Por Carlos A. Abarca Vásquez

I.            INTRODUCCIÓN

Hace un cuarto de siglo que en algunas investigaciones de historia se reaccionó académica y políticamente ante la poca presencia y abrumadora ausencia de las mujeres en los libros de historia. Diez años atrás, Jean Chesneaux, reacio a “la historia por arriba”, ubicó el poema de Bertolt Brecht “preguntas de un obrero ante un libro” para exaltar la omisión de “los de abajo” en las enseñanzas oficiales de la historia. Y desde 1855 Jules Michelet había incorporado al pueblo como protagonista, entre otros sujetos, de la Revolución Francesa. Teóricamente, la historiografía de las mujeres ancló también en el materialismo histórico. Halló importantes omisiones que remiten al marxismo y a los estudios sobre los movimientos obreros y socialistas del siglo XIX. En esas prácticas políticas y en esos textos, las desigualdades de género eran consideradas secundarias ante la contradicción trabajo-capital, o, la producción de bienes materiales frente a la reproducción de la especie humana.

En esos desencuentros, la obra historiográfica de E.P. Thompson (1924-1993) adquirió categoría paradigmática. Uno de sus aportes fue “otorgar al concepto de clase social un carácter histórico y relacional, derivado de las experiencias en común que permiten a las personas reconocerse como miembros de una determinada clase”. En segundo lugar, “la formación de la clase trabajadora es inseparable del enfrentamiento político de sujetos antagónicos: la lucha entre intereses opuestos y la articulación de individuos que se reconocen por experiencias comunes, antecede y otorga la naturaleza política de las relaciones de clase”.

En consecuencia, (ambos) conceptos, “clase” y “lucha de clases”, no se consideran “circunstancias objetivas en los cuales los sujetos se insertan. El autor entiende por “clase” una manifestación político-cultural de los trabajadores en determinadas circunstancias sociales y que implica, simultáneamente, la propia autoconciencia de una realidad determinante pero también posible de ser reconstruida… Queda al desnudo la importancia de la práctica política: es a través de ella que se constituye la clase y la conciencia de clase; por ello la centralidad del combate político en la narrativa histórica de Thompson.” http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-23/

Este artículo no está al margen de los desafíos que plantea la indagación de los cambios de las sociedades en una perspectiva de historia de las mujeres. Pero tampoco “hacemos tabla rasa” de la historiografía del movimiento obrero y socialista, cual si fueran arcaísmos o aisladas y desconcertantes  experiencias culturales. El texto, por ello, pretende los siguientes objetivos:

1)           Aportar evidencia empírica sobre la historia de las mujeres trabajadoras en relación social de asalariadas para complementar estudios sobre la sociedad costarricense a partir de las relaciones entre clase y género. 

2)           Ordenar y sintetizar rasgos estructurales y cambiantes de la historia de las mujeres trabajadoras y obreras de la manufactura en Costa Rica entre 1890 y 1948 para conocer sus experiencias de lucha laboral y política.  

3)           Estimular estudios de historia social y sobre las opciones teóricas, metodológicas y técnicas que plantean a la historiografía los modelos de una visión de género de la historia.

 II.  INSERCIÓN DE LAS TRABAJADORAS EN EL MERCADO SALARIAL                

            Los estudios del historiador Lowell Gudmundson sobre estratificación social en varios poblados de Costa Rica entre 1820 y 1864, admiten la conclusión de que la discriminación por sexo, edad, oficios y estado civil, en relación con la tenencia de dinero-capital y la propiedad de tierra, fue otra herencia colonial que repercutió en las diferencias entre familias y grupos sociales en la fase de transición al capitalismo agrario cafetalero.     

El censo de oficios de cabezas de familia de 1838 realizado entre 1.704 habitantes mitad hombres, mitad mujeres, residentes en 325 casas “confirma una marcada estratificación, diferenciación y concentración económicas en el agro Barveño”. Había ocupadas 107 mujeres en el 27.9% de 384 oficios. “Un grupo de importancia son las cabezas de familia viudas y solteras, en ambos casos muy pobres…En las solteras solo 14 de 56 declararon poseer capital por la suma ínfima de 3 pesos…Ante esta deprimente situación, su reacción fue completar su hogar engendrando un hijo varón fuera del matrimonio para depender de él en su vejez”. (Gudmundson L. 1977: 175-176)

El economista Róger Churnside observó que el crecimiento desigual de las actividades productivas, aparece desde 1840 a raíz de las exportaciones de café; pero el empleo de fuerza de trabajo femenina se incluye dato oficial, solo hacia 1864. En los años 60 casi no había manufactura, salvo la curtiembre y fabricación de licores. El hilado y tejido eran trabajos individuales, con rueca y telar rudimentarios o sin ellos, y con base en destreza manual; lo mismo que el bordado y tapicería. Comenzaba la separarse de ocupaciones entre agricultura y artesanía modernas. (Samper M. 1978:152).

Los censos de 1864, 1883, 1892 y 1927 reflejan transformaciones en la estructura productiva artesanal y manufacturera, las ocupaciones en general y los oficios femeninos. Entre 1864 y 1927 el número de hombres y mujeres en la población total era casi proporcional al 50%. En 1864 la población económica activa (PEA) se registró en 58.000 personas, ubicadas en 200 ocupaciones. Cerca del 50%, dedicados a la agricultura, el 25%, a la industria independiente y hogareñas, la quinta parte en servicios domésticos remunerados y el resto en funciones públicas. El 12% del total eran asalariados, el 26%, la PEA y el 32.8%, la PEA masculina. Apenas se incluyó como población femenina productiva a una media docena de mujeres, trabajos orientados al comercio. (Churnside, R. 1985: 232-235). El censo de 1892 registró 2.300 talleres y fábricas. (Fallas, M. 1983:77).

Hacia 1860-1880 la mayoría de las mujeres en edad laboral se ocupaban en tareas domésticas. Un número importante eran lavanderas, costureras, cocineras, sirvientas y planchadoras; en menor grado  pureras, confiteras, colchoneras, panaderas, sombrereras, jaboneras, nodrizas, maestras y camareras, o vendedoras de alimentos en las ciudades. En los campos del Valle Central la fuerza de trabajo femenina era un gran auxilio en la recolección de café. En ésta y en las zonas no cafetaleras, la mujer trabajaba en la preparación de terrenos, siembra, cosecha, trasiego y acopio de granos o frutos de subsistencia, en labores de ganadería y derivados.             

Las ocupaciones en el sector de servicios aumentaron entre 1864 y 1892, un período en que las mujeres hacían muchos trabajos independientes. En costura y lavandería, en 1864 las mujeres “trabajaban recogiendo y entregando la ropa que lavaban por salario a uno o varios patronos. Unas, en pago por piezas y otras (las sirvientas) vivían en la casa de sus patronos”. La ocupación doméstica, incluyendo las cocineras, constituían dos tercios de la población ocupada en ese sector. (Samper, M. 1985:155).

La cifra de mujeres dedicadas a industrias caseras comerciales, se redujo entre 1864 y 1927 desde 8.000 a 2.500, a pesar que se triplicó la fuerza laboral femenina. El descenso afectó la fabricación de hilos y telas, costura, sombrerería y panadería…“Sospechamos que en los censos de 1892 y 1927 hubo cambios en la clasificación de actividades femeninas…a raíz del descenso en las tasas de participación de sus responsabilidades domésticas, consideradas ahora productivas, como la confección de dulce, preparación de tortillas y elaboración de cigarros, frecuentes entre 1864 y principios del siglo XX”. Hacia 1890 también bajó el número de mujeres dedicadas al lavado y planchado, debido a los cambios que trajeron el uso doméstico del agua y de la electricidad. Pero aumentó la cantidad de empleadas o sirvientas, bajo supervisión de sus patronas. (Churnside, R. 1985: 238-251)

La costura doméstica se iba convirtiendo en trabajo a domicilio. En las panaderías creció el empleo masculino, de 1.8% en 1864 al 40% en otros años censales. En la capital se abrieron más de 50 panaderías. En oficios como purera, lavandera y sombrerera ocurrió un cambio similar. “En 1883 y 1892 se registró una población ocupada, menor que en 1864; se redujo casi a la mitad… Parte del descenso pudo ocurrir porque creció la oferta de trabajo asalariado y hubo expulsión de productores directos, especialmente mujeres”. (Samper, M. 1985:173-174). En 1927, se observa la tendencia decreciente de la participación femenina global en las ocupaciones. Se redujo de casi un tercio a más de un 10%. Sólo creció el número de trabajadoras en el oficio “maestro de escuela”. (Samper, M. 1985:191-192) 

En sastrería las mujeres hacían trabajos menos calificados y remunerados afines al de los sastres,  como pantaloneras y confeccionando, por partida, las prendas estandarizadas. Muchas eran costureras. Al introducirse la fábrica de pantalones y trajes, este tipo de productos absorbió mano de obra femenina. (Cerdas A., 1995:135). Por otra parte, si en el siglo XIX el lavado de ropas fue oficio femenino, en 1927, de 1.676 lavanderas 1621 eran mujeres, un cambio derivado de la introducción de lavanderías mecanizadas como la Dry Cleaning.

http://www.historia.ucr.ac.cr/repositorio/bitstream/123456789/91/1/Libro%20Mora.pdf

En segundo lugar, desde 1860 la producción artesanal y manufacturera se ubicó en los poblados de la capital y cabeceras de provincias. Surgieron cordones suburbanos de talleres y manufacturas. El cambio desplazó la fuerza de trabajo doméstica femenina. Pero, ante todo, condujo al desarrollo de relaciones salariales y la producción artesanal se organizó en condiciones técnicas específicamente capitalistas. La crisis cafetalera de 1897-1908 aumentó esas diferencias debido a la transformación del trabajo artesanal doméstico, en trabajo asalariado o a destajo. (Samper, M. 1985:169-170).

Las actividades manufactureras en general descendieron entre 1864 y 1927. En la rama textil el declive era notorio desde 1840. En 1871 varios diputados propusieron rebajar los aforos para la ropa hecha, por “lo costosa que es en el país la costura de ropa de uso…y para moderar las exigencias de los artesanos hay que establecer la competencia con la ropa que viene del extranjero”. (Samper, M. 1985:155 y 161). Desde comienzo del siglo XX las pureras y cigarreras fueron proletarizadas. En las panaderías y la elaboración de sombreros y candelas hubo mayor participación masculina. En panadería, oficio femenino en 1864, aumentó en un 90%. El desempleo abierto se registró rasgo permanente desde 1927. 

Entre los años censales 1892-1927, la producción de artículos se había centralizado en talleres, locales manufactureros y pequeñas fábricas. Mayor número de artesanos y trabajadores de ambos sexos fue sometido al capital comercial; otros recibían salario por piezas, en lugar de jornal. Aumentaron las diferencias individuales y sociales dentro de los talleres, en la forma de trabajo a destajo y a domicilio. (Samper 1985: 179-180). En 1906 se abrió la escuela tipográfica de mujeres. En 1908 un grupo de 12 tipógrafos se pronunció a favor del ingreso de mujeres a esas labores. En 1912 trabajaban en zapatería más de 500 mujeres. (Oliva M. 1985:62-63)

Por otra parte, aumentó el empleo en el sector público debido al mayor número de maestras, cifra que se amplió de 1.500 a más de 4.200 en 1927. La Escuela de Enfermería abrió las aulas el 1 de marzo de 1917 y al cabo de diez años se registraron 108 mujeres y 96 varones. Las actividades de las obstétricas y enfermeras adquirieron se difundían en los periódicos desde los años veinte.  http://www.historia.ucr.ac.cr/repositorio/bitstream/123456789/91/1/Libro%20Mora.pdf

El sistema de escolarización y enseñanza primaria influyó muy poco en la calificación del trabajo de la mujer campesina y de los suburbios urbanos. Entre 1886 y 1946 hubo dos tipos de instrucción: uno para el habitante del campo y otro para los niños y niñas de las ciudades. En el campo solo había escuelas de tercero y segundo orden que ofrecían hasta IV grado; se enseñaba en menos asignaturas, el año escolar era inferior pues tomaba en cuenta los ciclos agrícolas, se daban 4 horas lectivas y no 5 como en las ciudades, las escuelas eran mixtas, mientras que en las ciudades mujeres y hombres aprendían por separado. En las escuelas de primer orden bastaba aprobar el quinto grado para ingresar al Liceo o al Colegio de Señoritas. La secundaria se ofreció en los campos después de 1950. La Universidad se reabrió en 1941.

Entre 1906 y 1914 funcionó el modelo de “Escuela para la Vida”. Se eliminaron las aulas por sexos, se aprobaron los programas empiristas que propuso Carlos Gagini y comenzó la enseñanza obligatoria de la agricultura, costura y dibujo. Entre 1915 y 1925 funcionó la Escuela Clínica Sanitaria y Patronato Social. El modelo “maternal” articuló necesidades de familias y comunidades con las enseñanzas. En 1920 se creó el Patronato Escolar, instancia que incorporó a algunas madres a la “función pública”. Desde 1920 se fundaron Juntas de Amigos de las Escuelas, germen de los patronatos y de las Sociedades Protectoras de la Niñez, según las concebía Joaquín García Monge. El concepto alimentó la noción de la escuela para la vida, entre 1925 y 1935. Se amplió la cobertura de las escuelas de segundo orden. Se estableció seis años obligatorios para las escuelas de primer orden y cuatro para las demás, con el quinto año “facultativo”. En 1927 se reglamentó la secundaria y comenzó a entregarse el título de Bachiller en Humanidades después de aprobar 5 cursos de un año cada uno. (Abarca, C. 2003: 44-62).  

III. LAS CONDICIONES DE TRABAJO

La ubicación de las actividades artesanales y manufactureras en las nacientes ciudades, el empleo de hombres en oficios, otrora a cargo de las mujeres, la mecanización de la producción y la crisis de 1897-1908 configuraron la imagen pública de la mujer obrera. “La vida de la mujer trabajadora en un taller de esa época estaba delineada por faenas que sobrepasaban las diez horas, salarios por debajo del (devengado) por el hombre y ninguna legislación a su favor, situación que compartía con la clase trabajadora en general. (Oliva, M. 1985:63).   

De 1886 a 1892 eran muy corrientes los jornales de los artesanos de 1.50 pesos hasta 3.00 diarios. El 24 de octubre de 1896 entró en vigencia el patrón oro y se estableció el  tipo de cambio respecto al dólar, medida que redujo el poder adquisitivo de la nueva moneda, el colón. “Un obrero que ganaba en 1892 dos pesos de plata al día podía comprar 1.14 pesos oro. En 1895 ese mismo obrero tenía que ganar 3.07 pesos plata para adquirir 1.14 pesos oro, pero como continuaba ganando el mismo salario de 1892, su jornal se había reducido a ¢ 0.80 colones oro, o un 30%. (Fallas C. 1983: 331.)     

En 1892, 93, 94, 1900 y 1902 el “diario” para una familia obrera de 4 miembros absorbía entre el 60 y 77% de un sueldo de ¢ 12.00; entre el 47 y 62% de un salario de ¢ 15.00 y de 39 al 51% del pago de ¢ 18.00 por semana. La mayoría de obreros ganaba entre ¢ 2 y ¢ 2.50 por día; los menos ¢ 3.00. La alimentación requería en promedio más del 60% del jornal de 5 días. Los empleados de cuello blanco ganaban igual que los artesanos y obreros. (Fallas C. 1985: 331-338. Abarca V., 2005: 25). A raíz de la crisis de 1897-1908, el Fígaro del 31 de agosto de 1901 informó que por las calles de San José vagaban más de 1.000 jornaleros y 1.235 obreros de construcción, zapaterías y sastrerías. (Fallas, C. 1983: 345).

La baja escolaridad y la poca calificación técnica de los operarios de manufacturas, era evidente en los años 20 y 30 en los talleres de tabaco, calzado, panadería y en las fábricas de textiles, licores, refrescos y alimentos. La Oficina Técnica del Trabajo lo comprobó en 1934 en la Republic Tobacco Co., instalada en 1912, y en la empresa el Laberinto o Tejidos Saprissa S.A. En ambas la mayoría de empleados eran mujeres y aportaban plusvalía según el ritmo de trabajo y la mecanización, en jornadas de 10 horas.  

