublemente ligada a la lucha contra el imperialismo y las fuerzas internas divisionistas en el seno del movimiento obrero que conducen a desarmar las luchas de la clase obrera y del campesinado”. (Trabajo 16-11-1946:1)

Seis meses después, la CTCR celebró el Sexto Consejo Nacional y aprobó resoluciones para reformar el Código de Trabajo en beneficio de los trabajadores del campo; acerca de la deducción de la cuota sindical y de tipo disciplinario. La  oficina legal informó que, del 18 al 26 de junio tramitó 76 demandas por cesantía contra la Secretaría de Fomento y 11 arreglos por la misma causa. Acordó convocar al Tercer Congreso, pospuesto hasta finales de setiembre “ante la gravedad de la situación política” creada  por la huelga de brazos caídos que organizó el Partido Social Demócrata. (Trabajo 28-6-1947:1-6). El Congreso se realizó a finales de setiembre, con asistencia de 150 delegados. Analizó un nuevo arancel de aduanas para proteger la manufactura “amenazada por el Plan Clyton”; acordó convocar al Primer Congreso Nacional de los obreros del Calzado y enviar a Rodolfo Guzmán al Congreso de la CTAL, en Santiago de Chile. (Trabajo 20-9-1947:2) 

Por su parte, en el pleno ampliado del Comité Político del PVP que se reunió el 13 y 14 de de julio de 1947 irrumpió la autocrítica a las desviaciones del período 1939-1945. Consideró la debilidad frente a las medidas del gobierno de Picado y la necesidad de “vigorizar la acción de masas”. Valoró un error “no realizar movimientos de masa frente a las compañías imperialistas”. Rechazó la tolerancia frente “a los ataques furiosos de las facciones burguesas reaccionarias”. Reconoció haber descuidado las diferencias ideológicas con el Partido Republicano y la iglesia católica en las luchas para aprobar las garantías sociales. Estimó que la “colaboración entre las clases fue una tesis política falsa en su forma y fondo… y como consecuencia, se limitó el derecho de huelga por una reforma al Código de Trabajo y se dejó desprotegidos a los recolectores de café”.

Con relación a la CTCR, el pleno criticó los convenios con la UFCO, empresas ferroviarias y compañías eléctricas. Consideró que se “abandonó la acción combativa para encharcarse  en una política saturada de burocratismo y legalismo, por lo cual los sindicatos devinieron en simples agencias de reclamos de prestaciones y pospusieron la lucha por alzas de salarios en la agricultura de la caña y el café. (Trabajo 20-7-1946:1-2; 2-4-1947:3; 21-7-1947:3)

Mientras tanto, José Figueres Ferrer negociaba en Guatemala la adquisición de armas y el ingreso de mercenarios para expulsar el comunismo entronizado en el gobierno de Picado. En Cartago, Mario Echandi organizaba la huelga de brazos caídos y, el PVP por su parte, movilizó la Columna Liniera en un recorrido de 200 km. a pie desde el Pacífico Sur bananero, a la capital. Sus objetivos eran  apoyar al gobierno, neutralizar la ofensiva golpista del Partido Socialdemócrata, presionar por la reducción en el precio de los alquileres, carne y azúcar, y por un alza general de salarios. Ese mismo día, la CCTRN organizó otra manifestación de empleados ferroviarios y trabajadores del Estado en actitud contestaría a la CTCR. (Trabajo 27-9-1947:7)   

Seis meses después, estalló la Guerra Civil. La confrontación militar trajo la derrota del PVP y del sindicalismo de la CTCR. En julio de 1950 terminó el juicio que promovió el Pbro. Benjamín Núñez para disolver la Confederación con base en el decreto No 105 de la Junta de Gobierno. El acta legal disolvió 101 organizaciones obreras: 7 federaciones provinciales y regionales, 8 sindicatos del sector estatal, 49 de agricultura y afines y 44 de las ramas minería, comercio y manufactura. Sindicatos por provincias: 8 de San José, 10 de Heredia, 14 de Cartago, 4 de Turrialba, 19 de Alajuela, 21 de Puntarenas, 20 de Limón y 2 de Guanacaste. (Archivo Judicial, 1949. R467, A416, E186, S5. Folios Nos. 20560, 20561, 21228,17403, 17405 y 26422.). La CTCR había sido destruida de hecho desde abril de 1948. 

IV. CONCLUSIONES

La fundación de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica en 1943 no es un acontecimiento aislado del pasado del movimiento obrero. Culmina el legado histórico de los artesanos y obreros que desde 1875 irrumpen en las luchas sociales del país. Se sitúa en relación de continuidad con las jornadas rebeldes de los sectores medios y de los combatientes que derrocaron la dictadura de Tinoco, en 1919. Hereda la lucha por la jornada de 8 horas conquistada en 1920 y la negociación política que hizo posible, entre otras, la ley de accidentes de trabajo de 1925.

La CTCR sintetiza un renacimiento del movimiento sindical impulsado desde 1934 por los sindicatos que, bajo el Código Civil, reivindicaron jornadas y salarios justos, identidad como clase trabajadora, dignidad como personas y ciudadanos. No obstante, las luchas y experiencias de los sindicatos y federaciones confederados en 1943, quedaron inmersas en la coyuntura histórica que, entre 1939 y 1945, influyó negativamente en la autonomía sindical frente al Partido Comunista y privilegió la conciliación laboral y la reforma política en aras del cambio jurídico e institucional que configuró el Estado Social de Derecho.

Pero, además, la Confederación fue columna y espina dorsal de las contradicciones entre el capital y trabajo, entre el Estado nación y el imperialismo, entre el interés privado y la autonomía del Estado. Los errores y desviaciones ideológicas, reconocidos desde 1946 por los dirigentes sindicales y políticos, es otro legado de la historia de liberación social e independencia nacional. Menos relevantes, quizás, que la osadía de la burguesía agrícola y empresarial que emergió en el período de entre guerras mundiales y  condujo al país a la Guerra Civil contrariando las tradiciones liberales, de derechos ciudadanos y cultura política adquiridos hasta la primera mitad del siglo XX.

 

 

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Por Arturo González

El 1 de diciembre de 1909 se puso fin a 17 años de gobierno liberal en Nicaragua, cuando se entregó la nota Knox al encargado de negocios de Nicaragua en Washington, Felipe Rodríguez Mayorga. La llamada nota Knox tendría una influencia nefasta en la historia de Nicaragua y Centroamérica; significaría más de 15 años de intervención imperialista que concluiría con la gesta antiimperialista del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Formalmente el documento de la administración de  Teodoro Roosevelt “condena” la inestabilidad de las estructuras socio-políticas internas atribuidas a la gestión del presidente José Santos Zelaya y se le acusa de ser el principal responsable de la desestabilización diplomática y económica acaecida en Centroamérica en los años de su gobierno.

Sin embargo, el componente esencial del golpe de Estado al general Zelaya, esconde los intereses económicos del emergente imperialismo estadounidense, que distinguía en la figura del caudillo Nicaragüense un obstáculo para el completo dominio, geopolítico de Centroamérica. Gracias a los poderes atribuidos por el tratado de Washington de 1907,  Estados Unidos se abrogó la potestad de ser juez en los conflictos políticos que definían las turbulentas relaciones de los países centroamericanos, fragmentados por desavenencias territoriales, partidarias, comerciales; e intervenir según sus conveniencias imperialistas.

La revolución liberal de Zelaya

Con la revolución liberal de 1893 Nicaragua rompió con la herencia cultural, jurídica y social legada por 30 años de conservadurismo tradicionalista, heredero de la influencia colonial. El país estaba en manos de los oligarcas que basaban su propia estabilidad económica en la explotación de ganado y cereales. Sin embargo el país centroamericano se encontraba en una situación socio – política convulsa, que evidenciaba el surgimiento de una nueva clase social que reclamaba la conquista “progresista” en las relaciones sociales, para afianzar su presencia en las estructuras políticas y consecuentemente conquistar el poder: la burguesía.

Estos eran los objetivos del Partido Liberal Nicaragüense, que obtenía apoyo de los dueños de las exportaciones de café de Sierra del Pacifico y de la Meseta Central, así como de otros sectores comerciales que se interesaban en formar parte de la vida política.

Básicamente, como en los procesos revolucionarios liberales – burgueses de los regímenes sociales del viejo mundo, el gobierno de Zelaya intentó plasmar las ideas políticas del liberalismo de su época, viéndose en una situación similar a la de sus homólogos europeos al luchar acérrimamente contra un viejo modelo que no se acoplaba a los modelos de industrialización imperantes. El desarrollo del liberalismo se cristalizó políticamente con la formación de la “Libérrima”, en 1893, constitución que direccionó a Nicaragua en los conceptos de “modernidad – progresista”, al crear instituciones que no existían, eliminando atavismos y rémoras que detenían el desarrollo y el progreso. Otorgó derechos a hombres, mujeres y trabajadores. Es decir, se establecieron libertades que representaban los intereses de la burguesía comercial exportadora.

Centroamérica bajo la estela divisoria de los intereses burgueses

Consolidado en el poder tanto a nivel político como militar, el general Zelaya hizo de Nicaragua el país más importante de Centroamérica, pendiente de la evolución del mercado extranjero y de la inyección de capital de inversionistas o negociantes estadounidenses. El autócrata liberal buscaba diversos elementos que hicieran  la economía burguesa menos dependiente del coloso emergente norteamericano.

A finales del siglo XIX la burguesía criolla necesitaba consolidar una dictadura que le proporcionara fuerzas productivas capaces de consolidarse en los mercados interno y externo. Se habían logrado unir pequeños y medianos productores bajo la tutela de terratenientes y grandes comerciantes, que vieron la oportunidad de extender las ideas liberales por la región, lo que conformó la política exterior planteada por el régimen del general José Santos Zelaya: unificar bajo su égida a los países centroamericanos.

