El pronunciamiento del Rector Murphy Paiz y Consejo Superior Universitario (CSU) después de la presión del sector estudiantil por medio de la toma del Campus Central en zona 12 y de más de una veintena de Sedes académicas y Centros Universitarios en la capital y en todo el país, comprendiendo en las 18 exigencias esgrimidas por el Colectivo Estudiantil Universitario –CEU- la defensa de la memoria histórica y del patrimonio documental de nuestros archivos; dicho comunicado de prensa con fecha 6 de agosto del corriente respecto de la situación de los Archivos Históricos Públicos (Archivo General de Centroamérica –AGCA- y Archivo Histórico de la Policiano Nacional –AHPN-)fue pobre, improvisado e impreciso. Demostrando una vez más la falta de coherencia de las máximas autoridades con respecto a la defensa del patrimonio histórico y cultural de la nación.
Es necesario recalcar que el Ministerio de Cultura, el de Gobernación y el PNUD están coludidos con el gobierno central y los militares para desmantelar los servicios de los Archivos y de esta forma procurar impunidad en los casos pendientes de ser juzgados.
Apelar a la Ley de Acceso a la Información Pública no funciona en términos de investigación histórica y reconstrucción de la memoria histórica, pues es preguntarle a los perpetradores “si por favor nos pueden dar la información”. Que se apele a esta Ley es precisamente lo que quiere el gobierno y los militares involucrados. Línea seguida de manera acrítica por las autoridades de la USAC en su comunicado de prensa.
Por el contrario, durante 10 años el AHPN funcionó con archivistas civiles, sin pertenecer al gobierno y con financiamiento internacional lo que permitió localizar y analizar documentos que se suministraron a los diferentes juzgados, lo que sumado a los peritajes de especialistas consiguieron las primeras condenas, anteriormente comentadas. La primera de ellas fue la del compañero estudiante y sindicalista Fernando García.
Dicho esto, lo único que se rescata del pronunciamiento, y que estamos seguros es el logro de los representantes estudiantiles que obligaron bajo la fuerza de la presión del estudiante movilizado, arrancarle un posicionamiento a las autoridades universitarias, que ignoraron durante todo este semestre las criminales arremetidas del gobierno central contra el AHPN y ahora contra el AGCA, que resguardan la memoria del pueblo de Guatemala, y de la que se da el primer paso para promover la propuesta de creación de una Comisión Normalizadora encabezada por la Escuela de Historia de la USAC.
Dicha comisión de la Escuela de Historia debería estar integrada por un representante de la Escuela de Historia y representantes del Técnico Universitario en Archivos, carrera impartida en esta unidad académica, por supuesto representantes del estudiantado organizado. A estos se le pueden agregar representantes de la PDH, de la fiscalía de delitos durante el Conflicto Armado Interno del Ministerio Público, de la Comisión de Derechos Humanos del Arzobispado, y en general de la “sociedad civil”. Aquellos que participaron del rescate inicial del AHPN, por ejemplo, y que en esta última etapa han luchado por defender los documentos invaluables para la espina dorsal de la historia guatemalteca.
La Comisión debería encontrar los mecanismos para, fundamentalmente, diagnosticar, auditar y normalizar el actuar del Ministerio de Cultura y Deportes, del Archivo General de Centro América –AGCA- y del Archivo Histórico de la Policía Nacional –AHPN-, así como cualquier otro fondo documental que permita conocer la verdad de lo sucedido durante el Conflicto Armado Interno (incluyendo aquellos actos de terrorismo de Estado cometidos en contra de estudiantes, catedráticos, investigadores y trabajadores de la Universidad de San Carlos, y que aún hoy siguen sin ser juzgados.
La Comisión Normalizadora se convertiría en un contra peso al actuar del Ministerio de Cultura, al del Ministerio de Gobernación y al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Instituciones que han desmantelado los Archivos tal y como los conocíamos, para detener el lento pero seguro caminar de la justicia contra los perpetradores de estos crímenes, muchos de los cuales se encuentran entronizados en el gobierno de turno y en sus ministerios.
El CSU tendría la obligación de proporcionar el presupuesto para el establecimiento de la Comisión Normalizadora, ahora que ya cuenta con una posición al respecto gracias a los estudiantes de historia que han manifestado este crimen contra la memoria, y a su vez la obligación de regularizar la carrera Técnico Universitario en Archivos (TUA) por medio de un presupuesto propio pues esta no tiene las condiciones económicas para funcionar por lo que se abre cada 4 años, haciendo insostenible el ejercicio del conocimiento técnico sobre los documentos y las instituciones que los resguardan. Estudiantes y egresados del TUA estarían en capacidad de ejercer en estos Archivos impidiendo que otras universidades ocupen estos espacios, por ejemplo: el nuevo director del AHPN es un Ingeniero del la Universidad Galileo y el nuevo director del AGCA es un bibliotecólogo de Humanidades, profesionales que demuestran el poco interés que tienen las autoridades de promover el uso de los archivos a toda la población, para que esta conozca su historia.
El Establecimiento de la Comisión Normalizadora obliga a las autoridades de la Escuela de Historia a actuar en torno al tema, pues hasta ahora han guardado silencio como las máximas autoridades de la USAC, antes de la heroica toma de los recintos universitarios. Los obliga también a manifestar una postura oficial y la creación de una Comisión interna encaminada a detener las arbitrariedades del nefasto gobierno de turno y su sucesor, a plantarle cara a la ofensiva que los criminales de guerra, violadores de derechos humanos llevan a cabo desde los pasillos del gobierno contra el patrimonio documental de nuestros archivos históricos.
En nuestra reflexión, la Comisión sería el último espacio en el que se podría discutir la situación de los Archivos, presionar y lograr resultados que vayan encaminados a proteger su razón de ser, que no es otra que mostrarle a la sociedad el pasado, para no volver a repetir la oscura historia que ha ensombrecido al país. Tal y como lo están logrando ustedes, los compañeros y los estudiantes que con su digna rabia han levantado en primera hora la demandan hacia las autoridades de pronunciarse contra las maniobras del gobierno y esta ofensiva contra la memoria del pueblo de Guatemala.
Saludamos el esfuerzo y agradecemos la amistad de los estudiantes de historia que llenan las filas de la lucha contra la privatización y en favor de la memoria y la dignidad nacional.