El periódico La Tribuna publicó en 1930 un reportaje en 1930 acerca de las obreras de “ropa blanca” y  las “pantaloneras”. “Ganan por cada 12 horas de trabajo, entre ¢ 0.50 y ¢ 1.50. En épocas de crisis hay escases y subemplea. (Cerdas A. 1995:145). “La fábrica Mendiola mantuvo en los años 30 la producción manual de cigarros en empaquetado, pega de timbres y envolturas de celofán; mientras la Republic Tobacco Co tenía procesos mecanizados. Los salarios por jornal eran diferentes. En embalado a máquina se pagaba ¢ 1.92 y a mano ¢ 2.37; poniendo timbres ¢ 2.00 y ¢ 3.00 respectivamente, envolviendo, ¢ 2.00 y ¢ 2.33. La mecanización abarató la fuerza de trabajo entre un 16 y 72%. La trabajadora manual recibía un salario entre ¢ 2.33 y ¢ 3.45; en la manufactura de cigarrillos amarillos, entre ¢ 1.50 y ¢ 1.75; en las empacadoras ¢ 1.41 en promedio. (Cerdas A. 1995:136)

Según el semanario Trabajo, en 1931 las obreras de camiserías recibían ¢ 1.50 por jornada. Trabajaban en un ambiente muy ruidoso y “solo pueden levantarse del asiento una vez al día”. En esos telares había cerca de 100 operarias. En 1938 se denunció que los empresarios habían sido conminados, desde tres años antes, a acondicionar la fábrica o trasladarse para no perjudicar con ruidos al vecindario. En la fábrica de tejidos Saprissa, el horario en 1933 era de 7 a 11:30 y de 12:30 a 6 p.m. y se pagaba a ¢ 0.15 la hora. Un año después ese sueldo lo ganaban las torcedoras y por debajo estaban aprendices y las acanilladoras. Había costureras no camiseras que trabajaban por pieza a  ¢1.60 la hora. En 1934 había en San José al menos unas 5 empresas de construcción. Los obreros trabajaban en la calle ganando por horas, por obra o a destajo. En Heredia, la fábrica de fósforos empleaba muchas mujeres. (Cerdas A., 1995:139-140)   

Reporteros del mismo semanario recopilaron estos otros datos a fines de 1933. En las fábricas de cervezas y refrescos la jornada se extiende de 6:30 a 5:30 p.m. y ganan ¢1.25 diarios, con una hora para almuerzo. Las obreras trabajan de pie y las que lavan las botellas pasan empapadas todo el día. No se les pagan la inhabilidad por enfermedad y en caso de accidentes reciben medio sueldo.  En la Republic Tobacco Co. trabajan 9 horas. Las que tienen más de un año de laborar en la casa ganan ¢ 0.25 por hora y ¢ 0.20 si tienen menos tiempo. Se mantienen sobre pisos mojados por el agua que destilan las hojas. Transportan pacas de 60 y 70 libras a estufas calientes y luego salen al aire seco atravesando una calle para ir de nuevo a las bodegas a cargar, no importa si llueve o no. Les pagan medio sueldo por accidentes. Por resfríos, no les pagan.

En las melcocheras el horario es de 9 horas. Ganan ¢ 0.10 por enrollar y empacar. Pueden enrollar hasta 7 mil al día. Las más lentas, acaso sacan ¢ 1.75 por semana. Tienen que pelar los cocos. Cuando trabajan por la noche se les paga igual. Las mandadoras ganan más y explotan aprendices pues para enseñarlas las hacen trabajar dos semanas sin salario. En la panadería La Musmanni se paga ¢ 1.35 por 11 horas de trabajo, de 6 a 8 de la noche. En otras, pagan entre ¢ 7.00 y ¢ 12.00 por 7 días, incluido el domingo. Otras trabajan en los expendios de pan. En las fábricas de confites y de café molido ganan ¢ 2.00 diarios por 8 horas. 

En Alajuela hay 10 talleres de puros. “El Meoño” es el mejor por el buen trato y las condiciones de trabajo. Emplea 6 operarias casadas y 5 solteras. Ganan por tarea: ¢ 1.00 por 500 puros, faena que terminan a las 6 p.m. Cuando hacen “puros de perilla” ganan ¢ 2.00 por 500 y los terminan a las 7 p.m. La desvenada se paga a ¢ 0.75 al día. Trabajan 5 días a la semana excepto cuando llueve porque paran porque las hojas de tabaco no se deben afectar. Las que trabajan en las casas ganan entre ¢ 4.00 y ¢ 12.00 semanal. Hay muchas obreras afectadas de tuberculosis. El mejor taller de cigarros es de Domingo Lizano. Las cigarreras ganan ¢ 0.25 por elaborar 20 rollos de 7 cigarros c/u. Una operaria rápida hace 3.312 cigarros y se gana ¢ 1.50 diarios. Se emplea 10 operarias, pero hace unos años ocupaba hasta 40 mujeres. Los  cigarros amarillos han ido desapareciendo y se gana poco en ese oficio.  

En San José, las cigarreras no trabajan toda la semana. Ganan por tarea y sacan ¢ 1.60 en 9 horas. En la fábrica Antillón pagan con víveres. En la Mendiola tratan muy mal a las mujeres. Trabajan de 7 a 5 p. m. con una hora para almuerzo. Después de las 5:30 laboran con una bombilla de luz frente a sus caras. Les pagaban a ¢ 0.55 cada 1.000 cajetillas, pero ahora les han rebajado a ¢ 0.40. Las rápidas hacen 5 mil al día. Todas las semanas deben lavar el pavimento, descalzas.

Hay varias camiserías y tiendas de ropa hecha. La Pascua, de Miguel Ayales, La Elegancia, de Piquín Solano, Pepe Longhi, Los Barzuna, El Gallo de Oro y los polacos. En todos esos talleres la hechura de una camisa se paga a ¢ 0.25 y ¢ 0.30, y a ¢ 3.00 y ¢ 3.70 la docena. Las cortadoras ganan ¢ 2.50 y ¢ 3.00 al día. Las ojaladoras ¢1.50 y  ¢ 2.50. Las planchadoras ¢ 0.50 por docena. Las camisas ordinarias las pagan a ¢ 1.50 la docena con ojales, botones y aplanchadas, y hacen 12, de 7 a.m. a 10 p.m. En algunas partes pagan a ¢ 1.75 y ¢ 2.00 la docena. Los pantalones de hombre, de partida, los pagan a ¢ 3.50 la docena y a ¢ 1.75 los de niño.

En el mercado, las dueñas de tramos son a la vez patronas y operarias. Antes de la crisis la pasaban bien; ahora les cuesta ganarse un real y deben pagar hasta para ir al excusado. En el Laberinto trabajan de 7 a 5 con una hora de almuerzo. Las aprendices ganan ¢ 1.00 diario, las operarias ¢ 1.50 las 8 horas. A veces pasan hasta 9 horas de pie, alertas al trajín de las fajas y ruedas y en un ruido ensordecedor. Las que trabajan en tintorería lo hacen de pie y pasan el día sobre pisos mojados, con las ropas y calzado empapados. En las impresoras, las cajistas ganan ¢ 12.00 ¢ 18.00 y ¢ 22.00 por semana. En la Imprenta Nacional, las encuadernadoras reciben ¢ 16.00 por semana. (Trabajo 23-12-1934:1 y 30-12-1934:4)

La siguiente gacetilla publicada en el periódico Trabajo en 1936, sintetiza las condiciones de vida de las pantaloneras y camiseras. “Madre e hija deben pagar ¢ 12.00 mensuales de alquiler y alimentar 6 bocas. Viven en un barrio pobre por el río María Aguilar, al sur de la capital. Deben traer los avíos cortados del almacén y cuando terminan la confección de prendas han de llevarlos de nuevo a la ciudad. Su jornada comienza a las 7 a.m. y termina a las 10 p.m. Juntas confeccionan algo más de 24 camisas.

Al lado de ellas, dos vecinas con 15 años de experiencia, sacan 3 docenas de camisas diarias. Las pagan a 1.50 o 2 la docena. Los “polacos” pagan menos: ¢ 1.25 y hasta ¢ 1.00. En pantalones ¢ 2.50 y ¢ 3.00; y los judíos ¢ 2.00. Les dan de avío una carrucha de hilo por docena de prendas, y no siempre les alcanza. Deben comprar el faltante. Tienen que entregar las piezas con ojales, botones y planchadas. No les dan carbón para planchar. Compraron una máquina que les costó ¢ 525.00. Dieron ¢ 30.00 de prima y pagan ¢ 3.75 en abonos semanales. Les cosen a los Reimers, pues ahí sacaron la máquina herramienta. Tuvieron dificultades para pagar por enfermedad o falta de trabajo y entonces recurrieron al crédito, mediante el sistema de empeño. Así compraron otra máquina para hacer ojales, a ¢ 90.00. Crían cuatro hijos.” (Cerdas A. 1995: 143-144)

Entre 1920 y 1925 hubo alguna legislación protectora para estos trabajadores, hombres y mujeres. La Ley No. 100 del 9 de diciembre de 1920 estableció la jornada de 8 horas, excepto en el comercio que era de 10 horas. Dejó a criterio de jefes, patronos y empresarios la fijación del monto del jornal ya fuera por día, semana o mensual, según las jornadas. Las horas extras hasta 3 horas se pagan con sobresueldo del 25% y de 50% las restantes.

La Ley No. 51 del 24 de febrero de 1924 prohibió el trabajo de mujeres y niños menores de 14 años en lugares insalubres; y de menores de 18 en el manejo de máquinas. “Ningún obrero podrá trabajar más de 8 horas diarias en sitios insalubres”. El Art. 74 obligó al patrono a tener médicos y a remitir a los pacientes a los hospitales a cargo del empleador. También se estableció la ley de accidentes de trabajo, No. 53 del 31 de enero de 1925. Pero excluía el servicio doméstico. (Avilés, C. 1973:58-62).

IV.  EL ENTORNO DE LAS LUCHAS DE LAS OBRERAS

El 6 de marzo de 1910 el periódico dominical Hoja Obrera, editado por José María Jiménez, publicó que algunas obreras habían solicitado admisión en la Sociedad de Trabajadores. La convergencia de intereses laborales entre artesanos asalariados, obreros y obreras de manufacturas, era percibida como necesaria para que las mujeres lograran salarios acordes con sus tareas, pues sus trabajos, además de  mal pagados, se remuneraban por sumas menores a las que recibían los hombres.   

«...La obrera, más explotada que el hombre, está más obligada a la unión...Costureras,  pureras,  obreras de  fábricas, obreras al servicio doméstico… ¿habéis meditado si vuestras fuerzas alquiladas al patrón o patrona van en justa relación con el ínfimo salario que ganáis? ¿Habéis pensado alguna vez si de vuestras fuerzas se hace un robo cruel? Las fuerzas de la mujer no son remuneradas ni tomadas por lo menos en cuenta… (Hoja  Obrera. 6-7-1910:2. En: Oliva, M. 1985:63)

Los derechos de la obrera, en particular a instruirse en los oficios, la maternidad y el sufragio fue tema de divulgación entre los obreros. En 1911 las obreras de la fábrica de calzado «El Acorazado de Oriente» de Alberto Bertheau, contribuyeron con ¢ 25.00 con la Sociedad de Trabajadores de San José para que enviara delegados al Primer Congreso Obrero Centroamericano, celebrado en San Salvador en noviembre de 1911. También lo hicieron Anita Mora, Lola Gutiérrez, Rosa Corella, Rosa Muñoz, Lastenia Durán y Juana Sancho. http://www.nuso.org/upload/articulos/2397_1.pdf En las organizaciones laborales había sólidas convicciones sobre los derechos “naturales” de las mujeres. En 1912 el panadero Félix Montes expresaba “...No vendrá la mujer a ser igual o superior al hombre en lo material por su delicada constitución, pero si puede llegar a ocupar su puesto en distintas profesiones… y gozar de las mismas prerrogativas y derechos que el hombre hábilmente ha sabido negarle”. (Oliva M. 1985: 153).

La Confederación General de Trabajadores (1913-1923) fue vocera y prestó su sede para conferencias sobre sociedad y economía a las que asistían algunas mujeres. En 1913 se celebró por primera vez el  Día Internacional del Trabajo por iniciativa de ocho sociedades de obreros del Valle Central y del Centro de Estudios Sociales Germinal, liderado por Omar Dengo. En noviembre de 1914 se creó la Escuela Normal presidida por académicos e intelectuales imbuidos de las corrientes de pensamiento y las doctrinas políticas y económicas del siglo XIX y el centro de estudios superiores fue faro de sociología y pensamiento política para el magisterio nacional.  

Ese mismo año, Alfredo González Flores asumió la Presidencia de la República. A raíz de la crisis de la Primera Guerra Mundial propició avanzadas leyes liberales que lesionaban los poderes de la oligarquía cafetalera y, en consecuencia, se produjo el golpe militar del 27 de enero de 1917. Durante año y medio hubo gran agitación laboral y cívica con trasfondo de movimientos armados. La caída del dictador Tinoco  restauró la República. No solo el sistema electoral. Se amplió la participación popular, femenina y la representación de los intereses sociales en el Congreso de 1920-1924. La mujer maestra líder y trabajadora, devino sujeto y protagonista político al lado de otras instancias ciudadanas, nacionalistas, de organizaciones de artesanos y obreros, y de agrupaciones electorales reformistas. A raíz de la guerra mundial, los medios de prensa relataban noticias y publicaban reportajes sobre las tareas productivas y de socorro que asumían las mujeres, en sustitución de los hombres atareados en los combates. La mujer erguía de nuevo su figura en las páginas de la historia.

Bastantes mujeres participaron activamente en las huelgas de febrero de 1920 por la jornada de 8 horas. En febrero, 20 obreras de los telares de Tejidos Saprissa demandaron un aumento de salario mediante el pago por tareas en yardas y no por tarifas. Entrelíneas existió la denuncia por abusos sexuales. Además, solicitaron que la empresa solo contratara a mujeres afiliadas a la CGT. El  objetivo salarial fue satisfecho por mediación de los dirigentes de la CGT. Lograron alzar el pago a ¢12.00 por semana para quienes dieran más rendimiento y de ¢ 1.50 a ¢ 2.00 diarios para las demás. Se fijó un aumento en escala de 10%, 15% y 20% según los salarios altos, medios y bajos.   

Un efecto de esas huelgas fue la actitud favorable de las trabajadoras hacia la organización, como forma de lucha para mejorar salarios y condiciones laborales. El cambio se evidenció en luchas de las obreras de la Cervecería Traube, pureras, cigarreras, costureras y lavanderas. Una comisión de obreras de la Traube visitó la CGT con el fin de organizarse, pedir aumento salarial y disminución de las horas trabajo. Algunas ganaban ¢ 0.65 diarios. Con objetivos similares se reunieron 57 pureras en la CGT, así como  cigarreras de las fábricas «Magnolia» y “Astorga”. Demandaron alza de salario del 30%. Un número de 26 costureras fueron asesoradas en la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros; eligieron un directorio y demandaron aumento de 50% en los salarios. Patronos de lavanderas mejoraron los sueldos para evitar que se declararan en huelga.

http://www.historia.ucr.ac.cr/repositorio/bitstream/123456789/91/1/Libro%20Mora.pdf

El 11 de junio de 1919 se creó la Asociación Nacional del Magisterio, en funciones de hecho desde setiembre de 1918. En la directiva figuran 3 hombres y 5 mujeres: Lilia González, Graciela Martínez, María Isabel Carvajal, Anita Cantillano y María Francisca Caballero. En la primera sesión del Comité Especial Económico del Partido Constitucional (Julio Acosta) reunido el 2 de octubre de 1920, se acordó lo siguiente: “Nombrar por unanimidad presidentas de honor a las damas Amparo Zeledón, Esther silva y María Isabel Carvajal”. (Abarca 2005: 41 y 43). Las presiones del magisterio fueron determinantes para la obtención de beneficios, ante todo para las maestras más pobres, con la aprobación de la Ley de Pensiones No. 29 del 28 de abril de 1920; la Ley de Socorro Mutuo No. 7 del 24 de diciembre de 1920, antecedente de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, y la Ley No. 182 del 11 de setiembre de 1923 que creó la Junta Administradora del Fondo de Pensiones para Maestros. (Abarca 2005: 48)     

En marzo de 1922 se aprobó la Ley de Emergencia del Inquilinato, debate en el que hubo huelgas de no pago de alquileres y movilizaciones populares, con presencia en la Asamblea de grupos de mujeres con sus hijos. Les afectaban los desahucios y el alto costo de la vida. La efervescencia política de los años 1918-1922, prepararon a las mujeres para su involucramiento en la formación del Partido Reformista. Redactaron el “Manifiesto de las Mujeres Reformistas”: un pronunciamiento sobre el alcoholismo, la prostitución y la provisión de casas cuna para madres solteras y pobres. El mismo año  se fundó la Liga Feminista dirigida por mujeres maestras, estudiantes y egresadas del Colegio Superior de Señoritas.  