Desde que el liberalismo llegó al poder,  Nicaragua se vio en pugnas con los países vecinos. En 1894 con honduras para destituir al presidente conservador Domingo Vázquez. El país catracho vio rápidamente el auge y caída del liberalismo en sus tierras. En el año 1898, el 27 de agosto fue avalada la constitución de los Estados Unidos de Centroamérica, pero el 13 de noviembre de ese año se truncó la posibilidad de ver confeccionada una federación, por obra del general salvadoreño Tomas Regalado. En 1905 se precipitó un conflicto con el gobierno de Guatemala precedido por Estrada Cabrera, el cual batallaba con Nicaragua por el dominio regional.  Evidentemente las excusas que justificaban las tensiones bélicas y el deterioro de las relaciones diplomáticas, fueron producidas  por las diferencias entre las eminentes figuras burgueses que luchaban por la supremacía del poder en el área. El único beneficiado de esta situación fue Estados Unidos, que supo sacar provecho de las diferencias partidarias entre los dirigentes de las sociedades centroamericanas, para dictaminar el camino que tomaría la zona.

Tratado de Washington y nota Knox

Representantes de las cinco repúblicas centroamericanas firmaron un tratado de paz en 1907 por invitación del gobierno de Estados Unidos, que necesitaba estabilidad en la región para poder aplicar sus  propias políticas imperialistas. Sin embargo el documento firmado, en términos de paz, no aseguró nada. Las convulsiones seguían vigentes en Centroamérica: enfrentamientos entre fracciones políticas que podían llevar a conflictos militares, tensiones entre conservadores y liberales y dentro de las mismas fracciones liberales, levantamientos, presos políticos. Por otro lado, la política Zelayista de corte unionista entre los países centroamericanos. Pero el punto de inflexión fue la perspectiva de construir un canal interoceánico, aun cuando Nicaragua fue relegada del proyecto por el imperialismo norteamericano, junto a Alemania y Japón. Zelaya comenzó a  incomodar a Estados Unidos, que ya tenía más presencia en la región, desde el inútil tratado de Washington y evaluaba tomar acciones directas. En 1907 el partido conservador encabezado por Emiliano Chamorro recibió ayuda económica y logística para derrocar el gobierno liberal instaurado en Nicaragua.

En 1909 seis cruceros norteamericanos patrullaron las costas nicaragüenses, bajo la tesis de, “pacificar la región y caldear los ánimos de los intereses divergentes entre los políticos”. Sin embargo la verdadera razón de su presencia era apoyar a los conservadores en Nicaragua, los cuales se  identificaban como fieles serviles de los dictámenes de Estados Unidos. En medio de lo tenso de la situación fue encontrada la excusa necesaria para intervenir directamente en Nicaragua, cuando el presidente Zelaya ordenó el fusilamiento de un puñado de mercenarios estadounidenses, acción que fue interpretada como una provocación por Estados Unidos. Ese mismo año, el 1 de diciembre fue enviada la nota Knox,  de parte  de Philander Knox, en donde se acusa al general liberal de ser el máximo responsable de los conflictos en el istmo centroamericano, lo cual ponía fin, de forma ilegal, a su gobierno.

América para los “americanos”

Detrás de la nota hay un trasfondo evidente de intervención, ilegalidad e injerencia contra la soberanía del pueblo de Nicaragua. Reflejaba las intenciones de Estados Unidos de ocupar geoestratégicamente no solo Centroamérica, sino una gran parte del territorio latinoamericano, antes que lo hicieran otras potencias emergentes de carácter coloniales trasatlánticos, tales como: Alemania, Inglaterra, Japón y Francia, países que tuvieron contactos con el general Zelaya. El autócrata liberal no se sometió a los intereses de los Estados Unidos. Sin estas diferencias entre Zelaya y los USA, jamás hubieran tenido apoyo los rebeldes de Bluefields y del conservador Chamorro, ni se hubiera redactado la funesta nota Knox que permitió desplegar en Nicaragua y en el resto de Centroamérica, las directrices políticas de Estados Unidos. Militares norteamericanos ocuparon el país, fueron impuestos gobernantes serviles, el Gran Garrote era una realidad. América para los americanos, de la doctrina Monroe comenzó a aplicarse ejerciendo su verdadera naturaleza, América para los estadounidenses.

Pero el derrocamiento del General Zelaya no solo tiene sus cimientos en el apoyo imperial, sino en un fenómeno de desgaste y degeneración de la misma revolución liberal. El hito de la famosa libérrima se ve oscurecido por reformas constitucionales que el gobierno del general Zelaya realizó a principios del siglo XX. Estas reformas otorgaron supra poderes al general Zelaya y crearon condiciones para futuras represiones que el régimen haría en contra de la población. Fueron estas condiciones de represión y contrarrevolución ideológica las que crearon las bases internas en que luego se apoyaría el imperialismo para derrocar a Zelaya. Fue Nicaragua y la patria centroamericana las que pagaron la las consecuencias de la intervención directa de los marines norteamericanos. Pasados más de 100 años de la infame nota Knox, la tarea histórica es la misma, unificar la patria centroamericana y liberarnos de los modernos filibusteros.

 

Por Carlos A. Abarca Vásquez

 I.- INTRODUCCIÓN

La historiografía del movimiento obrero y sindical costarricense ha recuperado, ante todo, las luchas sociales, conflictos laborales y las protestas cívicas y nacionalistas que precedieron la fundación del Partido Comunista en 1931. La memoria popular estima como eventos de envergadura, la huelga general de 1920 por la jornada de 8 horas y la huelga bananera del Atlántico, de agosto-setiembre de 1934. Otro proceso bastante indagado se refiere a la transformación social y política que configuró la alianza del Partido Republicano y el Partido Vanguardia Popular apoyada por el Arzobispo Víctor Sanabria y un sector del clero para reformar la Constitución de 1871 e institucionalizar la Caja Costarricense del Seguro Social y el Código de Trabajo. Este artículo se inscribe en ese contexto con los siguientes objetivos:   

1. Sistematizar información inédita sobre la historia de los trabajadores del calzado entre 1930 y 1948 para dar un aporte al Proyecto de Ley, expediente No. 18620 del 25 de octubre del presente año que propone declarar el 25 de octubre, Día Nacional de los Zapateros.     

2. Ofrecer una descripción cronológica para recrear la beligerancia sindical y cívica de los obreros y artesanos zapateros, movimiento que estuvo en el centro de las confrontaciones obrero patronales desde la fundación del Partido Comunista en junio de 1931.

3. Mostrar el origen y desarrollo de los sindicatos de zapateros, gestores de las bases modernas del movimiento sindical costarricense.

II.- ANTECEDENTES

La producción artesanal costarricense despuntó en Cartago a finales del siglo XVII, según la historiadora Elizeth Payne http://www.avizora.com/historiadepaises/0079historiadecostarica Los españoles alquilaban indígenas para trabajar por jornal, como artesanos. El castigo corporal era parte de las condiciones de trabajo y algunos de etnia negroide eran esclavos. En 1690 había 35 artesanos en Cartago, entre ellos seis zapateros: 4 españoles y 2 indígenas. 

Otro historiador, Carlos L. Fallas M. cifra en 358 los zapateros activos en 1883. Ese año se reorganizó la Sociedad de Artesanos de San José y los zapateros eran representados por José Hidalgo. (Fallas, 1983:87 y 165). A raíz de la rebelión popular por el respeto al sufragio, ocurrida el 7 de noviembre de 1889, nació el Club Constitucional de Artesanos. Su periódico El Demócrata, edición del 12 de enero de 1890, da cuenta de que el gremio zapatero estaba  representado por José Hidalgo C., Emilio Artavia, Francisco Aguirre y Juan B. Romero Escobar. (Fallas, 1983-263). Durante la crisis 1897-1907 más de 400 artesanos fueron a huelga, según el periódico El Progreso del 29 de mayo de 1901. Otro medio, el Fígaro, publicó que en 1899 había 230 zapateros desocupados y en varias ocasiones desfilaron a la Casa Presidencial, demandando rebajas a los impuestos de sus materiales de trabajo. (Fallas, 1983-241).

Esas experiencias y sus necesidades los impulsaron a la actividad política por medio de la Liga de Obreros de Costa Rica, fundada el 25 de setiembre de 1900. La Liga tuvo intensa actividad electoral en 15 cantones, presidida por Gerardo Matamoros. Es considerada la primera organización partidista de artesanos, campesinos y pequeños comerciantes. Apoyaron al Lic. Ascensión Esquivel y llevaron a Víctor J. Gólcher a la Asamblea Legislativa. (Fallas, 1983-280-293). Asimismo, Gerardo Matamoros fue nombrado diputado en las elecciones de 1920.

La lucha contra la dictadura de Federico Tinoco amalgamó a los educadores y al movimiento artesano obrero aglutinado en la Unión General de Trabajadores. En junio de 1918 los obreros promovieron importantes huelgas, incluyendo a los bananeros de Sixaola y Talamanca y esas protestas debilitaron a la dictadura. Esta fase culmina con la huelga general por la jornada de 8 horas, ocurrida en febrero 1920. Pero entre 1923 y 1926 el Partido Reformista, fundado por el exsacerdote Jorge Volio, anuló la autonomía de los sindicatos por oficios y los acercó a las tiendas electorales de los liberales.  

En el censo de 1927 figuran 2.089 zapateros como parte de la fuerza laboral, empleados en 130 talleres y empresas. (Asamblea Legislativa. Expediente No. 18620).En la década del treinta surgen las luchas de mayor lucidez sindical y política de los zapateros, con alguna vinculación orgánica  con el partido Bloque de Obreros y Campesinos creado 1929 y con el Partido Comunista, fundado en 1931. En 1934 dos dirigentes sindicales zapateros fueron electos en  los municipios de San José y Heredia, y, otro salió electo diputado a la Asamblea Legislativa. 

III.- LA HUELGA GENERAL DE ZAPÁTEROS DE 1934 

En la tercera semana de enero de 1934 los zapateros de cinco empresas de la  capital iniciaron una huelga. La mayoría trabajaban jornadas hasta de 14 horas: de 6 a 11 a.m. y de 12 a 9 de la noche. Podían retirarse al terminar la tarea, luego de 10 u 11 horas de labor. Sus herramientas eran la pinza, el martillo, cortadoras, lijadoras, la lezna del cocedor, agujas y la horma. Trabajaban en mesas bajitas y banquillos de cuero pegado en cuatro pulgadas para airear el asiento. Casi todos tenían jorobas porque el banco no estaba a la altura del cuerpo.

El proceso de trabajo requería varias ocupaciones. El alistador que hace las costuras. El cortador, parte los cortes de acuerdo con la horma y hace las suelas. El alistador elabora el par de zapatos. El montador pega la horma. El contramaestre es el que tiene conocimiento del proceso laboral y domina todos los oficios. Cuando el zapatero termina, recibe la aprobación o el rechazo de éste. Ganaba más porque debía también, enseñar. Luego, el aprendiz: el que estudia cómo hacer los zapatos. Algunos  no daban la talla como alistadores, pero eran hábiles montadores. Unos sabían hacer el zapato para hombre, pero no el de mujeres. Cuando el zapatero era aceptado y demostraba que conocía el oficio recibía el bautizo. Lo bañaban con baldes de agua de suela con muchos días de descomposición; a tal grado que soltaba todo el color del mangle que le da el color al cuero y quedaba con olor a teja. Pero el mismo día, en la noche, se le hacía la fiesta de bienvenida en medio de compañerismo y alegría. (Morales, 2000: 28-31)

La huelga de enero-febrero de 1934 comenzó en la zapatería La Renaciente. Los operarios pidieron que no les rebajaran el salario y el patrón les rompió el documento. En respuesta los zapateros “sacaron a la calle todos sus fierros, mesas y enseres de trabajo y pararon labores”. En el taller El Record, Efraín Jiménez Guerrero llamó a los alistadores a respaldar a estos obreros y les propuso  ir  la huelga. Al llamado se sumaron los operarios de 30 empresas y ocho días después algunos propietarios accedieron a la demanda salarial.

La actitud de esos patronos se debió, en parte, al efecto de la huelga en la reducción de la producción y las ganancias. El descenso de las ventas,  previa la temporada comercial de Navidad, alertó a los industriales quienes experimentaban las secuelas de la crisis de 1929-1933. Los dueños de talleres rebajaban los salarios y amenazaban con despidos. En La Renaciente, los montadores sufrieron una reducción de 1.50 y tal fue la causa que llevó también a 37 alistadores a la huelga, con lo cual se paralizó el conjunto de labores. Los huelguistas pedían entre un 20 y 25% de alza. Pero tomaban en cuenta si los zapatos  eran de primera, o más baratos; los cortes en el alistado, los convenios con el consumidor al hacer montaduras y las reparaciones que solicitaban los clientes.  

La rapidez de las negociaciones se explica también porque los huelguistas, asesorados por el Partido Bloque de Obreros y Campesinos,  impulsaron un alza de salarios y creaban sindicatos para enfrentar no solo los rebajos, sino otras irregularidades, arbitrariedades y malos tratos. (Trabajo 25-1-1934: 3-4 y 28-1-1934: 3-4). El 25 de enero de 1934 más de 200 zapateros reunidos en Asamblea, eligieron un Comité Central de Huelga y un Subcomité. Acordaron desfilar al Congreso para demandar un alza general de salarios y la movilización remató en un mitin, al que asistieron 500 trabajadores. En ese acto se aprobó ir a la huelga general. Se ratificaron los comités de huelga, elaboraron el pliego de peticiones, discutieron las bases para constituir sindicatos en los talleres involucrados en la protesta, diseñaron un plan de concentración para impedir el trabajo con rompehuelgas y levantaron listas de los compañeros vulnerables a volver a los talleres, debido a su pobreza.

En la segunda semana de febrero, se paralizaron los talleres que hacían zapatos de primera clase. Los obreros de varias empresas de Cartago se sumaron al paro, luego de una Asamblea realizada en el Teatro Apolo. En la tercera semana del mismo mes, el plante se extendió a la mayoría de talleres de Alajuela y otros centros de trabajo de Limón. (Trabajo 10-2-1934: 3 y 18-3-1934:4). 

El lunes 29 de febrero, los huelguistas realizaron la segunda y tercera Asamblea General y deliberaron un tema de táctica sindical. Algunos patronos reconocieron la petición y surgieron dos propuestas. Se acordó “no entrar a trabajar, hasta que el último de los patronos no firmara el pliego de condiciones” (Morales, 2000:49). Sin embargo, en la asamblea siguiente el dirigente Efraín Jiménez propuso revocar el acuerdo que impedía negociar por separado.

Expuso que no se podía plantear el arreglo en todos los talleres porque no había fondos para alimentar por muchos días a tantos huelguistas. Aclaró, que una huelga prolongada sólo podría subsistir hasta obligar a todos los patronos a capitular, si hubiera un sindicato sólido y fuerte. Analizó la diferencia entre los talleres y empresas, así como la actitud de los consumidores. “A estas alturas muchos patronos viven al día con el trabajo de zapatos a las medidas y son pequeños patronos... Pero los grandes patronos sí tienen existencia de calzado y pueden resistir por más tiempo… El público de San José está acostumbrado a calzarse a la medida, y si hay talleres trabajando con este sistema serán preferidos, lo cual constituye una presión que obligará a los patronos más poderosos a aceptar los pliegos de condiciones”.

Los asambleístas aceptaron la negociación en talleres por separado “y que el aumento de salarios lo aporten a la Caja del Comité de Huelga para ir resolviendo las necesidades del resto de huelguistas”. (Morales, 2000:50). Al cabo de cinco semanas, gran parte de los dueños de zapaterías de San José aceptaron aumentar entre el 25 y 30% del salario. Los dueños de empresas más fuertes continuaron reacios.  

Gran cantidad de zapateros concurrieron a la cuarta Asamblea General del 8 de febrero, en la cual se nombró una comisión para redactar los estatutos y crear el Sindicato de Zapateros de San José. El día 10 otros cuatro patronos aceptaron la demanda salarial. Poco después las empresas El Récord y La Renaciente y con estos arreglos concluyó la huelga, pues “los salarios que establecían esas zapaterías eran el barómetro de los salarios pagados en el país”. (Morales: 2000:45). En otra Asamblea celebrada el 12 de marzo, se constituyó el Sindicato de Zapateros de San José.

Según Juan Rafael Morales Alfaro, Secretario General del Sindicato de Zapateros de Grecia, la huelga cumplió los objetivos económicos; enseñó lo que es la lucha social, pues “ignorantes de lo que es la organización sindical nos limitábamos hasta entonces a aceptar o rechazar todo planteamiento, de acuerdo únicamente con el calor de las ideas, mientras que las asambleas de huelguistas fueron una escuela de sindicalismo”. (Morales, 2000-51)  

Los zapateros exhibieron identidad e independencia de clase como asalariados. El 2 de febrero el Comité de Huelga expresó: “Los huelguistas somos obreros conscientes de que no íbamos a tener la candidez de pensar que el gobierno pudiera intervenir en nuestro favor. El gobierno no es, dentro del régimen capitalista, sino un administrador de los intereses de los patronos y un fiel lacayo suyo…Lo que sí esperábamos es que procediera a enviar sus policías a proteger a los rompehuelgas. (Pero) en las filas de los huelguistas no reclutarán traidores al movimiento; y si los van a buscar en otro sitios, advertimos que estamos dispuestos a impedir que esos rompehuelgas saquen oficio. Midan los patronos y su lacayo el gobierno la trascendencia de esta declaración que hacemos, interpretando la voluntad de lucha de los zapateros en huelga”. En otro comunicado aprobado en el 29 de febrero, exhortaron a los zapateros a la organización sindical, porque “es vieja táctica patronal ceder a las peticiones de los huelguistas mientras los ven unidos… pero a reserva de ir reduciendo de nuevo, poco a poco los salarios, una vez que los trabajadores se entregan a ese aislamiento suicida que caracteriza a los trabajadores de Costa Rica”. (Trabajo 17-2-1934: 3-4).

La huelga tuvo solidaridad de los zapateros de Limón y Grecia, la Federación de Artes Gráficas, de los ebanistas y carpinteros y de la Sociedad de Obreros de Panaderos. Asimismo, de los militantes del Partido Comunista, el cual les prodigó espacio, horas trabajo, asesoría parlamentaria, dinero y camaradería.  (Trabajo 29-4-1934: 3) Otro resultado de la huelga fue la edición de dos periódicos: El Gráfico y El Obrero Zapatero.