Entre 1924 y 1928 no hubo ausencia de mujeres de esos estratos en las luchas cívicas y nacionalistas. En 1924 la Liga Feminista las convocó para presionar a los diputados y oponerse a un proyecto de ley para que los maestros hombres recibieran un aumento salarial superior a las maestras. En 1926 se fundó la Universidad Popular y en su Consejo Directivo figuran 7 mujeres, el 39% del directorio. El mismo año visitó el país Julio Díaz, delegado de la Federación de Trabajadores de Argentina y de la Confederación General de Trabajadores de México. El visitante influyó en la creación del “Comité de Acción Social Obrera”, en el cual, el puesto de Secretaria General se asignó a la costurera Luisa Sojo.

En sus intereses específicos, en esos años tomó relieve la persistente demanda del derecho al sufragio, una bandera de mujeres de la clase media y alta que, desde entonces, enrumbó su presencia hacia la forja de una democracia más representativa. Por esos años, buen número de mujeres participaban en las actividades de la Liga Cívica “Juan Rafael Mora” y en las conferencias antiimperialistas propiciadas por la sección del APRA abierta en el país.  

 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan030190.pdf

El 21 de febrero de 1929 se fundó la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera (ARCO) con el fin de reactivar la Universidad Popular y darle dimensión política nacional a la cultura popular y al significado histórico de las luchas sociales. Una comisión femenina participó en la Semana Nacional del Niño, percibiéndola en perspectiva de clase. Crearon el Comité del Niño Obrero y diagnosticaron el empleo de las  personas menores de 15 años. Publicaban artículos en Repertorio Americano acerca de la madre soltera, los riesgos de las diversiones de la niñez y la constitución de una Junta o Patronato Nacional del Niño, pues desde 1915 existía el Patronato Nacional de la Infancia. Esta idea la propuso Carmen Lyra y fue acogida y divulgada por el Exministro de educación, Luis Felipe González Flores.

Durante la crisis 1929-1933 la desocupación despertó a la clase trabajadora y a la ciudadanía. En el clima de inestabilidad social y económica surgieron tres asociaciones de estudiantes, una de los maestros y otra de mujeres; muchos sindicatos, cooperativas y asociaciones. En marzo de 1930 se informa de 300 desahucios en trámite en la Alcaldía de San José por el cobro de alquileres de ¢ 20.00 y ¢ 35.00 que las familias pobres no podían pagar. http://www.anuario.ucr.ac.cr/24-1-2-98/welizondo.pdf Desde 1932 y hasta 1948 mujeres obreras y prestigiosas educadoras fueron protagonistas en luchas ciudadanas, campañas de solidaridad con el movimiento obrero y con la República Española, contra el eje nazi-fascita, y en pro de las  reformas sociales y reivindicaciones políticas que dirigió el Partido Comunista. Luisa González ocupaba la Secretaria General de la Sección de Mujeres de ese partido.

El  17 de junio de 1933 más de 100 mujeres de oficios domésticos, empleadas de comercio y obreras de talleres y fábricas se reunieron en el Teatro Ideal convocadas por el PC. Se creó el Sindicato Único de Mujeres Trabajadoras. Las sindicalistas nombraron a Luisa González como Secretaría General, Ángela Díaz secretaria de actas, Erlinda de Franco en la de finanzas y las prosecretarias Carmen Lyra, Ricarda González, Esperanza Murillo y Eva Coto. Aprobaron la plataforma de lucha con objetivos acerca de salarios y jornadas laborales, higiene en los centros de trabajo, protección a las trabajadoras en estado de embarazo; demandaron cuatro horas para amamantar, mejoras en vivienda, creación de casas cuna y de escuelas en los barrios obreros. En el primer Congreso del PC celebrado del 2 al 4 de diciembre de 1933, se designaron dos comisiones para estudiar la situación jurídica de las mujeres y las condiciones de trabajo de las obreras. (De la Cruz 1980:53 y 57).             

El Partido Comunista no hizo del voto femenino, una consigna de lucha. Enfatizó en los reclamos  de las obreras y trabajadoras; y percibió el derecho al voto en perspectiva de clase. No obstante, estas líderes comunistas sí tenían conciencia sobre las condiciones de opresión particulares de las mujeres en una sociedad capitalista y rechazaban las formas de servidumbre y desigualdad social a que eran sometidas las mujeres frente a los hombres. Eran conscientes de la dependencia y la desigualdad legal que tenían  con respecto a sus esposos en el plano laboral y comercial, en relación con la patria potestad y en los casos de abusos y divorcios. Pero las reivindicaciones de género eran consideradas de valor político secundario. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan030190.pdf

La Segunda Guerra Mundial avivó las contradicciones estructurales del capitalismo y exaltó la crisis de desarrollo en los países no industrializados. Entraron en sincronía las luchas obreras y sindicales, la confrontación con el fascismo y el totalitarismo, la difusión del ideario democrático burgués y la deslegitimación de las relaciones de poder de tipo dictatorial, oligárquico y excluyente. Entre 1941 y 1943 se institucionalizaron la Caja Costarricense del Seguro Social, en un principio, protectora de los riesgos de enfermedad y maternidad; y el Código de Trabajo. Los artículos 23, 25 y 167 establecieron el marco de derechos laborales comunes a hombres y mujeres sin discriminar clases, profesiones u ocupaciones.  

En un contexto agitado social y políticamente por la aprobación de las reformas sociales, a finales de 1940 el Partido propició la Unión de Mujeres del Pueblo, presidida por Carmen Lyra (Trabajo, 14-12-1940: 2). En julio de 1941 los educadores crearon el  Frente Democrático del Magisterio (Trabajo 27-7-1941:1-4) y celebraron asambleas de repudio a los ejércitos nazis. En el campo sindical, el 23 de mayo de 1942 y el 12 de setiembre de 1942 estallaron dos huelgas de obreras en la fábrica de Tejidos Llobet, en Alajuela; se creó el Sindicato de la Industria del Vestido y el Comité Nacional Sindical de Enlace promovió el sindicato de la fábrica Fosforera Nacional. (Trabajo 12-19-1942:2 y 26-9-1942:2). 

A partir de 1944, el Partido Vanguardia continuó la tarea de organizar a la mujer trabajadora, obrera y ciudadana. El 19 de enero un grupo de mujeres convocó a la Convención Femenina de la Nueva Costa Rica. (Trabajo 8-1-1944:3). No era la primera vez que las mujeres adultas y jóvenes participaban en la organización, control y ejecución de tareas electorales; aunque no tuvieran derecho a sufragar. En noviembre de 1946 el Partido reactivó la Unión de Mujeres del Pueblo. Un año después, en octubre, se formó la Sección de Puntarenas dirigida por Mercedes de Palma.

El 11 de noviembre se creó la Alianza Femenina Costarricense, la  cual “luchará  por la defensa de la paz, la libertad y la democracia en Costa Rica”. A la primera asamblea asistió la delegada ecuatoriana ante el Congreso Interamericano de Mujeres, Nela Martínez, quien explicó los acuerdos del evento celebrado en agosto en Guatemala. Se nombró a Amalia de Sotela, como Presidenta de la Alianza. (18-11-1947:2). Un mes antes de la Guerra Civil,  la Unión de Mujeres del Pueblo celebró la primera y única Conferencia Nacional, el 16 de enero de 1948, bajo la secretaría general de Clemencia Valerín. (Trabajo 17-1-1948:8).

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Entre 1890 y 1930 se configuró en la sociedad costarricense el sector femenino de clase obrera y trabajadora directa, en el parámetro de las estadísticas económicas oficiales. En esos 40 años se trazaron las líneas gruesas de una sociedad muy desigual, según la relación de las familias con la propiedad de medios de producción o el régimen salarial. El modelo oligárquico de educación general y de enseñanza pública no propició la calificación técnica del trabajo de las mujeres, ni su inserción en la producción. La educación privada, privilegio de las élites urbanas, fue más eficaz para distinguir las diferencias de estatus y de posición social entre las mujeres. 

El auge del capitalismo después de la Primera Guerra Mundial reactivó la división internacional del trabajo en la fase imperialista y favoreció la transición de la artesanía tradicional a la elaboración de bienes de consumo moderno en talleres y fábricas manufactureras; algunas mecanizadas y la mayoría ubicadas en la capital y ciudades de provincia. La “urbanización” remarcó las diferencias entre campos y villas; oficios manuales e intelectuales, profesionales y “empíricos”, asalariados y patronos. El sector femenino de la sociedad no fue ajeno a esas transformaciones. Se perfilaron grupos de trabajadoras delimitadas por el empleo remunerado de fuerza de trabajo en el sector comercial doméstico y citadino, la producción manufacturera, la educación y los servicios de salud pública.

Se puede conjeturar que en las décadas de 1930 a 1950 se formó dentro de los trabajadores directos un sector de clase obrera femenina que se compenetró con las protestas de las mujeres que disentían y se rebelaban contra los signos de la desigual explotación que experimentaban en cuanto género y clase social. En ese sustrato ancló el discurso proletario y reformador del Partido Comunista, con incidencias  en los procesos de cambio que experimentaron las mujeres y hombres en el campo productivo, ocupacional y cultural. Ante todo, en las actitudes políticas que dieron fortaleza a la contenido social y popular a la derrota de la oligarquía cafetalera y la creación de un Estado Social de Derecho.

VI. BIGLIOGRAFIA  

Abarca, V. Carlos. Perfil cotidiano de la educación primaria. Editor Carlos Abarca. Servicios Gráficos Z. San José 2003. P.343. Historia de la Sociedad de Seguro de Vidas del Magisterio Nacional. Editor SSVMN. Ediciones Azul. San José, 2005. P. 314                            

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Trabajo. Semanario del Partido Comunista de Costa Rica. Varios números.

Por Carlos A. Abarca Vásquez

I. LUCHA OBRERA Y ORGANIZACIONES PRECEDENTES

El surgimiento del enclave en el Pacífico sur nació, a diferencia del de la zona atlántica,  cuando la United Fruit Co ( UFCo.) culmina una fase de concentración monopolista de tipo vertical; “de tal manera que en 1930 ya sólo quedaba otra compañía bananera importante en el mercado mundial” (Ellis, F. 1983: 43). A pesar de esto, los contratos leyes de 1930, 1934 y de 1938 solo difieren del contrato original, de 1884, en cuanto que la frutera no recibió gratuitamente tierras para la producción de banano; aunque3 sí todas las demás concesiones para el tendido de ferrocarriles, electricidad, carreteras y puertos. De igual manera, salvo la prórroga por 20 años al impuesto de exportación de dos centavos por racimo, quedó exonerada de todo otro tipo de cargas tributarias hasta el año 1988. (Ellis, F. 1983:61).

La apropiación de tierras en el litoral del Pacífico, a partir de 1926, mediante las empresas subsidiarias de la UFCO., la  Chiriquí Land Co. que compró 6.000 Has. en 1927 en el Valle del Coto y la Gulf of Dulce Land Co. que adquirió en el mismo año grandes concesiones del gobierno, fue el paso inicial para la apertura en el país de otra importante zona de producción capitalista. No obstante, el carácter monopolista de la UFCO impuso un tipo de relaciones productivas, comerciales y financieras con la  economía nacional, articulándola aún más con el capitalismo mundial y en condiciones subordinadas al imperialismo norteamericano, con influencia directa en el comportamiento político de la clase dominante y en el carácter dependiente del Estado. (Carcanholo, R. 1966:48)

Efectivamente, las nuevas contrataciones bananeras se producen en un momento de transición de la economía agroexportadora hacia el desarrollo de las relaciones burguesas en la producción nacional. En cuanto este proceso podría generar contradicciones con el “modelo oligárquico dependiente de desarrollo capitalista”, las contrataciones bananeras venían a apuntalar las posiciones de esta fracción burguesa debilitada por la depresión mundial; circunstancia que ayudaría a explicar las onerosas concesiones otorgadas al monopolio frutero en los contratos mencionados.

Entre 1937 y 1939 la UFCo puso en producción las divisiones bananeras de Quepos, Golfito y Puerto González Víquez: cada división formada por 4 distritos y éstos por 8 fincas identificadas con nombres de árboles, animales, provincias del país o numerales.  De ese modo generó el proceso el proceso de extensión de las formas mercantiles y capitalistas en gran parte de la región del Pacífico Sur; una modalidad de enclave que tuvo un efecto similar al del Atlántico, cincuenta años atrás, en cuanto a su incapacidad para impulsar el crecimiento del mercado interno. (Torres R., E. 1973: 98). 

En esa estructura económica produjo efectos, como la concentración de la propiedad agraria, la absorción de la producción bananera organizada por productores nacionales desde 1929, y el desplazamiento hacia zonas marginales de la población indígena Brunca, Cotos y Guaimyes. El enclave puso haber estimulado algunos ciclos agrícolas de subsistencia y de comercio local al ser un centro de intercambios, particularmente por el importante poblamiento previo al establecimiento de la frutera, la inmigración de trabajadores al lugar y la escasa producción bananera durante el período de la Segunda Guerra Mundial. El volumen de producción y exportación de banano cobrará importancia sobre todo a partir de 1945. (Carcanholo, R. 1978: 175).

El inicio de operaciones de la Compañía se desarrolló con abundante empleo de fuerza de trabajo. “Se trata de un trabajador cuya oferta de trabajo es libre y cuyo exclusivo medio de pago es el salario en efectivo. Es una forma de organización agrícola que corresponde a un nivel superior de desarrollo capitalista con respecto al de la hacienda, y por ese carácter la plantación actúa como un agente de cambio social y cultural con efectos diferentes. Uno de ellos es la formación de nuevos grupos sociales: el obrero agrícola en las plantaciones y el trabajador industrial en los ferrocarriles, instalaciones fabriles y puertos”. (Torres, R. E. 1973: 106)

Varios factores determinaron la formación del proletariado agrícola en el momento de la apertura de las plantaciones. La concentración de la propiedad agraria, el mejoramiento técnico de la producción y el monopolio del capital bancario privado en la economía de exportación actuaban en conjunto sobre un proceso disolvente de la propiedad pequeño campesina, que se acentuó durante la crisis de 1929-1933. La depresión desestimuló, igualmente las actividades agrarias y manufactureras con efectos sobre la ocupación, fenómeno que se agravó con la reducción de la actividad bananera en el Atlántico y su paulatino abandono luego de la firma de los contratos de 1930 y 1934. En tales condiciones, el inicio de los trabajos en la nueva zona bananera, se convirtió en un polo de atracción que fomentó la inmigración de población desde el interior del país. Así, la zona sur de la provincia de Puntarenas triplicó sus habitantes entre 1927 y 1950 (Fernández, M. y otros 1975:83) y ya en 1946 la UFCo empleaba a 14.856 obreros y trabajadores. (Carcanholo R., 1978; 182).

Desde el punto de vista de la organización empresarial, las condiciones técnicas de producción, la explotación salarial y la división del trabajo estimularon la cohesión e interdependencia de los trabajadores y las luchas por la reivindicación del salario. “La masa de ganancia realizada por el monopolio fue mayor en la situación de enclave, por la debilidad y desorganización de la fuerza de trabajo asalariada (sobre todo inicialmente). Por el hecho de que el nivel de salarios fuera proporcionalmente el más alto del país, se ha perdido de vista la tasa de explotación a que fue sometida…Contribuyó sustancialmente a producir esos efectos, la existencia de un sector de mercado interno asentado en relaciones precapitalistas y mercantiles, cuya producción de alimentos y otros bienes primarios quedó articulada al sector de las plantaciones capitalistas, proveyendo así el mantenimiento y la reproducción de una fuerza de trabajo barata”. (Torres R., E. 1973: 173)

Por otra parte, en el nivel ideológico el proletariado bananero del Pacífico se encontrará desde su formación misma, en condiciones más avanzadas para enfrentar la explotación. En junio de 1931 había sido fundado el Partido Comunista y desde su creación se vinculó a los trabajadores en una línea de masas que ayudó a la formación de un movimiento sindical clasista (Posas A., Mario: 1981:23) y al esclarecimiento del nivel político de la lucha de clases. La actividad del Partido con el proletariado del Atlántico en la huelga de agosto-setiembre de 1934 fortaleció la influencia de sus tesis políticas, sindicales y antiimperi9alistas entre los obreros bananeros.