A principios de febrero, el Comité de Huelga hizo una declaración ante las opiniones que veían en la protesta las huellas de los comunistas. “Esta huelga surgió espontáneamente y el Partido Comunista  se limitó a prestarnos su fervoroso y eficaz apoyo. Si es cierto que los dirigentes del movimiento en su mayoría son zapateros comunistas, eso solo indica que en nuestro gremio la ideología marxista-leninista cuenta con numerosos adeptos… Hay zapateros que no militan en el Partido (demostrando con ello) que no es necesario ser miembro del Partido para defender los intereses de su clase… Los zapateros comunistas integran la  masa mayor de los huelguistas. (Trabajo 4-2-1934: 3) 

Efraín Jiménez Guerrero ocupó la Secretaría Sindical del Comité Central del PCCR. Declara que hay tradiciones que frenan el crecimiento del sindicalismo. En 1939, expresó con respecto a las relaciones entre los sindicatos y el partido. “Los sindicatos más fuertes deben colaborar en la organización del resto de la clase obrera para que la política no se meta en los sindicatos… El sindicato no debe ser un instrumento del Partido. Debe esforzarse por agrupar a los trabajadores de todas las ideas para llevarlos a luchar por sus propios intereses de clase”. (Trabajo 4-2-1939: 5). 

IV.- OTRAS HUELGAS Y LUCHAS CÍVICAS DE LOS ZAPATEROS: 1935-1948

Entre 1935 y 1942 el Sindicato Nacional de Trabajadores del Calzado fue el frente laboral más activo en la defensa del salario y las condiciones de vida de los obreros de la manufactura. En 1932 el PCCR propuso crear un Consejo de Obreros y Campesinos encargado de fijar el salario mínimo. Ese proyecto se discutió en el Congreso en 1934 en medio de una gran movilización y se fijó por ley en 1935; pero los patronos la desacataron. (Samper 1978:205). Tal fue móvil de dos huelgas ocurridas en ese año.

El 11 de diciembre de 1936 el Poder Ejecutivo decretó salario mínimo para los zapateros y se hicieron nuevas fijaciones; pero en la Asamblea Legislativa se corrigieron y ello condujo a otra huelga en enero de 1937. El diputado Ismael Murillo, dueño del Taller La Lucha, se declaró contra la fijación. Los zapateros acordaron ir a la huelga a partir del 21 de enero de 1937. Entonces los patronos iniciaron una campaña contra el salario mínimo y se generó el desacato en cadena. Por ello surgió la huelga en la que participaron más de 400 obreros. El 18 de enero se firmó el arreglo. (Trabajo 16-1-1937:1; Morales, 2000-76). Otra huelga se produjo en junio de 1939 en el taller La Costarricense. (Trabajo 24-6-1939:4).

Al mes siguiente los zapateros celebraron la Primera Conferencia Nacional convocada para unificar a los trabajadores del ramo. La presidió Víctor Cordero, Secretario General del SNTC de San José. Se planteó la organización de los obreros de terceras categorías; el efecto de la inmigración de obreros extranjeros y el ingreso a la Confederación de Trabajadores de América Latina. Se conoció la cifra de afiliación: Había en total 1.350 trabajadores del calzado de los cuales 906 (67.1%) eran afiliados a sindicatos. (Trabajo 29-7-1939: 4). El dato, en relación con el censo de 1927, muestra la contracción de la producción manufacturera del calzado en el contexto de la crisis del 29-33.        

A partir de octubre de 1939, los zapateros iniciaron reuniones provinciales con la meta de fundar el Sindicato Nacional de Trabajadores del Calzado. Se discutió: a) La situación económica y social del país al inicio de la Segunda Guerra Mundial; b) ¿Debe mantenerse por más tiempo el apoliticismo del movimiento obrero?; c) crear la Federación de Trabajadores de Costa Rica. (Trabajo 28-10-1939: 2)

En la tercera Conferencia Sindical Nacional, en mayo de 1942, se divulgó la siguiente reseña. La fundación del sindicato de zapateros de la capital “fue el primer acontecimiento de unificación obrera en el país…La lucha contra la elaboración del calzado a máquina tuvo un carácter retrógrado, pero  hubiera traído desocupación y la formación de empresas monopólicas…Se  planteó entonces aplicar un alto impuesto a la elaboración del calzado a máquina y el gobierno lo aprobó mediante decreto del Poder Ejecutivo.   

El Sindicato aprobó dar 3 meses de plazo a los patronos para que adquirieran maquinaria, porque los alistadores tenían que poseer máquina propia para trabajar, a un costo de 800 colones. Se logró elevar los salarios en todas las zapaterías de Heredia.  (Trabajo 15-3-1941: 1-4). Ese año organizaron a los trabajadores por categorías y lograron que un número de zapateros que laboraban en sus casas, fueran cotizantes: en siete meses han ingresado 200 nuevos afiliados… Otra lucha fue obligar a los patronos a eliminar las tarjetas de identificación expedidas por ellos para admitir operarios en los talleres. Esta demanda se logró mediante huelga general en San José, recordada como “la huelga de las tarjetas”.

También consiguieron que los patronos reconocieran a los comités sindicales de taller, sin los  cuales “la organización no podía tener bases sólidas”. Se desarrolló otra huelga por el reconocimiento de esos comités con libertad de acción sindical dentro del taller”. Otro logro fue la abolición del pago del trabajo por obra a los alistadores: se planteó el pago por día a 6 colones con 8 horas de labor y 2 colones el corte en horas extras. Además, se obligó a los patronos a poner las máquinas, hilos y repuestos que suplían los operarios…

Este Sindicato fue el primero que, “rompiendo la prevención y el prejuicio de la clase obrera, planteó burocratizar el aparato de dirección. Tal escuela ha sido reconocida por otras organizaciones que sienten la necesidad del pagar funcionarios. Crearon una estructura orgánica que fusiona los distintos oficios de la elaboración del calzado, como las ligas de alistadores y de cortadores. El Sindicato logró rebajas en los precios de los materiales de trabajo recurriendo a paros parciales y ha contribuido a organizar los Comités de Enlace Sindical. (Trabajo 1-5-1942: 2-7.)

Entre marzo y diciembre de 1940 los zapateros declararon dos huelgas: una en Turrialba y otra en Limón. La primera debido a los atropellos del contramaestre. La protesta duró 70 días y tuvo como novedad exigir buen trato del patrono. Logró el reconocimiento del sindicato: ningún operario sería despedido sin el aval del comité sindical y se retiró al contramaestre. (Trabajo 30-3-1940: 2; 6-4-1940: 2; 11-5-1940: 2). En junio de 1940 hubo otra huelga en Limón que duró mes y medio. Se produjo por el despido de un obrero y las indolencias del contramaestre y el patrono. (Trabajo 28-8-1940: 2).

Ese año los zapateros celebraron por primera vez el Día Internacional del Trabajo en Turrialba y Puntarenas (Trabajo 13.-4-1940:2); lograron que la Secretaría de Salud interviniera en los talleres; aumentos de 0.50 en la elaboración de zapatos con entre suela para señoras, en talleres de primera y segunda categorías; obligaron a los patronos a solicitar al sindicato operarios para distribuir el calzado y que los dueños no emplearan a los obreros atrasados en el pago de la cuota sindical. Otro logro fue abolir transitoriamente el aprendizaje debido a la desocupación, descenso de los salarios y el debilitamiento de la organización. Asimismo los afiliados aceptaron un aumento del 50% en la cuota sindical gracias a las alzas conseguidas. (Trabajo 2-3-1940: 3).

En 1941 reorganizaron el Sindicato de Zapateros de Heredia  presentaron pliegos de peticiones en 9 talleres. Hubo una huelga de mes y medio en el Taller Guadalupe, con 36 operarios; otra de igual duración en el Taller Garita, en Turrialba; y una más, de un mes, en el Taller Ingiana, en Limón y su sucursal de San José. (Trabajo 17-12-1940: 2). De nuevo movilizaron a los afiliados con el objetivo de que el Congreso prorrogara el gravamen al calzado hecho a máquina. (Trabajo 21-6-1941:2) En 1942 los zapateros del taller Rubén Arce, de Alajuela, promovieron otra huelga por rebajas de salarios y amenazas de despidos. (Trabajo 23-5-1942: 4)

Desde mayo de 1942 los zapateros se involucraron en la constitución de un Comité Nacional de Enlace, promovido por el Partido Comunista con el objetivo de “sentar las bases para crear la Confederación de Trabajadores de Costa Rica”. (Trabajo 23-5-1942:4). Organizaron delegaciones para el Congreso Obrero Nacional celebrado del 1 al 4 de noviembre de ese año. En asambleas parciales previas, acordaron editar el periódico “Orientación”; demandar un ajuste del 30% en salarios y solicitar al gobierno que fijara los precios, les aprobara representación en las Juntas de Emergencia y creara un fondo de ayuda a los desocupados. (Trabajo 5-9-1942: 1-4)

En 1942 surgió un cambio en las estrategias y tácticas del movimiento sindical debido a las nuevas tesis del Partido Comunista acerca de la conciliación de clases y la colaboración con las potencias imperialistas en guerra contra el eje Nazi, Fascista y Falangista. Asimismo, desde 1941 El Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, el Partido Socialdemócrata y la Iglesia Católica habían iniciado la ofensiva sindical en franca disputa con el liderazgo del Partido Comunista. El gobierno del Dr. Calderón Guardia, por su parte, aprobó en 1941 la creación de la Caja del Seguro Social y ya se habían iniciado las conversaciones entre el Lic. Manuel Mora, Secretario General del PCCR y el Presidente de la República, para contrarrestar la oposición a la reforma social. En consecuencia, en la Segunda Conferencia Nacional de Sindicatos del 18 de octubre, el Comité de Enlace Sindical de San José, tomó las resoluciones que lo insertaron a partir de entonces en el reformismo de izquierda. 