La experiencia de las luchas obreras contra el monopolio de la frutera en el Atlántico, se expresó directamente en los Artículos Nos. 2, 3 y 4 del contrato ley del 10 de diciembre de 1934. La UFCo se comprometió a instalar botiquines en los centros de trabajo, dar atención hospitalaria gratuita a los obreros, mantener precios no especulativos en los comisariatos y a acatar la prohibición  de hacer descuentos en los vales con que se pagaban los salarios. (Cassey, J. 1979:57).

En el mismo sentido actuó la intensa agitación sindical y social de toda esta década, la cual influyó en la aprobación de una legislación favorable a la fijación de salarios mínimos y su revisión periódica a través de las Comisiones Cantonales; la aceptación de hecho, del derecho de organización sindical, y la fusión del movimiento obrero con otros sectores sociales en las jornadas patrióticas y nacionalistas contra los contratos eléctricos, aéreos y bananeros. La inmigración de trabajadores desplazados por la compañía en el Atlántico hacia las nuevas zonas bananeras, ayudó a la configuración de una conciencia proletaria. De manera que, desde sus primeras luchas, los trabajadores forjaron un movimiento ligado a la historia obrera y popular, y a partir de 1930 se desarrolló según las condiciones particulares de la plantación bananera y el Pacífico Sur del país. En marzo, abril y mayo de 1939, Carmen Lyra publicó en el periódico Trabajo, con el pseudónimo Antares, el cuento “Hace un año que Juan Cortés abandonó Quepos”, un relato sobre las condiciones de explotación en las nuevas plantaciones. Asimismo, Fabián Dobles publicó en el mismo medio “El Gato con Zapatos”, otro cuento con similar intención social y política.

En el período 1939-1949 se producen en la zona cuatro huelgas bananeras. Una, dirigida por los sindicatos afiliados a la Confederación Costarricense de Trabajadores “Rerum Novarum”, otra asesorada y conducida por la Confederación de trabajadores de Costa Rica, CTCR y dos por sindicatos independientes o no confederados. Las huelgas de 1943 y 1949 a afectaron a toda la división bananera. En el lapso 943-1948 la CTCR organizó 12 sindicatos ubicados en Quepos, Parrita, Puerto Cortés, Golfito y Puerto González Víquez; de manera que, históricamente el sindicalismo clasista arraigó en el proletariado de la plantación con carácter mayoritario, a pesar del divisionismo sindical institucionalizado en el Código de Trabajo desde 1943.       

Ilegalizada la CTCR en 1951, la CTRN conservo cierta hegemonía a través de la Federación de Trabajadores Bananeros (FETRABA), pero contrarrestada desde 1949 con el surgimiento de  sindicatos Independientes de orientación clasista, coordinados por la Unión de Trabajadores “Carmen Lyra” y la Comisión Obrera Sindical. En el Pacífico bananero ambas organizaciones influyeron para la constitución en 1952 de la Federación de Obreros Bananeros y Anexos (FOBA). Entre 1953 y 1960 repuntó la agitación laboral y la organización sindical con el resultado de 4 huelgas generales y 16 interrupciones parciales, los cuales, al calor de la crisis de 1957-1959 y de la influencia de la Revolución Cubana impulsaron con altibajos y movimiento unitario de lucha entre ambas confederaciones. Esa actitud propició, después de la huelga por el aguinaldo de 1959-1960 la constitución de la Federación Única de Trabajadores Bananeros del Pacífico Sur (FUTRA) creada en febrero de 1960.  (Abarca V., 1978:  )

En resumen, los rasgos significativos del movimiento obrero bananero en el período 19940-1960 fueron los siguientes:

1) El nacimiento de la organización sindical como reacción colectiva frente a la explotación salarial, órgano de defensa de la libertad sindical y de reivindicación de los intereses del movimiento obrero regional y nacional. 

2) La vinculación del proletariado bananero a las luchas políticas generales de obreros, artesanos, campesinos y de otros sectores antioligárquicos que se desarrollaron en la década del 40. En particular, las luchas por las reformas laborales, sociales, tributarias, agrarias y antifascistas del período y su desenlace en las luchas militares de 1948.

3) La consecución de un conjunto de leyes, específicamente producto de las luchas de este sector obrero. La “Ley Juárez” o la ley contra accidentes de trabajo en las labores agrícolas bananeras. El derecho a la huelga en los servicios públicos –así considerada la plantación, en el  Código de Trabajo-; la ley del aguinaldo para los obreros de la plantación. Cada uno de esos derechos fue resultado de las huelgas de 943, 1954 y 1959, respectivamente.

4) La derrota parcial del divisionismo sindical a raíz del debilitamiento de los sindicatos pro patronales, estatales y de los vinculados con el Partido Liberación y el capital monopolista que actuaban en las plantaciones del Pacífico. Este rasgo es importante, debido dada la ofensiva sindical que lanzó el Departamento de Estado norteamericano y el Instituto Latinoamericano para al Desarrollo del Sindicalismo Libre desde Honduras y Panamá, en el contexto de la Guerra Fría. Se trata de los sindicatos SITRACOBA (1964) SITRASUR (1966) SITRABUNI (1970) y SITRADIQUE (1975) (Selligson, M. 1980:105-108).

5)  El nexo entre las reivindicaciones obreras y las luchas campesinas y antimonopolistas como elemento táctico de las luchas sindicales del Pacifico. Este vínculo, históricamente desarrollado en las plantaciones bananeras, elevó cualitativamente la conciencia social de los sectores populares, en proyección de las alianzas necesarias en perspectiva anticapitalista.

II. LA PRIMERA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO

A. EL MOVIMINENTO SINDICAL EN EL NUEVO CONTEXTO MONOPOLISTA

Al crearse la FUTRA en febrero de 1960, se declaró como una federación sindical antiimperialista, antioligárquica y clasista y se mantuvo como el principal contrapeso al sindicalismo bananero “democrático”, tutelado por el Partido Liberación entre 1960 y 1964. El gobierno se propuso impedir su reconocimiento legal, acusándola, junto con las ligas campesinas, de ser organizaciones políticas a través de las cuales actuaba el Partido Vanguardia Popular. Ineficaces fueron los esfuerzos encaminados a lograr su reconocimiento jurídico, a pesar de la intervención favorable a ella del Comité Sindical de la OIT. A finales de 1963 debió clausurarse y con ella desaparecieron las federaciones, sindicatos y ligas campesinas afiliadas.

En tales circunstancias, los dirigentes sindicales delinearon una política orientada a tomar la dirección de la Unión de Trabajadores de Golfito (UTG). Ésta, creada en setiembre de 1950 para contrarrestar el sindicalismo dirigido por los comunistas (Selligson M., 1980-105) se vio involucrada en el proceso de unidad de acción antipatronal que remató en la huelga por el aguinaldo de 1959 y en la Asamblea General del 19 de marzo de 1960 su Junta Directiva quedó integrada por 8 miembro de la FOBA y 6 de la FETRABA, adhiriéndose paulatinamente a la línea nacional e internacional del sindicalismo clasista.

Así, ante la negativa del gobierno de inscribir a la FUTRA, la UTG se convirtió a partir de 1964 en el principal organismo sindical bananero del Pacífico Sur. Además persistieron otros sindicatos minoritarios; pero, en general el movimiento sindical del nuevo enclave bananero entró en fase de estancamiento. Las causas del retroceso fueron: la reorganización de las actividades productivas por parte del monopolio, los programas estatales de extensión de las relaciones capitalistas en la región mediante estímulos a la producción de ganado y granos básicos. La United, asimismo, inició la sustitución del banano por la palma africana en Parrita, Cortés y Quepos. El Partido Comunista priorizó la organización sindical en las nuevas plantaciones del Atlántico activadas por la Standard Fruit Co en el Valle de la Estrella y políticamente privilegió el economismo y la desmovilización del movimiento obrero en aras de conseguir la legalidad electoral.  

El abandono del banano en el Pacífico Central entre 1954 y 1963 redujo el área cultivada de banano en 4.000 hectáreas y en casi 20.000 Has en todos los cultivos. (Núñez S., O. 1976; Carcanholo R., 1986:182) En 1954 la empresa negoció otro contrato con el Presidente Figueres Ferrer para entregar unas 6.000 hectáreas abandonadas y destinarlas a programas de colonización para estimular la producción de subsistencia y los cultivos comerciales como arroz, frijoles, maíz y ganadería de carne. El cambio redujo la población laboral proletaria, a tal punto que el número de trabajadores ocupados por la frutera se redujo de 19.891 en 1953 a 8.860 en 1963. (Carcanholo R., 1986: 182)

Los desplazados reivindicaron la posesión de tierras en forma individual, arrendataria, en esquilme, en precario o en cooperativas. Se articularon de manera dependiente al latifundio bananero y ganadero o a los proyectos reformistas de asentamientos campesinos de los gobiernos. Así, en el conjunto de los cantones de Osa, Aguirre y Golfito entre 1955 y 1963, creció en un 57% el número de explotaciones censadas como propiedad individual y en un 37.4% el área en manzanas incorporadas a la producción privada. DGEC. Censos Agropecuarios de 1955 y 1963).

La tendencia anterior fue impulsada a partir de 1960, “año que puede ser considerado el del inicio del nuevo patrón de reproducción capitalista en el país, expresado a través de una expansión industrial de nuevo tipo, y cuyo contenido social consiste en la alianza burguesa que venía progresivamente imponiendo su hegemonía, con el capital extranjero”, esta vez con la incursión de la Standard Fruit Co. en la región del Valle de la Estrella y el Atlántico Huetar.  Además, la nueva estrategia de acumulación imperialista coincide con el Programa de la Alianza para El Progreso y sus medidas de diversificación del agro con miras al fortalecimiento de los sectores medios y la ampliación del mercado interno como estímulo a las empresas transnacionales dedicadas a la industrialización de ensamble para la sustitución de importaciones.

A principios de 1960, la UFCo mantuvo todavía un control monopólico sobre la producción, transporte, comercialización, tecnología y comercio interno. No obstante, la aparición de otras empresas bananeras, la expropiación de sus instalaciones azucareras y bananeras en Cuba, y el proyecto de libre comercio centroamericano e industrialización, favoreció su tendencia a diversificar inversiones en el agro, la agroindustria, el transporte terrestre inter centroamericano y el comercio regional. En Costa Rica, comienza esas inversiones industriales hacia 1965, año en que adquiere la mayor parte de las acciones de la Compañía Numar S.A., instala en la región tres plantas de Polymer Internacional S.A. para la producción de plásticos, abre en 1966 dos plantas para la producción de puré de banano, introduce las fábricas de cartón, monta la empresa de transportes GASH, la panadería Smith, agencias de publicidad, hoteles, compañías navieras y dos pequeñas fundiciones. (Torres R., E. 1979:187)

En el campo de la producción bananera, el período 1960-18970 muestra que, hasta 1972 aumentó el volumen exportado en un 27.6% debido a la ampliación del área en cultivo, en un 15.2%, y la introducción de nuevas técnicas como el sistema de doble empaque, aumento de las semillas sembradas por hectárea y otras innovaciones mecánicas. Con ello logró un aumento en la productividad, la cual pasó de 0.86 a 1.42 miles de racimos por hectárea. (Merton H. y otros. 1977:14).

B. CRECE EL MALESTAR POR LAS RELACIONES DE EXPLOTACIÓN

El origen de las luchas reivindicativas del proletariado bananero, está determinado por la explotación salarial y el carácter de las relaciones sociales de producción. Un estudio de 616 quejas y denuncias contra la UFCo en las fincas del Pacífico y el Atlántico divisiones de Sixaola, Osa y Golfito entre 1952 y 1959,  permite la siguiente clasificación.  El 32.6% de las protestas refieren a deficiencias en los servicios de salud, vivida, agua, higiene, transporte y recreo. El 24.7% debido a reducción en las remuneraciones y menoscabo del salario mínimo. El 18.3% ocasionado por cambios en los horarios y en las tareas establecidas en el contrato laboral. El 6.7%  a causa del mal trato de jefes, capataces y mandadores. El 7.6% por violaciones al derecho de organización y libertad sindical. El 6.8% por despidos o amenazas de cesantía a uno o varios empleados, con o sin prestaciones. El 3.1% a causa de deficiencias en el comisariato y por especulación. (Abarca V., 1978:29)     

Las federaciones, FOBA, FETRABA fusionadas en la FUTRA; y la UTG, posteriormente, asumieron la defensa de los intereses de los obreros bananeros enfrentando el antagonismo patronal derivado de las condiciones de trabajo que surgieron con las transformaciones técnicas introducidas por el monopolio a partir de 1960. En efecto, a partir de ese año la frutera ejecutó un programa de reducción de costos para resarcir las erogaciones por el pago parcial del aguinaldo y obstaculizar el proceso de unidad sindical de la FUTRA. En los años siguientes introdujo nuevos métodos de trabajo, otros sistemas de contratación y nuevas técnicas productivas que no contemplaban sus efectos en las relaciones de trabajo y creaban nuevas causas objetivas de descontento entre los obreros y otros trabajadores.

B.1  EL CAMBIO EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE TRABAJO

La empresa suprimió la labor de los portadores de manguas, ayudantes del regador de caldo bordelés, así como las de conchero, pasador y amarre en la corta de fruta. Los trabajos de limpia y deshija de bananales; chapeas de fincas, cuadras y alrededores; limpieza de zanjas y canales se omitía por varios meses para ser entregadas mediante contratos a destajo, en sustitución de las cuadrillas de peones. La labor de “cocaleca” que consistía en sacar del monte el alambre viejo para apuntar la mata, y la faena de cargar el recipiente de la formalina o cuchumbo para desinfectar los macheres, fueron eliminadas y recargadas a un mismo obrero. En las empacadoras se redujo la semana laboral a sólo tres días. El sistema de acarreo de frutas por medio de cables y andariveles –usado desde 1955- presentaba constantes quejas a falta de engrase y mantenimiento. Se introdujeron las escaleras de tubo y los ganchos metálicos en las labores de amarre, las cuales aumentaban la propensión a accidentes.

En 1962 la compañía introdujo el método de “las parcelas” o fajinas. Fue una forma de contratación a destajo que recibía un obrero y se le permitía emplear la mano de obra familiar: los hijos menores en las chapeas y deshijas, la mujer en el embolsado de frutas, alistado de amarras y de bolsas. El cumplimiento del contrato requería jornadas de hasta 10 horas diarias. Por su parte, los mandadores daban estas “parcelas” a amigos sin trabajo llamados arrimados, discriminando a los trabajadores permanentes y a los obreros sindicalizados. En la tarea de hacer las cajas de cartón y transportarlas cargadas a los vagones del ferrocarril, se redujo el número de hombre de 5 a 3, con recargo de trabajo y por el mismo sueldo. De igual forma, en las empacadoras los obreros reivindicaban el pago por salarios carros llenos, y no por horas trabajadas.

En 1966 la UFCO comenzó a usar el sistema de doble embolsado de fruta para protegerla contra picaduras de insectos. Esto redujo los rendimientos de los trabajadores en dos tercios y con ello, los salarios en igual proporción. El cambio en el sistema lo acompañó con la práctica de “no pago de quitada de la placenta”. En el control de enfermedades, como la sigatoka y el mal de Panamá o moko, continuó con el uso de sustancias altamente tóxicas: “ditamo” “widon” y “dupont” como herbicidas, fungicidas, nematicidas y desinfectantes que producían alergias y manchas blancas en la piel. Se carecía de protectores para cargar las bombas de riego, provocando magullones y heridas leves en la espalda de los portadores.

En 1967 se introdujo experimentalmente el uso de pequeños tractores para sustituir el trabajo el carrero, en las fincas de Palmar Sur. La medida provocó malestar por el desempleo que generaba el uso del micro chapulín. Desde ese año, la empresa recurrió a la práctica de no pagar los racimos cortados, cuando estaban a punto de madurar; tarea que era imprescindible, pero que no reconocía en el salario puesto que la fruta no llegaba a la empacadora.

En 1968 la compañía comenzó a sustituir la siembra de semillas por una nueva variedad de banano para prevenir el moko y la sigatoka. Las fincas se resembraron con mayor densidad de semillas y se aumentó el número de matas, hasta 1.600 por hectárea. La medida provocó molestias, puesto que no se ajustaron las tareas de rodaja y deshija, las cuales se intensificaron. Asimismo, los mandadores separaron las tareas de apuntar y embolsar, exigiendo el doble puntal y doble embolse.

B.2   EL SISTEMA DE EMPLEO Y SALARIOS 

Si observamos el sistema de salarios y empleo, se concluye que la reducción en el número de trabajadores era una amenaza constante por la tecnificación, la diversificación de cultivos, el aumento de la producción de palma y la persecución sindical.

La producción de palma ocupa un 67% menos de trabajadores por Ha que el banano, aproximadamente 475 obreros menos. La demanda de trabajadores bajo también porque los terrenos ya estaban preparados para la siembra de palma. Entre un 7 un 12% de los obreros contratados se encuentran en situación de inestabilidad permanente, mediante el sistema de contratación por períodos de prueba, lo que le permite a la empresa debilitar la organización sindical y eludir el servicio de vivienda y las obligaciones laborales. Además la frutera contrata a mucho trabajador soltero que usa la plantación como enganche de transición mientras se ubica en las zonas urbanas del país o en la actividad comercial. La movilidad de la fuerza de trabajo en los bananales es del 12% anual. De los obreros permanentes, entre un 20 y 35% son mujeres o personas menores de 18 años. A las mujeres no hay que proveerles vivienda y favorecen la estadía del obrero soltero. (Merton y otros. 1977:32)

El régimen de salarios fue una de las causas prioritarias de las protestas y luchas sindicales. Entre 1964 y 1975 el salario real fue de sólo un 4.35 %. Entre 1964 y 1967 los salarios se congelaron, en parte como consecuencia de la contracción de las ganancias de un sector del capital nacional afectado por la depresión económica. También, debido a la firma de Arreglos Directos al margen de la organización sindical, los cuales reconocían aumentos salariales por períodos de dos años. En 1971 estalló la huelga por la primera convención colectiva, y trajo un aumento sustancial, pero se mantuvo congelado hasta 1974 y se vio deteriorado por el proceso inflacionario de 1970-71 y las devaluaciones monetarias a raíz del comienzo de la crisis de 1973-1975.

A la par del deterioro en el salario real, el trabajador bananero era víctima permanente de variedad de arbitrariedades de los mandadores, contratistas y capataces para reducir el salario nominal. “Uno de los más graves problemas que afrontan los trabajadores de la UFCo es la diferencia en los contratos de trabajo que existen en la zona. Hay trabajadores que reciben su salario por horas; otros por contratos por hectáreas; otros por cuadrillas…finalmente pueden ocurrir combinaciones de formas de trabajo que alteran esas relaciones”. (Libertad 28-11-70:6).

Finalmente, los obreros y trabajadores eran víctimas de las reducciones arbitrarias de precios en algunas tareas. Se usaba con frecuencia, a veces por error y la mayoría de las veces por simple cálculo mercantil. Ocurrían en la limpieza de zanjas y canales; en la carga y descarga de cajas; en la labor de esparcía que se pagabas al mismo precio que la deshija; en la limpieza del talud de las zanjas y se incluía en el precio de las chapeas; en el no pago de desmanar  y salvar los mecates de apuntalar; por retraso en los ciclos de corta y deshija que ampliaban la jornada; en el no pago de quitar la placenta y de la corta de racimos con alguna madurez; al calcular con error los metros cúbicos de limpieza de terrenos y zanjas; al eludir el pago de limpiar los boquetes de las mangueras usadas en el riego de caldo bordelés, etc. Finalmente, en el escamoteo de las horas extraordinarias, vacaciones, incapacidades, aguinaldo en el cálculo mismo del salario semanal.

B.3 VIVIENDA Y SALUD

Estos servicios dependían originalmente de la empresa frutera, pero paulatinamente fueron tomados por el Estado y en ambos casos eran también objeto de reivindicaciones de los trabajadores y ciudadanos. Desde la huelga de 1953 la UFCo había adquirido el compromiso de otorgar vivienda a los obreros. Por mucho tiempo utilizó los barracones y luego fue introduciendo las casas unifamiliares. Los barracones carecían de mantenimiento y se iban deteriorando. El planché de los lavaderos de ropa se rompían y causaban estancamientos de aguas insalubres; las pilas se carcomían y amenazaban con derrumbarse; la ausencia de desagües y zanjas de drenaje entre las casas hacía pozos de aguas llovidas y de las de uso interior. Los picaportes de puertas de dormitorios, baños y servicios sanitarios no se reparaban y lo mismo ocurría con los aleros, marcos de puertas y ventanas. Simbólicamente, los obreros bautizaron los barracotes con los nombre de San Lucas y La Peni, mostrando que más servían para alojar a delincuentes –si es que estas personas merecían esos tratos- que a los trabajadores.

En las viviendas unifamiliares la empresa impuso un reglamento de uso que atentaba contra la privacidad de individuos y parejas. Procedió a clausurar aposentos o a cerrar llaves de cañería, y a racionar el uso de bombillos eléctricos, limitándolo sólo a un tomacorriente. El Dr. Guillermo Bonilla Rojas observó en un viaje a la zona bananera que en los servicios sanitarios y viviendas había propensión a la contaminación venérea, hongos, carates, cólera y otras enfermedades provocadas por el hacinamiento. El mismo médico constató la escasez de de dispensarios y de doctores. En Coto 47 tres galenos daban a tenci8ón diaria a más de 200 pacientes y realizaban además labores de parto y visitar a otros dispensarios. Denunció que las labores de parto eran muy costosas, hasta de 1.000. Un estudio de enfermedades, desnutrición, causas de mortalidad y otros indicadores de salud no haría más que confirmar el pésimo estado de salud y la mala calidad de la atención médica.

A partir de 1965 se inició el proyecto de trasladar a la CCSS los dispensarios médicos de la empresa. Los sindicatos defendieron el proyecto por considerarlo un rescate de la autonomía del Estado, pero al mismo tiempo demandaron que los trabajadores con salarios inferiores a 600 colones mensuales quedaran exentos de la cuota obrera, tomando en cuenta que otras luchas precedentes habían logrado la atención médica gratuita. Esta conquista fue reafirmada en las Convenciones Colectivas de 1971 y 1974, incluyendo a los obreros que ganaban menos de 1.000 colones.

B. 4  LA LABOR DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE GOLFITO

Entre 1960 y 1965 la UTG tuvo a cargo la laboriosa tarea de desarrollar un intenso programa de organización, propaganda, agitación y educación sindical entre los trabajadores bananeros del Pacífico Sur. Creó Comités Seccionales en Palmar Sur, Coto, Puerto Conzález Víquez y Golfito con sus directorios y comités de base por finca, taller y centro de trabajo. En setiembre de 1960 participó en una campaña conjunta con la FUTRA y la CGTC, en oposición a un proyecto de reformas al Código de Trabajo que mutilaba derechos sindicales mínimos. (Abarca V., 1978:89) Apoyaron el proyecto de reforma agraria que presentó el Partido Acción Democrática Popular, coalición de izquierda que se presentó a las elecciones como la única alternativa electoral en defensa de los intereses de los trabajadores. Asimismo, enfrentaron la ofensiva ideológica antisindical de la Embajada de Estados Unidos y el Partido Liberación Nacional que, a través de Luis Alberto Monge Álvarez organizaban la creación de una Federación Democrática de Trabajadores Bananeros.

Hacia 1962 la UTG tenía una afiliación de al menos 1.600 obreros y representaba el 22.8% de la fuerza de trabajo empleada por la UFCo. Puso en práctica un plan de emulación sindical para elevar la afiliación en 700 trabajadores por año, activar los comités sindicales y de fincas y talleres, bloqueados por las represalias de la empresa y sus capataces. En la Asamblea Extraordinaria de setiembre de 1962 se discutió la meta de obligar a la frutera a suscribir una convención colectiva de trabajo y levantar un censo de desempleo a causa de la tecnificación, sustitución y abandono de las fincas de banano por las siembras de palma.

El 13 de noviembre de 1965 la UTG celebró el Primer Congreso de Sindicatos de Trabajadores Bananeros. Aprobaron acciones para enfrentar la ausencia de libertades sindicales, idear métodos de recolección de las cuotas, pues la empresa se negó a deducirla, denunciar el despido de afiliados y dirigentes de base ante el Ministerio de Trabajo, y   elevar a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Fuero Sindical. Se reconoció que la ausencia de un partido de la clase obrera y popular exigía luchas por la abolición del segundo párrafo del Art. 98 de la Constitución Política. Por último, se acordó editar el boletín sindical La Rula que comenzó a circular a partir de 1966 y hasta 1977. Se abordaron otros temas como la oposición a la creación de un Banco Popular bajo el sistema de ahorro obligatorio; y publicar pronunciamientos contra la intervención de los Estados Unidos en la Guerra de Viet Nam. Nombraron una comisión para participar en la Marcha Nacional por la Paz que se realizaría entre el 22 y el 26 de febrero.

C. LA HUELGA POR LA PRIMERA CONVENCIÓN COLECTIVA  

C.1  EL ACONTECIMIENTO  

Uno de los objetivos principales de las luchas de la UTG consistió en presentarle a la UFCo una convención colectiva de trabajo. Esta figura jurídica y su proceso, fue regulado en el Código Laboral de 1943 pero tenía limitaciones para ejecutarse. Por un lado debido a que la consecución del derecho de huelga en las plantaciones sólo se contempló en el Contrato Bananero de 1954; además por las dificultades prácticas emanadas de la ausencia de fuero sindical y la existencia de los sindicatos creados y avalados por la frutera.

En 1953, 1954 y 1955 hubo tres huelgas generales en las plantaciones del Pacífico Sur, y muchos intentos de llegar a ese proceso por la había de la firma de Arreglos Directos. En 1955 se logró la primera huelga legal, la cual fue resultado de un convenio laboral con intervención del gobierno de José Figueres, impuesto en un clima de represión patronal contra los sindicatos afiliados a la FETRABA y la FOBA.  Esta huelga se originó en la firma de un convenio colectivo que el Poder Ejecutivo obligó a la Compañía a acatarlo. Pero en los años siguientes, otros factores obstaculizaron la liberad de acción sindical: la persecución patronal con apoyo del Resguardo Fiscal, la dispersión y descomposición del proletariado por efectos de los cambios agrarios y asentamiento de las instituciones públicas en la zona, la reducción del empleo y la emigración a las nuevas plantaciones de la zona Huetar Atlántica por parte de la Standard Fruit Co.

A pesar de eso, entre 1967 y 1972 se asiste a un repunte en la producción de banano en el Pacífico Sur con base en la modernización de los métodos de trabajo, tecnificación y aumento de los cultivos por hectárea. El proceso fue acompañado de un aumento en la tasa de explotación, circunstancia que avivó la lucha por la libertad de organización sindical y el proyecto de convención colectiva, figura que se introdujo en el Código de Trabajo mediante reforma del año 1964. 

Entre 1960 y 1963 los sindicatos bananeros del sur presentaros tres conflictos colectivos de carácter económico-social. En 1965 apoyaron enfáticamente los proyectos de ley de fuero sindical que propusieron a la Asamblea los diputados Guillermo Villalobos Arce y Jorge Luis Villanueva Badilla. Al no ser aprobados, el movimiento sindical volvió a la discusión legal de los Conflictos Colectivos Económico Sociales. Esas negociones aumentaron a partir de 1966 en las empresas del Mercado Común del Área Metropolitana. En el Pacífico,  al término de un Arreglo Directo impuesto por la UFCo mediante un grupo de “gestores de empresa”, la UTG inició el trámite judicial de un Conflicto Colectivo y en ese proceso se desencadenó la huelga de 1971. Un año antes, el sindicalismo clasista había logrado también obligar a la Standard Fruit a firmar una Convención en el Valle de la Estrella.

Durante 1969, los sindicatos “democráticos” SITRASUR y SITRAQDIQUE presentaron tres convenios colectivos que la frutera se negó a negociar. En junio más de 1.500 obreros de la palma, de Quepos hicieron un conato de huelga por retención de salarios. En represalia, la empresa despidió a unos 200 trabajadores. De nuevo en noviembre, el “sindicato democrático” afiliado a la CTRN presentó otro conflicto colectivo. Los trabajadores formaron un Comité de Huelga ante la negativa de la empresa a negociar. Pero no lograron conseguir la firma del 60% de sus afiliados como requisito para ir a la huelga legal. Entonces la gerencia firmó un Arreglo Directo con SITRADIQUE y neutralizó la protesta legal. Con miras al vencimiento de ese Arreglo Directo, la UTG inició en noviembre de 1970 la discusión de un pliego de demandas, acompañado de una activa propaganda en los medios estudiantiles, la Asamblea Legislativa y en las comunidades por medio de las Juntas Progresistas y los Centros Obreros. El Presidente Figueres Ferrer, el Ministro Jiménez Veiga y el Viceministro Morales Hernández, asistieron a un mitin convocado por la UTG en Villa Neilly, el 6 de noviembre.

Pero en los tres meses siguientes la frutera desató la represión. Hubo saboteo de reuniones y asambleas sindicales, despido de cerca de  300 obreros, boicot a la recolección de firmas del pliego de peticiones. El 14 de noviembre un piquete policial detuvo al Vicepresidente de la Municipalidad de Golfito, Jorque Conejo Peñaranda, regidor del Partido Socialista (PASO), nombre electoral del Partido Vanguardia Popular. Esos hechos crearon un clima de repudio y favorecieron la lucha sindical

La resistencia a la represión sindical aglutinó un compacto movimiento popular de carácter antiimperialista que venía formándose desde principios de la década del 60, y cuya expresión más lúcida fue el repudio a los contratos con la Aluminium Co of América (ALCOA) en la gran jornada nacionalista del 24 de abril de 1970. Este movimiento de repercusión política, se puso del lado del proletariado bananero. La Asamblea Legislativa nombró una comisión investigadora sobre la ausencia de libertades sindicales en la zona sur, la cual, a finales de marzo de 1971 rindió informe favorable al movimiento sindical, y avivó la solidaridad con alcance nacional.

En enero de 1971 la UTG volvió a presentar el proyecto de convención colectiva. La Compañía provocó el estallido de la huelga de hecho, con rebajas arbitrarias de salarios, traslado masivo de obreros de una finca o división a otras, adiestramiento militar a los empleados de confianza y la organización del sindicato SITRABUNI, adscrito a la CCTD. En concierto, militantes diestros en manejo de armas y terrorismo pertenecientes al Movimiento Costa Rica Libre creado en la década del  50, provocaban a la guardia civil y coreaban la consigna de “huelga no” para desconcertar a los trabajadores y al movimiento de solidaridad.

En respuesta, el movimiento obrero impulsó la solidaridad estudiantil, comunal, campesina y obrera. El 2 de febrero se constituyó el Comité Nacional de Solidaridad integrado por 11 organizaciones juveniles universitarias. Una delegación de la UCR visitó la zona bananera; el tema de la libertad sindical se discutió en foros académicos; se organizaron jornadas de “pintas” y “pegas” en el área metropolitana y un piquete obrero-campesino se apostó por varias horas en las afueras de Radio Monumental. El 5 de febrero otro piquete de estudiantes, de la Alianza de Mujeres Costarricenses, y militantes del PVP hicieron recorridos por las calles de Barrio Cristo Rey y Los Ángeles explicando la lucha de los obreros, exhortando a la solidaridad y la ayuda material.

El conflicto colectivo de la UTG se discutió en los Tribunales entre enero y mayo de 1971. El 8 de marzo, después de sucesivos rechazos por parte de los jueces quienes alegaban ausencia del número legal de firmas para declarar la huelga legal; así como por la indeterminación acerca del lugar de trabajo, finca, distrito o división de cobertura de las demandas, el Tribunal Superior de Trabajo revocó los alegatos de los jueces. El fallo agotó la fase de conciliación, dada la negativa de la frutera a negociar, y los trabajadores iniciaron la recolección de las firmas para pedir la huelga legal. Excepcionalmente en la historia judicial del país, hubo necesidad de realizar un plebiscito para determinar el apoyo del 60% de los obreros; y a pesar de que faltaron unas cuantas firmas, los obreros se fueron a la huelga de hecho, el 24 de mayo de 1971.       