Acordaron renunciar a la huelga durante la Guerra Mundial, a cambio de que una Junta de Conciliación y arbitraje resolviera los conflictos entre obreros y patronos…Centralizar la dirección del movimiento obrero en el Comité de Enlace Sindical. Condenar (sic) el divisionismo sindical  promovido por los socialdemócratas entre los trabajadores ferrocarrileros. Integrar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por un representante de los sindicatos, uno de los patronos y otro del Estado. Los acuerdos los firmaron 17  organizaciones obreras de San José, 8 de Puntarenas, 3  de Alajuela, 4 de Cartago, 5 de Limón, 4 de Turrialba, 9 de Heredia, 5 de Siquirres, 1 del Pacífico Sur, 1 unión campesina, 6 comités  sindicales  de enlace. En Total 63 sindicatos.  (Trabajo 24-10-1942: 2-4) 

Enmarcado en esas resoluciones, el 1 de febrero el CNSE emplazó a los trabajadores ante la oferta electoral de los candidatos a los poderes públicos; en particular en relación con  las reformas sociales. “….La clase trabajadora de la ciudad y el campo está en la obligación de defenderlas porque constituyen la consagración constitucional de nuestros derechos de sindicalización, huelga, salario y jornada mínima, contratación y vacaciones… Ellas constituyen el eje de la actual campaña electoral y están en peligro de  ser mutiladas por un sector capitalista del país…

El Comité Sindical llama a defender la CCSS porque resuelve las consecuencias económicas de la enfermedad en el hogar del pobre. Exhorta: “El movimiento obrero siente que es imposible ya limitarse solamente a las luchas económicas, desligadas de la suerte política del país y de los pensamientos y procedimientos de los hombres de gobierno”. Lanzó la siguiente consigna: “Ni una sola adhesión a los partidos y candidatos…que no garanticen la defensa de las garantías sociales”. (Trabajo 6-2-1943: 2).

El acuerdo de renuncia a la huelga no tuvo efectos inmediatos. En febrero de 1943 y principios de marzo, el Sindicato Nacional Sindical del Calzado aprobó ir a una huelga general por incumplimiento de los patronos de un alza de salarios decretada por el gobierno. El paro duró 22 días y afectó a más de 20 talleres. Como reacción, los patronos levantaron otro movimiento para consultar a la OIT si podían eliminar los Comités de Taller. (Trabajo 20-2-1943:2 y 27-2-1943: 2-4).

El capítulo constitucional de las Garantías Sociales se aprobó el 10-6-1943 mediante la reforma a los artículos 29, 51 y 65 de la Constitución de 1871. El Código de Trabajo, el 26 de agosto de 1943. Ese día hubo un paro sindical en San José para asistir al Congreso, con presencia de 5 mil personas.  Otro paro sindical se convocó cuando el Código se aprobó en tercer debate, con más de 10 mil participantes. En los meses previos, el Dr. Calderón Guardia fue ovacionado en Turrialba, Limón, Alajuela y Grecia, lugar en donde fue asesinado Baltasar Hidalgo simpatizante del Partido Vanguardia Popular. El 5 de setiembre se le hizo otro homenaje en Puntarenas. Asistieron unas 15 mil personas. El 15 del mismo mes, al entrar en vigencia el Código, hubo una manifestación en el Templo de la Música, con más de 100 mil asistentes. En Heredia se realizaron otros actos a los que asistieron   unos 15 mil ciudadanos. Esos eventos se constatan también en el periódico de la iglesia Católica, El Luchador, del 14 de agosto y noviembre de ese año. (Trabajo 21-8-1943: 1-4).

En el clímax de la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos de zapateros fueron activos organizadores y asistentes a mítines y movilizaciones contra la especulación, el desempleo, por la paz mundial vulnerada por la alianza de Fascistas, Nazis y Falangistas. Fue corporación adalid en las jornadas de apoyo popular a la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Código de Trabajo. Participaron en masivas manifestaciones contra las empresas monopolistas, por la solidaridad con el régimen republicano de España, por la promulgación de leyes contra la especulación y el alza en los precios, la congelación de alquileres, la construcción de casas baratas para pobladores de suburbios de la capital y las provincias, por la nacionalización del servicio eléctrico, la rebaja en los esquilmes y la ley agraria de 1942 que daba propiedad a los colonos de baldíos, mal llamados “parásitos”.

En particular, los zapateros fueron columna vertebral para la constitución de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, fundada en 1943 e inscrita en el libro de organizaciones sindicales del Ministerio de  Trabajo el 20 de setiembre de 1946. La composición ocupacional de los delegados indica la representación de 9 zapateros, 4 sastres, 2 ebanistas, 3 tipógrafos, 2 estibadores y un representante de cada uno de los oficios de oficinistas, obreros bananeros, marinos y misceláneos. En la clausura del Congreso, en setiembre de 1943, el Secretario General, Rodolfo Guzmán, hizo la siguiente síntesis. “….Con nosotros están los viejos luchadores de la antigua Sociedad de Ebanistas y Carpinteros de 1910 que enfrentaron a la tiranía tinoquista y condujeron la huelga general de 1920 por la jornada de 8 horas; los más honrados y leales dirigentes del reformismo, liquidado en 1925; los que condujeron la jornada antiimperialista de la huelga de la zona atlántica en 1934 y los que asentaron en la huelga general de los obreros del calzado el movimiento sindical de Costa Rica sobre bases sólidas y científicas”. (Trabajo 18-9-1943: 1-2)

Al final de la Segunda Guerra Mundial, con la reapertura del comercio mundial y el inicio de un ciclo ascendente del capitalismo que se prolongó hasta la crisis de 1973-1975, los zapateros y pequeños empresarios enfrentaron los problemas derivados de la entrada masiva del calzado mecanizado, fabricado en serie. Ya en 1946, “Los patronos reducen la producción y despiden a los zapateros. Hay atrasos en el pago y se introducen otros métodos de producción. La desocupación se debe a introducción de una modalidad en las ventas: los tenderos financian a los zapateros para que produzcan en sus casas y amorticen las deudas con producto. Han bajado los precios de los pequeños patronos  que venden a esos comerciantes. Hay una competencia desigual,  porque éstos no tienen que pagar los seguros sociales, ni el salario mínimo. Se agrava el fenómeno por el ingreso al país de de muchos extranjeros que producen calzado en igual forma. (Trabajo 31-8-1946: 1-4.)

El golpe de gracia a los trabajadores, sus familias y al movimiento sindical, vino con la Guerra Civil de 1948. Según el Acta de Disolución de la CTCR suscrita por el Pbro. Benjamín Núñez Vargas, Ministro de Trabajo,  el juicio se realizó con base en el Decreto Ley No. 105 del 17 de 7 de 1948 de la Junta de Gobierno. El zapatero Víctor Cordero Segura reclamó la representación legal y en el folio 19620,  declaró lo siguiente.

“Desde que entró el ejército llamado de Liberación Nacional acompañado de la llamada Legión Caribe, los atropellos han sido continuos contra la CTCR y los sindicatos afiliados a ella; el ejército  procedió de inmediato a incautarse el local donde en otra época había  funcionado la Central, y de los bienes de la CTCR… Posteriormente allanaron los centros de los sindicatos de panaderos, zapateros…La totalidad de dirigentes de la CTCR guardábamos arresto en la Penitenciaría Central; así como gran parte  de los militantes de los  sindicatos afiliados a la CTCR…Los libros de Actas de la CTCR y de varios sindicatos fueron incautados por la policía”.

La sentencia del Juez  Primero de Trabajo emitida el 24 de abril de 1949 declaró disuelta  la CTCR, no así los sindicatos ni a la Confederación de Trabajadores “Rerum Novarum” brazo sindical de los vencedores en la Guerra Civil.  El Lic. C. L. Solórzano, responsable del Ministerio de Trabajo, objetó la no disolución de los sindicatos. Lo apeló al Tribunal Superior de Trabajo el 6 de mayo de 1950, instancia que confirmó la sentencia. El Lic. Solórzano llevó el litigio a la Sala de Casación y en ese nivel se resolvió que “estos procedimientos deben enderezarse directamente contra todos y cada uno de los organismos afiliados a la CTCR”. 

El siguiente golpe vino con el ingreso de Costa Rica al libre comercio impulsado por los Estados Unidos con el Mercado Común Centroamericano, a partir de 1966.

V.-  A MODO DE CONCLUSIÒN

La historia del movimiento obrero y popular costarricense entre 1920 y 1948 transcurre en un contexto nacional de profundos cambios. La sociedad era cada vez menos dependiente de dictados eclesiales; cada más vez más laica y mejor ilustrada. La inmigración de familias campesinas a las cabeceras de provincia modificaban poblados, surgían ciudadelas, nuevos  ocupaciones. La clase obrera tomó realce en las fábricas de manufacturas, levantadas entre viejos talleres artesanales. La radio, los periódicos y el cine mudo o parlante anunciaban los bienes y modas del mercado norteamericano. En esas fuentes de inspiración anclaron los nuevos liceístas y la primera generación de la Escuela Normal, y diversificaron el temario de la identidad popular.

La prosa costumbrista se mezcló con creaciones de identidad elaboradas al alero del Ministerio de Educación. El ingenio magisterial recreó otros cuadros de cultura mediante obras literarias, gráficas, sonoras y estéticas. Cultivó la pictografía y el gravado; la pintura paisajista, la caricatura y la composición musical. Se incorporó a la memoria nacional las costumbres de las regiones, el mundo del trabajador directo, el ensueño de la niñez, las diversiones y alegrías festivas. Guanacaste trascendió la pampa y la bajura al son de la marimba, “el zapateado”, “el Punto Guanacasteco” y el grito del güi-pi-pía. El gusto por el jazz y el blues limó los bordes groseros de la exclusión racial. El fútbol destrabó la frontera entre campos y villas. El noticiero y la novela radial quitaron a curas y maestros el monopolio de la audiencia popular. Se investigó las relaciones entre la riqueza nacional y las ciencias de la geografía, historia, arqueología, antropología, botánica y biología.    