La huelga se extendió del 24 de mayo al 11 de junio. Duró 18 días e involucró a 5.000 obreros y trabajadores de fincas, empacadoras y talleres de las divisiones de Golfito y Puerto González Víquez. Al día siguiente de la huelga estalló la represión. Miembros del Comando Sur de Paso Canoas detuvieron a más de 100 obreros y disolvieron con gases lacrimógenos las manifestaciones, mítines y piquetes en fincas 6 y 10. El 26 de mayo, una manifestación de más de 1.500 obreros que presionaban la paralización de los talleres mecánicos, generó un enfrentamiento con la policía con saldo de varios heridos. El Comité de huelga explicó que los trabajadores, cubiertos con pañuelos, recogían las bombas en el aire y las devolvían a los guardias. Después de dos días de violencia, la UTG logró un pacto con la policía. Se liberaría a los obreros encarcelados y los trabajadores no ejercerían represalias contra los rompehuelgas y la policía. El clima de violencia se redujo en los días siguientes.

La solidaridad sindical, estudiantil, comunal, de organizaciones cristianas y partidos políticos tanto de origen nacional como internacional, correspondió en abundancia con el éxito de la protesta y la neutralización de la represión. La expresaron por escrito al menos 18 entidades sindicales y políticas, 10 sindicatos internacionales y agrupaciones religiosas de 35 países de América Latina y Estados Unidos. Los trabajadores de la Chiriquí Land Co. de Panamá y los sindicatos bananeros de Bocas del Toro y de fincas de productores independientes de Dibalá enviaron documentos de apoyo. A pesar de eso, el 1 de junio un desfile obrero y estudiantil organizado por la UTG, la CGT y la FEUCR, infiltrado en apariencia por elementos del Movimiento Costa Rica Libre, generó un disturbio que produjo apedreas en las oficinas de la Compañía Bananera, con saldo de un centenar de heridos leves, lesionados y encarcelados.

La huelga se levantó el 11 de junio tras varias mediaciones del Presidente Figueres y el Ministro de Trabajo, su yerno Danilo Jiménez Veiga. El acuerdo que puso fin a la protesta reconoció a la UTG como sindicato mayoritario de la UFCo en el Pacífico Sur. La frutera adquirió el compromiso de respetar la libertad sindical, no ejercer represalias, reconocer un 15% de aumento salarial, pago de los salarios caídos, y firmar la convención colectiva. El nuevo instrumento legal entró en vigencia a partir del 27 de agosto de 1971.

C.2 UBICACIÓN HISTÓRICA DEL MOVIMIENTO

El sindicalismo bananero de la década 60-70 se ubica en proceso ascendente de lucha social cuyo rasgo sobresaliente es la consolidación de los nuevos grupos de burguesía nacional vencedores en la Guerra Civil de 1948. Como tales, con capacidad y poder político e institucional para adecuar la estructura del Estado a sus propias necesidades de acumulación y reproducción del capital.

No obstante, en cuanto la burguesía oligárquica mantuvo el control de la propiedad de la tierra, el comercio exterior y el capital usurario (en 1956 el financiamiento de la actividad cafetalera estaba controlado en un 30% por los beneficiadores exportadores) en esencia estrecha alianza con el capital norteamericano; el sector burgués emergente se fortaleció sobre todo con las inversiones de capital extranjero en ofensiva sobre el mercado latinoamericano en el marco de la Alianza para el Progreso (la deuda externa pasó de 4093.504.000 en 1950 a 1.589.0000 en 1981); la captación de dinero capital de otros sectores sociales ahorrantes y de la acumulación de plusvalía derivada de la diversificación agropecuaria especialmente en ganado, granos, azúcar, maderas y productos para el mercado interno.

El proyecto original de ese mismo sector burgués, encaminado a impulsar un proceso de “sustitución de importaciones” tendiente a la expansión del sector manufacturero y fabril, tuvo alguna autonomía en la década del 50. Creció el número de establecimientos industriales, la fuerza de trabajo obrera y su aporte a la producción de consumo interno. No obstante, el proceso fue incorporado al proyecto mayor de dominación imperialista por la vía del Mercado Común Centroamericano, en el cual, las transnacionales del banano serían unas de las principales usufructuarias, entre ellas la UFCo, dado el estancamiento de la producción de fruta desde 1954 y la aparición de la competencia de otras empresas fruteras.

La UFCo participó en el ese proceso a partir de 1965 a través de la concentración horizontal de sus inversiones. Utilizó grandes extensiones de tierra en la producción de materias primas para sus industrias complementarias de productos alimenticios; trasladó gran parte de capital a la producción de alimentos, transporte, plásticos, aceites y maderas, y amplió su control sobre la comercialización terrestre, aérea y marítima de sus productos. En cuanto “empresa integrada al MCCA”, se benefició de las nuevas regalías otorgadas al capital imperialista en los tratados de integración y redujo sus obligaciones tributarias, ampliando así la succión y transferencia de ganancias a su casa matriz.

El proceso creó una nueva inserción de los intereses imperiales en la sociedad nacional y centroamericana. Esta vez, por medio de los nuevos grupos burgueses imbricados a las fracciones de las burguesías agrarias tradicionales y a los modernos empresarios de la industria y las finanzas; algunos de ellos como los productores nacionales de banano, íntimamente dependientes de las trasnacionales fruteras. En esa perspectiva, la lucha de los trabajadores de las regiones bananeras, del movimiento precarista campesino, de las comunidades periféricas y en particular de los obreros de la palma, los ferrocarriles y el banano expresan con claridad la esencia antiimperialista de sus reivindicaciones y su carácter de aliados potenciales a los procesos de transformación anticapitalistas.

No obstante, el descenso de las inversiones en el cultivo del banano y la aparición de nuevas formas productivas para las cuales la oferta de asalariados era imprescindible fuera del control de la frutera, como en la agricultura comercial familiar, además de las nuevas tecnologías bananeras, redujo el número de trabajadores del enclave y aumentó la sobre explotación, a tal grado que en 1963 el 42% de la fuerza de trabajo de Osa, Aguirre y Golfito no recibía salarios en efectivo.

En esa perspectiva de proletarización, las luchas por la tierra y por la libertad de organización sindical pasaron a primer plano, en  cuanto se trataba de contener la ofensiva antiobrera y reformista de los gobiernos, en particular de Liberación Nacional. Asimismo, esas reivindicaciones quedaron necesariamente ligadas a la lucha por la libertad de organización política, es decir, por la eliminación del Art. 98 de la Constitución de 1949, en cuanto obstáculo para la autonomía del movimiento obrero y popular. El carácter económico y social de la primera convención colectiva a la UFCo. surgió del aumento en la tasa de explotación que acompañó la modernización del enclave, ante el cual, la legalización de las luchas sindicales era la forma más viable de defensa de los intereses de los trabajadores y de la soberanía del Estado sobre el monopolio frutero.

Estas luchas se circunscribieron al nivel antipatronal, pues no podía ser de otra forma, en el marco legal del sindicalismo. La huelga de 1971 tuvo alguna vinculación con el conjunto del movimiento sindical dirigido por la CGTC y por la CTRN; con las luchas electorales del Partido Vanguardia Popular e incluso con el despertar de la solidaridad en algunos diputados y políticos no comunistas. Se hicieron sentir en las solidaridades de las Juntas Progresistas y las Asociaciones de Desarrollo Comunal creadas desde 1967, en el movimiento estudiantil y con los movimientos de liberación anticolonial y antiimperialista, particularmente con la Revolución Cubana. Finalmente, la huelga de 1971 fortaleció la tendencia hacia la unidad sindical auspiciada desde 1968 por el Comité de Unidad Sindical (CUS) con miras a la coordinación de las luchas de los obreros agrícolas, del sector de empleados públicos y en la elaboración de un programa electoral de orientación desarrollista, con participación interventora del Estado en reformas sociales, y con algún aliento nacionalista de clases medias y burguesas. 

BIBLIOGRAFIA

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Por Carlos A. Abarca Vásquez

Intervención del historiador Carlos Abarca el 15 de julio del 2005, en la celebración del quincuagésimo aniversario de la APSE, en la Finca de Recreo, San Pablo de Heredia, el 15 de julio del 2005.

El magisterio nacional considerado como fuerza laboral, sujeto y actor social con necesidades e intereses propios derivados de sus condiciones de vida y el carácter profesional de su oficio; o bien, como entidad interlocutora en las relaciones de poder político, es un campo de investigación, frente al cual, las preguntas son, hoy, más densas que las certidumbres. El interrogatorio  atañe al objeto de conocimiento, a las posibilidades teóricas que ofrecen las ciencias sociales para abordarlo, al acceso a las fuentes primarias, a las apreciaciones acerca de la utilidad de la investigación  de la historia de sus organizaciones.

En ese ámbito me atrevo a afirmar, que aun no hemos asumido la reflexión del oficio de la educación a partir del ejercicio de auto percepción retrospectiva, auto evaluación crítica y de la programación futurista de la presencia del magisterio en la sociedad nacional. Y ello, a pesar de los desafíos que de manera intermitente nos lanza  la juventud y la población estudiantil; de las groseras desigualdades e injusticias sociales; de los procesos de aculturación, del impacto del neoliberalismo en el mercado de trabajo; o de los desaciertos de la clase política que ofenden la moral ciudadana y los sustentos populares de nuestras instituciones.

En el inventario sobre la historia del magisterio la columna que da cuenta de la evolución de la función estatal de la educación, es bastante voluminosa. Pero en ella, los hombres y las mujeres educadoras -al igual que los y las estudiantes- hemos sido percibidos objetos de conocimiento ya sea con el nombre de “apóstoles”, “servidores” o “agentes”. Por ello son encomiables los esfuerzos que, aun dispersos y poco sistemáticos, han realizado las organizaciones del magisterio para reseñar otros hitos de su historia. Aquellos que nos rescatan como sujetos activos de la sociedad y del trabajo de educar,  o como interlocutores del Estado frente a sus obligaciones con la familia, las comunidades, la sociedad, la economía y la cultura nacional.

En una semblanza que recupere los antecedentes de esa otra historia -y previa aparición de la APSE- se pueden precisar dos períodos relevantes. El primero, entre 1870 y 1919; el siguiente, de 1920 a 1948. Pienso que se pueden indagar esos años con una premisa y una pregunta central.

La función estatal en materia educativa debe dar cuenta de dos aspectos fundamentales  de la historia del trabajo de los educadores. Por un lado, acerca de las obligaciones y responsabilidades legales de las autoridades públicas con la situación laboral y profesional del educador. También acerca de los planes y programas que articulan la enseñanza de los conocimientos y de las técnicas con las necesidades de las poblaciones, el crecimiento de la economía, los cambios en la cultura nacional y los vínculos que establecemos con otros pueblos y Estados soberanos.

En consecuencia, surge una pregunta sustantiva. ¿Cómo han asumido los y las educadoras el núcleo de relaciones que configuran el sentido histórico de su propia actividad laboral, social, profesional y ciudadana? En ese paralelo emerge la pertinencia de profundizar en el conocimiento de la historia de las organizaciones del magisterio nacional.

I. LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN ENTRE 1870-1920

Entre 1870 y 1920, se observan al menos cuatro cambios que influyeron en los rasgos del trabajo docente escolar. En el gobierno de Jesús Jiménez, el educador fue reconocido por primera vez en el grupo de funcionarios del Estado. Durante la dictadura del General Guardia, tomó auge la enseñanza privada y el fenómeno delineó un trazo grueso en la estratificación del sector social dedicado a la docencia. Las reformas de 1884 y 1886, legitimaron el carácter laico de la conciencia ciudadana y delinearon el espacio en donde emerge el conflicto de ideas, valores, sensibilidades y prácticas sociales según  los intereses del clero católico, las organizaciones civiles y la autoridad política del Estado. Entre 1897 y 1908 la crisis monetaria y de  precios del café, y las medidas fiscales contrarias a las necesidades de los trabajadores afectaron el empleo,  los salarios, las pensiones y las condiciones de vida del personal docente escolar.

En esos años, el magisterio urbano no fue ajeno a los temas de interés social y político del país. El protagonismo se percibe desde 1875 y recayó en los profesores del Instituto Nacional,  de las tres facultades universitarias, de los liceos públicos y de sus secciones para formar maestros.  La actividad se constata ante todo en San José y Heredia con la creación de núcleos de estudio, academias y sociedades de hecho que se fundaron con objetivos de promover la difusión de la enseñanza privada. En ese lapso, hubo al menos  catorce uniones integradas por ciudadanos y educadores que Luis Felipe González agrupó en 1934, como “sociedades cooperadoras de la educación y científico-culturales”. La mayoría surgen entre 1872 y 1883. 1

La situación social del maestro de enseñanza primaria, en contraste, no era halagador. El Dr. Antonio Espinal, pedagogo cubano e Inspector de Escuelas de Cartago, expuso en 1877 al Secretario de Instrucción, Lic. Vicente Herrera, que el magisterio gozaba de poco aprecio entre los doctos y el oficio se consideraba un trabajo para gentes de estratos bajos y pobres.2 La observación denota las diferencias sociales entre quienes ejercían la enseñanza pública y los que figuraban en el micro mundo de los profesos y letrados. La reforma educativa liberal, diez años después, se edificó sobre esas bases. Acentuó la división ocupacional y social. Amplió la brecha entre los profesores de liceos y escuelas normales, y los docentes de la enseñanza primaria; así como entre los maestros de Estado y los que trabajaban en escuelas o colegios privados.

La cifra del personal escolar no llegó a 200 entre 1893 y 1901. De ellos sólo el 15% tenía título o certificado didáctico. Los diplomados eran un estrato calificado distante del docente sin títulos; de los maestros auxiliares y ambulantes; de los que enseñaban en las escuelas campesinas de tercero y segundo órdenes; o de los “maestros especiales” dedicados a las destrezas manuales y gimnásticas, o al adoctrinamiento cívico y católico.

Las diferencias de idoneidad, salario y estatus eran más marcadas entre profesores y maestros, porque hasta 1888 predominó la enseñanza secundaria privada. La Universidad de Santo Tomás graduaba un promedio anual de 2.1 bachilleres en Leyes y 7.8 en Filosofía. De los 291 egresados que había en 1892, el 70% residían en la capital.3 El profesor de liceo público  y el de las secciones de maestros tuvo algún  reconocimiento social a partir de 1890. Entre 1892 y 1902, el Director del Liceo de Costa Rica ganaba más que el diputado, el Gobernador de San José o el Primer Comandante del Cuartel Militar Principal: recibían entre 300 y 420 pesos. Los profesores ganaban igual que el Secretario del Presidente de la República: de 150 a 175 pesos.4 En contraste, los sueldos del personal docente escolar oscilaron entre 30 y 60 pesos.   Eran similares o inferiores al salario de un artesano por oficio y la maestra ganaba entre el 18 y el 20% menos que el maestro 

Y esa estructura salarial sufrió el impacto de la recesión mundial de 1897-1907. Los gobiernos de Rafael Iglesias, Ascensión Esquivel y Cleto González Víquez, afrontaron el ciclo depresivo al margen de las necesidades populares. Lejos, también, de proteger el salario del personal escolar. En esos años fueron frecuentes las rebajas de sueldos, la reducción del personal, el cierre de escuelas y el arrendamiento de la enseñanza pública a particulares. En 1901, el Secretario de Instrucción Leonidas Pacheco reconoció las insuficiencias salariales; pero estimó que pagar 50 pesos era ruinoso para el Estado. Percibió a los maestros y maestras como parte de la clase asalariada y los llamó “obreros del progreso” expuestos a la explotación del usurero y del comerciante. Lamentó que en Guanacaste fueran descalzos a dar lecciones. 5  

El principal legado de este período en el campo organizacional, fue la creación de la Sociedad de Economías de los Maestros, inscrita el 20 diciembre de 1900. La caja de ahorro y ayuda mutua fue fundada por 53 educadores de la capital: 18 mujeres y 35 hombres; 20 casados y 33 solteros.6 Al cotejar el protocolo de inscripción con el escalafón de maestros de 1903, se  constata que al menos 7 maestras ejercían en las Escuelas de Párvulos No. 1 y No. 2  de San José; otra, en la Escuela Mixta Elemental.7 Figuran entre los socios Manuel Aragón Quesada, Justo A. Facio, Miguel Obregón Lizano, Napoleón Quesada Salazar, Alfredo González Flores, Santos León Herrera, Julia Brawn y Anita Tristán Fernández.8  

En este período, los educadores no fundaron organismos de representación de sus intereses o de defensa de los mismos ante el Estado. No obstante, la depresión económica, el auge del movimiento artesano obrero y la apertura de los cuatro colegios públicos en las cabeceras de Provincia del Valle Central, crearon la matriz económica y socio laboral que sustentó el cambio ideológico y en la conciencia social del educador. Surgieron otras percepciones acerca de las relaciones entre el trabajo docente y los ámbitos de la sociedad, la economía y el Estado.    

Entre 1890 y 1920 se produjo dentro del magisterio una renovación intelectual, estimulada por al menos por tres legados. El espíritu de la enseñanza libre, que legitimó instituciones para afirmar la visión laica de la autoridad del Estado y de las jerarquías de la sociedad civil. La pregunta por la legitimidad del poder de la oligarquía cafetalera y de su régimen electoral, la cual ingresó en la agenda ciudadana, después de los hechos del 7 de noviembre de 1889. En tercer lugar, el crecimiento de una ola de opinión pública.

Buen número de estudiantes y educadores se involucraron entre 1890 y 1914, en la producción y consumo de conocimientos, símbolos, lenguajes y sensibilidades. El escenario lo favorecieron  las abiertas discrepancias entre laicos y clericales; entre la minoría opositora y los partidarios del imperio de los dogmas católicos y de las creencias aristocráticas sobre la sociedad, la naturaleza, la cultura o “el más allá”. El nuevo espíritu lo alimentó un gran número de páginas editadas por gremios de artesanos, comerciantes, intelectuales, sacerdotes, partidos políticos, los gobiernos y la naciente empresa de la noticia. En aquel clima de de crisis monetaria, comercial y de abastecimientos, circuló un torrente de razones que manaban de diversas doctrinas económicas, filosofías y cosmovisiones.

Algunos núcleos de letrados y profesionales, se exhibieron lumbre y fuerza motor en el campo de la conciencia social. Al menos 45 intelectuales fundaron o dirigieron unos 36 periódicos o revistas en un lapso de 15 años. Expusieron con libertad sus ideas de hondo contenido sociológico, de crítica a las instituciones y al poder de oligarquías. Era un segmento  diverso en su extracción social y en formación académica. Siete, graduados en Pedagogía en Chile y diez  antiguos profesores. Al menos una docena fue víctima de represión en  los procesos electorales de fines de siglo veinte y  principios del siguiente.

Estos educadores crearon organizaciones culturales y clubes políticos: el Club Juvenil “La Vanguardia”, abierto en 1908; el Centro de Estudios “Germinal” y el Ateneo de Costa Rica, en 1912; o la Asociación de Estudiantes de Derecho. Fundaron o ingresaron en ligas nacionalistas: frentes cívicos opositores a las inversiones de los monopolios en banano,  telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos y minería. Divulgaron el ideario popular y romántico de las diversas corrientes revolucionarias que luchaban contra los resabios de los monárquicos absolutistas y propiciaban las revoluciones burguesas y el socialismo.

Las autoridades de la Iglesia y del Estado, reaccionaron. Entre 1890 y 1902 la jerarquía católica editó siete periódicos dirigidos a contrarrestar el intento de hegemonía liberal en la conciencia social. Hizo explícito otro objetivo. Recuperar su capacidad de censura,  prohibición y contrición ante la incipiente difusión de ideas anarquistas y sindicales que divulgaban los artesanos y los inmigrantes europeos y latinoamericanos.9

Asimismo, el sector intelectual fue perneado por la doctrina eclesial. Entre 1902 y 1904 surgió un grupo ligado con el periódico La Justicia Social, difusor del pensamiento y la opinión doctrinaria del catolicismo. Ese medio de prensa diferenció a los sacerdotes y a los católicos laicos que acogieron la Encíclica Rerum Novarum, de los mismos sectores que permanecían anclados en el catolicismo monárquico.10 Sin embargo, la fuente que alimentó la fuerza del pensamiento crítico frente a la época oligárquica, no salió de la iglesia ni de sus círculos de devotos.

Las corrientes de pensamiento proclives a insertar las enseñanzas y conocimientos en las relaciones sociales,  la economía y la política surgieron de los centros educativos del Estado.   Adquirieron presencia pública mediante el periodismo, la difusión cultural y la inserción en la trama del movimiento social artesano y obrero. La marea roja de la época amplió su radio social transmisor y receptor, ante todo, en las aulas de estudios superiores: en la Escuela Normal de Heredia, a partir de 1915.

En esa atmósfera evolucionaba el magisterio en vísperas de la primera guerra mundial y esta coyuntura militar gestó la crisis de la República, entre 1917 y 1919.

La guerra no creó caos económico, pero sí dio lugar a una crisis fiscal porque las casas inglesas suspendieron los giros por las compras adelantadas de café. Las exportaciones del grano se reorientaron hacia Estados Unidos, pero los cafetaleros dejaron las divisas en los bancos extranjeros. Ello contrajo las importaciones y los ingresos fiscales, mermó las divisas, paralizó en cadena créditos, comercio y producción. Los banqueros, a la vez, sacaron las reservas de oro y plata y provocaron las devaluaciones estimulando el alza en el costo de vida general y la contracción de los salarios.11

Las medidas de austeridad, orden fiscal, control monetario y contra la inflación que tomó el Presidente Alfredo González Flores llevaron a la crisis política. Algunas disposiciones afectaron el nivel de vida de los educadores, como la suspensión de becas, los descuentos de salarios y pensiones y, las “tercerillas”.12 Durante al menos tres años los sueldos se pagaron con un giro de dos tercios en efectivo y el otro tercio demorado, con interés del 1%. No obstante, hay que recuperar al menos tres procesos que favorecieron el cambio en la estructura y el contenido de la educación pública.

Primero, la creación de la Escuela Normal de Costa Rica. Segundo, la formulación de un proyecto que concibió por primera la educación, como un oficio que debía ir en consonancia  con la atención a las condiciones de sanidad pública, nutrición, salud personal de los escolares y necesidades de las comunidades. Aquella sociología de la escuela, criticó la visión  individualista de los aprendizajes y los nexos verticales entre discípulos y maestros. Impulsó una pedagogía no autoritaria y la formación de personalidades a partir de relaciones de compromiso social entre escolares, padres o tutores, unidades productivas y el Estado. 13  

En ese tejido nació la Asociación de Inspectores Escolares de la República, legalizada el 25 de enero de 1916. La Junta Directiva la integraron el Presidente, Manuel C. Quesada; Secretarios, Matías Gámez Monge y José R. Merino Luque. Vocales; José Guerrero y Antonio del Barco. La Asociación definió sus fines en torno al fomento de asociaciones de maestros para organizar el progreso en las capacidades e idoneidad profesional, la aprobación de leyes que favorecieran sus condiciones de trabajo y los intereses sociales comunes para el ejercicio del oficio y el despliegue de sus funciones en el ámbito de las comunidades. 14  

La Asociación devino instancia resolutoria de las iniciativas individuales de los educadores, punto de enlace con las autoridades públicas, órgano articulador de actividades académicas, laborales y sociales del personal docente escolar. Un año después, el 23 de abril de 1917, se fundó la Asociación del Profesorado Nacional en representación de los educadores de liceos. Pero el golpe de Estado y los sucesos militares posteriores rompieron los vínculos de estas asociaciones, entre sí y con la estructura del poder público anterior. 

El golpe militar del 27 de enero de 1917 interrumpió el régimen republicano. El rumbo autoritario y antipopular del gobierno con irritantes muestras de corrupción y represión, alentó al poco tiempo la oposición al General Federico Tinoco. El movimiento brotó en forma de disidencia parlamentaria, crítica y desobediencia civil, disturbios urbanos, rebelión armada y  la protesta obrera, estudiantil y del magisterio. En la guerra civil murieron varios educadores, entre ellos Marcelino García Flamenco y Selim Arias; naufragaron las nacientes organizaciones; se replantearon las condiciones de evolución del magisterio como actor social e interlocutor del poder estatal.

No hay duda de las luchas de las maestras de las Escuelas Sarmiento y Montessori -entre otras- en aquellas luchas por la democracia representativa, y, colateralmente, por la defensa del salario y el empleo. José María Zeledón dejó testimonio de ello en su columna “Palpitaciones Nacionales” editada por el periódico El Hombre Libre.  Lo corroboró el maestro de Coronado, Juan José Carazo en el mismo medio, así como los profesores Arturo Torres -exdirector de la Escuela Normal- y, Jorge Orozco C. en correspondencia desde los Estados Unidos que publicó Joaquín García Monge, en Repertorio Americano. 

Otros medios de prensa como la Hora,  minimizaron el protagonismo del magisterio; quizás porque estos disidentes y rebeldes no eran aún reconocidos sujetos y actores legítimos de la política. Sin embargo, los hechos ratificaron la aparición de un nuevo actor político de extracción popular. En las jornadas democráticas de 1918-1919 el magisterio urbano fraguó un movimiento de ideas, organización, reivindicaciones y objetivos electorales que venían configurando la identidad política popular, desde principios del siglo. El magisterio devino actor, interlocutor y fuerza electoral porque asumió la vanguardia de la agitación social urbana, reforzó las acciones armadas y fortaleció el consenso diplomático que acorraló a la dictadura.

La historia del oficio de la enseñanza, a partir de entonces, ya no sería campo hegemónico exclusivo de los intelectuales de levita. Por un lado, a la función pública entraron los expositores críticos de la generación del 90. Antes de 1920, casi todos los Secretarios de Instrucción -excepto Luis Felipe González- eran abogados y con experiencia en derecho penal o en la dirección del sistema carcelario como José Astúa Aguilar, Luis Anderson Morúa o Leonidas Pacheco15  Por otra parte, las organizaciones de educadores fueron no sólo legitimadas, sino que gozaron del aval y el patrocinio del Estado.

En ese nuevo orden político se constituyó el 11 de junio de 1919,  la Asociación Nacional del Magisterio. La Junta Directiva la integraron: Presidente, Patrocinio Arrieta Leiva. Vice presidenta, Lilia González. Secretarias, Graciela Martínez y María Isabel Carvajal. Vocales,  Anita Cantillano, María Francisca Caballero y José Antonio Carvajal. Tesorero, Eduardo Fournier. Enunció sus finalidades en torno a conseguir una ley para lograr la estabilidad en el régimen de salarios, pensiones, jubilaciones y empleo; la fundación del Banco de los Educadores; y la ejecución de programas para capacitación profesional, bibliotecas escolares,  salud infantil, sanidad escolar y embellecimiento de los sitios públicos comunes. El mismo año se reactivó la Asociación de Inspectores Escolares.

La ANAMA se involucró de lleno en la campaña política de 1920. Las maestras Amparo Zeledón, Esther Silva y María Isabel Carvajal fueron presidentas honoríficas de la Comisión Económica del Partido Constitucional, en San José. A pesar que las mujeres carecían del derecho a elegir la asociación, inscribió sus candidatos a diputados en una especie de coalición con el partido del candidato Julio Acosta. Lograron elegir tres diputados. También resulto electo Gerardo Matamoros, en representación de los artesanos obreros. El nuevo parlamento aprobó, entre otras, la ley que creó la Sociedad de Socorro Mutuo del Personal Docente y la ley sobre pensiones que entregó al magisterio la administración del fondo financiero para jubilados.  

Pero el año 1920 muestra, asimismo, un punto desfavorable para los trabajadores de la educación. El Reglamento del Personal Docente de ese año estableció prohibiciones y sanciones para los educadores que se involucraran en actividades políticas. El Presidente Ricardo Jiménez convirtió la norma particular en decreto ley y ésta se incorporó en otro reglamento docente emitido en 1924. Así, el poder público coartó a los educadores las libertades de opinión, organización y propaganda. Una de las voces discordantes fue, una vez más, Omar Dengo. Rechazó la ley de censura y la “doctrina de la neutralidad política” o del carácter apolítico de los educadores y sus organizaciones.

Para Omar Dengo, la enseñanza sobre los fines de las organizaciones sociales y el sufragio,  debía impartirse en las escuelas. Impulsó y practicó el sistema de co-gobiernos de aula, ejercicios de “soberanía popular” representativos de la opinión y la acción estudiantil. Sostuvo, que los conocimientos y los valores que promueve la escuela, al igual que las leyes electorales, son patrimonio de la sociedad; no, del Estado. Asimismo, que la vida cotidiana es la fuente fértil del sentido de ciudadanía; no así las doctrinas políticas, ni las ideas sobre el origen de la autoridad y de la moral.

II. LA ORGANIZACIÓN DEL MAGISTERIO ENTRE 1920 Y 1948.

El decreto y la norma restrictiva sobre la “neutralidad política del magisterio” fueron la camisa de fuerza que aisló de las luchas sociales y políticas a la mayoría de los educadores, entre 1920 y 1943. Las excepciones confirman la pugna que generó y la actitud contestataria de algunos educadores que, individualmente o por medios de inestables intentos asociativos, se adhirieron a las tesis que sobre civismo y participación democrática defendió Omar Dengo. No obstante, tal como pensaba el preclaro, el movimiento de la sociedad mostró su riqueza y diversidad, e impactó los ámbitos de la conflictividad laboral y política.  

Después de 1926, el Partido Reformista inició su declive. En 1928 se funda la Unión General de Trabajadores, organización obrera alternativa a la CGT; la cual se había disuelto para dar sustento al proyecto del exsacerdote Jorge Volio. En el seno de la UGT se organizó la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, la cual, se vinculó a la Liga Antiimperialista de la Escuela de Derecho y a la Liga Feminista -constituida aquel mismo año-. Tales fueron las instancias que promovieron el proyecto social de Universidad Popular e hicieron posible tanto  la creación del Bloque de Obreros, Campesinos e intelectuales, como el accionar del Partido Comunista de Costa Rica, fundado en junio de 1931. Ante ese proceso, las autoridades del Estado y en ellas las jerarquías del Ministerio de Educación, impulsaron al menos dos estrategias de control. Una dirigida a garantizar estabilidad e incorporar a la función pública a los educadores leales a los gobiernos. Otra, de coerción, exclusión, aislamiento  y represión. 

Los gobernantes continuaron atendiendo los problemas de los estudiantes más pobres. Reforzaron la credibilidad en la autoridad y en la representatividad del poder por medio del sufragio. Aceptaron que el conflicto social y laboral era rasgo inherente a la economía y a la   desigual distribución de la riqueza; pero susceptible de control. Para ello involucraron a los educadores en el quehacer de otras instituciones del Estado y en actividades de asistencia social en los medios en donde germinaba la protesta potencial o activa.

La coerción y la represión se aplicaron contra los sindicatos urbanos, las ligas de campesinos y el proletariado agrícola del banano, el azúcar y la minería. En el magisterio, contra los educadores que se adhirieron desde 1928 a las ligas nacionalistas, feminista y al Bloque de Obreros, Campesinos e Intelectuales. Figuras como Napoleón Quesada, Luis Dobles Segrega y Teodoro Picado que habían sido tres décadas atrás, críticos y disidentes, ejercieron fuertes represalias contra profesores y estudiantes de la Escuela Normal que defendían tesis políticas  del movimiento socialista.

Entre 1932 y 1938, la represión golpeó al sector magisterial que se adhirió a la ola de protestas populares que alimentó la crisis económica. También, a raíz de la actividad de los dirigentes del Partido Comunista. En la campaña electoral de 1932, se abrió el debate público acerca del derecho ciudadano de inscribir un partido político  con aquel nombre. La Asamblea Legislativa  rechazó la inscripción. En ese marco hubo algunas protestas de estudiantes del Liceo de Costa Rica, a quienes se les prohibía crear organizaciones y fundar su propia Asociación. En la campaña preelectoral de 1933, los dirigentes comunistas fueron reprimidos. Adolfo Braña fue deportado. Arnoldo Ferrero perdió la plaza de maestro, en Santo Domingo de Heredia.

En segundo lugar, se produjo el conato de golpe de Estado conocido como el Bellavistazo. “Los partidarios de Ricardo Jiménez persiguieron a los seguidores del candidato, Lic. Castro Quesada y entre ellos a maestros, profesores y funcionarios administrativos del magisterio”. 16 Uno y otro suceso, propiciaron el rechazo de los educadores a las diversas formas de exclusión de derechos y renació el objetivo de fundar una organización autónoma para los educadores.