La inspiración adquirió estatura legal e institucional y formó parte de la educación ciudadana. Maestros y profesores de ambos sexos exploraron habilidades individuales de los alumnos  para la música, artes plásticas, pintura, oratoria y composición literaria. Se definió una agenda de efemérides alusivas a la naturaleza, las ideas de patria y nación. El calendario escolar cifró nuevas fechas festivas. Al 11 de abril y el 15 de setiembre se agregó la Semana Cívica, el Día del Niño, el Día del Árbol, el Día de la Bandera, y el 12 de octubre fue declarado Día de la Cultura Americana. Se estableció el Juramento a la Bandera y se prohibió el uso comercial de los símbolos del Estado. La “Patriótica Costarricense” devino segundo Himno Nacional.

Por ello cobra particular relevancia la beligerancia y el sentido de identidad clasista que los zapateros y otros artesanos y asalariados directos organizados en sindicatos, supieron imprimir a la clase trabajadora costarricense. Con ellos la sociedad civil puso en relieve y alto contraste no sólo los ribetes de desigualdades, exclusiones e injusticias sociales, sino además el carácter oligárquico del ejercicio del poder que hacía toda clase de malabarismos para contrarrestar el ascenso del movimiento popular en santa alianza con la Iglesia Católica.    

Después de 1945 el oscurantismo de la Guerra Fría cercenó manos y neuronas. Los imperios coloniales y neocoloniales que vencieron en la Segunda Gran Guerra crearon el marco institucional e internacional que fijó las pautas de reproducción del arquetipo de los oficios, profesiones, la cultura y civilización occidental, cristiana y anticomunista. El financiamiento y la conducción técnica de las Agencias Internacionales y culturales, rompió el cordón umbilical entre la república liberal y los gobiernos que surgieron de la Guerra Civil del 48. El libre mercado y la Alianza para el Progreso, impulsaron la transición a la industria de ensamble y sucursales de los monopolios, la cual hizo aguas también, en la gran crisis de 1979 y 1983 reeditada desde la recesión financiera del año 2008.

 

VI.  BIBLIOGRAFÍA

Abarca V., Carlos A.   Los movimientos sociales en el desarrollo reciente de Costa Rica.

Nuestra Historia No. 18. Segunda edición. UNA-EUNED. San José. 1992

Abarca V., Carlos et al. Forjadores de Costa Rica. Editorial Forjadores. Heredia. 2009.  

Acuña O. Víctor Hugo. Vida cotidiana, condiciones de trabajo y organización sindical. El caso de los zapateros de Costa Rica. (1934-1955). Revista de Historia. Número especial 1988. EUNA. Heredia. PP. 223-244.

Aguilar H., Marielos. Algunos problemas teórico-metodológicos de la historia sindical. En:http://163.178.170.74/wp-content/revistas/49-50/aguilar.pdf.
Archivo Judicial 1949. R.467, A 416, E 186, S 5. Folios Nos. 20560 F, 20561F, 21228F, 17403F, 17405 F y 26422 F.   

Asamblea Legislativa. Proyecto de Ley No. 18620 presentado por el diputado Claudio Monge Pereira para declarar el 25 de octubre, Día Nacional del Zapatero. San José,  Octubre, 2012. 

Fallas M., Carlos Luis. El movimiento obrero de Costa Rica 1830-1902. EUNED. San José. 1983.

Morales A. Juan Rafael. Escribo para Recordar. AEPROLA.-EUNA. San José 2000.

Elizeth Payne  El impacto de la conquista española en las sociedades indígenas. (1502-1569). En: http://www.avizora.com/historiadepaises/0079historiadecostarica

Samper K., Mario. Los productores directos en el siglo del café. En Revista de Historia. Julio-diciembre de 1978. EUNA-EUCR. San José, 1979. P. 190. 

Trabajo. Periódico del Partido Comunista de Costa Rica. Colección completa: 1934-1948. San José.  

Por Olmedo Beluche

(Extracto del libro La verdadera historia de la separación de 1903)

Amador Guerrero llega a Panamá el 27 de octubre. Esa misma noche se organiza una cena en casa de Federico Boyd. Como bien hace notar el análisis de Díaz Espino, “El había ido a Nueva York para obtener dinero y apoyo militar norteamericano, pero volvía sin nada”[1]. Así  que la reunión fue un poco tensa. Al parecer, tuvo que alegar que Bunau Varilla era un agente secreto y que sus promesas se respaldaban en reuniones con Hay y Roosevelt.

Según la versión de Díaz Espino, Arango tuvo que imponerse para que se continuara el plan previsto. Allí se rechazó la bandera propuesta por Bunau Varilla, y se resolvió que María Ossa hiciera otra. J. G. Duque puso a disposición del movimiento los 287 voluntarios del cuerpo de bomberos, y se tomaron otras providencias.  Otra parte del debate giró en torno a la fecha del alzamiento, pues aquí se había sugerido el 28 de Noviembre, para que coincidiera con la fecha de la Independencia de España. Amador tuvo que insistir para forzar su adelanto al 3 ó 4 de Noviembre, según lo acordado con el francés.

El siguiente paso fue asegurar el soborno de la tropa y su máximo oficial, el general Esteban Huertas, el cual fue muy esquivo hasta el final, pero fue el que decidió la suerte de la conspiración, cuando se detuvo a los oficiales colombianos encabezado por Tobar la tarde del 3 de Noviembre.  En sus Memorias, Huertas fecha su encuentro con Amador Guerrero el 1 de Noviembre, y lo describe en los siguientes términos:

“Como a las nueve de la mañana del 1 de Noviembre (nos dice hablando siempre en tercera persona) encontrándose el general Huertas en su Cuartel, se presentó allí el señor Pastor Jiménez, manifestándole que iba de parte del Dr. Manuel Amador Guerrero para decirle que deseaba tener una conferencia con él en el Gran Hotel Central, donde en efecto lo esperaba. Huertas acudió y al entrar, encontró al Dr. Amador sentado en el zaguán del hotel, y éste, al verlo, púsose de pie, tembloroso, y poniéndole la mano sobre el hombro, le insinuó que subiera las escaleras. Llegados al primer piso, penetraron a una pieza, e instalados en ella, el Dr. Amador le dijo que tenía que comunicarle una cosa interesante; pero parecía indeciso, pues temblaba y palidecía, produciendo varios sonidos guturales incomprensibles, por cuanto la voz se ahogaba. Por fin, haciendo un esfuerzo, pudo expresarse con claridad y le dijo: “Dígame General, sin vacilación de ninguna especie, si se tratara de proponerle un crimen, me guardaría usted el secreto?” Huertas hizo un ademán de asentimiento y Amador continuó: “se trata de la Independencia del Istmo, todos están de acuerdo, los Arosemena, los Boyd, los Arias, y hasta los extranjeros están dispuestos a ayudarme. Sólo, pues, esperamos su decisión, sin la cual la independencia es imposible”. A la vez, el Dr. Amador se deshizo en ofertas que se traducían en tesoros…”[2].

Puede especularse que las palabras de Huertas estén cargadas de resentimiento, ya que un año después el gobierno de Amador lo destituiría de su cargo al frente del ejército panameño y disolvería esta institución, obedeciendo a criterios norteamericanos. Pero la lógica indica que el diálogo tuvo que tener ribetes semejantes, lo cual está corroborado por otros testimonios.

Según Huertas, él respondió indignado, pero pidió tiempo para pensarlo. Como bien razona Lemaitre, si Huertas no estuviera ya picado por “las ofertas que se traducían en tesoros”, y fuera tan honesto como quiere aparentar en sus Memorias, debió arrestar inmediatamente a quien le propuso cometer “un crimen”. En lugar de ello, pidió tiempo para pensarlo. Respuesta que repitió el 2 de Noviembre, cuando Carlos Zachrison volvió a hacerle la oferta de parte de Amador.

Amador repitiría su oferta por tercera vez diciendo: “No vacile general… mire que habrá disfraces y muchas diversiones, y podremos llevar a efecto nuestros deseos…”. Respondiendo Huertas: “Tenemos mucho tiempo para pensar todavía…”. Según el testimonio de un soldado de Huertas, en la mañana del 3 de Noviembre se produjo la última conversación entre Amador y Huertas sobre el tema, en el siguiente tenor: “Si usted quiere ayudarnos, alcanzaremos la inmortalidad en la historia de la nueva república. Un barco norteamericano ha llegado y otros se encuentran en camino, -añadió Amador-. Usted y su batallón no pueden hacer nada contra la fuerza superior de los cruceros, que tienen sus órdenes. Elija aquí, gloria y riqueza; en Bogotá, miseria e ingratitud”. Se dice que Huertas permaneció “impasible” por un momento, luego extendió su mano –Acepto”[3].

En sus Memorias, Huertas intenta cubrir su decisión, aseverando que no aceptó el soborno, aduciendo que se decidió cuando interpretó los actos del general Tobar, la tarde del 3 de Noviembre, como un intento de arresto y asesinato:

“No sólo se trata de mi defensa personal, sino también de las de ustedes. Hoy los generales en la segunda visita que me hicieron me manifestaron sus deseos de mudarse para la pieza que yo ocupo en el cuartel y creo que se trata de asesinarme. ¿Están ustedes dispuestos a seguirme y a cumplir mis órdenes, a pesar de todos los sacrificios que haya que hacer? Me contestaron: “que sí”. Sin embargo, para estar seguro les ordené: El que de ustedes no quiera acompañarme o no esté de acuerdo, que se ponga de pies. Todos permanecieron sentados dentro del más profundo silencio. Váyanse entonces a almorzar –les dije- porque ya es tarde, pero eso sí, regresen pronto porque pueden presentarse serios acontecimientos. Les pido la mayor reserva y no conversen nada de esto, ni con sus familias”[4].

Para tener una idea precisa de los sucesos en Panamá, es recomendable leer La jornada del día 3 de Noviembre de 1903 y sus antecedentes[5], del panameño Ismael Ortega. La obra es una apología del acontecimiento, pero la narración minuciosa permite ver algunos detalles que suelen pasarse por alto. No vamos a reproducir en detalle los acontecimientos, muchos de ellos bien conocidos, sino que nos centraremos en algunos aspectos interesantes que retratan la falta de “unanimidad” panameña en la secesión, y el papel decisivo de las tropas norteamericanas, sin el cual la acción de los conspiradores panameños no se habría llevado a cabo.

Amador escribe a Bunau Varilla, el 29 de octubre, al enterarse de que se aproximaba a Colón un barco con tropas colombianas de refuerzo: “Fate news bad powerfull tiger urge vapor Colón”. Este le responde en clave que en dos días llegaría el buque de guerra (“Pizaldo Panamá: Allright will reach ton and half obscure”).  A Colón llegaron el Nashville primero, y el Dixie después, para asegurar la separación.

Pese a las seguridades que les enviaba Bunau Varilla, la mañana del 3 de Noviembre, al saberse el arribo del buque Cartagena, al mando de los generales Juan B. Tobar (Ortega escribe “Tovar”) y Ramón Amaya, los conspiradores cayeron en pánico y estaban virtualmente paralizados. Dicen que Tomás Arias lanzó a la cara de Amador esta histórica expresión: “Tú eres un viejo, Arango es un viejo, y a ustedes no les importa si los ahorcan. Yo no quiero ser ahorcado”[6].

Diversas versiones aseguran que Amador, después de deambular abatido por las calles de Panamá, y habiendo constatado que los conspiradores se amedrentaban, volvió a su casa, donde fue su esposa, María Ossa, la que le infundió valor para seguir adelante. Pero lo más probable es que contribuyera a infundirle ánimo no sólo las palabras de su aguerrida y joven esposa, sino la confirmación del arribo de un crucero norteamericano a Colón, y la maniobra de los gerentes de la Compañía del Ferrocarril, dirigidos por el coronel J. R. Shaler, de hacer pasar a la ciudad de Panamá, a los generales colombianos pero sin sus tropas, alegando que no disponían en el momento de vagones para su transporte.

El error decisivo de los generales colombianos estuvo en aceptar la propuesta de Shaler. “No hubo nada que no demostrara la mayor cordialidad y no me diera la seguridad más completa de que la paz reinaba en todo el departamento”[7]. Aunque, al parecer el general Amaya intuía algo anormal, y pidió a Tobar permanecer en Colón con sus tropas, a lo cual éste se negó: “No, ud. no debe dejarme completamente solo”.[8] A regañadientes éste ocupó su lugar en el tren.

Otro elemento interesante es la actitud ambivalente de José de Obaldía, nombrado gobernador de Panamá en agosto. Lemaitre dice que era separatista desde el inicio, pero en la narración de Ortega aparece en la mañana del 3 de Noviembre diciéndole a los conspiradores que cometían una locura, y luego es apresado a la brava, aunque se le envió a casa de su amigo Amador Guerrero.

“Inmediatamente se regresó el General de Obarrio dirigiéndose, entonces, a la Gobernación del Departemento, y al ver al Gobernador, señor de Obaldía, le dijo, estando presente don Nicolás Victoria J.: “Lo he venido acompañando como Prefecto mientras no se trataba de la independencia de Panamá, pero desde este momento no lo soy más porque el golpe se dará esta tarde”; a lo que el señor Obaldía contestó: “Déjate de esas cosas Obarrito. Esas son tontería de Uds., qué independencia hijo, ni qué independencia! Lo que va a pasar es que van a meterse en una aventura sin solución posible”. [9]

No tenemos por qué dudar de la existencia de este diálogo, pues proviene de un historiador apologista de la separación como Ismael Ortega. Con lo que queda demostrado que, lejos de un movimiento “nacional”, “unánimente” respaldado por los panameños, se trataba de una conspiración de la que gente conspicua como Obarrio y Obaldía no participa de lleno, incluso no están de acuerdo, como se desprende de las palabras del gobernador.

Sigue la narración de Ortega: “Al bajar del palacio de la Gobernación el General de Obarrio, encontró al General Leonidas Pretelt a quien comunicó lo que iba a suceder. Al recibir el General Pretelt la noticia quedó sorprendido, y hasta calificó de locura lo que se le decía, pues, cualquiera que no hubiera estado en el secreto de la revolución no podía aceptar la posibilidad de la independencia”[10].

Resaltemos la última frase, la cual confirma que estamos ante una conspiración de una élite minoritaria y no ante un movimiento genuinamente nacional, como falsamente pinta la historia oficial panameña. El general Pretelt sería arrestado más tarde por orden de Ricardo Arias. Agreguemos que Panamá estaba plagada de “generales” y de muy pocas tropas. El arresto del gobernador Obaldía ocurrió cuando se dirigía al cuartel a conferenciar con el recién llegado general Tobar.

“Al verlo el Croronel Antonio Alberto Valdés, revólver en mano detuvo el carruaje; y le preguntó: “A dónde va Ud., señor Obaldía?”, contestando el Gobernador del departamento: “Al cuartel”. Entonces el Coronel Valdés, sin guardar el arma, intimó arresto al último representante del Gobierno colombiano en el Istmo de Panamá, y ordenó al áuriga que regresara.

“En viaje hacia el Cuartel Central de Policía un oficial colombiano (?) iba corriendo en dirección contraria, y al reconocer al señor Obaldía, le dijo a gritos: “Revolución, señor Gobernador”, a lo que replicó el Coronel Valdés, siempre revólver en mano: “también Ud. viene preso”, y lo apresó en efecto.

“Al llegar a la callejuela que conduce de la Avenida Central a la Plazuela de Arango una gran muchedumbre detuvo el carruaje rodeando al ilustre prisionero, por lo que el ex Gobernador de Obaldía se vio obligado a bajar en ese sitio. Se discutía en el grupo si se le llevaría prisionero al Cuartel de Policía, o se le daría por cárcel una casa particular, triunfando los que querían lo último; y así, bajo la responsabilidad de don José Agustín Arango, fue conducido a la casa del doctor Manuel Amador Guerrero, jefe supremo de la revolución y gran amigo suyo…” [11]

A nuestro juicio, esta narración confirma que Obaldía no participaba en ese momento de la conspiración y no la avalaba. Pero algunos historiadores aseveran que por la intimidad entre Obaldía y Amador, lo que en realidad había sucedido era una trama para que, en caso de fracasar el movimiento Obaldía pudiése actuar como máxima autoridad y ser magnánimo con su amigo.

De paso hacemos notar que en la versión de Ortega, cada vez que una persona o grupo de ellas, aparece oponiéndose al movimiento separatista la llama “colombiano”. La intención maniquea  de este adjetivo es presentar al movimiento como acuerpado por todos los panameños, y opuesto por todos los colombianos. Sin embargo, eran prominentes colombianos los que estaban al frente del movimiento, como el propio cartagenero Manuel A. Guerrero y, como ya se ha visto, ni estaban informados, ni participaban todos los istmeños.

Pese a los sobornos, y estar detenidos ya los generales colombianos, a las seis de la tarde del 3 de Noviembre, aún había dudas en parte de las tropas, pues el vapor Bogotá se había sublevado, amenazando con bombardear la ciudad, “si no se restablece el Gobierno Departamental”. Mientras que el general Rubén Varón, uno de los primeros sobornados, no se decidía a atacarlo con el vapor Padilla bajo su mando.

Ortega consigna que Huertas, a través de Juan Brin “una vez terminadas sus labores en las oficinas de la Pacific Steam Navigation Company”, empresa norteamericana obviamente, envió a Varón un ultimátum para que cumpliera su parte[12].  El Bogotá sólo hizo un tiro de cañón, haciendo blanco en las inmediaciones del mercado, donde mató a un emigrante chino, única víctima mortal de la separación. Finalmente, su capitán lo retiró de la bahía sin mayor resistencia.

Ortega también refiere que, para pagar a las tropas y sumarlas al movimiento Amador ordenó al señor Andreve que pidiera a Enrique Lewis, administrador de hacienda del Departamento, los fondos que estaban a su disposición. Entregándose primero 2,000 pesos, y posteriormente otros 1,000, que fueron repartidos a razón de 5 pesos por soldado, 10 pesos las clases y  20 pesos los oficiales[13]

Miles P. Duval asegura que el general Rubén Varón recibió 35,000 pesos en plata, Huertas otros 30,000 pesos, y los oficiales menores de 6,000 a 10,000 cada uno. El 4 de Noviembre:“La multitud honró al General Huertas llevándolo en una gran silla; mientras a su lado caminaba el Cónsul Erhman, con la bandera de Estados Unidos, y en el otro lado estaba Amador, con la bandera de la nueva República”[14].

En ese acto, se atribuyen a Amador las siguientes palabras, seguidas de las exclamaciones de Huertas: “El mundo está asombrado de nuestro heroísmo. Ayer éramos los esclavos de Colombia, hoy somos libres… el Presidente Roosevelt ha cumplido su promesa… ¡Viva el Presidente Roosevelt! ¡Viva el Gobierno norteamericano!” “Tenemos el dinero. Somos libres”, exclamó Huertas[15].