La meta se concretó con la fundación Asociación Nacional de Maestros Unidos, creada el 15 de junio de 1934 y, en forma paralela, surgió la Asociación Nacional de Educadores, ANDE. Las nóminas de las directivas de una y otra, permiten afirmar que en la primera se aglutinaron los educadores adscritos a la actividad del Partido Comunista, mientras que la segunda, -presidida por Uladislao Gámez, Alejandro Rodríguez y Elías Leiva,  entre otros- reunió a los sectores que simpatizaron con el Lic. Castro Quesada. 17

La Asociación de Maestros Unidos mantuvo vínculos estrechos con el Partido Comunista y debió desempeñar algún papel solidario con los obreros de la manufactura y de las plantaciones,  en  el alza de la curva de huelgas de 1934 y 1937. En ocasión de las elecciones de 1936 varios profesores de la Escuela Normal fueron removidos. Carlos Luis Sáenz aceptó la candidatura presidencial del Partido Comunista y en ese contexto fue expulsado de la enseñanza pública y del país. La aversión a los educadores comunistas fue propiciada desde la Secretaría de Educación al mando de Luis Dobles Segreda y Teodoro Picado M.

Esos sucesos debieron influir en la desaparición de la Asociación de Maestros Unidos, la cual cesó oficialmente actividades el 7 de noviembre de 1939. 18 Pero la crisis social que fomentó la segunda guerra mundial, así como el proyecto de legalizar un conjunto de reformas sociales, legitimó otro intento organizativo de los educadores. El 25 de agosto de 1940 se impulsó desde la Escuela Normal un proceso de convergencias ideológicas entre los educadores que fructificó en la Asociación Nacional de Educadores, fundada oficialmente el 24 de octubre de 1942.19

En 1940, el personal docente estatal se distribuía entre un 92% que trabajaban en primaria, 5% en secundaria y 3% en la Universidad. Se arrastraban, pues, los obstáculos estructurales  que constreñían la educación pública. El cambio en la enseñanza primaria aflora hacia 1940. Lo propició, en parte, la estrategia hegemónica de los Estados Unidos. El decreto No. 26 del 15 de diciembre de 1942 creó la Oficina Interamericana de Educación por iniciativa de la Primera Convención de Ministros de Centroamérica. Dos años después, la ley No. 68 del 3 de abril de 1944 puso a funcionar las Misiones Culturales, llamadas por el Secretario de Estado, Lic. Hernán Zamora, “Escuelas Normales Rurales Ambulantes”.  El 28 de enero de 1945 se firmó un convenio de investigación, experimentación y docencia para el medio rural entre el gobierno de Costa Rica y la Fundación Interamericana de Educación, agencia del gobierno norteamericano.  

Fue en ese contexto que naufragaron las tesis de convergencia ideológica de los educadores, suscritas en 1942. Para la campaña electoral de 1943 se constituyó la coalición política Bloque de la Victoria, integrada por el Partido Vanguardia Popular y el Republicano. La contienda  dividió de nuevo, al magisterio. Surgieron, además, discrepancias en torno al ingreso o no de la ANDE en la Confederación Americana de Maestros. Influyó, asimismo, el encono ideológico  y de confrontación que produjo el comienzo de la Guerra Fría, hacia 1945.

Entre 1947 y 1949 el magisterio vivió una fase de radicalización política y subversión contra el gobierno de Teodoro Picado.  La ANDE se escindió al calor de la protesta patronal conocida como “huelga de brazos caídos” de 1947. Las diferencias ocupacionales, salariales, por niveles de enseñanza y las discrepancias sobre fines y estrategias, dieron origen a la Unión Nacional de Educadores, UNE. En ella se agrupó el sector político afín al Partido Republicano y luego desapareció, producto de la ola represiva que siguió a la guerra civil. Otro sector de la ANDE recuperó el nivel organizacional con el apoyo de los Ministerios de Trabajo y Educación, y fue inscrita el 28 de octubre de 1952.III,8 En el lapso surgieron, además, la Asociación de Educadores Pensionados, en 1941 y  la Caja de Ande, creada en 1944.

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1 González Flores, Luis Felipe. Evolución de la Instrucción Pública en Costa Rica. Editorial Costa Rica. Colección Biblioteca Patria No. 9.  San José, 1978. Pp. 509-513. El libro se publicó por primera vez en 1934.  

2 Ibid. P. 326.

3 Datos de un estudio del Lic. Constantino Láscaris, citados en  Morales, Gerardo. Cultura oligárquica y nueva intelectualidad en Costa Rica: 1880-1914. EUNA. Heredia. 1993. Pp.101-102.

4 Fallas M., Carlos. Op. Cit. Pp. 338-339.

5 Secretaría de Instrucción. Memoria de 1901. Tipografía Nacional. San José. 1902. P.40 y P.52.

6 Asamblea Legislativa. Colección de Leyes y Decretos. Tomo I. 1901.  Tipografía Nacional. San José. Pp. 23-31. Pasantes de abogados Alfredo González y José Luis Sáenz. Escritura No. 37. Folios 40 al 45. Tomo II del Protocolo.   

7 Secretaría de Instrucción Pública. Personal docente de las Escuelas Comunes de la República. Año de 1903. Tipografía Nacional. San José, 1903.

8 Colección de Leyes y Decretos.

9 Vargas Arias, Claudio. El liberalismo, la Iglesia y el Estado en Costa Rica. Ediciones Guayacán. San José. 1991. Pp.107-111 y 114-130. González Ortega, Alfonso. Vida cotidiana en la Costa Rica del siglo XIX. EUCR. San José, 1996. Pp.116-125; Cap.III y IV.    

10 Meléndez Ch., Carlos. (Compilador). “El pensamiento social cristiano.” Prólogo de Luis Demetrio Tinoco. En El Pensamiento contemporáneo costarricense. Editorial Costa Rica. Biblioteca Patria No.18. Tomo I. San José. 1980. Pp. 197-214.         

11 Stone, Samuel. La dinastía de los conquistadores.  EDUCA. San José, 1975. Pp. 287-288. Soley G., Tomás. Op. Cit. Pp. 72-74. Junios (Pseudónimo). “Un grave problema social”. En  El Hombre Libre. Setiembre de 1919. P.2.Directores: José María Zeledón y José Albertazzi A.

12 Soley G., Tomás.  Op.Cit.  Pp.71-76.

13 Abarca V., Carlos  A. Perfil cotidiano de la educación primaria. 1890-2000. Editor: C. A. Abarca. San José 2003. P. 61.  

14 Idem.  

15 Abarca V., Carlos  A. Op. Cit. (2003). Pp. 337-338.

16 Blanco Lizano, Hubert. APSE: gremialismo, politización y credibilidad 1955-1995. Tesis, Maestría Centroamericana en Historia. UCR. San José, 2002. Pp. 48. 

17  Ibid.

18 Ibid.

19 Ibid

III,8 Abarca V., Carlos A. Los movimientos sociales en el desarrollo reciente de Costa Rica. EUNED. Tercera reimpresión. San José. 1997, Pp.89-90.

http://www.apse.or.cr/webapse/01historia.htm

Por Victoriano Sánchez

El domingo 22 de Enero de 1967 más de 60,000 personas provenientes de todos los rincones de Nicaragua, especialmente de las montañas, manifestaron su repudio a la dictadura somocista y a la primera candidatura presidencial del General Anastasio Somoza Debayle, hermano de Luis Somoza e hijo del fundador de la dinastía sangrienta.

Los manifestantes iban llenos de entusiasmo opositor, pero no conocían el siniestro pían elaborado por la dirigencia del Partido Conservador de Nicaragua: provocar una masacre que sirviera de suficiente pretexto para solicitar a la Organización de Estado Americanos (OEA) que enviaran observadores a “supervigilar” las fraudulentas elecciones.

Ese día la Guardia Nacional (GN) masacró a miles de ciudadanos indefensos, al final no vinieron los “observadores” de la OEA, y Somoza "ganó" las elecciones, pero el Partido Conservador entró en una profunda crisis y las masas trabajadoras tras esa sangrienta experiencia perdieron las ilusiones en la oposición burguesa.

La dinastía somocista

La entronización de la dinastía somocista fue posible por la combinación de varios factores. En primer lugar, el apoyo incondicional del imperialismo norteamericano. En segundo lugar, para instalarse en el poder, Somoza García tuvo que aplastar la guerrilla nacionalista y antiimperialista liderada por el General Augusto C. Sandino. En tercer lugar, un factor político poco estudiado, fue la permanente colaboración del Partido Conservador de Nicaragua con la dictadura, quienes aprobaron todas las modificaciones constitucionales que permitieron las sucesivas reelecciones presidenciales del dictador.

Esta cooperación política de los conservadores comenzó cuando Emiliano Chamorro, jefe de la fracción parlamentaria de su partido votó la "amnistía" para los asesinos confesos del Gral. Sandino en 1934, pasando por el Pacto de los Generales (Somoza y Chamorro, en los años 50), hasta la traición de Fernando Agüero Rocha al firmar el Pacto Kupia Kumi (Un solo corazón, en lengua misquita), precisamente después de la masacre del 22 de Enero de 1967, sólo para citar los ejemplos más relevantes.

El somocismo siempre garantizó la represión al movimiento de masas y con ello las ganancias de sus opositores burgueses. Ambos partidos, las "paralelas históricas", compartieron los asientos en la Cámara de Diputados y el Senado, así como las alcaldías, puestos públicos y el presupuesto nacional. El auge de la producción algodonera después de la finalización de la segunda guerra mundial, la buena marcha de los negocios, la "paz social" que la Guardia Nacional se encargó de garantizar con la brutal represión sobre las demandas formuladas por los obreros y campesinos, fue el poderoso factor material que hizo del somocismo el gobierno burgués más estable en la historia moderna de Nicaragua.

Sin embargo, pese a la colaboración rastrera de los conservadores siempre estallaron luchas, conspiraciones contra la familia Somoza, intentonas guerrilleras prematuramente abortadas, conatos insurreccionales, todas dirigidas por sectores "radicales" del conservatismo que hacían aparecer al Partido Conservador en su conjunto, ante los ojos del pueblo, como una alternativa de lucha antisomocista y especialmente ante las nuevas generaciones de luchadores en los años 60 del siglo XX.

La campaña electoral de 1966

Como producto del triunfo de la revolución cubana en 1959, el imperialismo norteamericano diseñó la estrategia de la "Alianza para el Progreso" para evitar la extensión de la revolución en el continente. En Nicaragua esa política se tradujo, entre otras cosas, en un recambio formal de las personas en el poder.

El títere René Schick Gutiérrez (1963-1966) sucedió en la presidencia a Luis Somoza, quien murió de un infarto. Este interregno reformista de la dictadura duró muy poco, porque Schick también murió de un infarto, siendo sucedido en la presidencia por Lorenzo Guerrero, quien terminó el período presidencial.

Era una forma de maquillar el rostro de la dictadura. En el fondo, el somocismo controlaba todo el poder. Un aspecto insignificante, como quien sucedería a Lorenzo Guerrero en la presidencia, encendió los ánimos entre la población, máxime cuando el candidato del Partido Liberal era Anastasio Zomoza Debayle. Era vital evitar que otro Somoza fuera presidente, y por eso las masas trabajadores comprendieron que era importante derrotar los planes, y vieron como única alternativa la candidatura de Fernando Agüero Rocha, un carismático líder que surgió de la juventud del Partido Conservador y que había logrado imponerse como sucesor del caudillo conservador, general Emiliano Chamorro, que precisamente había muerto en febrero de 1966, a inicios de la campaña electoral.

La campaña electoral de 1966-67 sirvió como catalizador del ascenso de masas antisomocista que se produjo en las principales ciudades y en las zonas campesinas. Aunque la mayor parte del pueblo no confiaba en las elecciones como vía para terminar con la dictadura, por la amarga experiencia de los procesos electorales "amarrados", las masas aprovechaban la menor oportunidad para utilizar cada coyuntura, para manifestar su odio contra la dictadura. Así las manifestaciones crecieron en número y combatividad al acercarse la fecha de las votaciones.

Este poderoso ascenso de masas preocupó a la alta dirigencia del Partido Conservador, a aquella "junta de notables" que pronunciaba discursos contra Somoza y esa misma noche se reunía con él para negociar las diferencias. Por todos los medios, los dirigentes conservadores trataron de conseguir la "bendición" de la embajada norteamericana, argumentando que sacar a Somoza era una necesidad para evitar el desbordamiento y la revolución social.

Estaba fresca en la memoria de la burguesía la experiencia de la revolución cubana. Fernando Agüero llegó a insinuar la posibilidad de un golpe de Estado promovido por la GN. Toda la estrategia de la oposición burguesa consistió en ganarse a la Guardia Nacional contra Somoza. Nada más!.

En el desarrollo de la campaña electoral hubo grandes contradicciones entre los conservadores y el somocismo, cuando la Unión Nacional Opositora (UNO), coalición electoral encabezada por el Partido Conservador en alianza con grupos, sindicatos y corrientes disidentes del Partido Liberal, exigió la permanencia de sus "jueces electorales" en las urnas. El somocismo se negó a garantizar la presencia de los "jueces electorales" del conservatismo.

Así, Fernando Agüero Rocha, el líder populista opositor que había logrado atraerse las simpatías de las masas por sus encendidos y fogosos discursos contra la dictadura, concibió el lúgubre plan de provocar una masacre para forzar a la embajada americana en Managua y a la OEA a que reconociera la cantidad de votos conservadores, que tenían que traducirse mínimamente en más diputados o en conquistar la presidencia.

La traición de Agüero

Cuando Agüero convocó al cierre de su campaña electoral en Managua, los ánimos estaban caldeados. Las masas se habían dado cuenta de su propia fuerza, el asesinato de decenas de activistas opositores no amilanó el entusiasmo antisomocista. La gente no quería más dictadura, esta voluntad se sintetizó en la popular consigna de "basta ya!".

Entre un sector de la juventud organizada por los conservadores en los Comités Ciudadanos de Vigilancia Electoral y Defensa del Sufragio (CIVES), se corrió el rumor de que la manifestación iba a dirigirse hasta la Loma de Tiscapa, donde estaba el Palacio Presidencial, para tomar el poder. Que iban a colocar varios camiones llenos de armas, para repartirlas entre el pueblo. Las condiciones eran propicias, efectivamente, para organizar una huelga general insurreccional. Las masas estaban dispuestas a todo, aunque los manifestantes no sabían de los siniestros palanes de la cúpula del Partido Conservador. Lo que hacía falta era una consecuente conducción antisomocista. Los conservadores jamás podían ocupar ese lugar.

Cuando las masas comenzaron a marchar rumbo a la Loma de Tiscapa, la GN ya se había atrincherado en la esquina del antiguo Banco Nacional (ahora Asamblea Nacional) y comenzó a disparar indiscriminadamente sobre los manifestantes. Algunos manifestantes, que habían oído decir que ese día caería la dictadura, se llevaron sus pistolas para contribuir a la victoria, respondiendo al fuego de los genocidas. Cuando comenzó el tiroteo la gente pidió armas, pero estas nunca llegaron, pues todo el plan consistía en provocar una masacre para garantizar los votos del Partido Conservador.

Agüero y la alta dirigencia de los conservadores, con chalecos antibalas, se refugiaron en el Gran Hotel, mientras los antisomocistas más avanzados se enfrentaban a la Guardia Nacional creyendo realmente que ese era el día de la insurrección popular. Las masas trabajadoras tuvieron que pagar con sangre su confianza en los conservadores. Desde esa fecha, el Partido Conservador entró en una profunda crisis histórica; dividido en mil fracciones ya no podrá recuperar la confianza que una vez el pueblo le brindó.

Las masas rompieron con la oposición burguesa

A partir de la masacre del 22 de Enero de 1967 todo fue más claro para el pueblo. No se podía confiar más en los opositores burgueses. Los conservadores tuvieron las condiciones todas necesarias para tomar el poder, tuvieron al movimiento de masas en disposición de combate. Todo eso caudal político fue desperdiciado por la dirigencia conservadora.

Somoza Debayle fue presidente durante el periodo 1967-1972. En 1971, firmó con Agüero el Pacto "Kupia Kumi", instaló una Junta de Gobierno Provisional mientras convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1974. Con ello, Somoza Debayle pudo ser candidato y ganar las elecciones de 1975.

Mientras Somoza avanzaba en sus planes, alas radicales del Partido Conservador, conmocionadas por el suicidio político del 22 de Enero de 1967, establecieron una alianza con la corriente tercerista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Entre los militantes que provinieron del conservatismo podemos mencionar a Edén Pastora, Herty Lewites o el propio Joaquín Cuadra Chamorro, padre del general Joaquín Cuadra. Esta ala jacobina del Partido Conservador fue el nexo con la burguesía que, agobiada por la competencia desleal de Somoza en los negocios, decidió apoyar la lucha armada contra la dictadura, y con ello, sin habérselo propuesto, colaboraron en el derrocamiento del somocismo en 1979.