Pero la “batalla” decisiva se libró en Colón, donde las tropas colombianas recién llegadas quedaron al mando del coronel Eliseo Torres. En un principio, este oficial y sus tropas ocuparon la ciudad exigiendo a la Compañía del Ferrocarril transporte para la ciudad de Panamá para liberar a sus generales presos y sofocar la sublevación. A lo cual la Compañía se negó. Torres movió sus fuerzas para tomar la terminal y los trenes, pero intervinieron las tropas norteamericanas que se atrincheraon en la estación del ferrocarril.

Todo el día 4 y parte del 5 de Noviembre se sucedieron escaramuzas, sin pegar un sólo tiro, entre las topas al mando de Eliseo Torres y las norteamericanas del Nashville, a cargo del comandante Hubbard. Este había recibido las siguientes órdenes impartidas por el Departamento de Estado el 2 de Noviembre:

“Mantenga el tránsito libre e ininterrumpido. Si la fuerza armada amenaza, ocupe la línea del ferrocarril. Evite el desembarco de cualquier fuerza armada con intentos hostiles, sea del gobierno o insurgente, sea en Colón, Porto Bello, u otro punto. Envíe copia de instrucciones al oficial mayor presente en Panamá al arribo del Boston. He enviado copia de instrucciones y telegrafiado al Dixie seguir adelante con todos los despachos posibles desde Kingston a Colón. Se anuncian fuerzas del Gobierno que se acercan al Istmo por mar. Eviten su desembarco si a su juicio esto pueda precipitar un conflicto”[16]

Este telegrama, que Duval toma de documentos oficiales del gobierno norteamericano (Foreign Relations, 1903) es la prueba palpable de la intervención norteamericana en Noviembre de 1903, y un mentís a quienes pretenden presentar esta intervención como “aséptica”, neutral y casual.

Duval narra cómo, en la mañana del 4 de Noviembre, cuando Eliseo Torres se entera de los acontecimientos en Panamá la noche anterior, y del arresto de sus jefes, envía un mensaje al cónsul norteamericano en Colón, Oscar Malmros, amenazándole con pasar por las armas a todos los ciudadanos norteamericanos presentes en esa ciudad si no se liberaba a sus generales. El cónsul notificó a Hubbard, bajando sus tropas a la estación del ferrocarril, atrincherando a todos los varones en uno de sus edificios, y poniendo las mujeres y niños norteamericanos en dos barcos fondeados en el puerto de Cristóbal.

“El Comandante Hubbard partió con el Nashville y patrulló frente al área crítica, listo para usar los cañones del barco. El cañonero colombiano Cartagena se había ido antes de la amenaza de Torres, y por esta razón no resultó ningún obstáculo… los colombianos trataron de provocar un ataque…, pero, por suerte éstas permanecieron tranquilas; ninguno de los dos lados disparó…”[17].

El 5 de Noviembre en la mañana hubo conversaciones entre el alcalde de Colón, Porfirio Meléndez y Eliseo Torres. A Torres se le hizo una advertencia y una propuesta. La advertencia fue que se dirigían hacia Colón miles de soldados estadounidenses, elemento que sintió corroborado cuando se reportó la llegada del Dixie en el horizonte. La propuesta consistió en un ofrecimiento de 8,000 (dólares según Ortega[18], pesos según Duval[19]) para racionar sus tropas y retirarse pacíficamente de Colón. Soborno que fue aceptado por Torres y fue “sacada de la caja de la Panama Rail Road Company”, y entregada por José E. Lefevre, asistente de cajero de esa empresa. En ausencia del Cartagena, que había zarpado el día anterior, Torres aceptó embarcar sus tropas en el buque civil Orinoco, propiedad de la empresa Royal Mail, que salía esa noche para Cartagena.

Pueden haber influido en esta actitud de Eliseo Torres una combinación de factores: precedente de los incidentes de 1885, cuando Pedro Prestán tuvo el valor de enfrentar a los norteamericanos y terminó ahorcado; la ausencia de sus generales y la falta de claridad en sus órdenes por parte del gobierno colombiano, que fue completamente sorprendido; la venalidad de militares y funcionarios, tanto panameños como colombianos, mal que todavía heredamos.

Lo más interesante del retiro de las tropas colombianas es un incidente narrado casi por casualidad por Ismael Ortega: “En esos momentos llegaron algunos colombianos vecinos de la ciudad (?!) y trataron al Coronel Torres, y a su gente, de traidores y vendidos, insulto éste que indignó al Coronel Torres de tal manera que –junto a algunos soldados- salió del muelle, pero entonces intervino el general Orondaste L. Martínez, y en presencia de varias personas –entre ellas el General Pompilio Gutiérrez- explicó, en alta voz, que el dinero recibido por Torres había servido para racionar al batallón, y no para comprar su complicidad; y todo quedó arreglado”[20] .

Aquí el hecho significativo es la indignación de los “vecinos de Colón” que, Ortega llama “colombianos”, que imprecan a Torres por retirarse sin enfrentar a los norteamericanos y encima recibir un soborno. La única interpretación racional que admite el hecho es un sentimiento de repudio a la intervención norteamericana y lo que estaba pasando con la supuesta “independencia”. Repudio por parte de panameños, pues eran residentes de la ciudad. Cae, otra vez, el mito de la unanimidad en torno al movimiento de los istmeños.

Chiriquí fue una de las últimas regiones en adherirse. El coronel Alvarado fue enviado para sumar la provincia, pero allá encontró la oposición del capitán Guardado, jefe de la tropa, y del gobernador Ramón de la Lastra, el cual fue finalmente destituido. Alvarado, intentando influir en el gobernador habla con su hermano, José María, pero éste creía que se trataba de una maniobra de los liberales. Alvarado le respondió: “Don Pepe, Ud. está equivocado. No es esta obra de los liberales, pues, precisamente, son los conservadores los que están a la cabeza de este movimiento. Ahí están don José A. Arango, Amador, Nini Obarrio, Espinoza, Tomás Arias”. A lo que el viejo le replicó: “El equivocado es Ud. que es muy joven, y lo han engañado”[21].

Hubo dudas sobre cómo responderían las tropas en Penonomé, al mando de Tascón, que habían sido sacadas de la ciudad por una falsa invasión liberal, para facilitar la ocupación norteamericana. Pero Tascón era amigo de Huertas. En Chitré, el general Correa procedente de Pesé con 75 policías, arrestó al Sr. Burgos, enviado por los separatistas, hasta que el pueblo se “convenció” y lo dejó libre.

Los historiadores Celestino Araúz y Patricia Pizzurno constatan que hubo también resistencia a aceptar la separación entre la población kuna, cuyo territorio quedaría partido: “… el Saila principal de San Blas se trasladó especialmente a Bogotá al enterarse de la separación y le manifestó al vicepresidente Marroquín que el archipiélago se mantenía unido a Colombia…”[22].

Estos mismos historiadores citan a Oscar Terán que, basado en datos demográficos afirmaba que “sólo tres décimos de la población de 381.000 habitantes se habían sumado al movimiento separatista  hasta el 6 de noviembre y únicamente seis décimos hasta el último día de dicho mes”[23]

Ortega menciona un foco de resistencia en Darién, “habían por allí colombianos con intenciones agresivas”, y la detención del comandante Domitilo Cabeza y otros que fueron conducidos a Panamá. En Bocas del Toro nadie, salvo el Dr. Rafael Neira, sabía de la trama, “lo que produjo una verdadera sorpresa en todos los bocatoreños, y residentes en esa provincia”[24].

En Colón, luego de retiradas las tropas de Torres, en la mañana del 6 de Noviembre, los separatistas, suponemos que henchidos de “patriotismo”, nombraron abanderado al Coronel norteamericano Shaler, quien cedió el honor de izar la bandera panameña al mayor William Murray Black, gringo también, entre gritos de “Viva la República de Panamá!” “Vivan los Estados Unidos de América!”[25].

Un siglo después no se puede dejar de sentir verguenza al leer esto. Pero quien vivió la invasión del 20 de diciembre de 1989, puede recordar el descaro con que muchos se echaban a los pies del ejército de ocupación.

Notas:

[1] Ibdidem, pág. 83.

[2] Lemaitre, E. Op. Cit. Págs. 522 – 523.

[3]  McCullough, David. Op. Cit. Pág. 401.

[4] Huertas, E.. “Vencer o Morir”. Revista Lotería No. 363. Panamá, noviembre – Diciembre 1986. Págs. 27 y 28.

[5] Ortega, Ismael. La jornada del 3 de Noviembre de 1903 y sus antecedentes. Imprenta Nacional. Panamá, 1931.

[6] Duval. Op. Cit. Pág. 380.

[7]  McCullough, David. Op. cit. Pág. 402.

[8] Ortega. Op. Cit.. Pág. 74.

[9] Ibidem, pág. 109.

[10] Loc. Cit.

[11] Ibid., págs. 137 – 138.

 

[12] Ibid., págs. 151 –152.

[13] Ibid., pág. 187.

[14] Duval, M.P. Op. Cit. Pág. 397.

[15] McCullough, David. Op. cit. Pág. 407.

[16] Duval. Op. Cit. pág. 393.

[17] Ibid., pág. 400.

[18] Ortega. Op. Cit. Pág. 226.

[19] Duval, Op. Cit. Pág. 401.

[20] Ortega. Op. Cit. Pág. 229.

[21] Ibidem. Págs. 248 – 249.

[22] Pizzurno, P. y Araúz, C. Estudios sobre el Panamá republicano (1903 – 1989). Manfer, S.A. 1996. Pág. 13.

[23] Ibidem. Pág. 14.

[24] Ortega. Op. Cit., pág. 232.

[25] Ibidem. Págs. 238 – 239.

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